El Tribunal de sentencia anticorrupción y violencia hacia la mujer 2 de La Paz concedió la tutela de la acción de libertad en favor de Mario argollo y Vicente Salazar. Por consiguiente, dejó sin efecto la orden de aprehensión que pesaba sobre los dos dirigentes.
Durante los días previos, sectores movilizados como la Central Obrera Boliviana (COB) y los Ponchos Rojos exigían el levantamiento de la orden de aprehensión contra sus dirigentes para poder dar curso al diálogo. En ese mismo sentido, José Luis Lupo, ministro de la Presidencia, garantizó la participación de dichos de dirigentes y así propiciar el diálogo
Los procesos abiertos contra Argollo y otros dirigentes están vinculados a los hechos de violencia registrados durante las protestas. Entre ellos figuran los disturbios del 18 de mayo en la ciudad de La Paz, jornada que derivó en saqueos a comercios, robos a lustrabotas y comerciantes ambulantes, además de daños a las instalaciones del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.
Mientras la COB exige garantías para participar en las conversaciones, otro de los sectores movilizados, la Federación Departamental de Trabajadores Campesinos Tupac Katari de La Paz, reclama la liberación de sus afiliados detenidos durante las protestas.
La situación de los arrestados se ha convertido en uno de los principales puntos de tensión. Según datos de la Defensoría del Pueblo, más de 300 personas fueron aprehendidas en el contexto de las movilizaciones registradas en el departamento de La Paz. Sin embargo, solo alrededor del 10% de ellas fue formalmente encausada por la vía judicial.
Las organizaciones movilizadas sostienen que la liberación de los detenidos y la revisión de los procesos contra sus dirigentes son condiciones necesarias para generar confianza y avanzar hacia una negociación con el Ejecutivo. Desde el Gobierno, en cambio, se ha insistido en que cualquier diálogo debe desarrollarse dentro del marco de la ley y sin condicionamientos relacionados con procesos judiciales en curso.
En las últimas horas, fiscales de La Paz mantuvieron contactos con diputados en el contexto de la mediación política para reestablecerla circulación de vehículos y el abastecimiento de alimentos.
Mariaca también fue consultado sobre la situación del expresidente Evo Morales y confirmó que la orden de aprehensión en su contra permanece vigente. “Está en manos de la Policía Boliviana. Esto se tiene que ejecutar”, señaló.
