La Paz, Bolivia.- El Gobierno Nacional y la Central Obrera Boliviana (COB) suscribieron un documento denominado “Puntos de Acuerdo al Planteamiento para la Pacificación y la Recuperación del País”, estableciendo una agenda de compromisos orientada a restablecer la estabilidad social, fortalecer la economía y garantizar el diálogo entre el Estado y los sectores sociales.
El acuerdo contempla medidas relacionadas con derechos humanos, garantías sindicales, defensa de las empresas públicas, transparencia institucional, abastecimiento de combustibles, protección del medio ambiente y fortalecimiento de los derechos laborales.
Entre los principales puntos, el Gobierno se comprometió a no impulsar normas que criminalicen la protesta social y a respetar la estructura orgánica y el fuero sindical de la COB. Asimismo, se anunció la conformación de una comisión legal para atender la situación de personas detenidas durante los conflictos recientes y revisar los procesos vinculados a las movilizaciones.
En el ámbito económico, el Ejecutivo ratificó que no promoverá la privatización de empresas públicas estratégicas ni la entrega de recursos naturales a intereses privados que afecten al Estado boliviano. Además, se impulsará una mesa técnica para analizar la distribución de recursos bajo la propuesta de pacto fiscal.
El documento también establece acciones para fortalecer la transparencia y la fiscalización, incluyendo el respaldo a investigaciones legislativas sobre los casos conocidos como “narco maderas” y “narco maletas”, además de auditorías relacionadas con la denominada “gasolina basura”.
Respecto a la política energética, el Gobierno se comprometió a garantizar el abastecimiento de combustibles, presentar informes sobre los daños ocasionados por combustibles de baja calidad y realizar auditorías técnicas y financieras independientes para determinar responsabilidades.
En materia social, se acordó la conformación inmediata de mesas de trabajo para abordar el pliego petitorio de la COB, revisar la Ley de Pensiones N.º 065 y adoptar medidas para proteger la canasta familiar, preservar el empleo y fortalecer la producción nacional.
El acuerdo también incluye compromisos relacionados con la protección de áreas protegidas, el respeto a los derechos de los pueblos indígenas y la promoción de una política exterior basada en la paz, la soberanía y la integración de los pueblos.
Finalmente, el documento establece que los compromisos asumidos deberán ejecutarse en plazos que no excedan los 90 días, con mecanismos de seguimiento y coordinación entre ambas partes.
