Los representantes de siete comités cívicos del país determinaron ayer, en una reunión realizada en el departamento de Cochabamba, ratificar el paro cívico nacional para el 21 de febrero con el propósito de exigir al Gobierno nacional el respeto a los resultados del referéndum constitucional del 21 de febrero de 2016, que en su mayoría dijo “No” a una nueva repostulación del Presidente y Vicepresidente.
“Ratificar el Paro Cívico Nacional con bloqueo de calles, avenidas y carreteras en cada uno de los departamentos a partir de las cero horas del 21 de febrero de 2018”, se lee en el artículo tercero de la resolución emitida por los comités cívicos de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Potosí, Beni, Tarija y Oruro.
El Gobierno nacional argumentó que los resultados del 21F de 2016, adversos a Evo Morales y Álvaro García Linera, se debieron a que el pueblo fue engañado por las mentiras de la oposición. En 2017, diputados del MAS presentaron una recurso de Inconstitucionalidad Abstracta al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que fue admitido y habilitó al presidente Evo Morales, y demás autoridades, a la reelección sin límites.
Los cívicos recuerdan en el comunicado que la demanda del movimiento cívico nacional “no solamente es la abrogación del Código del Sistema Penal”, como lo hizo el Gobierno tras las protestas generadas por varios sectores y organizaciones del país, sino que “la lucha por el respeto al resultado del 21 de febrero de 2016 es una demanda que deviene desde el mes de octubre de 2017”.
Por otro lado, las organizaciones afines al Gobierno también convocaron a una marcha y concentración para el 21 de febrero, dijo en la víspera el presidente de la Coordinadora Departamental por el Cambio (Codecam) de Cochabamba, Gróver García.
Las organizaciones afines al partido de Gobierno y autoridades oficialistas culpan a quienes cuestionaron el Código del Sistema Penal, que terminó siendo abrogado.
31 enero 2018
Poblado se cansó de abusos y violencia de empresa china y se declaró en paro
Dicen que ya es el colmo. Organizaciones del municipio de Padilla en Chuquisaca declararon paro indefinido de protesta contra los constantes abusos de la empresa china Sinohydro contra los trabajadores de la región. La gota que colmó el vaso es la golpiza que un asiático propinó a una mujer tras una movilización de trabajadores, reportó radio Aclo de la Red ERBOl.
La empresa china está encargada de la construcción del tramo carretera Padilla-El Salto, de la Diagonal Jaime Mendoza. En el pasado, ya fue objeto de múltiples denuncias de atropellos laborales y discriminación hacia los bolivianos.
Según la emisora local, el martes los trabajadores de Sinohydro realizaron una protesta con demandas salariales, pero después un súbdito chino propinó una golpiza a una mujer que había iniciado una demanda laboral contra la empresa.
“Fue agarrada a patadas como vulgarmente decimos, por un ciudadano chino. Eso no lo vamos a tolerar, aceptamos y ya se ha iniciado las acciones que corresponden. El Ministerio Público ha tomado la determinación de detenerlo”, manifestó el senador Omar Aguilar, quien estuvo retenido en Padilla como medida de presión para buscar soluciones.
Las organizaciones de Padilla se reunieron y determinaron entrar en paro cívico con bloqueos de las instalaciones de Sinohydro. Entre la demandas de los pobladores están la deportación del extranjeros que golpeó a la mujer, el pago de deudas con los trabajadores y la regularización de contratos.
De acuerdo con el reporte, el extranjero agresor fue encerrado en la carceleta de Padilla. Sus compañeros chinos llegaron al lugar y atemorizaron a la población. Incluso intentaron forzar la puerta del recinto carcelario para liberar al acusado. La Policía acudió a refuerzos de otras regiones de Chuquisaca para tranquilizar la situación.
El senador Aguilar corroboró que los extranjeros están sembrando miedo a la población de Padilla.
Urquizu pide a Evo basta con empresas extranjeras
El gobernador de Chuquisaca, Esteban Urquizu, indicó que él mismo recibió denuncias de pobladores que llorando le contaron los abusos de la empresa china. Aseguró que no se permitirá esa clase de explotación y discriminación.
Asimismo, pidió al presidente Evo Morales “basta con las empresas extranjeras”, y favorecer a compañías bolivianas para las obras.
La empresa china está encargada de la construcción del tramo carretera Padilla-El Salto, de la Diagonal Jaime Mendoza. En el pasado, ya fue objeto de múltiples denuncias de atropellos laborales y discriminación hacia los bolivianos.
Según la emisora local, el martes los trabajadores de Sinohydro realizaron una protesta con demandas salariales, pero después un súbdito chino propinó una golpiza a una mujer que había iniciado una demanda laboral contra la empresa.
“Fue agarrada a patadas como vulgarmente decimos, por un ciudadano chino. Eso no lo vamos a tolerar, aceptamos y ya se ha iniciado las acciones que corresponden. El Ministerio Público ha tomado la determinación de detenerlo”, manifestó el senador Omar Aguilar, quien estuvo retenido en Padilla como medida de presión para buscar soluciones.
Las organizaciones de Padilla se reunieron y determinaron entrar en paro cívico con bloqueos de las instalaciones de Sinohydro. Entre la demandas de los pobladores están la deportación del extranjeros que golpeó a la mujer, el pago de deudas con los trabajadores y la regularización de contratos.
De acuerdo con el reporte, el extranjero agresor fue encerrado en la carceleta de Padilla. Sus compañeros chinos llegaron al lugar y atemorizaron a la población. Incluso intentaron forzar la puerta del recinto carcelario para liberar al acusado. La Policía acudió a refuerzos de otras regiones de Chuquisaca para tranquilizar la situación.
El senador Aguilar corroboró que los extranjeros están sembrando miedo a la población de Padilla.
Urquizu pide a Evo basta con empresas extranjeras
El gobernador de Chuquisaca, Esteban Urquizu, indicó que él mismo recibió denuncias de pobladores que llorando le contaron los abusos de la empresa china. Aseguró que no se permitirá esa clase de explotación y discriminación.
Asimismo, pidió al presidente Evo Morales “basta con las empresas extranjeras”, y favorecer a compañías bolivianas para las obras.
Para revocatoria de mandato Cada libro notariado acogerá 100 partidas
En los procesos de revocatoria de mandato contra autoridades electas por voto popular, cada libro notariado y autorizado por el Órgano Electoral deberá contener 100 partidas, donde estarán registradas las huellas dactilares y firmas de los ciudadanos que se adhieran a la iniciativa informó a EL DIARIO el vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Antonio Costas.
“Cada libro tiene 100 partidas, es un modelo que se ha establecido donde además la impresión de cada hoja debe ser solamente el anverso y el reverso debe estar en blanco, porque ahí se hará la captura de la huella digital del ciudadano adherente”, informó la autoridad electoral.
Al respecto, el vocal del Tribunal Electoral Departamental (TED) La Paz, Freddy Cayo, afirmó que el número de libros autorizados será en función a la cantidad de ciudadanos, que representen el 30 por ciento del Padrón Biométrico, porcentaje que se necesita para que una autoridad municipal sea sometida a un proceso revocatorio.
“La autorización para el porcentaje del 30 por ciento, equivaldrá a la cantidad de libros que se van a necesitar y esto varía de un municipio a otro, tomando en cuenta que cada libro contiene 100 partidas”, explicó Cayo.
Además, la autoridad subrayó que como entidad que controla y comprueba la fidelidad del trabajo de los promotores del revocatorio: visitará y verificará la imprenta en la que realizará la impresión de los libros, para dotarle de su autorización.
“Como Tribunal Electoral Departamental verificamos la imprenta para que no se excedan en el impreso de libros, lo cual significa que los promotores tienen la obligación de cuidar, precautelar y no perderlos; porque es una iniciativa de ellos”, explicó.
Otro punto que destaca en este proceso es que las personas que soliciten el proceso de revocatorio, una vez se apruebe la dotación de libros, serán capacitadas por cada Tribunal Electoral Departamental para el llenado correcto de dichos libros.
“Se entrega el formato para los libros, previa capacitación de cómo tiene que ser manejado y llenado; qué cosas no deben olvidarse como por ejemplo los generales de ley, si (el ciudadano) está inscrito en el Padrón Biométrico de la jurisdicción que corresponde, porque una vez que se recolecten estos datos vamos cruzar toda esa información”, explicó.
La capacitación va dirigida al solicitante del revocatorio y su equipo técnico, personas que recolectaran las firmas y huellas, las que deben ajustarse al cronograma de la Secretaría de Cámara y el Servicio Intercultural de Fortalecimiento Intercultural (Sifde).
“Acordamos una agenda en el TED con la Secretaría de Cámara y el Sifde y luego se los convoca para realizar la capacitación a los promotores y su equipo técnico, de modo que sepan llenar los libros”, añadió Cayo, vocal del TED.
MUNICIPIOS DE LA PAZ
Los alcaldes de los municipios de Ayata, San Buenaventura y Coripata más los concejales del municipio de Santiago de Huata, pasaron a la segunda fase de revocatorio, que significa la habilitación de libros para recolectar las firmas y huellas de ciudadanos de esos municipios que decidan adherirse a este proceso.
El vocal Cayo informó que la pasada semana se capacitó ya a dos promotores y sus respectivos equipos técnicos, por lo que empezó a correr el tiempo en que deben cumplir la segunda fase.
“Son 90 días que tienen para llenar los libros de los ciudadanos que se adhieran, es decir, huellas y firmas, por lo que estaríamos contando con estos libros en el mes de abril”, señaló.
En el caso del municipio de Coripata se capacitará al promotor y su equipo técnico en los próximos días, para que implementé los libros de adherentes al revocatorio de mandato contra el alcalde de ese municipio.
En el caso del municipio de Santiago de Huata, la primera solicitud de revocatorio de mandato para los concejales fue por parte de los de Control Social del municipio, la misma que fue rechazada por incumplimiento de requisitos formales, pero llegó una segunda solicitud individual completa y fue habilitada.
En el caso de las solicitudes de revocatorio contra los alcaldes de Viacha y de Alto Beni, los mismos deben ser complementados con documentos que fueron ya notificados.
PLAZO
Quedan seis días para la presentación de solicitudes de revocatoria de mandatos, concluye el 5 de febrero de 2018.
“Pueden presentar con una carta o un memorial, donde se tiene que acreditar que están empadronados en el municipio respectivo, adjuntar o acreditar la personería jurídica, adjuntar las fotocopias de carnet, incluso el poder notarial para que ellos puedan ejercer la representación”, aclaró la autoridad.
“Cada libro tiene 100 partidas, es un modelo que se ha establecido donde además la impresión de cada hoja debe ser solamente el anverso y el reverso debe estar en blanco, porque ahí se hará la captura de la huella digital del ciudadano adherente”, informó la autoridad electoral.
Al respecto, el vocal del Tribunal Electoral Departamental (TED) La Paz, Freddy Cayo, afirmó que el número de libros autorizados será en función a la cantidad de ciudadanos, que representen el 30 por ciento del Padrón Biométrico, porcentaje que se necesita para que una autoridad municipal sea sometida a un proceso revocatorio.
“La autorización para el porcentaje del 30 por ciento, equivaldrá a la cantidad de libros que se van a necesitar y esto varía de un municipio a otro, tomando en cuenta que cada libro contiene 100 partidas”, explicó Cayo.
Además, la autoridad subrayó que como entidad que controla y comprueba la fidelidad del trabajo de los promotores del revocatorio: visitará y verificará la imprenta en la que realizará la impresión de los libros, para dotarle de su autorización.
“Como Tribunal Electoral Departamental verificamos la imprenta para que no se excedan en el impreso de libros, lo cual significa que los promotores tienen la obligación de cuidar, precautelar y no perderlos; porque es una iniciativa de ellos”, explicó.
Otro punto que destaca en este proceso es que las personas que soliciten el proceso de revocatorio, una vez se apruebe la dotación de libros, serán capacitadas por cada Tribunal Electoral Departamental para el llenado correcto de dichos libros.
“Se entrega el formato para los libros, previa capacitación de cómo tiene que ser manejado y llenado; qué cosas no deben olvidarse como por ejemplo los generales de ley, si (el ciudadano) está inscrito en el Padrón Biométrico de la jurisdicción que corresponde, porque una vez que se recolecten estos datos vamos cruzar toda esa información”, explicó.
La capacitación va dirigida al solicitante del revocatorio y su equipo técnico, personas que recolectaran las firmas y huellas, las que deben ajustarse al cronograma de la Secretaría de Cámara y el Servicio Intercultural de Fortalecimiento Intercultural (Sifde).
“Acordamos una agenda en el TED con la Secretaría de Cámara y el Sifde y luego se los convoca para realizar la capacitación a los promotores y su equipo técnico, de modo que sepan llenar los libros”, añadió Cayo, vocal del TED.
MUNICIPIOS DE LA PAZ
Los alcaldes de los municipios de Ayata, San Buenaventura y Coripata más los concejales del municipio de Santiago de Huata, pasaron a la segunda fase de revocatorio, que significa la habilitación de libros para recolectar las firmas y huellas de ciudadanos de esos municipios que decidan adherirse a este proceso.
El vocal Cayo informó que la pasada semana se capacitó ya a dos promotores y sus respectivos equipos técnicos, por lo que empezó a correr el tiempo en que deben cumplir la segunda fase.
“Son 90 días que tienen para llenar los libros de los ciudadanos que se adhieran, es decir, huellas y firmas, por lo que estaríamos contando con estos libros en el mes de abril”, señaló.
En el caso del municipio de Coripata se capacitará al promotor y su equipo técnico en los próximos días, para que implementé los libros de adherentes al revocatorio de mandato contra el alcalde de ese municipio.
En el caso del municipio de Santiago de Huata, la primera solicitud de revocatorio de mandato para los concejales fue por parte de los de Control Social del municipio, la misma que fue rechazada por incumplimiento de requisitos formales, pero llegó una segunda solicitud individual completa y fue habilitada.
En el caso de las solicitudes de revocatorio contra los alcaldes de Viacha y de Alto Beni, los mismos deben ser complementados con documentos que fueron ya notificados.
PLAZO
Quedan seis días para la presentación de solicitudes de revocatoria de mandatos, concluye el 5 de febrero de 2018.
“Pueden presentar con una carta o un memorial, donde se tiene que acreditar que están empadronados en el municipio respectivo, adjuntar o acreditar la personería jurídica, adjuntar las fotocopias de carnet, incluso el poder notarial para que ellos puedan ejercer la representación”, aclaró la autoridad.
Nace gobierno indígena de Uru Chipaya
La nación milenaria Uru Chipaya (Oruro) consolidó su primer gobierno indígena con autonomía plena con la entrega de credenciales a las nueva autoridades que quedan oficialmente habilitadas para ejercer las 23 competencias exclusivas que les asigna la Constitución Política del Estado y las funciones establecidas en su Estatuto Autonómico, que fue aprobado durante el Referendo Autonómico del 20 de noviembre de 2016 informó ayer el presidente del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Oruro, Rudy Huayllas.
“Con esta posesión estamos dando un paso histórico en nuestro país y seguro será el ejemplo para otras naciones indígenas”, dijo, la autoridad en un acto que se llevó a cabo en la plaza principal 6 de Agosto, de Uru Chipaya, donde llegaron los indígenas de los ayllus Aranzaya, Manazaya, Wistrullani y Ayparavi.
Las credenciales fueron entregadas a Simón Flores, Julián Mamani, Margarita Quispe, Sylvia Mamani, Eliana Quispe, Nancy López, Gregorio López y Eulogio Copa, quienes conforman el Laymis Parla (Órgano Legislativo), y a Zacarías Huarachi, representante del Lanqsñi paqh Mä Eph (Órgano Ejecutivo).
El “Qhastan Yoqztan qamñi zoñi mä eph” Paulino Condori, junto a su esposa, la “mama t’alla” Juana Loza, fueron los encargados de abrir el acto ritual, donde ofrecieron coca y un sahumerio para que toda la gestión se desarrolle sin contratiempos.
Después, cada una de las autoridades electas subió a la tarima y tomó su lugar junto a sus esposos, en el caso de las mujeres, y con sus esposas, en el caso de los hombres. Margarita Quispe y Silvia Mamani subieron acompañadas de sus padres porque ellas todavía son solteras.
“Yo he sido presidente deliberativo, he construido el Estatuto Autonómico con todos los deliberantes y los comunarios de los cuatro ayllus. Esta construcción del Estatuto Autonómico tardó cinco años, por eso la comunidad de los cuatro ayllus me tiene confianza y me eligió como autoridad”, dijo Zacarías Huarachi en representación de los posesionados.
“Con esta posesión estamos dando un paso histórico en nuestro país y seguro será el ejemplo para otras naciones indígenas”, dijo, la autoridad en un acto que se llevó a cabo en la plaza principal 6 de Agosto, de Uru Chipaya, donde llegaron los indígenas de los ayllus Aranzaya, Manazaya, Wistrullani y Ayparavi.
Las credenciales fueron entregadas a Simón Flores, Julián Mamani, Margarita Quispe, Sylvia Mamani, Eliana Quispe, Nancy López, Gregorio López y Eulogio Copa, quienes conforman el Laymis Parla (Órgano Legislativo), y a Zacarías Huarachi, representante del Lanqsñi paqh Mä Eph (Órgano Ejecutivo).
El “Qhastan Yoqztan qamñi zoñi mä eph” Paulino Condori, junto a su esposa, la “mama t’alla” Juana Loza, fueron los encargados de abrir el acto ritual, donde ofrecieron coca y un sahumerio para que toda la gestión se desarrolle sin contratiempos.
Después, cada una de las autoridades electas subió a la tarima y tomó su lugar junto a sus esposos, en el caso de las mujeres, y con sus esposas, en el caso de los hombres. Margarita Quispe y Silvia Mamani subieron acompañadas de sus padres porque ellas todavía son solteras.
“Yo he sido presidente deliberativo, he construido el Estatuto Autonómico con todos los deliberantes y los comunarios de los cuatro ayllus. Esta construcción del Estatuto Autonómico tardó cinco años, por eso la comunidad de los cuatro ayllus me tiene confianza y me eligió como autoridad”, dijo Zacarías Huarachi en representación de los posesionados.
Morales en desacuerdo con revocatorias
El presidente Evo Morales expresó su desacuerdo con los procesos de revocatorio contra alcaldes de distintos puntos del país y los atribuyó a razones políticas.
“Hermanos y hermanas, mucha reflexión, una cosa (son los) actos de corrupción, ahí está la Fiscalía y el Ministerio de Transparencia, y otra cosa es tratar de revocar por razones políticas, eso no comparto”, aseveró Morales en un acto público en Oruro.
Remarcó que es un derecho constitucional elegir y revocar a las autoridades, pero en su experiencia vio que en algunas alcaldías empiezan o tratan de revocar a los alcaldes “con cualquier pretexto”.
Especialmente “estoy viendo (eso) en áreas rurales, donde el alcalde no puede dar trabajo a un dirigente o a sus familiares, y (luego) el dirigente ya está empezando con el revocatorio del Alcalde”, lamentó.
Dijo que en ese tipo de situaciones no pierde el Alcalde, tampoco el dirigente que inició el proceso, porque al final los perjudicados son los pobladores del municipio.
“Y de verdad les digo con un poquito de experiencia, he visto que en algunos municipios no hay inversión porque están enfrentados”, sostuvo Morales.
“Hermanos y hermanas, mucha reflexión, una cosa (son los) actos de corrupción, ahí está la Fiscalía y el Ministerio de Transparencia, y otra cosa es tratar de revocar por razones políticas, eso no comparto”, aseveró Morales en un acto público en Oruro.
Remarcó que es un derecho constitucional elegir y revocar a las autoridades, pero en su experiencia vio que en algunas alcaldías empiezan o tratan de revocar a los alcaldes “con cualquier pretexto”.
Especialmente “estoy viendo (eso) en áreas rurales, donde el alcalde no puede dar trabajo a un dirigente o a sus familiares, y (luego) el dirigente ya está empezando con el revocatorio del Alcalde”, lamentó.
Dijo que en ese tipo de situaciones no pierde el Alcalde, tampoco el dirigente que inició el proceso, porque al final los perjudicados son los pobladores del municipio.
“Y de verdad les digo con un poquito de experiencia, he visto que en algunos municipios no hay inversión porque están enfrentados”, sostuvo Morales.
Presión oficialista Diputado Choque se retracta y niega discriminación
El diputado del Movimiento al Socialismo (MAS) por El Alto, Sergio Choque, se retractó de sus declaraciones de la jornada anterior y aseguró que fue malinterpretado en sus afirmaciones. Dijo que no es verdad que en su organización política exista discriminación y racismo y que esa práctica más bien nace de la oposición.
Sus declaraciones fueron flanqueadas por sus colegas Adriana Salvatierra y Betty Yañiquez: “Esa discriminación la ha sentido de parte de la oposición, eso es lo que (Choque) ha manifestado”, aseguró Yañiquez.
SE RETRACTA
“Me he referido, sobretodo, a la permanente discriminación durante tres años consecutivos que estamos en el Parlamento, de parte de opositores”, aseguró ayer el legislador oficialista.
Un día antes, el parlamentario aseveró que en filas oficialistas existe racismo y discriminación entre los asambleístas de su organización política donde ven hasta el color de la piel. Añadió que ello repercute en la designación de directivas de comisiones legislativas y hasta en la interrelación social.
“Dentro del MAS existe racismo entre los mismos diputados, hay sectores que responden a esas clases ‘a medias’, como dice el Presidente, que a la hora incluso de servirse una comida se separan, se hacen a un lado, y piensan que por el color que tienen, que son más blancos, piensan mejor que nosotros.
Sus declaraciones fueron flanqueadas por sus colegas Adriana Salvatierra y Betty Yañiquez: “Esa discriminación la ha sentido de parte de la oposición, eso es lo que (Choque) ha manifestado”, aseguró Yañiquez.
SE RETRACTA
“Me he referido, sobretodo, a la permanente discriminación durante tres años consecutivos que estamos en el Parlamento, de parte de opositores”, aseguró ayer el legislador oficialista.
Un día antes, el parlamentario aseveró que en filas oficialistas existe racismo y discriminación entre los asambleístas de su organización política donde ven hasta el color de la piel. Añadió que ello repercute en la designación de directivas de comisiones legislativas y hasta en la interrelación social.
“Dentro del MAS existe racismo entre los mismos diputados, hay sectores que responden a esas clases ‘a medias’, como dice el Presidente, que a la hora incluso de servirse una comida se separan, se hacen a un lado, y piensan que por el color que tienen, que son más blancos, piensan mejor que nosotros.
Jorge Lazarte Revocatorio debería ser para casos especiales
El proceso de revocar a una autoridad electa por voto popular debería darse en casos especiales, y no por intereses político partidarios, según el análisis del politólogo y exvocal de la Corte Nacional Electoral Jorge Lazarte. El experto planteó que más bien deberían fortalecerse los mecanismos de control de gestión pública.
“Habría que emplearlo para caso especiales y hacer más funcionales los mecanismos de control sobre las autoridades electas. Luego, incorporar en la cultura política del país la idea de que no basta que la población se enoje con su autoridad para intentar destituirla, sin posibilidad de que cumpla su mandato porque electoraliza la actividad administrativa y esto perjudicial, además implica gastos”, afirmó Lazarte.
La Constitución Política del Estado (CPE) y el artículo 25 de la Ley 026 de Régimen Electoral plantean la revocatoria de mandato, como “un mecanismo constitucional en que el pueblo decide mediante el voto la continuidad o cese de funciones de las autoridades elegidas por voto ciudadano”.
Esta iniciativa puede ser colectiva o individual, cuando se ha llegado a la mitad del periodo de mandato de la autoridad elegida y si prospera, queda interrumpida la gestión.
Sobre el hecho, el analista puntualiza que esta acción no necesariamente fortalece la democracia. “Los países que están más asentados democráticamente tienen muy pocos referendos, entonces la democracia no vive del referendo (revocatorio)”.
En ese contexto, explicó que este mecanismo constitucional tiene dos aspectos que deben ser tomados en cuenta.
“Por un lado, es un mecanismo institucional en lugar de destituir o derrocar de hecho a las autoridades electas; porque había un pasado de tal inestabilidad de hechos que se creaban situaciones de turbulencia y se optó por una regulación, se ha intentado reparar la vieja historia del país, donde las autoridades eran cambiadas por medidas de hecho”, aseveró Lazarte.
El otro aspecto del recurso de revocatorio de mandato pasa por entender que podría ser un acto que raye en el abuso, tomando en cuenta que es para todos.
“El otro lado, es que se puede hacer un uso abusivo del revocatorio, porque se permite que esto pueda ocurrir en todos los niveles electivos de gobierno y se puede conducir también a una situación caótica y peor aún si rige para todo”, agregó Lazarte.
Estas nociones de nuestro entrevistado, aclaró que fueron parte de los resultados de la Asamblea Constituyente, donde se planteaba el voto popular como la solución en todo.
“En la Asamblea Constituyente inclusive se propuso que sea para autoridades judiciales más. Hubo una suerte de santificación del voto popular, es decir todo debería resolverse por el voto, sin caer en cuenta que eso podría tener efectos perversos”, sostuvo Lazarte.
Lo real de un país como Bolivia es que la permanencia de las autoridades no está garantizada, porque somos una población que muy fácilmente se enoja con sus gobernantes.
“Se ha intentado regular en la Ley de Régimen Electoral, pero está claro que este es un país donde hay revocatorio, porque aquí la gente se enoja e inmediatamente quieren destituir a la autoridad sin respetar la Constitución Política del Estado (CPE)”, aclaró Lazarte.
Por lo tanto, propone que entre las muchas cosas que deberían reexaminarse en el país, el mecanismo del revocatorio de mandato para autoridades electas tendría que ser reexaminado.
“Habría que emplearlo para caso especiales y hacer más funcionales los mecanismos de control sobre las autoridades electas. Luego, incorporar en la cultura política del país la idea de que no basta que la población se enoje con su autoridad para intentar destituirla, sin posibilidad de que cumpla su mandato porque electoraliza la actividad administrativa y esto perjudicial, además implica gastos”, afirmó Lazarte.
La Constitución Política del Estado (CPE) y el artículo 25 de la Ley 026 de Régimen Electoral plantean la revocatoria de mandato, como “un mecanismo constitucional en que el pueblo decide mediante el voto la continuidad o cese de funciones de las autoridades elegidas por voto ciudadano”.
Esta iniciativa puede ser colectiva o individual, cuando se ha llegado a la mitad del periodo de mandato de la autoridad elegida y si prospera, queda interrumpida la gestión.
Sobre el hecho, el analista puntualiza que esta acción no necesariamente fortalece la democracia. “Los países que están más asentados democráticamente tienen muy pocos referendos, entonces la democracia no vive del referendo (revocatorio)”.
En ese contexto, explicó que este mecanismo constitucional tiene dos aspectos que deben ser tomados en cuenta.
“Por un lado, es un mecanismo institucional en lugar de destituir o derrocar de hecho a las autoridades electas; porque había un pasado de tal inestabilidad de hechos que se creaban situaciones de turbulencia y se optó por una regulación, se ha intentado reparar la vieja historia del país, donde las autoridades eran cambiadas por medidas de hecho”, aseveró Lazarte.
El otro aspecto del recurso de revocatorio de mandato pasa por entender que podría ser un acto que raye en el abuso, tomando en cuenta que es para todos.
“El otro lado, es que se puede hacer un uso abusivo del revocatorio, porque se permite que esto pueda ocurrir en todos los niveles electivos de gobierno y se puede conducir también a una situación caótica y peor aún si rige para todo”, agregó Lazarte.
Estas nociones de nuestro entrevistado, aclaró que fueron parte de los resultados de la Asamblea Constituyente, donde se planteaba el voto popular como la solución en todo.
“En la Asamblea Constituyente inclusive se propuso que sea para autoridades judiciales más. Hubo una suerte de santificación del voto popular, es decir todo debería resolverse por el voto, sin caer en cuenta que eso podría tener efectos perversos”, sostuvo Lazarte.
Lo real de un país como Bolivia es que la permanencia de las autoridades no está garantizada, porque somos una población que muy fácilmente se enoja con sus gobernantes.
“Se ha intentado regular en la Ley de Régimen Electoral, pero está claro que este es un país donde hay revocatorio, porque aquí la gente se enoja e inmediatamente quieren destituir a la autoridad sin respetar la Constitución Política del Estado (CPE)”, aclaró Lazarte.
Por lo tanto, propone que entre las muchas cosas que deberían reexaminarse en el país, el mecanismo del revocatorio de mandato para autoridades electas tendría que ser reexaminado.
Por fallo del TCP contra 21F Denuncian ante CIDH violación masiva de derechos humanos
Dos exdefensores del pueblo y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb) anunciaron que denunciarán ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la violación masiva de derechos humanos de millones de bolivianos que votaron por el “No” a la repostulación de Evo Morales y el respeto a la Constitución Política del Estado (CPE), decisión que fue desconocida por el Tribunal Constitucional (TC) y el Gobierno central.
El propósito es que esta entidad internacional rechace la resolución del TC y exija al Gobierno boliviano que respete la voluntad del soberano.
“Cuando el TCP dicta una sentencia disque velando por el derecho individual de Evo Morales, la pregunta es porque no está velando el derecho humano individual de cada uno de los ciudadanos que ha ido a votar por el No y ese No se ha impuesto. La obligación del Estado en su conjunto es hacer respetar ese resultado sino para qué los convocan si no lo van a cumplir; por lo tanto, este es el contenido, la razón, el principio axiológico de nuestra demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, informó el exdefensor del pueblo, Waldo Albarracín.
Por su lado, el otro exdefensor del Pueblo, Rolando Villena, hizo alusión a la voluntad popular del sufragio universal como un principio para todos los bolivianos.
“Aún sobre toda prerrogativa que pueda tener el Presidente está la voluntad del pueblo y eso es lo que tenemos que mantener como bolivianos y bolivianas; nos hemos comprometido para vitalizar a la democracia no para debilitarla, no para que se la ningunee y que los 35 años en que han muerto personas no sirviera de nada. Creo que aquí debe imperar la racionalidad, por lo que en ningún momento vamos a decir que los derechos humanos son materia de negociación”, afirmó Villena.
En la denuncia que será presentada hoy vía internet serán adjuntados documentos que refuercen y sostengan la denuncia de la violación al derecho humano adquirido por los millones de bolivianos que votaron por no modificar la CPE en su artículo 168, donde pone límites al mandato del Presidente y Vicepresidente de Bolivia.
“Saben que por pedido del gobierno de Evo Morales a la Asamblea Legislativa Plurinacional, se promovió un referéndum constitucional que motivó e inició el propio gobierno con la intención de buscar el respaldo ciudadano para que a través es esta modalidad se modifique el artículo 168 de la Constitución siendo que este artículo establece un límite a las repostulaciones o relecciones, que pueden ser relegido por una sola vez”, argumentó Waldo Albarracín.
En tanto, Franco Albarracín, abogado y activista de la Apdhb, aseguró que como esta denuncia, la entidad internacional recibirá muchas más de parte de distintos sectores de la sociedad boliviana que se sienten afectados por esta determinación del TCP.
Indicó que como Apdhb estarán disponibles en sus oficinas y prestos para orientar y facilitar las acciones de los ciudadanos que quieran enviar sus notas de querella.
“La Apdhd no se va limitar a presentar solo esta denuncia sino que va iniciar una campaña para cada uno de los ciudadanos bolivianos que ha votado por el No a la modificación de la Constitución Política del Estado; es por eso que las puertas de esta institución van a estar abiertas para que cada quien quiera presentar su denuncia. Vamos a anunciar por todos los medios de comunicación y redes sociales, los mecanismo que se necesitan para que cada uno de los ciudadanos bolivianos pueda presentar su denuncia”, informó el activista Franco Albarracín.
El propósito es que esta entidad internacional rechace la resolución del TC y exija al Gobierno boliviano que respete la voluntad del soberano.
“Cuando el TCP dicta una sentencia disque velando por el derecho individual de Evo Morales, la pregunta es porque no está velando el derecho humano individual de cada uno de los ciudadanos que ha ido a votar por el No y ese No se ha impuesto. La obligación del Estado en su conjunto es hacer respetar ese resultado sino para qué los convocan si no lo van a cumplir; por lo tanto, este es el contenido, la razón, el principio axiológico de nuestra demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, informó el exdefensor del pueblo, Waldo Albarracín.
Por su lado, el otro exdefensor del Pueblo, Rolando Villena, hizo alusión a la voluntad popular del sufragio universal como un principio para todos los bolivianos.
“Aún sobre toda prerrogativa que pueda tener el Presidente está la voluntad del pueblo y eso es lo que tenemos que mantener como bolivianos y bolivianas; nos hemos comprometido para vitalizar a la democracia no para debilitarla, no para que se la ningunee y que los 35 años en que han muerto personas no sirviera de nada. Creo que aquí debe imperar la racionalidad, por lo que en ningún momento vamos a decir que los derechos humanos son materia de negociación”, afirmó Villena.
En la denuncia que será presentada hoy vía internet serán adjuntados documentos que refuercen y sostengan la denuncia de la violación al derecho humano adquirido por los millones de bolivianos que votaron por no modificar la CPE en su artículo 168, donde pone límites al mandato del Presidente y Vicepresidente de Bolivia.
“Saben que por pedido del gobierno de Evo Morales a la Asamblea Legislativa Plurinacional, se promovió un referéndum constitucional que motivó e inició el propio gobierno con la intención de buscar el respaldo ciudadano para que a través es esta modalidad se modifique el artículo 168 de la Constitución siendo que este artículo establece un límite a las repostulaciones o relecciones, que pueden ser relegido por una sola vez”, argumentó Waldo Albarracín.
En tanto, Franco Albarracín, abogado y activista de la Apdhb, aseguró que como esta denuncia, la entidad internacional recibirá muchas más de parte de distintos sectores de la sociedad boliviana que se sienten afectados por esta determinación del TCP.
Indicó que como Apdhb estarán disponibles en sus oficinas y prestos para orientar y facilitar las acciones de los ciudadanos que quieran enviar sus notas de querella.
“La Apdhd no se va limitar a presentar solo esta denuncia sino que va iniciar una campaña para cada uno de los ciudadanos bolivianos que ha votado por el No a la modificación de la Constitución Política del Estado; es por eso que las puertas de esta institución van a estar abiertas para que cada quien quiera presentar su denuncia. Vamos a anunciar por todos los medios de comunicación y redes sociales, los mecanismo que se necesitan para que cada uno de los ciudadanos bolivianos pueda presentar su denuncia”, informó el activista Franco Albarracín.
Organizaciones sociales se movilizarán el 21 de febrero para denunciar mentiras de la oposición
Las organizaciones sociales del país preparan una masiva movilización nacional para el 21 de febrero con el objetivo de denunciar las mentiras que promueve la oposición y ratificar la defensa del proceso democrático que vive Bolivia desde 2006 con mayor estabilidad, informó hoy el integrante de la Coordinadora Nacional por el Cambio (Conalcam), Rodolfo Machaca.
"Ya tenemos convocatorias, articulaciones y reuniones para movilizarnos y decir no a la mentira de la oposición, no a la mentira permanente que está queriendo desestabilizar el orden democrático en nuestro país", dijo en entrevista con la Red Patria Nueva.
Machaca recordó que la oposición sigue un plan estratégico encabezado por el exministro de Gobierno y prófugo de la justicia boliviana, Carlos Sánchez Berzaín, para desestabilizar la democracia y evitar la repostulacion del presidente Evo Morales en las elecciones de 2019.
Ante esa situación, el también exdirigente campesino consideró que la población boliviana debe reflexionar y tomar conciencia para no caer en las mentiras de esa línea política que intenta generar, además, un clima de conflicto y movilizaciones en el país.
"El objetivo central es sembrar una serie de mentiras sobre el pueblo boliviano y contra esto todas las organizaciones sociales en el país estamos organizándonos precisamente para poder decir la verdad al pueblo", indicó.
"Ya tenemos convocatorias, articulaciones y reuniones para movilizarnos y decir no a la mentira de la oposición, no a la mentira permanente que está queriendo desestabilizar el orden democrático en nuestro país", dijo en entrevista con la Red Patria Nueva.
Machaca recordó que la oposición sigue un plan estratégico encabezado por el exministro de Gobierno y prófugo de la justicia boliviana, Carlos Sánchez Berzaín, para desestabilizar la democracia y evitar la repostulacion del presidente Evo Morales en las elecciones de 2019.
Ante esa situación, el también exdirigente campesino consideró que la población boliviana debe reflexionar y tomar conciencia para no caer en las mentiras de esa línea política que intenta generar, además, un clima de conflicto y movilizaciones en el país.
"El objetivo central es sembrar una serie de mentiras sobre el pueblo boliviano y contra esto todas las organizaciones sociales en el país estamos organizándonos precisamente para poder decir la verdad al pueblo", indicó.
Evo destaca resultados positivos en preparación para la fase oral
El presidente Evo Morales afirmó ayer que hay resultados positivos en la preparación de los argumentos históricos y jurídicos, rumbo a las audiencias orales por la demanda marítima que se realizarán en marzo en la Corte Internacional de Justicia (CIJ).
“La semana pasada viajó el equipo jurídico a La Haya (Países Bajos). Cada día me informaron buenos resultados, sigue el debate, habrá más reuniones para prepararnos en la parte histórica y jurídica, sin tomar en cuenta los perjuicios que causó en la parte económica”, señaló Morales.
“Hermanas y hermanos estamos preparados”, enfatizó el Jefe de Estado, durante la entrega de una cancha en el municipio de Turco Marka, Oruro, donde un grupo de pobladores interpretó una tarqueada sobre la demanda marítima.
El 17 de enero, la Corte Internacional de Justicia comunicó que las audiencias orales en la causa ‘Obligación de negociar el acceso al océano Pacífico (Bolivia c. Chile)’ se realizarán entre el 19 y el 28 de marzo de 2018.
Antes de que se conocieran los plazos procesales, Bolivia fijó una reunión para el 27 y 28 de enero de los equipos jurídicos nacional e internacional, la cual se celebró en La Haya.
En la cita participaron el canciller Fernando Huanacuni, el ministro de Justicia, Héctor Arce Zaconeta; el procurador, Pablo Menacho; el secretario general de la Dirección Estratégica de Reivindicación Marítima, Emerson Calderón, y el agente Eduardo Rodríguez Veltzé, quien lidera el equipo internacional.
La preparación de la estrategia nacional continuará el 14 y 15 de febrero con una nueva reunión con el equipo de juristas internacionales en La Haya, Países Bajos.
Morales recordó que en 2013 se llevó el principal tema de su diplomacia nacional, la causa marítima, a la CIJ por la política de dilación que aplicaron varias autoridades chilenas.
Refirió, por ejemplo, que en 2006 con la presidenta Michelle Bachelet se acordó la Agenda de 13 puntos, en la cual se incluyó en el sexto acápite el tema marítimo, pero no se llegó a ningún resultado.
“Me di cuenta hermanos y hermanas de Turco y toda Bolivia, que Chile tenían una política de dilación, ofrecer un poquito y no cumplir”, dijo, y apuntó a que por esa razón se tomó la decisión de demandar a ese país ante los tribunales internacionales.
“Por primera vez, gracias a la unidad del pueblo boliviano, ahora estamos más cerca al océano Pacífico, nuestra demando no ha sido en vano”, afirmó.
Dos aymaras acompañan el Proceso de Diálogo de Paz entre el Gobierno y oposición venezolana
El canciller del Estado Plurinacional de Bolivia, Fernando Huanacuni Mamani, y el embajador especial de Chile, Gabriel Gaspar, ambos de la nación aymara acompañan el histórico proceso de diálogo por la paz entre el Gobierno y oposición venezolana en República Dominicana.
La nación aymara es una de las más antiguas e importantes en América, abarca el occidente de Bolivia, el sur del Perú, norte de chile y Argentina.
La quinta ronda del diálogo inició ayer, encabezada por el mandatario dominicano, Danilo Medina, y el expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero. Como garantes del Gobierno venezolano acompañan: Bolivia, Nicaragua y San Vicente y las granadinas; como garantes de la oposición venezolana solamente Chile en esta última instancia ya que México decidió retirarse, según una nota de prensa de ese ente diplomático boliviano.
La ronda del proceso de diálogo por la paz inicio ayer en la Cancillería de República Dominicana, después de seis horas de conversaciones sostenidas se declaró un cuarto intermedio hasta la mañana de hoy martes para dar paso a la segunda jornada del diálogo.
El 13 de enero Huanacuni dijo que Bolivia acompaña el proceso con el propósito de resolver los conflictos sociales, políticos y económicos en Venezuela a través de acuerdos consensuados.
“Avanzando dentro el proceso de diálogo histórico entre el gobierno y oposición venezolana en el segundo día de la 5ta ronda de diálogo en República Dominicana. #DiplomaciaDeLosPueblos” publicó en su cuenta de Twitter el canciller Huanacuni.
Según declaraciones del representante de la delegación del Gobierno de Venezuela se está trabajando temas como las elecciones, reconocimiento de la Asamblea Nacional Constituyente, levantamiento del desacato de la Asamblea Nacional Opositora, levantamiento a todas las sanciones internacionales y otros temas.
La oposición y el Gobierno de Venezuela pidieron un receso hasta las 12:30 cuando retomaran de nuevo el diálogo por la paz.
Proclamarán a Evo como candidato a la presidencia
El 21 de febrero, los sectores sociales se movilizarán a escala nacional para proclamar al presidente Evo Morales como candidato rumbo a las elecciones generales de 2019.
Con esa movilización también denunciarán las mentiras que la oposición difundió para que en el referendo del 21 de febrero de 2016 se rechace la modificación del artículo 168 de la Constitución Política del Estado (CPE) y, en consecuencia, se descarte la posibilidad de que el Presidente y el Vicepresidente sean reelectos dos veces de manera continua.
En Cochabamba, por ejemplo, se movilizarán los 47 municipios y las organizaciones sociales, como juntas vecinales, profesionales, juventudes y transportistas.
“Nosotros nos concentraremos el 21 de febrero en contra de las mentiras y también ratificaremos a nuestro Presidente como candidato único”, indicó Gróver García, presidente de la Coordinadora Departamental para el Cambio (Codecam).
El acto central se realizará a las 11.00 en la plaza principal de la ciudad de Cochabamba.
En Chuquisaca, la marcha la liderarán las organizaciones sociales.
“Convocaremos a una gran marcha a escala departamental para que los sectores sociales demuestren el apoyo a la repostulación del presidente Evo Morales y defender la democracia”, indicó Edwin Mita.
Edwin Muñoz, asambleísta del MAS-IPSP, anunció que la movilización en el departamento de Santa Cruz se realizará en todos los municipios.
“El 21 tendremos movilizaciones y concentraciones en el departamento de Santa Cruz, como también en otras ciudades principales como intermedias, e incluso, no se descarta, en cada uno de los municipios para hacer eco de que el 21 de febrero ha sido el día de la mentira”, indicó el asambleísta.
En tanto, fracciones de cívicos de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Potosí, Beni, Tarija y Oruro convocaron a un paro para el 21 de febrero con el fin de exigir el respeto a los resultados del referendo constitucional de 2016.
Al respecto, el senador del MAS-IPSP René Joaquino aclaró que como consecuencia de los resultados de la consulta de 2016 “no se está haciendo nada por reformar el artículo 168 de la Constitución, por tanto se respeta la decisión del ciudadano boliviano”.
Señaló que el “Presidente tiene todas las posibilidades para que sea candidato (en 2019) porque existe una sentencia constitucional que establece la inaplicabilidad de nuestra Constitución con respecto a evitar una reelección”.
La diputada Betty Yañíquez también aludió a la sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que anuló los límites a la repostulación de las autoridades nacionales y subnacionales.
“El derecho político se considera un derecho humano y el derecho humano, conforme al Pacto de San José de Costa Rica, artículo 23, está por encima de la Constitución, así tan fácil ha sido interpretado por el TCP, consiguientemente el pueblo decidirá. ¿A qué le teme la oposición?”, preguntó.
En ese contexto, el gobernador de Oruro, Víctor Hugo Vásquez, sugirió a la oposición organizarse y preparar un programa de gobierno para enfrentar a Morales en las elecciones de 2019.
“Con mentiras no se ganan las elecciones, las elecciones se ganan con un programa de gobierno, así como tenemos en el Proceso de Cambio liderado por el presidente Evo Morales”, señaló.
También convocó a la unidad del pueblo, y afirmó: “Unidos lograremos que nuestro hermano Evo siga siendo presidente de todos los bolivianos y bolivianos hasta 2025”.
28 enero 2018
Evo Cumple gasta en deportes más que salud, educación y riego
El programa Bolivia Cambia Evo Cumple en diez años destinó 6.353 millones de bolivianos al financiamiento de infraestructura deportiva (canchas, piscinas, coliseos, estadios), un 41,7% de la inversión total en ese período.
Esto es mucho más que el gasto en proyectos educativos, productivos, salud y de riego en los que se erogó en total apenas 5.963 millones de bolivianos.
En el informe presidencial del 22 de enero, se lee que en el período 2007-2017 la iniciativa gubernamental gastó un total de 15.211 millones de bolivianos (2.182 millones de dólares) para ejecutar 8.622 proyectos.
De ese valor, 6.353 millones de bolivianos (911,4 millones de dólares) se invirtieron en 1.763 canchas, es decir un 41,7%.
Después se ubica el gasto en infraestructura educativa que alcanzó a 3.755 millones de bolivianos en la construcción de 4.185 escuelas y los 1.527 millones de bolivianos que se ejecutaron en 465 obras de salud.
Es decir que el gasto en canchas de césped, polifuncionales, frontones y otros que se financian con este programa superan a toda la inversión que se hizo por ejemplo en escuelas, postas sanitarias u obras de infraestructura vial que en total suman 6.130 millones de bolivianos.
En cantidad destacan los 737 proyectos de infraestructura social (sedes sindicales), aunque el valor es inferior a 533 millones de bolivianos (ver cuadro).
El presidente del Estado, Evo Morales el 22 de enero dijo que lamentaba mucho que algunas personas protesten públicamente contra el programa Bolivia Cambia “Quiero decirles que con el programa atendemos y resolvemos los problemas, graves problemas que tienen las alcaldías, todas, que piden que en vez de que sea un programa, Bolivia Cambia sea una política”, precisó el mandatario.
Para este año en el Presupuesto General del Estado 2018, se consigna un valor de 3.005.169.082 bolivianos que manejará la Unidad de Proyectos Especiales (UPRE), dependiente del Ministerio de la Presidencia y entidad que impulsa las obras y proyectos del programa Bolivia Cambia, Evo Cumple.
De ese monto en infraestructura educativa se espera ejecutar 1.472 millones de bolivianos, mientras que para las canchas, coliseos, graderías y otra infraestructura deportiva 702 millones de bolivianos (ver cuadro).
Para el diputado de oposición, Wilson Santamaría, el programa no beneficia a la población en sus principales necesidades.
“En 2016, hemos presentado un estudio que muestra que alrededor del 50% del presupuesto está distribuido entre casas comunales y canchas deportivas, cuando se podría haber invertido más en cubrir vacíos del sistema de salud”, indicó.
Explicó que al aprobarse el PGE 2018, la oposición solicitó que la competencia para la construcción de canchas y otras construcciones relativas al deporte sean transferidas al Ministerio de Deportes y la construcción y refacción de unidades educativas al Ministerio de Educación y el resto de proyectos a los ministerios que correspondan.
“El programa Evo Cumple se ha vuelto algo así como gastos reservados, no se hacen procesos de licitación y segundo cuando existe por ejemplo un contrato que no se puede ejecutar o por incumplimiento por parte del contratista , sólo se hace la recisión de contrato y se busca otra empresa para que continúe”, añadió.
El diputado oficialista Víctor Borda no coincide y justificó el elevado presupuesto que se consigna este año a los múltiples proyectos que se encararán,
“Las alcaldías deberían encarar este tipo de proyectos, pero no tienen la suficiente capacidad para afrontar esto, entonces el nivel central está encarando, es importante fomentar por ejemplo el deporte”, aseveró.
El investigador Diego Ayo, que realizó un análisis del programa de 2006 a 2011, sostuvo que los millonarios recursos que se manejan tienen baja ejecución y en muchos casos financiaron pequeños “elefantes blancos” como un estadio en Ivirgarzama.
“Con el gasto que se hace en canchas de fútbol, se hubiesen comprado 100 aceleradores lineales”, observó.
Añadió que los recursos no tienen fiscalización y se financian obras para que el presidente aparezca en las fotos.
Punto de vista
Álvaro del Pozo Caraffa, Analista
“La debilidad ha sido fiscalización”
La debilidad de este programa ha sido la fiscalización, es decir, el control del gasto.
Las canchas de fútbol no son prioritarias para una sociedad que demanda salud, educación y otras necesidades, pero todo este panorama se da en el contexto de un año electoral. El Gobierno está apuntando a la entrega de obras rápidas para hacer propaganda por las aspiraciones que tiene el presidente Evo Morales de ser reelecto. Si se aumenta el presupuesto es sólo para propaganda electoral.
La Contraloría debería ejercer una mayor fiscalización. Se debería concretar espacios de diálogo, socialización con las autoridades de diferentes áreas, incluso regionales para evaluar realmente qué necesidades tienen y cuáles se deben atender con prioridad.
Potosí El coliseo de la localidad de Chirakasa, ubicada en el municipio potosino de San Pedro de Buena Vista, sobresale con un enorme tinglado. Nunca se llena pues tiene capacidad para 1.000 personas y en el pueblo no hay tantas. En junio de 2017, cuando Página Siete visitó la zona, la obra fungía como almacén de tractores de donación. "El resto del año está cerrado”.
El Alto El mercado Campesino Santa Rosa en El Alto se construyó con 39,2 millones de bolivianos. Esta obra de tres plantas con capacidad para 506 puestos, se inauguró en septiembre de 2016 pero aún no funciona. Una reciente visita al lugar de este medio verificó que en el patio hay unos 20 puestos de venta que “cuidan espacios” aunque la mayoría no se abre.
Esto es mucho más que el gasto en proyectos educativos, productivos, salud y de riego en los que se erogó en total apenas 5.963 millones de bolivianos.
En el informe presidencial del 22 de enero, se lee que en el período 2007-2017 la iniciativa gubernamental gastó un total de 15.211 millones de bolivianos (2.182 millones de dólares) para ejecutar 8.622 proyectos.
De ese valor, 6.353 millones de bolivianos (911,4 millones de dólares) se invirtieron en 1.763 canchas, es decir un 41,7%.
Después se ubica el gasto en infraestructura educativa que alcanzó a 3.755 millones de bolivianos en la construcción de 4.185 escuelas y los 1.527 millones de bolivianos que se ejecutaron en 465 obras de salud.
Es decir que el gasto en canchas de césped, polifuncionales, frontones y otros que se financian con este programa superan a toda la inversión que se hizo por ejemplo en escuelas, postas sanitarias u obras de infraestructura vial que en total suman 6.130 millones de bolivianos.
En cantidad destacan los 737 proyectos de infraestructura social (sedes sindicales), aunque el valor es inferior a 533 millones de bolivianos (ver cuadro).
El presidente del Estado, Evo Morales el 22 de enero dijo que lamentaba mucho que algunas personas protesten públicamente contra el programa Bolivia Cambia “Quiero decirles que con el programa atendemos y resolvemos los problemas, graves problemas que tienen las alcaldías, todas, que piden que en vez de que sea un programa, Bolivia Cambia sea una política”, precisó el mandatario.
Para este año en el Presupuesto General del Estado 2018, se consigna un valor de 3.005.169.082 bolivianos que manejará la Unidad de Proyectos Especiales (UPRE), dependiente del Ministerio de la Presidencia y entidad que impulsa las obras y proyectos del programa Bolivia Cambia, Evo Cumple.
De ese monto en infraestructura educativa se espera ejecutar 1.472 millones de bolivianos, mientras que para las canchas, coliseos, graderías y otra infraestructura deportiva 702 millones de bolivianos (ver cuadro).
Para el diputado de oposición, Wilson Santamaría, el programa no beneficia a la población en sus principales necesidades.
“En 2016, hemos presentado un estudio que muestra que alrededor del 50% del presupuesto está distribuido entre casas comunales y canchas deportivas, cuando se podría haber invertido más en cubrir vacíos del sistema de salud”, indicó.
Explicó que al aprobarse el PGE 2018, la oposición solicitó que la competencia para la construcción de canchas y otras construcciones relativas al deporte sean transferidas al Ministerio de Deportes y la construcción y refacción de unidades educativas al Ministerio de Educación y el resto de proyectos a los ministerios que correspondan.
“El programa Evo Cumple se ha vuelto algo así como gastos reservados, no se hacen procesos de licitación y segundo cuando existe por ejemplo un contrato que no se puede ejecutar o por incumplimiento por parte del contratista , sólo se hace la recisión de contrato y se busca otra empresa para que continúe”, añadió.
El diputado oficialista Víctor Borda no coincide y justificó el elevado presupuesto que se consigna este año a los múltiples proyectos que se encararán,
“Las alcaldías deberían encarar este tipo de proyectos, pero no tienen la suficiente capacidad para afrontar esto, entonces el nivel central está encarando, es importante fomentar por ejemplo el deporte”, aseveró.
El investigador Diego Ayo, que realizó un análisis del programa de 2006 a 2011, sostuvo que los millonarios recursos que se manejan tienen baja ejecución y en muchos casos financiaron pequeños “elefantes blancos” como un estadio en Ivirgarzama.
“Con el gasto que se hace en canchas de fútbol, se hubiesen comprado 100 aceleradores lineales”, observó.
Añadió que los recursos no tienen fiscalización y se financian obras para que el presidente aparezca en las fotos.
Punto de vista
Álvaro del Pozo Caraffa, Analista
“La debilidad ha sido fiscalización”
La debilidad de este programa ha sido la fiscalización, es decir, el control del gasto.
Las canchas de fútbol no son prioritarias para una sociedad que demanda salud, educación y otras necesidades, pero todo este panorama se da en el contexto de un año electoral. El Gobierno está apuntando a la entrega de obras rápidas para hacer propaganda por las aspiraciones que tiene el presidente Evo Morales de ser reelecto. Si se aumenta el presupuesto es sólo para propaganda electoral.
La Contraloría debería ejercer una mayor fiscalización. Se debería concretar espacios de diálogo, socialización con las autoridades de diferentes áreas, incluso regionales para evaluar realmente qué necesidades tienen y cuáles se deben atender con prioridad.
Obras ejecutadas con problemas
Potosí El coliseo de la localidad de Chirakasa, ubicada en el municipio potosino de San Pedro de Buena Vista, sobresale con un enorme tinglado. Nunca se llena pues tiene capacidad para 1.000 personas y en el pueblo no hay tantas. En junio de 2017, cuando Página Siete visitó la zona, la obra fungía como almacén de tractores de donación. "El resto del año está cerrado”.
El Alto El mercado Campesino Santa Rosa en El Alto se construyó con 39,2 millones de bolivianos. Esta obra de tres plantas con capacidad para 506 puestos, se inauguró en septiembre de 2016 pero aún no funciona. Una reciente visita al lugar de este medio verificó que en el patio hay unos 20 puestos de venta que “cuidan espacios” aunque la mayoría no se abre.
26 enero 2018
Legislativo niega gastos por Código abrogado
Los presidentes de las cámaras de Diputados y de Senadores aseguraron que no se utilizaron recursos económicos del Legislativo para la redacción del Código de Sistema Penal que fue abrogado. Funcionarios de esa instancia redactaron la norma cuestionada.
“Ni la Cámara de Diputados ni la de Senadores han gastado un solo centavo para la elaboración del Código de Sistema Penal. Lo que se hizo es echar mano de algunos funcionarios, que son autores y en algunos casos coautores del texto, que trabajan en ambas instancias”, aseguró Gonzales.
La presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, aseveró que sí hubo algún dinero malgastado fue en los sueldos de los opositores que según su versión, no participaron en la elaboración de este Código.
“Si hubo algún recurso mal utilizado en las cámaras de Senadores y en Diputados para la redacción del Código Penal han sido los sueldos de los diputados y senadores de oposición que no hicieron su trabajo, no vinieron a sesionar, se faltaron a sesiones de comisiones”, reiteró Montaño.
PROYECTISTAS
Según la autoridad, Pilar Quintanilla, directora jurídica del senado; Jhovana Mendoza, que trabaja en la Cámara de Diputados, y el exviceministro de Justicia y Derechos Humanos, Reynaldo Imaña, fueron los autores y coautores del Código cuestionado, este último fue quien direccionó la redacción del texto.
Sin embargo, se tiene también conocimiento que especialistas internacionales emitieron sus opiniones con relación al proyecto, los cuales fueron tomados en cuenta por los proyectistas.
Entre los expertos consultados han estado el jurista argentino José Alberto Binder, el exjuez español Baltazar Garzón, el profesor y exmagistrado argentino Eugenio Raúl Zaffaroni, y el constitucionalista español Roberto Viciano Pastor.
Colaboró también Jörg Alfred Stippel, doctor en Derecho de la Universidad de Bremen-Alemania y académico de la Facultad de Derecho, de la Universidad Central de Chile.
Montaño manifestó que las consultas a los expertos extranjeros dependieron de los temas. “Dependía del sector, hubo un experto ecuatoriano en el ámbito de sustancias controladas, hubo ámbitos de subespecialización que consultamos con expertos”, sostuvo.
En el portal http://www.ucentral.cl/academico-de-la-facultad-de-derecho-doctor-jorg-stippel-coopera-en-la/prontus_ucentral2012/2016-12-01/125955.html se publicó información respecto a la elaboración del Código del Sistema Penal sobre el que se habría empezado su discusión desde el 2014.
En la nota también se hace referencia a que en la comisión técnica participaron Valeria Villaseca y Cris Montgomery y los ecuatorianos Jorge Paladines y Luis Ávila.
INFORME
Por otra parte, el senador Óscar Ortíz, de Unidad Demócrata (UD), remitió una carta a Gonzales en la que le solicita información sobre los gastos de la redacción del texto, el aludido manifestó que responderá por escrito.
A la vez, está solicitando una Petición de Informe Oral al ministro de Justicia, Héctor Arce, quien deberá responder si esa cartera de Estado contrató asesores extranjeros para la elaboración de la norma, quiénes fueron y el costo de las consultorías.
Las autoridades del Legislativo se reunieron con el presidente Evo Morales para informarle sobre la sanción de la ley corta que abroga el Código y se prevé que hasta hoy el mandatario promulgue la misma. No existe plazo para elaborar una nueva norma.
“Ni la Cámara de Diputados ni la de Senadores han gastado un solo centavo para la elaboración del Código de Sistema Penal. Lo que se hizo es echar mano de algunos funcionarios, que son autores y en algunos casos coautores del texto, que trabajan en ambas instancias”, aseguró Gonzales.
La presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, aseveró que sí hubo algún dinero malgastado fue en los sueldos de los opositores que según su versión, no participaron en la elaboración de este Código.
“Si hubo algún recurso mal utilizado en las cámaras de Senadores y en Diputados para la redacción del Código Penal han sido los sueldos de los diputados y senadores de oposición que no hicieron su trabajo, no vinieron a sesionar, se faltaron a sesiones de comisiones”, reiteró Montaño.
PROYECTISTAS
Según la autoridad, Pilar Quintanilla, directora jurídica del senado; Jhovana Mendoza, que trabaja en la Cámara de Diputados, y el exviceministro de Justicia y Derechos Humanos, Reynaldo Imaña, fueron los autores y coautores del Código cuestionado, este último fue quien direccionó la redacción del texto.
Sin embargo, se tiene también conocimiento que especialistas internacionales emitieron sus opiniones con relación al proyecto, los cuales fueron tomados en cuenta por los proyectistas.
Entre los expertos consultados han estado el jurista argentino José Alberto Binder, el exjuez español Baltazar Garzón, el profesor y exmagistrado argentino Eugenio Raúl Zaffaroni, y el constitucionalista español Roberto Viciano Pastor.
Colaboró también Jörg Alfred Stippel, doctor en Derecho de la Universidad de Bremen-Alemania y académico de la Facultad de Derecho, de la Universidad Central de Chile.
Montaño manifestó que las consultas a los expertos extranjeros dependieron de los temas. “Dependía del sector, hubo un experto ecuatoriano en el ámbito de sustancias controladas, hubo ámbitos de subespecialización que consultamos con expertos”, sostuvo.
En el portal http://www.ucentral.cl/academico-de-la-facultad-de-derecho-doctor-jorg-stippel-coopera-en-la/prontus_ucentral2012/2016-12-01/125955.html se publicó información respecto a la elaboración del Código del Sistema Penal sobre el que se habría empezado su discusión desde el 2014.
En la nota también se hace referencia a que en la comisión técnica participaron Valeria Villaseca y Cris Montgomery y los ecuatorianos Jorge Paladines y Luis Ávila.
INFORME
Por otra parte, el senador Óscar Ortíz, de Unidad Demócrata (UD), remitió una carta a Gonzales en la que le solicita información sobre los gastos de la redacción del texto, el aludido manifestó que responderá por escrito.
A la vez, está solicitando una Petición de Informe Oral al ministro de Justicia, Héctor Arce, quien deberá responder si esa cartera de Estado contrató asesores extranjeros para la elaboración de la norma, quiénes fueron y el costo de las consultorías.
Las autoridades del Legislativo se reunieron con el presidente Evo Morales para informarle sobre la sanción de la ley corta que abroga el Código y se prevé que hasta hoy el mandatario promulgue la misma. No existe plazo para elaborar una nueva norma.
Conade continúa Piden respeto a la CPE y resultados del 21F
Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) no se desarticulará y continuará con sus movilizaciones para pedir que se respete la voluntad del soberano y el resultado del referéndum del 21 de febrero de 2016 aseguró el presidente de esta instancia, Waldo Albarracín.
El representante informó, además, que acudirán a instancias internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde pedirán que intercedan en Bolivia para que Evo Morales respete el derecho humano de los bolivianos que votaron el 2016 en rechazo a su repostulación.
“Hay que reforzar la demanda ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) más allá de lo que haya dicho su Presidente; también hay que plantear una demanda ante el Órgano Electoral, aunque ya se envió un memorial solicitando el respeto al 21F de parte de la UMSA y Cinade puede reforzar acoplándose”, informó Waldo Albarracín, presidente del Conade.
El pasado martes (23), el magistrado del TCP, Orlando Ceballos, desechó la posibilidad de revisar el polémico fallo del 28 de noviembre de 2017, que viabilizó la repostulación indefinida del presidente Evo Morales.
“Hay que remitirnos a la Constitución Política del Estado, que señala que los fallos del Tribunal Constitucional son de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio, y contra ellos no procede recurso ordinario ulterior alguno”, dijo.
PEDIDO A CIDH
Sin embargo, pese a estar consciente de que este Órgano es obsecuente al Órgano Ejecutivo, igual insistirán sin dejar de lado que acudirán a la Comisión Interamericana de Derecho Humanos con el argumento de defensa de los derechos humanos de los ciudadanos que votaron en el referéndum en 2016.
“En los próximos días vamos a presentar una demanda ante la CIDH, con el argumento sobre los derechos del ciudadano así como el Presidente ha usado para defender sus derecho humano, entonces por qué no piensa en el derecho individual de los bolivianos cuando fuimos a votar en el referéndum, este dio un resultado, y al no respetar estaría violando nuestro derecho humano”, sostuvo Albarracín.
SIN LA COB
Al mismo tiempo, el presidente del Conade explicó las razones de la ausencia de la Central Obrera Boliviana (COB), más sobre las declaraciones de su ejecutivo Guido Mitma.
“Ahora que decidió dejar Conade, respetamos su punto de vista pero que (Mitma) no esté, no quiere decir que se evapore esta institución. La COB tiene una valiosa historia porque fue la misma que presidió la primera Conade en los 80”, afirmó Albarracín.
Esta explicación se sujeta a las últimas declaraciones del ejecutivo de la COB, que hace días sufrió el avasallamiento y división impulsada por dirigentes afines al MAS que lo desconocieron.
“No debe existir más el Conade, el Conade simplemente se había creado con el afán, en este caso, de hacer abrogar el Código Penal, sin embargo, estos temas están por ahí y los trabajadores mineros hemos llegado a analizar con bastante profundidad todos los aspectos negativos de lo que era este Código Penal y otros”, señaló Mitma en esa oportunidad.
Albarracín aclaró también que el Conade tiene propósitos de defensa de la democracia y de ninguna forma es subversiva como insistieron autoridades del Gobierno central y el MAS.
“El Conade no está en una acción subversiva, nosotros estamos luchando por defender la democracia. Este Gobierno llegó mediante la urnas y tiene legitimidad y esta se la construye todos los días con respeto a los derechos de los ciudadanos, pierdes legitimidad cuando se enfrenta, por más legal que sea, así haya ganado una elección, vulnera los derechos del soberano que le han puesto en el poder”, agrego Albarracín.
El 11 de enero, la COB, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb) y la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) reactivaron el Conade. El objetivo buscar la abrogación del Código del Sistema Penal y hacer respetar los resultados del referéndum del 21 de febrero de 2016.
El representante informó, además, que acudirán a instancias internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde pedirán que intercedan en Bolivia para que Evo Morales respete el derecho humano de los bolivianos que votaron el 2016 en rechazo a su repostulación.
“Hay que reforzar la demanda ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) más allá de lo que haya dicho su Presidente; también hay que plantear una demanda ante el Órgano Electoral, aunque ya se envió un memorial solicitando el respeto al 21F de parte de la UMSA y Cinade puede reforzar acoplándose”, informó Waldo Albarracín, presidente del Conade.
El pasado martes (23), el magistrado del TCP, Orlando Ceballos, desechó la posibilidad de revisar el polémico fallo del 28 de noviembre de 2017, que viabilizó la repostulación indefinida del presidente Evo Morales.
“Hay que remitirnos a la Constitución Política del Estado, que señala que los fallos del Tribunal Constitucional son de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio, y contra ellos no procede recurso ordinario ulterior alguno”, dijo.
PEDIDO A CIDH
Sin embargo, pese a estar consciente de que este Órgano es obsecuente al Órgano Ejecutivo, igual insistirán sin dejar de lado que acudirán a la Comisión Interamericana de Derecho Humanos con el argumento de defensa de los derechos humanos de los ciudadanos que votaron en el referéndum en 2016.
“En los próximos días vamos a presentar una demanda ante la CIDH, con el argumento sobre los derechos del ciudadano así como el Presidente ha usado para defender sus derecho humano, entonces por qué no piensa en el derecho individual de los bolivianos cuando fuimos a votar en el referéndum, este dio un resultado, y al no respetar estaría violando nuestro derecho humano”, sostuvo Albarracín.
SIN LA COB
Al mismo tiempo, el presidente del Conade explicó las razones de la ausencia de la Central Obrera Boliviana (COB), más sobre las declaraciones de su ejecutivo Guido Mitma.
“Ahora que decidió dejar Conade, respetamos su punto de vista pero que (Mitma) no esté, no quiere decir que se evapore esta institución. La COB tiene una valiosa historia porque fue la misma que presidió la primera Conade en los 80”, afirmó Albarracín.
Esta explicación se sujeta a las últimas declaraciones del ejecutivo de la COB, que hace días sufrió el avasallamiento y división impulsada por dirigentes afines al MAS que lo desconocieron.
“No debe existir más el Conade, el Conade simplemente se había creado con el afán, en este caso, de hacer abrogar el Código Penal, sin embargo, estos temas están por ahí y los trabajadores mineros hemos llegado a analizar con bastante profundidad todos los aspectos negativos de lo que era este Código Penal y otros”, señaló Mitma en esa oportunidad.
Albarracín aclaró también que el Conade tiene propósitos de defensa de la democracia y de ninguna forma es subversiva como insistieron autoridades del Gobierno central y el MAS.
“El Conade no está en una acción subversiva, nosotros estamos luchando por defender la democracia. Este Gobierno llegó mediante la urnas y tiene legitimidad y esta se la construye todos los días con respeto a los derechos de los ciudadanos, pierdes legitimidad cuando se enfrenta, por más legal que sea, así haya ganado una elección, vulnera los derechos del soberano que le han puesto en el poder”, agrego Albarracín.
El 11 de enero, la COB, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb) y la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) reactivaron el Conade. El objetivo buscar la abrogación del Código del Sistema Penal y hacer respetar los resultados del referéndum del 21 de febrero de 2016.
25 enero 2018
Tribunal Supremo Electoral 17 alcaldes y un gobernador en proceso de revocatoria
Hasta la fecha, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) habilitó la solicitud de revocatoria para 17 alcaldes, un gobernador, varios concejales municipales y asambleístas departamentales, según datos proporcionados a EL DIARIO por el ente electoral.
Para tal efecto presentaron 79 solicitudes de revocatorio de las cuales, 48 fueron habilitadas y pasaron a la fase de pedido del formato para los libros en los que se recolectarán las firmas y huellas de los ciudadanos habilitados en el padrón electoral.
Todas las autoridades electas son sujetas a un revocatorio el mismo que está considerado como “un mecanismo constitucional que el pueblo soberano decide a través del sufragio universal la continuidad o el cese de funciones de las autoridades elegidas” según el artículo 25 de la Ley 026 de Régimen Electoral.
¿QUIÉNES SON?
En ese sentido, existen tres autoridades visibles del Movimiento al Socialismo (MAS) que están en proceso de revocatorio, en cuanto se cumpla la segunda fase, que es crucial con la recolección de firmas y huellas dactilares de ciudadanos que se adhieran al pedido.
Entre estas autoridades están el gobernador del departamento de Potosí, Juan Carlos Cejas Ugarte; el alcalde de la ciudad de Potosí Willams Cervantes, además presidente de la Federación de Asociaciones Municipales (FAM –Bolivia) y el alcalde de la ciudad de Sucre Iván Arciénega son autoridades que están la mira de sus ciudadanos, en esta oportunidad.
Cabe destacar que Cejas es el único gobernador, hasta la fecha, de quien se pidió ser revocado de su cargo.
Por otro lado, están también autoridades que pertenecen a la oposición, entre los más visibles está el alcalde de la ciudad de Oruro, Edgar Bazán Ortega, que pertenece al Movimiento ciudadano “San Felipe de Austria”; y el asambleísta departamental en Yacuiba Wilman Cardozo que fue parlamentario de Partido Democrático Social (Podemos).
CARACTERÍSTICAS DEL REVOCATORIO
El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Antonio Costas, explicó que en la presentación de solicitudes pueden estar concentradas varias de ellas para una sola autoridad, pero que las mismas son revisadas de forma independiente.
FASES PARA EL REVOCATORIO
Previo a esta fase, en que piden el formato para los libros que recolectarán las firmas y huellas de los ciudadanos adherentes a la iniciativa de revocatorio; se presume que la habilitación de las solicitudes en los Tribunales Electorales Departamentales (TED) cursaron el siguiente procedimiento:
“El Secretario de Cámara hace la revisión formal de las solicitudes y en Sala Plena comunica sobre el cumplimiento o incumplimiento de condiciones y requisitos formales. En caso de que hubiese cumplido, con resolución de Sala Plena, se aprueba para que se otorgue un plazo de 90 días para que puedan recabar la firmas y huellas dactilares”, explicó Antonio Condori, presidente del TED La Paz.
Una vez superada esta fase, Sala Plena habilita el siguiente paso que es el pedido del formato de los libros para la recolección de firmas. En el cuadro adjunto a esta nota se detallan los nombres de las autoridades observadas.
Según la norma electoral que establece en el artículo 26 inciso d), la recolección de firmas y huellas debe ser el 30 por ciento del padrón electoral vigente para autoridades municipales; el 25 por ciento para autoridades departamentales y regionales, como es el caso del gobernador de Potosí y los asambleístas departamentales.
Estos registros luego pasarán a ser verificados por los TED correspondientes en el plazo de 60 días, según el artículo 27 de la Ley 026 de Régimen Electoral.
CASOS PARTICULARES
Por ejemplo, en el caso del municipio de Ayata se inscribieron, en el Padrón Electoral, 3.414 ciudadanos entonces en esa región se debe recabar el 30 por ciento de firmas que significan 1.024 ciudadanos.
Asimismo, el municipio de San Buenaventura donde existen registrados 4.555 empadronados, se debe recabar el 30 por ciento que es igual a 1.367 ciudadanos de ese municipio.
Por su parte, el municipio de Yacuiba tiene un padrón de 64.921 personas y el 30 por ciento significa 19.476 firmas de personas habilitadas en el padrón. En tanto que para asambleístas departamentales debe ser el 25 por ciento, es decir 16.230 firmas de habilitados.
Y el caso del municipio de Villamontes, el Padrón tiene 29.200 personas habilitadas y el 30 por ciento que es equivalente a 8.760 firmas y huellas.
PLAZO VENCE EL 5 DE FEBRERO
Según el informe del presidente del TED La Paz, Antonio Condori, a EL DIARIO, el plazo para la presentación de solicitudes de revocatoria de mandatos arrancó el 14 de diciembre de 2017 y concluye el 5 de febrero de 2018 en todo el país.
El pasado 3 de enero, el TED de La Paz informó a EL DIARIO que las solicitudes de revocatoria contra el alcalde de La Paz, Luis Revilla, fueron rechazadas por la entidad porque no cumplieron con los requisitos establecidos. Asimismo, rechazó la solicitud contra la alcaldesa de El Alto, Soledad Chapetón.
Para tal efecto presentaron 79 solicitudes de revocatorio de las cuales, 48 fueron habilitadas y pasaron a la fase de pedido del formato para los libros en los que se recolectarán las firmas y huellas de los ciudadanos habilitados en el padrón electoral.
Todas las autoridades electas son sujetas a un revocatorio el mismo que está considerado como “un mecanismo constitucional que el pueblo soberano decide a través del sufragio universal la continuidad o el cese de funciones de las autoridades elegidas” según el artículo 25 de la Ley 026 de Régimen Electoral.
¿QUIÉNES SON?
En ese sentido, existen tres autoridades visibles del Movimiento al Socialismo (MAS) que están en proceso de revocatorio, en cuanto se cumpla la segunda fase, que es crucial con la recolección de firmas y huellas dactilares de ciudadanos que se adhieran al pedido.
Entre estas autoridades están el gobernador del departamento de Potosí, Juan Carlos Cejas Ugarte; el alcalde de la ciudad de Potosí Willams Cervantes, además presidente de la Federación de Asociaciones Municipales (FAM –Bolivia) y el alcalde de la ciudad de Sucre Iván Arciénega son autoridades que están la mira de sus ciudadanos, en esta oportunidad.
Cabe destacar que Cejas es el único gobernador, hasta la fecha, de quien se pidió ser revocado de su cargo.
Por otro lado, están también autoridades que pertenecen a la oposición, entre los más visibles está el alcalde de la ciudad de Oruro, Edgar Bazán Ortega, que pertenece al Movimiento ciudadano “San Felipe de Austria”; y el asambleísta departamental en Yacuiba Wilman Cardozo que fue parlamentario de Partido Democrático Social (Podemos).
CARACTERÍSTICAS DEL REVOCATORIO
El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Antonio Costas, explicó que en la presentación de solicitudes pueden estar concentradas varias de ellas para una sola autoridad, pero que las mismas son revisadas de forma independiente.
FASES PARA EL REVOCATORIO
Previo a esta fase, en que piden el formato para los libros que recolectarán las firmas y huellas de los ciudadanos adherentes a la iniciativa de revocatorio; se presume que la habilitación de las solicitudes en los Tribunales Electorales Departamentales (TED) cursaron el siguiente procedimiento:
“El Secretario de Cámara hace la revisión formal de las solicitudes y en Sala Plena comunica sobre el cumplimiento o incumplimiento de condiciones y requisitos formales. En caso de que hubiese cumplido, con resolución de Sala Plena, se aprueba para que se otorgue un plazo de 90 días para que puedan recabar la firmas y huellas dactilares”, explicó Antonio Condori, presidente del TED La Paz.
Una vez superada esta fase, Sala Plena habilita el siguiente paso que es el pedido del formato de los libros para la recolección de firmas. En el cuadro adjunto a esta nota se detallan los nombres de las autoridades observadas.
Según la norma electoral que establece en el artículo 26 inciso d), la recolección de firmas y huellas debe ser el 30 por ciento del padrón electoral vigente para autoridades municipales; el 25 por ciento para autoridades departamentales y regionales, como es el caso del gobernador de Potosí y los asambleístas departamentales.
Estos registros luego pasarán a ser verificados por los TED correspondientes en el plazo de 60 días, según el artículo 27 de la Ley 026 de Régimen Electoral.
CASOS PARTICULARES
Por ejemplo, en el caso del municipio de Ayata se inscribieron, en el Padrón Electoral, 3.414 ciudadanos entonces en esa región se debe recabar el 30 por ciento de firmas que significan 1.024 ciudadanos.
Asimismo, el municipio de San Buenaventura donde existen registrados 4.555 empadronados, se debe recabar el 30 por ciento que es igual a 1.367 ciudadanos de ese municipio.
Por su parte, el municipio de Yacuiba tiene un padrón de 64.921 personas y el 30 por ciento significa 19.476 firmas de personas habilitadas en el padrón. En tanto que para asambleístas departamentales debe ser el 25 por ciento, es decir 16.230 firmas de habilitados.
Y el caso del municipio de Villamontes, el Padrón tiene 29.200 personas habilitadas y el 30 por ciento que es equivalente a 8.760 firmas y huellas.
PLAZO VENCE EL 5 DE FEBRERO
Según el informe del presidente del TED La Paz, Antonio Condori, a EL DIARIO, el plazo para la presentación de solicitudes de revocatoria de mandatos arrancó el 14 de diciembre de 2017 y concluye el 5 de febrero de 2018 en todo el país.
El pasado 3 de enero, el TED de La Paz informó a EL DIARIO que las solicitudes de revocatoria contra el alcalde de La Paz, Luis Revilla, fueron rechazadas por la entidad porque no cumplieron con los requisitos establecidos. Asimismo, rechazó la solicitud contra la alcaldesa de El Alto, Soledad Chapetón.
Opositores denunciarán a Montaño por acoso político
GABRIELA MONTAÑO.
Tras la bochornosa sesión de la Cámara de Diputados para la abrogación del Código de Sistema Penal, la bancada de Unidad Demócrata (UD) presentará una denuncia ante la Comisión de Ética contra la presidenta de esa instancia, Gabriela Montaño, por acoso político.
“La denuncia irá contra Gabriela Montaño, será presentada ante la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados. La presidenta es quien nos ha privado de la palabra y ha censurado a toda la bancada de oposición, fueron 11 horas de una sesión de terror, está conduciendo a la cámara de Diputados a un escenario de violencia”, explicó la diputada Shirley Franco.
El debate en la Cámara Baja para la abrogación del Código de Sistema Penal se prolongó por 11 horas, donde se registraron amagues de enfrentamiento entre los asambleístas del oficialismo y de oposición.
El pasado domingo, el presidente Evo Morales hizo el anuncio de la abrogación de esta norma, horas después se remitió una nota a la Asamblea Legislativa para que comience con el tratamiento de una Ley corta para su efecto.
Cabe resaltar que la Comisión de Ética de Diputados está paralizado desde el pasado abril de 2017, tras la salida de la asambleísta Alicia Canqui, que estaba a cargo de esa instancia que hasta esa fecha no se designó a los miembros para que conformen esa instancia.
CONFLICTO
La sesión comenzó a las 17.30 horas aproximadamente del pasado martes, Gabriela Montaño, presidenta de la Cámara Baja, tomó la palabra y acusó a los opositores de generar una campaña de desinformación para la anulación de la norma, cuando los opositores intervinieron en la sesión los masistas los interrumpían .
Estos actos fueron encabezados por Montaño, en cierto momento comenzó co un estribillo ¡La derecha no volverá, la derecha no volverá!, acto seguido los asambleístas del MAS continuaron con esa arenga.
Frente a esto, la diputada de UD, Lourdes Millares, indicó que estas acciones no son más que una muestra que el partido oficialista no quiso reconocer que se equivocaron en la aprobación de la norma.
Además aseguró que fueron amenazados por la presidenta, sin embargo, advierten que no serán intimidados por estas acciones.
“Hemos sido amenazados por Gabriela Montaño, nos dijo: se acabó diputados, ahora van a presenciar lo que estos dos tercios del MAS les pueden dar. Nuestra respuesta es: no tenemos miedo, usen sus dos tercios quienes sabemos pensar no vamos a seguir el juego”, resaltó Millares.
Bochorno en Diputados Diputada Quispe escupe a Barrientos y Franco
La exjefa de bancada del MAS, Juana Quispe, protagonizó un bochornoso acto al escupir y arrojar su coca acullicada a los diputados Gonzalo Barrientos y Shirley Franco (UD), tras la sesión de la Cámara de Diputados que terminó abrogando el Código del Sistema Penal.
El hecho sucedió la madrugada de ayer en el hall de la Asamblea Legislativa, cuando los legisladores abandonaron el hemiciclo de Diputados luego de 11 horas de una acalorada sesión.
Los dos bandos se pusieron frente a frente, mientras vitoreaban y lanzaban consignas como ¡El pueblo, unido, jamás será vencido! En ese momento en una reacción inesperada se ve en un video a la diputada Quispe sacar de su boca un puñado de coca acullicada y lanzar hacia el grupo de legisladores de Unidad Demócrata.
La diputada Lourdes Millares (UD) explicó que la coca fue dirigida a Gonzalo Barrientos y repudió el acto irrespetuoso de la diputada.
“Tenemos imágenes de una diputada cuando salíamos de aquí, ha sacado la coca de su boca que había acullicado para lanzarnos. Eso es violencia”, denunció.
Apenas se conoció el hecho por el Twitter, este se hizo viral en las redes sociales y mereció un repudio generalizado.
Quispe nació el 18 de octubre de 1973 en Chimoré, Cochabamba. De 1996 a 2000 fue secretaria ejecutiva de la Federación de Mujeres del Trópico de Chimoré. Actualmente es diputada nacional y en 2016 fue jefe de bancada del MAS en la Cámara Baja.
CONTRA BORDA
El 30 de mayo de 2017 aconteció un hecho parecido también en el edificio del Legislativo cuando el exmagistrado suspendido del Tribunal Constitucional, Gualberto Cusi, escupió en la cara al diputado, Víctor Borda del MAS.
Ambos estaban discutiendo por la lectura de la coca como fundamento para dictar sentencias. Borda reprochó a Cusi por recurrir a esta práctica cuando ejercía en el Tribunal Constitucional.
La discusión subió de tono al punto que Cusi escupió a Borda delante de las cámaras de varios medios de comunicación. “Masista eres pues”, le dijo.
Luego del incidente, Borda lamentó que Cusi se haga pasar por “gente humilde” cuando acude a estos actos que a su criterio no son “dignos de un ser humano”.
Similar hecho ocurrió ayer.
El hecho sucedió la madrugada de ayer en el hall de la Asamblea Legislativa, cuando los legisladores abandonaron el hemiciclo de Diputados luego de 11 horas de una acalorada sesión.
Los dos bandos se pusieron frente a frente, mientras vitoreaban y lanzaban consignas como ¡El pueblo, unido, jamás será vencido! En ese momento en una reacción inesperada se ve en un video a la diputada Quispe sacar de su boca un puñado de coca acullicada y lanzar hacia el grupo de legisladores de Unidad Demócrata.
La diputada Lourdes Millares (UD) explicó que la coca fue dirigida a Gonzalo Barrientos y repudió el acto irrespetuoso de la diputada.
“Tenemos imágenes de una diputada cuando salíamos de aquí, ha sacado la coca de su boca que había acullicado para lanzarnos. Eso es violencia”, denunció.
Apenas se conoció el hecho por el Twitter, este se hizo viral en las redes sociales y mereció un repudio generalizado.
Quispe nació el 18 de octubre de 1973 en Chimoré, Cochabamba. De 1996 a 2000 fue secretaria ejecutiva de la Federación de Mujeres del Trópico de Chimoré. Actualmente es diputada nacional y en 2016 fue jefe de bancada del MAS en la Cámara Baja.
CONTRA BORDA
El 30 de mayo de 2017 aconteció un hecho parecido también en el edificio del Legislativo cuando el exmagistrado suspendido del Tribunal Constitucional, Gualberto Cusi, escupió en la cara al diputado, Víctor Borda del MAS.
Ambos estaban discutiendo por la lectura de la coca como fundamento para dictar sentencias. Borda reprochó a Cusi por recurrir a esta práctica cuando ejercía en el Tribunal Constitucional.
La discusión subió de tono al punto que Cusi escupió a Borda delante de las cámaras de varios medios de comunicación. “Masista eres pues”, le dijo.
Luego del incidente, Borda lamentó que Cusi se haga pasar por “gente humilde” cuando acude a estos actos que a su criterio no son “dignos de un ser humano”.
Similar hecho ocurrió ayer.
Código Penal fue abrogado por dos instancias de Asamblea
El Código del Sistema Penal fue abrogado en la Cámara de Senadores, con lo que se terminó el trámite legislativo para su abrogación. Sólo resta pasar la ley corta al Ejecutivo para que el presidente Evo Morales la promulgue, con lo que la norma de más de 650 artículos quedará sin efecto.
Todo ocurrió en una sesión mucho más corta: algo más de cuatro horas frente a las 11 que demandó un día antes la misma aprobación en Diputados. El debate entre oficialistas y opositores fue muy respetuoso, al menos el 95% del tiempo, en comparación con la sesión de miércoles en los que los asambleístas de UD y PDC no pudieron hablar porque los interrumpieron con golpes en las mesas y gritos.
En el debate, los opositores advirtieron que habían adelantado que la norma se iba a abrogar, y le reclamaron a los oficialistas por no escuchar sus pedidos de quitar el pie del acelerador en el tratamiento del código. Los senadores Milton Barón y Adriana Salvatierra fueron de los pocos voceros del oficialismo. En ambos casos señalaron que los argumentos de criminalizar las protestas, que el código reducía las penas al narcotráfico, afectaba la libertad de expresión, eran mentiras.
Salvatierra señaló que este código fue el único intento sincero de hacer un cambio real de la justicia, que tenía un enfoque restaurativo y técnico, “la oportunidad de trasformar la justicia para la gente, romper con una lógica de criminalización que venía de la dictadura, un sistema que no pase por meter a la cárcel a todos. No es una victoria de la oposición”, aseveró.
Carmen Eva Gonzales festejó que se abrogue “este código maldito”, se levantó y rompió un impreso con el texto del mismo, mientras los oficialistas le reclamaban que no podía actuar, como profesora. La asambleísta opositora recordó que se metió a una huelga de hambre los días que se negociaban las directivas, “y lo hice porque yo no negocio con ustedes ni por san putas”.
Barón denunció que la oposición montó una estrategia de desestabilización del Gobierno, y que conspiraron. Su colega Arturo Murillo le respondió que efectivamente el fondo es evitar que el presidente Evo Morales repostule y señaló que sí hay conspiración, pero que ésta parte de del equipo cercano de colaboradores del presidente. (El Deber)
Todo ocurrió en una sesión mucho más corta: algo más de cuatro horas frente a las 11 que demandó un día antes la misma aprobación en Diputados. El debate entre oficialistas y opositores fue muy respetuoso, al menos el 95% del tiempo, en comparación con la sesión de miércoles en los que los asambleístas de UD y PDC no pudieron hablar porque los interrumpieron con golpes en las mesas y gritos.
En el debate, los opositores advirtieron que habían adelantado que la norma se iba a abrogar, y le reclamaron a los oficialistas por no escuchar sus pedidos de quitar el pie del acelerador en el tratamiento del código. Los senadores Milton Barón y Adriana Salvatierra fueron de los pocos voceros del oficialismo. En ambos casos señalaron que los argumentos de criminalizar las protestas, que el código reducía las penas al narcotráfico, afectaba la libertad de expresión, eran mentiras.
Salvatierra señaló que este código fue el único intento sincero de hacer un cambio real de la justicia, que tenía un enfoque restaurativo y técnico, “la oportunidad de trasformar la justicia para la gente, romper con una lógica de criminalización que venía de la dictadura, un sistema que no pase por meter a la cárcel a todos. No es una victoria de la oposición”, aseveró.
Carmen Eva Gonzales festejó que se abrogue “este código maldito”, se levantó y rompió un impreso con el texto del mismo, mientras los oficialistas le reclamaban que no podía actuar, como profesora. La asambleísta opositora recordó que se metió a una huelga de hambre los días que se negociaban las directivas, “y lo hice porque yo no negocio con ustedes ni por san putas”.
Barón denunció que la oposición montó una estrategia de desestabilización del Gobierno, y que conspiraron. Su colega Arturo Murillo le respondió que efectivamente el fondo es evitar que el presidente Evo Morales repostule y señaló que sí hay conspiración, pero que ésta parte de del equipo cercano de colaboradores del presidente. (El Deber)
24 enero 2018
Hermano del 'vice' ve que movimientos no sabían cómo defender a Evo
"Lo que influyó en el presidente son los movimientos sociales que le dijeron al presidente 'no sé como defenderte, no sé como defender el Código Penal'", así explica Raúl García Linera, hermano del vicepresidente, la decisión de Evo Morales de abrogar la conflictiva norma.
El hombre, cercano a las organizaciones afines al MAS, sostiene que el jefe de Estado asumió una decisión adecuada para evitar que las protestas crezcan en territorio nacional. Anticipó que la anulación de la norma pesará dentro de algunos años.
"Creo que fue una acción pertinente del presidente si así la valora él, nos va a pasar una factura como sociedad, era una norma que nos ponía al día en las ciencias jurídicas, algún rato nos daremos cuenta que cometimos un error", aseveró a EL DEBER.
Cree además que Morales deslindó las aguas para poner adelante a los políticos que quieren enfrentar al Gobierno y así "dejen de tener detrás suyo a una población asustada con engaños".
"Los compañeros se sintieron desarmados porque la defensa debía ser altamente técnica (...) Ninguna ley se socializa previamente sino no sería ley, elegimos al Legislativo para que haga leyes, si no les delegamos, para qué tenemos Legislativo. Podía haberse debatido más", concluye García Linera.
Esta madrugada la Cámara de Diputados aprobó la ley corta que deja sin efecto el Código, misma que hoy es debatida por el Senado. Se espera que sea promulgada en las próximas horas por el primer mandatario.
23 enero 2018
Morales anuncia el estreno en abril del nuevo palacio en el centro paceño
El presidente de Bolivia, Evo Morales, anunció este lunes que estrenará en abril próximo el nuevo Palacio de Gobierno o Casa Grande del Pueblo, un gran edificio de 28 niveles que se construye detrás de la actual sede de Gobierno en pleno centro histórico de La Paz, cuestionado urbanísticamente.
El gobernante hizo el anuncio en un festejo en el Palacio de Gobierno con indígenas de su pueblo natal, Orinoca (Oruro, oeste), con motivo del duodécimo aniversario de su llegada al poder.
"Tal vez sea la última visita de ustedes a este palacio viejo, la próxima nos van a visitar en la nueva Casa del Pueblo", sostuvo.
Justificó que el antiguo Palacio Quemado, actual sede del Ejecutivo, está lleno de "símbolos del Estado colonial" y afirmó que "esto se quedará para museo".
"Y la próxima, el próximo año con seguridad nos van a visitar en la Casa Grande del Pueblo. Está previsto que el 1 de abril vamos a trasladarnos y desde allá gobernar", agregó Morales.
El nuevo Palacio de Gobierno o Casa Grande del Pueblo se construye desde 2014 con una inversión de 34,6 millones de dólares, detrás del actual Palacio Quemado.
El edificio, que tendrá 28 pisos más un helipuerto, gimnasio y sauna, entre otros servicios, se levanta con una superficie construida de casi 31.800 metros cuadrados donde antes estuvo una casa patrimonial y tendrá motivos andinos tiahuanacotas, una cultura prehispánica.
La construcción fue avalada por una ley promulgada en 2012 que declaró la obra una "prioridad nacional" y se saltó la competencia de la Alcaldía de La Paz para coordinar y aprobar el proyecto.
También está en construcción una nueva sede del Parlamento, emplazada detrás del actual Palacio Legislativo con una superficie construida de 40.000 metros cuadrados, que contará con 20 niveles y cinco pisos de sótano que serán aparcamientos.
La oposición y expertos en urbanismo han cuestionado que ambas construcciones irrumpan en el centro histórico paceño, donde hasta el momento la única construcción elevada, que también fue criticada en su momento, era el Banco Central, construido en 1980 con 28 niveles.
El pasado mes de julio hubo una polémica porque el expresidente Carlos Mesa (2003-2005) calificó ambos edificios como "verdaderos engendros" por su "desmesurado tamaño" y consideró que su construcción no es una respuesta a necesidades funcionales.
Mesa, que también es historiador y periodista, cuestionó entonces que el diseño de los nuevos edificios no haya considerado su adecuación a "la armonía arquitectónica con el entorno y el respeto a la proporción de las edificaciones existentes en su contexto urbanístico".
El vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, acusó entonces a Mesa de aferrarse a la "estética republicana, racista, clasista y excluyente", que "está siendo sustituida por un nuevo espacio público y una estética plurinacional más participativa". (23/017/2018)
Morales dice las reducidas marchas en zonas residenciales son también parte del cambio
A diferencia de lo que ocurrió ayer en su mensaje-informe de 12 años de gestión, el presidente Evo Morales se refirió este martes a las protestas en contra del Código Penal y la exigencia de respeto al resultado del 21F durante la presentación de su gabinete 2018. Dijo que también es parte del proceso de cambio que ahora se realicen reducidas marchas de protesta en la zona sur de La Paz y en Equipetrol, en Santa Cruz.
“He leído en un tuit, muy interesante ese comentario, y dice: Antes los campesinos, los obreros en los barrios, la gente pobre, marchaban; ahora marchan en la zona Sur (en La Paz) y en Equipetrol (en Santa Cruz) algunos pocos. Hasta eso ha cambiado, saludamos, respetamos, es su derecho”, dijo durante la posición de los ministros Alfredo Rada y Javier Zabaleta y la ratificación del resto de su gabinete.
En los últimos días se realizó un “cacerolazo” en la calle 21 de la zona Sur como parte de las protestas que exigen abrogación del Código del Sistema Penal, que ya está en trámite en la Asamblea Legislativa a pedido del Presidente, y respeto al referéndum del 21 de febrero de 2016, cuando ganó el No a la repostulación de los actuales mandatarios.
Santa Cruz también fue escenario de protestas en las últimas semanas. Durante el paro cívico del 12 de enero varios vehículos particulares fueron utilizados para bloquear calles y el viceministro de Autonomías, Hugo Siles, dijo que eran motorizados de $us 50 mil.
Opositores como el jefe de Unidad Nacional (UN) Samuel Doria Mediana y el gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, observaron que el Jefe de Estado no se haya referido a las protestas en su informe.
Morales aseguró que llegó al Gobierno para trabajar, principalmente por las clases que fueron excluidas en el pasado. “Nuestro proceso de cambio, nuestra revolución democrática cultural es para gente abandonada, olvidada históricamente, para eso hemos llegado”, dijo.
“En Equipetrol, en la zona Sur, 50, 60, 70 o 100 marchando y aquí (frente a Palacio y durante el Día del Estado Plurinacional) casi nos hemos cansado contando casi tres horas y media de desfile, como más de 200 mil hermanos y hermanas marchando aquí. Es el resultado de nuestro proceso de cambio”, aseguró.
“Como la derecha permanentemente nos ofende, insulta, amenaza, conspira yo siento que nuestros movimientos sociales están escuchando cada día por medios de comunicación o redes sociales y causa reacción con guerra sucia con mentiras, aunque nosotros no respondemos con mentiras, guerra sucia y no lo vamos a hacer”, insistió. (23/01/2018)
Montaño ataca a Rubén Costas por abrogación del Código Penal
La presidenta de Diputados, Gabriela Montaño, aseveró esta tarde, durante su alocución en la sesión que trata la abrogación del Código del Sistema Penal en la Cámara baja, que el gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, nunca podrá ser candidato a la Presidencia de Bolivia porque es incapaz de unificar el país.
Desde que el presidente Morales ordenó la abrogación del Código Penal, el domingo pasado, la expresión de Montaño en actos públicos no ha sido la más feliz. Esta tarde fue la primera en tomar la palabra cuando se inició el debate y disparó con todo en contra de asambleístas de la oposición, y luego contra los líderes.
Cuando le tocó el turno a Costas, se dirigió a los diputados de Demócratas y les preguntó por qué su líder había organizado y financiado el paro cívico de Santa Cruz, “y luego ni apareció. Es que estaba de vacaciones”, aseguró.
Luego complementó: “Costas está atado a ese momento de la historia en la que se dispuso a dividir el país. Toda Bolivia se acuerda de esos días en los que Costas organizó y lideró el intento de partir Bolivia, ¿y saben qué?: Jamás podrá ser candidato a la presidencia de este país porque no tiene la talla para unificarlo”.
Desde que el presidente Morales ordenó la abrogación del Código Penal, el domingo pasado, la expresión de Montaño en actos públicos no ha sido la más feliz. Esta tarde fue la primera en tomar la palabra cuando se inició el debate y disparó con todo en contra de asambleístas de la oposición, y luego contra los líderes.
Cuando le tocó el turno a Costas, se dirigió a los diputados de Demócratas y les preguntó por qué su líder había organizado y financiado el paro cívico de Santa Cruz, “y luego ni apareció. Es que estaba de vacaciones”, aseguró.
Luego complementó: “Costas está atado a ese momento de la historia en la que se dispuso a dividir el país. Toda Bolivia se acuerda de esos días en los que Costas organizó y lideró el intento de partir Bolivia, ¿y saben qué?: Jamás podrá ser candidato a la presidencia de este país porque no tiene la talla para unificarlo”.
Legislativo cambiará su agenda para escribir un nuevo Código
El presidente de la Cámara de Senadores, José Alberto Gonzales, anticipó que se tendrá que modificar la agenda del Legislativo prevista para esta gestión ante la decisión de abrogar el Código del Sistema Penal.
"Nosotros aún no vimos nada sobre la elaboración de un nuevo Código, evidentemente, en nuestra agenda no estaba esta eventualidad, pero tendremos que ajustarnos a eso", dijo en Palacio de Gobierno.
La polémica norma, que quedará nula esta semana mediante una ley corta, demandó unos tres años para su elaboración. El jefe de Estado, Evo Morales, solicitó que la nueva disposición se redacte en consenso con todos los sectores.
Hace algunos días el ministro de Justicia y Transparencia, Héctor Arce, anticipó que en el debate para elaborar un nuevo Código quedarán expuestas las "bondades" del abrogado, mismas que servirán de base.
"Diputados tiene sesión hoy, van a aprobar estar tarde el proyecto de ley corto y nosotros la vamos a recibir en el transcurso del día o mañana y después vamos a aprobar en el Senado, luego remitiremos al presidente para que promulgue, seguro será entre el jueves y viernes", explicó Gonzales.
Respecto a las movilizaciones que continúan en algunas regiones del país, ahora en pedido del respeto al 21F, el oficialista sostuvo: "20 tractores he visto en Santa Cruz, bueno, nos vamos a la arena política. Quienes han usado mañosamente el Código, bien, nos vamos al debate político".
Llevaron varias cajas de cerveza Festejo "plurinacional" convirtió la plaza principal en cantina
El festejo por el Día del Estado Plurinacional, que había iniciado con un acto sencillo, derivó en un excesivo consumo de cerveza de los partidarios del Gobierno de turno; esto hizo que la plaza 10 de Febrero se transforme en una cantina a cielo abierto, ante la vista de la Policía.
Ayer se realizó un acto conmemorando el Día del Estado Plurinacional en ambientes de la Gobernación de Oruro, con presencia de algunos simpatizantes del actual partido de Gobierno.
Pero horas más tarde, antes del mediodía, el festejo se trasladó a la plaza 10 de Febrero, donde los correligionarios masistas no solo pusieron música autóctona, sino que también llevaron varias cajas de cerveza en lata y botellas.
Es así que mientras la marcha contra el Gobierno de Evo Morales pasaba por la plaza, los "plurinacionales" comenzaron a beber copiosamente la cerveza, mientras las bandas autóctonas tocaban música tradicional.
La plaza se convirtió en pocos minutos en una cantina a cielo abierto, ante la vista de los efectivos policiales que se encontraban resguardando el lugar para evitar un enfrentamiento entre masistas y quienes piden el respeto al voto del Referéndum del 21 de Febrero de 2016.
NORMATIVA
El artículo 19 de la ley de Control al Expendio y Consumo de Bebidas Alcohólicas, señala en su numeral 1, que está prohibido consumir estas bebidas en vía pública; asimismo el numeral 2 restringe esto en espacios públicos de recreación, mientras que el numeral 3, en espectáculos públicos de concentración masiva, salvo autorización de los Gobiernos Municipales.
El parágrafo II del mismo artículo 19, indica que "la Policía Boliviana queda encargada del control de las prohibiciones establecidas en el presente Artículo". Sin embargo los efectivos del orden se limitaron a observar y tras el paso de la marcha opositora, se retiraron sin evitar que continuara la "farra plurinacional".
Ayer se realizó un acto conmemorando el Día del Estado Plurinacional en ambientes de la Gobernación de Oruro, con presencia de algunos simpatizantes del actual partido de Gobierno.
Pero horas más tarde, antes del mediodía, el festejo se trasladó a la plaza 10 de Febrero, donde los correligionarios masistas no solo pusieron música autóctona, sino que también llevaron varias cajas de cerveza en lata y botellas.
Es así que mientras la marcha contra el Gobierno de Evo Morales pasaba por la plaza, los "plurinacionales" comenzaron a beber copiosamente la cerveza, mientras las bandas autóctonas tocaban música tradicional.
La plaza se convirtió en pocos minutos en una cantina a cielo abierto, ante la vista de los efectivos policiales que se encontraban resguardando el lugar para evitar un enfrentamiento entre masistas y quienes piden el respeto al voto del Referéndum del 21 de Febrero de 2016.
NORMATIVA
El artículo 19 de la ley de Control al Expendio y Consumo de Bebidas Alcohólicas, señala en su numeral 1, que está prohibido consumir estas bebidas en vía pública; asimismo el numeral 2 restringe esto en espacios públicos de recreación, mientras que el numeral 3, en espectáculos públicos de concentración masiva, salvo autorización de los Gobiernos Municipales.
El parágrafo II del mismo artículo 19, indica que "la Policía Boliviana queda encargada del control de las prohibiciones establecidas en el presente Artículo". Sin embargo los efectivos del orden se limitaron a observar y tras el paso de la marcha opositora, se retiraron sin evitar que continuara la "farra plurinacional".
Santa Cruz Agropecuarios piden respeto al 21F con su “tractorazo”
Con los primero rayos del sol, comenzaron a asomarse los tractores al punto de partida de lo que es el primer ‘tractorazo’ en defensa de la democracia, como la han calificado los agropecuarios del Norte Integrado, que junto a otros sectores se sumaron a las movilizaciones en contra del nuevo Código del Sistema Penal y exigiendo respeto al voto ciudadano del 21-F, que le negó la posibilidad al presidente Evo Morales de ir a una nueva reelección.
Con esta movilización, la mayor manifestación con estas características se presentó en la ciudad de Santa Cruz, donde miles de productores agropecuarios marcharon desde la ciudad de Montero hasta el centro de la capital cruceña.
La columna de tractores que salió de Montero hacia la capital del departamento, a las 8:00, estuvo conformada por maquinaria agrícola de propiedades dedicadas a la ganadería y la agricultura de municipios productivos como: Minero, Saavedra, Fernández Alonso y Okinawa entre otros.
La protesta fue acompañada por líderes cívicos de estos municipios e incluso de San Julián, cuyo presidente del ente moral, Lindo Justiniano, se sumó a la caravana en la motocicleta en la que llegó desde su zona, junto a su esposa.
“Esta es una medida, como otras que ha asumido la ciudadanía para exigir que ya no haya más abusos de poder y se respete lo que dice la Constitución. Ojalá que nuestras autoridades entre en razón y el Tribunal Constitucional anule el fallo que atenta contra la decisión del pueblo expresada en el referendo del 21 de febrero de 2016”, sostuvo el líder cívico de Montero, Willam Perales.
También, en la capital cruceña, grupos de ciudadanos realizaron una marcha con cacerolas en el Cristo redentor. Un nutrido número de plataformas ciudadanas y el Comité Cívico de Santa Cruz, se aglutinaron en el monumento a la altura del segundo anillo de la ciudad.
El grupo rechaza la repostulación del presidente Evo Morales y respeto al referéndum del 21 de Febrero que rechazó la intención de prorrogarse en el poder. Además, de la abrogación del Código Penal.
Con esta movilización, la mayor manifestación con estas características se presentó en la ciudad de Santa Cruz, donde miles de productores agropecuarios marcharon desde la ciudad de Montero hasta el centro de la capital cruceña.
La columna de tractores que salió de Montero hacia la capital del departamento, a las 8:00, estuvo conformada por maquinaria agrícola de propiedades dedicadas a la ganadería y la agricultura de municipios productivos como: Minero, Saavedra, Fernández Alonso y Okinawa entre otros.
La protesta fue acompañada por líderes cívicos de estos municipios e incluso de San Julián, cuyo presidente del ente moral, Lindo Justiniano, se sumó a la caravana en la motocicleta en la que llegó desde su zona, junto a su esposa.
“Esta es una medida, como otras que ha asumido la ciudadanía para exigir que ya no haya más abusos de poder y se respete lo que dice la Constitución. Ojalá que nuestras autoridades entre en razón y el Tribunal Constitucional anule el fallo que atenta contra la decisión del pueblo expresada en el referendo del 21 de febrero de 2016”, sostuvo el líder cívico de Montero, Willam Perales.
También, en la capital cruceña, grupos de ciudadanos realizaron una marcha con cacerolas en el Cristo redentor. Un nutrido número de plataformas ciudadanas y el Comité Cívico de Santa Cruz, se aglutinaron en el monumento a la altura del segundo anillo de la ciudad.
El grupo rechaza la repostulación del presidente Evo Morales y respeto al referéndum del 21 de Febrero que rechazó la intención de prorrogarse en el poder. Además, de la abrogación del Código Penal.
Festejo en medio de marchas
Mientras el presidente del Estado brindaba su informe de gestión en la Asamblea Legislativa, en las ciudades de La Paz, Cochabamba, Sucre y Potosí, sectores cívicos protagonizaron marchas de protestas, demandando el respeto a los resultados del referéndum del 21 de febrero.
En La Paz más de 3 mil personas se aglutinaron en la calle 21 de Calacoto, al sur de la capital, para protagonizar una ruidosa marcha de protesta con cacerolas vacías, exigiendo al Gobierno el respeto a la Constitución Política de Estado.
El colectivo ciudadano se auto convocó, a través de las redes sociales para expresar su rechazo a la reelección de Evo Morales.
En el centro paceño, otro grupo de ciudadanos salieron a las calles demandando que se respecte el carácter vinculante del referéndum del 21 de febrero de 2016, donde la población rechazó la posibilidad de prolongar el mandato del presidente Evo Morales Ayma.
PROTESTAS
Desde las cero horas de ayer las calles, avenidas y lugares estratégicos de las ciudades de Cochabamba, Sucre y Potosí, fueron bloqueadas por los sectores de la sociedad civil que organizados en sus comités cívicos paralizaron las actividades económicas en un feriado atípico.
El presidente Comité Cívico, de Chuquisaca, Rodrigo Echalar, informó que la concentración se realizó a las 9:00 y se procedió a bloquear los puntos estratégicos para impedir el transporte interdepartamental e interprovincial.
Similares acciones de presión se realizaron en Potosí, donde el Comité Cívico reanudó las movilizaciones en contra del nuevo Código del Sistema Penal y demandando el respeto a los resultados del referéndum del 21 de febrero de 2016.
“Previa concentración en la plaza histórica El Minero, los sectores sociales manifestaron su repudio a las autoridades por no respetar la Constitución Política del Estado”, según informó un red televisiva local.
En la ciudad de Cochabamba, las organizaciones aglutinadas en la Coordinadora Interinstitucional por la Vida y Libertades Democráticas, bloquearon las calles y avenidas de esa capital.
Similares acciones se realizaron en el departamento de Chuquisaca, donde se procedió al bloqueo de las carreteras que vinculan el país con el sur, tal como se reportó en las cadenas locales de televisión.
En La Paz más de 3 mil personas se aglutinaron en la calle 21 de Calacoto, al sur de la capital, para protagonizar una ruidosa marcha de protesta con cacerolas vacías, exigiendo al Gobierno el respeto a la Constitución Política de Estado.
El colectivo ciudadano se auto convocó, a través de las redes sociales para expresar su rechazo a la reelección de Evo Morales.
En el centro paceño, otro grupo de ciudadanos salieron a las calles demandando que se respecte el carácter vinculante del referéndum del 21 de febrero de 2016, donde la población rechazó la posibilidad de prolongar el mandato del presidente Evo Morales Ayma.
PROTESTAS
Desde las cero horas de ayer las calles, avenidas y lugares estratégicos de las ciudades de Cochabamba, Sucre y Potosí, fueron bloqueadas por los sectores de la sociedad civil que organizados en sus comités cívicos paralizaron las actividades económicas en un feriado atípico.
El presidente Comité Cívico, de Chuquisaca, Rodrigo Echalar, informó que la concentración se realizó a las 9:00 y se procedió a bloquear los puntos estratégicos para impedir el transporte interdepartamental e interprovincial.
Similares acciones de presión se realizaron en Potosí, donde el Comité Cívico reanudó las movilizaciones en contra del nuevo Código del Sistema Penal y demandando el respeto a los resultados del referéndum del 21 de febrero de 2016.
“Previa concentración en la plaza histórica El Minero, los sectores sociales manifestaron su repudio a las autoridades por no respetar la Constitución Política del Estado”, según informó un red televisiva local.
En la ciudad de Cochabamba, las organizaciones aglutinadas en la Coordinadora Interinstitucional por la Vida y Libertades Democráticas, bloquearon las calles y avenidas de esa capital.
Similares acciones se realizaron en el departamento de Chuquisaca, donde se procedió al bloqueo de las carreteras que vinculan el país con el sur, tal como se reportó en las cadenas locales de televisión.
Hasta que la Asamblea abrogue el Código Penal Seis regiones continuarán con medidas de presión
El anuncio del presidente Evo Morales de abrogar Código Penal no convenció al Comité de Defensa de la Democracia (Conade), razón por la que decidieron ratificar sus medidas de presión hasta que la Asamblea Legislativa Plurinacional abrogue la resistida norma y se respete el resultado del 21 de febrero de 2016.
En seis de las nueve ciudades capitales (La Paz, Sucre, Cochabamba, Santa Cruz, Tarija y Potosí), los sectores cívicos protagonizarán marchas de protesta y bloqueos de caminos.
El rector de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) y dirigente del Comité de Defensa de la Democracia (Conade), Waldo Albarracín, dijo que la decisión presidencial no desactiva las marchas de la sociedad civil del pueblo boliviano.
“La marcha programada por el Conade desde la Ceja de El Alto hasta la ciudad de La Paz se cumplirá de manera pacífica”, dijo a EL DIARIO.
Por su parte, el secretario ejecutivo de la COB, Guido Mitma, informó que el comité ejecutivo hará una evaluación en las próximas horas para fijar posición ante la abrogación del Código Penal.
El profesor José Luis Álvarez, quien también es parte de la Comité, aseguró que los bolivianos “hemos aprehendido a no confiar en la palabra de Evo Morales”, por lo que esperarán a que la Asamblea Legislativa, mediante una ley corta abrogue todo el Código Penal.
COCHABAMBA
En la ciudad de Cochabamba, las organizaciones aglutinadas en la Coordinadora Interinstitucional por la Vida y Libertades Democráticas bloquearon las calles y avenidas de esa capital.
Asimismo, determinaron ratificar el paro indefinido desde hoy y que cualquier suspensión de las medidas de presión lo hará en una reunión nacional.
“La Coordinara mantiene el paro indefinido, hasta no ver la abrogación del Código”, dijo el presidente de la Coordinadora en Cochabamba, Carlos Nava.
SUCRE
El Comité Cívico de Chuquisaca, mediante el Comité Departamental de Movilizaciones (Codemo), comunicó a todas las instituciones, organizaciones y población chuquisaqueña que las movilizaciones programada por la Central Obrera Departamental (COD) y Codeinca se mantienen vigentes.
“La propuesta lanzada por el presidente Evo Morales de abrogar el Código del Sistema Penal no pasa de ser una simple promesa, por eso seguirán las protestas hasta ver la abrogación”, informó el presidente Comité Cívico, Rodrigo Echalar.
SANTA CRUZ
El presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Fernando Cuéllar, informó que las movilizaciones continuarán hasta que las autoridades nacionales decidan respetar los resultados del referendo del 21 de febrero de 2016.
“El anuncio del presidente de abrogar el Código del Sistema Penal, devuelve a las autoridades algo de racionalidad. Ahora esperamos que el presidente reconozca y respete los resultados del referendo del 21 F y se someta a la decisión del pueblo boliviano que dijo No a la reelección”, recordó en su cuenta Twitter.
POTOSÍ
Desde Potosí, el presidente del Comité Cívico, Johnny Llally, anunció que este martes, se realizará la marcha de protesta y se iniciará el paro indefinido.
Añadió que a partir de las cero horas de hoy, se iniciará el paro general indefinido con bloqueo de calles, garitas y caminos troncales en Potosí.
TARIJA
El presidente del Comité Cívico de Tarija, Juan Carlos Ramos, sostuvo que la reunión de directorio decidió continuar con las medidas de presión hasta que el Legislativo abrogue el Código Penal. “Mientras eso no ocurra, las movilizaciones siguen en marcha”, sentenció.
El dirigente recordó que la abrogación del Código Penal no es la única demanda, sino también el respeto a los resultados del referéndum del 21 de febrero del 2016 y el respeto a al CPE.
En seis de las nueve ciudades capitales (La Paz, Sucre, Cochabamba, Santa Cruz, Tarija y Potosí), los sectores cívicos protagonizarán marchas de protesta y bloqueos de caminos.
El rector de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) y dirigente del Comité de Defensa de la Democracia (Conade), Waldo Albarracín, dijo que la decisión presidencial no desactiva las marchas de la sociedad civil del pueblo boliviano.
“La marcha programada por el Conade desde la Ceja de El Alto hasta la ciudad de La Paz se cumplirá de manera pacífica”, dijo a EL DIARIO.
Por su parte, el secretario ejecutivo de la COB, Guido Mitma, informó que el comité ejecutivo hará una evaluación en las próximas horas para fijar posición ante la abrogación del Código Penal.
El profesor José Luis Álvarez, quien también es parte de la Comité, aseguró que los bolivianos “hemos aprehendido a no confiar en la palabra de Evo Morales”, por lo que esperarán a que la Asamblea Legislativa, mediante una ley corta abrogue todo el Código Penal.
COCHABAMBA
En la ciudad de Cochabamba, las organizaciones aglutinadas en la Coordinadora Interinstitucional por la Vida y Libertades Democráticas bloquearon las calles y avenidas de esa capital.
Asimismo, determinaron ratificar el paro indefinido desde hoy y que cualquier suspensión de las medidas de presión lo hará en una reunión nacional.
“La Coordinara mantiene el paro indefinido, hasta no ver la abrogación del Código”, dijo el presidente de la Coordinadora en Cochabamba, Carlos Nava.
SUCRE
El Comité Cívico de Chuquisaca, mediante el Comité Departamental de Movilizaciones (Codemo), comunicó a todas las instituciones, organizaciones y población chuquisaqueña que las movilizaciones programada por la Central Obrera Departamental (COD) y Codeinca se mantienen vigentes.
“La propuesta lanzada por el presidente Evo Morales de abrogar el Código del Sistema Penal no pasa de ser una simple promesa, por eso seguirán las protestas hasta ver la abrogación”, informó el presidente Comité Cívico, Rodrigo Echalar.
SANTA CRUZ
El presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Fernando Cuéllar, informó que las movilizaciones continuarán hasta que las autoridades nacionales decidan respetar los resultados del referendo del 21 de febrero de 2016.
“El anuncio del presidente de abrogar el Código del Sistema Penal, devuelve a las autoridades algo de racionalidad. Ahora esperamos que el presidente reconozca y respete los resultados del referendo del 21 F y se someta a la decisión del pueblo boliviano que dijo No a la reelección”, recordó en su cuenta Twitter.
POTOSÍ
Desde Potosí, el presidente del Comité Cívico, Johnny Llally, anunció que este martes, se realizará la marcha de protesta y se iniciará el paro indefinido.
Añadió que a partir de las cero horas de hoy, se iniciará el paro general indefinido con bloqueo de calles, garitas y caminos troncales en Potosí.
TARIJA
El presidente del Comité Cívico de Tarija, Juan Carlos Ramos, sostuvo que la reunión de directorio decidió continuar con las medidas de presión hasta que el Legislativo abrogue el Código Penal. “Mientras eso no ocurra, las movilizaciones siguen en marcha”, sentenció.
El dirigente recordó que la abrogación del Código Penal no es la única demanda, sino también el respeto a los resultados del referéndum del 21 de febrero del 2016 y el respeto a al CPE.
Colectivo ciudadano presentó un informe “paralelo” al de Morales
Cuando faltaba menos de una hora para que el presidente del Estado, Evo Morales, dé su discurso en la Asamblea Legislativa Plurinacional, un colectivo ciudadano presentó el “Informe sobre el estado del país”, en el que se detalla los puntos negativos de los 12 años de gestión del mandatario. Este documento fue dado a conocer en el Hotel Torino, a las 9:00 de ayer.
Organizaciones como Bolivia Somos Todos, extrabajadores mineros y ciudadanos civiles presentaron este informe que busca hacer conocer a la ciudadanía los “errores” y “mentiras” que dijo el Presidente. El mismo será presentado en los próximos días al mandatario.
Acompañados en su atuendo con bufandas con los colores de la bandera boliviana, los activistas presentaron el documento que contiene cinco capítulos: Estado autoritario presidencial, El gran embuste sobre la economía, El modelo económico fallido, La Pachamama traicionada, y Los postergados, olvidados y ninguneados del régimen.
“Este informe está basado en datos estadísticos que fueron extraídos del oficialismo, mediante los cuales demostramos que no estamos en buenas condiciones y que todos los recursos económicos excedentes, que son 60.000 millones de dólares, no se sabe en qué invierte, aparte de canchas y palacios”, indicó la representante de la agrupación Bolivia Somos Todos, Angélica Siles.
Mientras Miguel Roca, autodenominado como ciudadano boliviano, indicó que “el Gobierno nos acostumbró a que cada 22 de enero lancé una perorata de ‘Alicia en el país de las Maravillas’ con varias mentiras”.
Explicó que hay tres falsedades en la gestión de Morales. La primera, se trata de la bonanza económica que vivió el país gracias a la nacionalización de los hidrocarburos, lo cual, según indica, es falso porque “simplemente los precios internacionales de lo que exportamos crecieron. Nos entró 60.000 millones adicionales gracias a esto”.
Roca indica que la segunda mentira es que los “sectores estratégicos” de minería, hidrocarburos y energía generan un excedente. “Sus ingresos son deficitarios. Por cada dólar que esos sectores mandan al Estado, el Estado saca a los ciudadanos un dólar y medio en impuestos”, argumentó.
La tercera farsa es el “Pachamamismo”, pues no hubo políticas más depredadoras de la naturaleza. Indicó que lo sucedido con el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Secure (TIPNIS) fue un claro ejemplo de ello. Ante este tipo de incidentes aseguró que “no se puede creer nada al Presidente”.
Organizaciones como Bolivia Somos Todos, extrabajadores mineros y ciudadanos civiles presentaron este informe que busca hacer conocer a la ciudadanía los “errores” y “mentiras” que dijo el Presidente. El mismo será presentado en los próximos días al mandatario.
Acompañados en su atuendo con bufandas con los colores de la bandera boliviana, los activistas presentaron el documento que contiene cinco capítulos: Estado autoritario presidencial, El gran embuste sobre la economía, El modelo económico fallido, La Pachamama traicionada, y Los postergados, olvidados y ninguneados del régimen.
“Este informe está basado en datos estadísticos que fueron extraídos del oficialismo, mediante los cuales demostramos que no estamos en buenas condiciones y que todos los recursos económicos excedentes, que son 60.000 millones de dólares, no se sabe en qué invierte, aparte de canchas y palacios”, indicó la representante de la agrupación Bolivia Somos Todos, Angélica Siles.
Mientras Miguel Roca, autodenominado como ciudadano boliviano, indicó que “el Gobierno nos acostumbró a que cada 22 de enero lancé una perorata de ‘Alicia en el país de las Maravillas’ con varias mentiras”.
Explicó que hay tres falsedades en la gestión de Morales. La primera, se trata de la bonanza económica que vivió el país gracias a la nacionalización de los hidrocarburos, lo cual, según indica, es falso porque “simplemente los precios internacionales de lo que exportamos crecieron. Nos entró 60.000 millones adicionales gracias a esto”.
Roca indica que la segunda mentira es que los “sectores estratégicos” de minería, hidrocarburos y energía generan un excedente. “Sus ingresos son deficitarios. Por cada dólar que esos sectores mandan al Estado, el Estado saca a los ciudadanos un dólar y medio en impuestos”, argumentó.
La tercera farsa es el “Pachamamismo”, pues no hubo políticas más depredadoras de la naturaleza. Indicó que lo sucedido con el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Secure (TIPNIS) fue un claro ejemplo de ello. Ante este tipo de incidentes aseguró que “no se puede creer nada al Presidente”.
Video Bebida y borrachera luego del discurso presidencial
Luego de la participación de varias instituciones, representantes cívicos afines al Movimiento al Socialismo (MAS), en el desfile del acto central, se dieron a la tarea de festejar con cerveza en medio de calzadas y aceras que fueron ocupadas en las inmediaciones de la plaza Murillo.
Varios de los grupos musicales que fueron parte del desfile lograron apostarse en estos lugares para continuar el festejo, pero esta vez con más cerveza, sin tomar en cuenta que las calles que ocupaban estaban siendo obstruidas a la circulación vehicular y peatonal, actitud que tuvo que ser soportada hasta altas horas de la noche del lunes por la ciudadanía.
VENTA DE CERVEZA
De la misma forma, sin tener en cuenta la prohibición de la venta de cerveza en estos lugares públicos, los comerciantes se apostaron en las calles, sin respetar las disposiciones municipales, las mismas que desde muy tempranas horas de este lunes hicieron llegar grandes cantidades de cerveza.
HIGIENE
Por otro lado, la higiene en estos lugares fue completamente olvidada por las personas que se dedicaron a consumir cerveza, quienes conociendo las normas y sin respetar el paso de los transeúntes en estas calles circundantes a la plaza Murillo hicieron sus necesidades causando la molestia de las personas que a esa hora de la tarde todavía había muchas familias con sus niños que se trasladaban para llegar a sus domicilios en diferentes zonas.
BASURAL
Como si fuera poco, las comerciantes de diferentes productos dejaron estos lugares en un basural, además ayudado por las mismas personas que participaron en la actividad, lograron depositar cantidades de desechos, luego de haberse servido un refresco o una merienda.
A pesar del intento de algunos funcionarios de la municipalidad de tratar de impedir este desorden, nadie quiso hacer caso a las disposiciones, donde más de una persona en estado de ebriedad se tornó agresiva ante el personal edil, quienes solamente por lo agresivo que se comportaban estas personas, lo único que hicieron es ver cómo se ensuciaban las calles.
Arduo fue el trabajo de la empresa encargada de la limpieza de las calles en la ciudad de La Paz, especialmente en estos sectores donde mucha gente se apostó para dar rienda suelta a la bebida, sin que nadie pueda controlar la misma y a vista y paciencia de los transeúntes.
Varios de los grupos musicales que fueron parte del desfile lograron apostarse en estos lugares para continuar el festejo, pero esta vez con más cerveza, sin tomar en cuenta que las calles que ocupaban estaban siendo obstruidas a la circulación vehicular y peatonal, actitud que tuvo que ser soportada hasta altas horas de la noche del lunes por la ciudadanía.
VENTA DE CERVEZA
De la misma forma, sin tener en cuenta la prohibición de la venta de cerveza en estos lugares públicos, los comerciantes se apostaron en las calles, sin respetar las disposiciones municipales, las mismas que desde muy tempranas horas de este lunes hicieron llegar grandes cantidades de cerveza.
HIGIENE
Por otro lado, la higiene en estos lugares fue completamente olvidada por las personas que se dedicaron a consumir cerveza, quienes conociendo las normas y sin respetar el paso de los transeúntes en estas calles circundantes a la plaza Murillo hicieron sus necesidades causando la molestia de las personas que a esa hora de la tarde todavía había muchas familias con sus niños que se trasladaban para llegar a sus domicilios en diferentes zonas.
BASURAL
Como si fuera poco, las comerciantes de diferentes productos dejaron estos lugares en un basural, además ayudado por las mismas personas que participaron en la actividad, lograron depositar cantidades de desechos, luego de haberse servido un refresco o una merienda.
A pesar del intento de algunos funcionarios de la municipalidad de tratar de impedir este desorden, nadie quiso hacer caso a las disposiciones, donde más de una persona en estado de ebriedad se tornó agresiva ante el personal edil, quienes solamente por lo agresivo que se comportaban estas personas, lo único que hicieron es ver cómo se ensuciaban las calles.
Arduo fue el trabajo de la empresa encargada de la limpieza de las calles en la ciudad de La Paz, especialmente en estos sectores donde mucha gente se apostó para dar rienda suelta a la bebida, sin que nadie pueda controlar la misma y a vista y paciencia de los transeúntes.
Descartan paro cívico para hoy en Santa Cruz
El Comité Cívico descartó un paro indefinido para hoy. El pasado jueves, la Coordinadora Interinstitucional por la Vida y Libertades Democráticas convocó a un paro nacional indefinido. Sin embargo, Santa Cruz no acatará esta disposición.
Al igual que el resto del movimiento cívico a nivel nacional, en la capital oriental analizará el mensaje presidencial para luego tomar medidas de presión contra la postura oficialista que busca lanzar por cuarta vez en un proceso eleccionario al presidente Evo Morales.
A nivel nacional, varias organizaciones se han movilizado contra el Código Penal y exigen el respeto a los resultados del referéndum del 21 de febrero, que rechazó la iniciativa de habilitar a Morales para un nuevo mandato. Pese a esto la autoridad expresó que será candidato en 2019.
Sin embargo, en otros departamentos como Cochabamba, La Paz y otros sectores, como la ciudad de El Alto, anunciaron también reuniones en torno a este tema, con la finalidad de tomar decisiones en muchos de los casos para continuar con estas medidas o renunciar a los mismos.
El análisis a la que estarán sujetas estas medidas también tiene que ver con las versiones por parte de la Cámara de Diputados donde señalaron que por lo menos en esta semana hasta el viernes recién se podría tener el documento firmado en el tema de la abrogación del Código Penal, anunciado por el presidente del país Evo Morales.
Sin embargo, la Cámara Baja revisará un proyecto de “ley corta” que será discutida y aprobada en la Cámara de Diputados, luego sancionada por el Senado y posteriormente promulgada por el presidente Evo Morales, dejando sin efecto los 670 artículos que tiene el Código Penal.
COB
Mientras que la Central Obrera Boliviana ratificó, entretanto, el estado de emergencia a la espera de la abrogación del Código a través de una ley que sea publicada por la Gaceta Oficial, y una vez plasmada así, asumirá un aposición.
En un comunicado exhortó al Gobierno a dejar de lado la soberbia, despojarse de toda beligerancia y discurso malicioso como lo hace el vicepresidente Álvaro García Linera, y no mentir más a la población.
Varias de las organizaciones que están dentro de la máxima entidad como es la Central Obrera Boliviana estarán al pendiente de todo lo que suceda para que de esta forma puedan tomar las decisiones en torno a este tema de la abrogación del Código Penal, siendo que este problema puso en conflicto al Gobierno central en los últimos días, por lo que finalmente el Presidente del país tomó el acuerdo de abrogar esta ley.
Al igual que el resto del movimiento cívico a nivel nacional, en la capital oriental analizará el mensaje presidencial para luego tomar medidas de presión contra la postura oficialista que busca lanzar por cuarta vez en un proceso eleccionario al presidente Evo Morales.
A nivel nacional, varias organizaciones se han movilizado contra el Código Penal y exigen el respeto a los resultados del referéndum del 21 de febrero, que rechazó la iniciativa de habilitar a Morales para un nuevo mandato. Pese a esto la autoridad expresó que será candidato en 2019.
Sin embargo, en otros departamentos como Cochabamba, La Paz y otros sectores, como la ciudad de El Alto, anunciaron también reuniones en torno a este tema, con la finalidad de tomar decisiones en muchos de los casos para continuar con estas medidas o renunciar a los mismos.
El análisis a la que estarán sujetas estas medidas también tiene que ver con las versiones por parte de la Cámara de Diputados donde señalaron que por lo menos en esta semana hasta el viernes recién se podría tener el documento firmado en el tema de la abrogación del Código Penal, anunciado por el presidente del país Evo Morales.
Sin embargo, la Cámara Baja revisará un proyecto de “ley corta” que será discutida y aprobada en la Cámara de Diputados, luego sancionada por el Senado y posteriormente promulgada por el presidente Evo Morales, dejando sin efecto los 670 artículos que tiene el Código Penal.
COB
Mientras que la Central Obrera Boliviana ratificó, entretanto, el estado de emergencia a la espera de la abrogación del Código a través de una ley que sea publicada por la Gaceta Oficial, y una vez plasmada así, asumirá un aposición.
En un comunicado exhortó al Gobierno a dejar de lado la soberbia, despojarse de toda beligerancia y discurso malicioso como lo hace el vicepresidente Álvaro García Linera, y no mentir más a la población.
Varias de las organizaciones que están dentro de la máxima entidad como es la Central Obrera Boliviana estarán al pendiente de todo lo que suceda para que de esta forma puedan tomar las decisiones en torno a este tema de la abrogación del Código Penal, siendo que este problema puso en conflicto al Gobierno central en los últimos días, por lo que finalmente el Presidente del país tomó el acuerdo de abrogar esta ley.
Informe de gestión Morales evita hablar de conflictos y Código Penal
Después del anuncio del domingo de abrogar el Código del Sistema Penal, el presidente Evo Morales, ayer en su informe de gestión, priorizó datos económicos y reiteró las acostumbradas comparaciones de su gobierno con anteriores gestiones. En las dos horas que leyó su discurso evitó referirse a los últimos conflictos sociales del país exigiendo la abrogación del Código y el respeto al referéndum del 21 de febrero.
El acto protocolar precedido por una ceremonia ancestral a cargo de autoridades indígenas y campesinas en la plaza Murillo comenzó a las 09 horas con la instalación de la primera sesión legislativa con el único punto: el informe de gestión del presidente Evo Morales.
Mientras el mandatario boliviano leía su informe por dos horas ante la presencia de parlamentarios, cuerpo diplomático, dirigentes sociales afines al MAS y autoridades de Gobierno, por lo menos en dos puntos de la ciudad se realizaban marchas de protesta exigiendo el respeto al referéndum del 21 de febrero de 2016 y a la Constitución Política del Estado.
Mientras el mandatario aseguraba que los “datos eran impresionantes” en el ámbito económico, lo que posibilitó que Bolivia se constituya en el líder del crecimiento a nivel región latinoamericana, una movilización de tractores y otra de cacerolazos tiñó el festejo gubernamental.
DATOS
Entre los datos que leyó Morales, destacó un crecimiento económico de 4,2%, un Producto Interno Bruto per cápita para el 2017 de 3.393 dólares, que se triplicó en los últimos años.
Los depósitos bancarios antes de su gobierno crecían en un 69% y en los últimos años crecieron en 495%, en similares dimensiones aumentó el crédito a 460%. Aseguró que las utilidades del sector privado aumentó en más de cuatro veces, actualmente, registra en 27.766 millones de bolivianos.
Se refirió a la reservas internacionales las que llegaron a 10.261 millones de dólares que dijo se vieron afectadas por la baja en el precio del petróleo, aunque espera una recuperación en el futuro.
Reflejó que la inflación es una de las más bajas en la región aunque después de Perú y Chile. La deuda extrema llega a 24, 6% del PIB el que está en el marco de los términos que prevén organismos internacionales.
Morales insistió en la idea de que con proyectos como El Bala, Chepete y Rositas, Bolivia será un centro energético, “estamos preparados, pero algunos hermanos muy pocos se oponen”, afirmó. Una fracción de organizaciones indígenas y medioambientales han criticado que el Gobierno impulse este tipo de megaobras que atentarían contra la naturaleza y la madre tierra.
Aseguró que Bolivia se perfila a ser un país “industrializador” de su materia prima. Además de potenciar sus exportaciones en esa línea informó que a la República de China se exportará carne, quinua y café.
En el ámbito social sostuvo que la deserción escolar bajó de 4,5% a 2,0%. Que se construyeron más de 1.000 hospitales y se crearon más de 16 mil ítems. Aunque no hizo referencia al conflicto de los médicos que exigieron mejorar las condiciones de los centros hospitalarios y de equipamiento.
Comprometió agua potable para los próximos 30 o 40 años, tras los problemas que sufrió la ciudad de La Paz en la gestión 2016 cuando las represas se secaron y las autoridades no tomaron previsiones. Cerca de 100 barrios quedaron sin agua.
Respecto al narcotráfico dijo que se incrementaron los operativos y secuestro de droga, que a la fecha se encuentra en 6.400 toneladas de secuestro de droga.
OPOSICIÓN
Sobre el informe del mandatario, el senador Arturo Murillo afirmó que Morales perdió la oportunidad de dirigirse al país para garantizar el respeto a la Constitución Política del Estado y el voto del soberano.
“Hemos escuchado un mensaje presidencial, repetitivo y confuso. El Presidente ha perdido una gran oportunidad. Ha hablado de sus grandes fracasos como la salud que está en crisis, como la educación que no avanzó nada. Lamentablemente no dio el mensaje que el pueblo de Bolivia estaba esperando, el respeto al 21 de febrero. Ha mandado un mensaje solo a sus bases”, afirmó Murillo.
En tanto, el senador Óscar Ortiz afirmó que Morales habló como si no hubiera gobernado el país durante los 12 años anteriores y se planteó como retos temas de salud, educación, justicia, “cuando debió ocuparse de estos temas en años anteriores. Esto muestra el fracaso de una gestión”.
Por su lado, el gobernador del departamento de Santa Cruz, Rubén Costas, aseguró que el presidente, Evo Morales, ignoró los resultados del referéndum constitucional del 21 de febrero en su discurso presidencial.
“Hoy volvimos a constatar que el Movimiento al Socialismo es un proyecto deslegitimado y en profundo agotamiento porque desaprovecharon la bonanza de los altos precios internacionales y no tienen alternativa a la crisis. El Presidente pierde legitimidad cada vez que niega la soberanía popular. Su discurso ignoró el sentimiento de defensa del 21F que se expande en todo el país”, escribió en su cuenta de Facebook.
Costas le recordó a Morales que los ciudadanos tomaron una decisión democrática el 21 de febrero de 2016, que debe ser respetada. En estos comicios el 51% de la gente le dijo No al intento de ampliar la reelección consecutiva de los actuales jefes de Estado, frente a un 49% que respaldaba esta idea.
A pesar de que Morales ignorase mencionar al 21 de febrero durante su discurso presidencial, cientos de ciudadanos manifestaron su reclamo al Presidente, con cacerolazos y otras medidas de protesta como mitines y tractorazos en el oriente, para que cumpla con su promesa de abrogar la ley 1005, y que se respete los resultados del 21 de febrero.
El acto protocolar precedido por una ceremonia ancestral a cargo de autoridades indígenas y campesinas en la plaza Murillo comenzó a las 09 horas con la instalación de la primera sesión legislativa con el único punto: el informe de gestión del presidente Evo Morales.
Mientras el mandatario boliviano leía su informe por dos horas ante la presencia de parlamentarios, cuerpo diplomático, dirigentes sociales afines al MAS y autoridades de Gobierno, por lo menos en dos puntos de la ciudad se realizaban marchas de protesta exigiendo el respeto al referéndum del 21 de febrero de 2016 y a la Constitución Política del Estado.
Mientras el mandatario aseguraba que los “datos eran impresionantes” en el ámbito económico, lo que posibilitó que Bolivia se constituya en el líder del crecimiento a nivel región latinoamericana, una movilización de tractores y otra de cacerolazos tiñó el festejo gubernamental.
DATOS
Entre los datos que leyó Morales, destacó un crecimiento económico de 4,2%, un Producto Interno Bruto per cápita para el 2017 de 3.393 dólares, que se triplicó en los últimos años.
Los depósitos bancarios antes de su gobierno crecían en un 69% y en los últimos años crecieron en 495%, en similares dimensiones aumentó el crédito a 460%. Aseguró que las utilidades del sector privado aumentó en más de cuatro veces, actualmente, registra en 27.766 millones de bolivianos.
Se refirió a la reservas internacionales las que llegaron a 10.261 millones de dólares que dijo se vieron afectadas por la baja en el precio del petróleo, aunque espera una recuperación en el futuro.
Reflejó que la inflación es una de las más bajas en la región aunque después de Perú y Chile. La deuda extrema llega a 24, 6% del PIB el que está en el marco de los términos que prevén organismos internacionales.
Morales insistió en la idea de que con proyectos como El Bala, Chepete y Rositas, Bolivia será un centro energético, “estamos preparados, pero algunos hermanos muy pocos se oponen”, afirmó. Una fracción de organizaciones indígenas y medioambientales han criticado que el Gobierno impulse este tipo de megaobras que atentarían contra la naturaleza y la madre tierra.
Aseguró que Bolivia se perfila a ser un país “industrializador” de su materia prima. Además de potenciar sus exportaciones en esa línea informó que a la República de China se exportará carne, quinua y café.
En el ámbito social sostuvo que la deserción escolar bajó de 4,5% a 2,0%. Que se construyeron más de 1.000 hospitales y se crearon más de 16 mil ítems. Aunque no hizo referencia al conflicto de los médicos que exigieron mejorar las condiciones de los centros hospitalarios y de equipamiento.
Comprometió agua potable para los próximos 30 o 40 años, tras los problemas que sufrió la ciudad de La Paz en la gestión 2016 cuando las represas se secaron y las autoridades no tomaron previsiones. Cerca de 100 barrios quedaron sin agua.
Respecto al narcotráfico dijo que se incrementaron los operativos y secuestro de droga, que a la fecha se encuentra en 6.400 toneladas de secuestro de droga.
OPOSICIÓN
Sobre el informe del mandatario, el senador Arturo Murillo afirmó que Morales perdió la oportunidad de dirigirse al país para garantizar el respeto a la Constitución Política del Estado y el voto del soberano.
“Hemos escuchado un mensaje presidencial, repetitivo y confuso. El Presidente ha perdido una gran oportunidad. Ha hablado de sus grandes fracasos como la salud que está en crisis, como la educación que no avanzó nada. Lamentablemente no dio el mensaje que el pueblo de Bolivia estaba esperando, el respeto al 21 de febrero. Ha mandado un mensaje solo a sus bases”, afirmó Murillo.
En tanto, el senador Óscar Ortiz afirmó que Morales habló como si no hubiera gobernado el país durante los 12 años anteriores y se planteó como retos temas de salud, educación, justicia, “cuando debió ocuparse de estos temas en años anteriores. Esto muestra el fracaso de una gestión”.
Por su lado, el gobernador del departamento de Santa Cruz, Rubén Costas, aseguró que el presidente, Evo Morales, ignoró los resultados del referéndum constitucional del 21 de febrero en su discurso presidencial.
“Hoy volvimos a constatar que el Movimiento al Socialismo es un proyecto deslegitimado y en profundo agotamiento porque desaprovecharon la bonanza de los altos precios internacionales y no tienen alternativa a la crisis. El Presidente pierde legitimidad cada vez que niega la soberanía popular. Su discurso ignoró el sentimiento de defensa del 21F que se expande en todo el país”, escribió en su cuenta de Facebook.
Costas le recordó a Morales que los ciudadanos tomaron una decisión democrática el 21 de febrero de 2016, que debe ser respetada. En estos comicios el 51% de la gente le dijo No al intento de ampliar la reelección consecutiva de los actuales jefes de Estado, frente a un 49% que respaldaba esta idea.
A pesar de que Morales ignorase mencionar al 21 de febrero durante su discurso presidencial, cientos de ciudadanos manifestaron su reclamo al Presidente, con cacerolazos y otras medidas de protesta como mitines y tractorazos en el oriente, para que cumpla con su promesa de abrogar la ley 1005, y que se respete los resultados del 21 de febrero.
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