“Se caracteriza por la alegría, bastante agua, y, por supuesto, por la rica chicha que hay que tomarla con mucho cuidado, porque la chicha charque es traicionera”. Así describió ayer Melvi Coronado, miembro de la comparsa Náufragos, el Carnaval padillense. Ayer lanzaron el programa en la Gobernación, con una exhibición de danzas tradicionales de esa tierra.
Para los que quieran experimentar el carnaval de Padilla, este es el programa: el viernes 17 de febrero, actuará Orlando Pozo; el sábado 18, Enriqueta Ulloa, Los Canarios del Chaco y Ch’ilajatun, y el domingo 19, tendrá lugar el gran corso infantil de mayores, y habrá elección de la Reina del Carnaval de Padilla.
“Vamos a organizar diez comparsas de Sucre para ir a bailar a Padilla”, anticipó ayer Coronado, y dijo que los que se animen a ir a Padilla, disfrutarán, además, de la deliciosa gastronomía de ese municipio: chorizo, picante de pollo, freído, asado de cordero y de pato. “Y lo que generalmente se invita en todas las casas que se visita, en Carnaval, la tradicional zarza padillense”, añadió Coronado.

Tras recibir del Tribunal Electoral Departamental la credencial de alcalde, Moisés Torres Chivé, se comprometió a iniciar un trabajo institucional en favor de Sucre haciendo “respetar la legitimidad y dignidad” de sus pobladores.
Arropado por centenares de militantes, la tarde de ayer, Moisés Torres recibió el documento que le faculta para ser posesionado como Alcalde del municipio de Sucre. El acto de posesión por el Concejo Municipal está previsto para el próximo lunes a la 17:00, en el Salón Rojo de la Alcaldía e inmediatamente, dijo, hará un compromiso público ante la población.
Con la recepción de la credencial, Torres dijo que cierra la etapa electoral e inicia un trabajo institucional “de cara a una mayor reivindicación de Sucre y construir una identidad propia”.
“Voy a tomar un nuevo rumbo cual es el de trabajar fundamentalmente en exigencia y respeto a la institucionalidad, a la legalidad, enmarcados en la democracia, pero fundamentalmente siendo consecuente con lo que he manifestado en campaña”, dijo Torres al agradecer el apoyo de la población.


REUNIÓN CON
EVO MORALES
Una vez que sea posesionado, Torres dijo que buscará reunirse con el presidente Evo Morales y con otras autoridades tanto de oficialismo como de oposición.
“Voy a ser el primero en solicitar una reunión con la máxima autoridad del país, esto con el propósito de establecer nuevas formas de relacionamiento con el Gobierno Central, con el Gobierno Departamental, con la Brigada Parlamentaria, con los asambleístas y concejales de oposición u oficialismo que nos permitan comprometer un trabajo fundamentalmente por Sucre”, dijo.


TRIBUNAL
ELECTORAL
El acto de entrega de la credencial estuvo a cargo de la presidenta del Tribunal Departamental Electoral, Norma Espinoza, quien en su discurso destacó el proceso electoral del pasado 18 de diciembre, por su imparcialidad e independencia, según sus palabras.
“En muchas etapas de este proceso electoral hemos visto que hemos tenido críticas, pero infundadas, pero ahí está el resultado; yo creo que todos los presentes están convencidos de que este Tribunal Electoral Departamental trabaja pues de manera imparcial”, aseguró.
Sobre firma de contratos
Mientras Moisés Torres Chivé se apresta para iniciar su gestión municipal, conformando un nuevo equipo de colaboradores, la alcaldesa interina de Sucre, Verónica Berríos, hasta la fecha, firmó 276 contratos de trabajo.
La cifra fue hecha pública ayer por la Alcaldesa interina a exigencia de los concejales en la sesión extraordinaria de informe de gestión y del proceso de transición que brindó Berríos junto a su equipo de trabajo.
“Ella ha firmado en uso estricto de sus competencias, dentro del marco de sus facultades y contando con el presupuesto correspondiente y con la certificación presupuestaria que consta en cada contrato”, justificó el asesor Jurídico de la Alcaldía, Ramiro Taboada.
El alcalde electo, Moisés Torres, criticó la decisión de Berríos y señaló que las firmas de contratos son “ilegales” porque fueron hace escasos días, y con fecha 3 de enero.

Todavía quedan dudas sobre la legalidad del acta y si se contratará una tercera empresa o habrá conciliación

Daniel Andrés Rodríguez/Tarija

El acuerdo firmado entre la Comisión Multisectorial y los ministros de Gobierno en la ciudad de Santa Cruz no convenció a todos los sectores del departamento de Tarija como el Autotransporte y asambleístas que se negaron a suspender las medidas de presión hasta no tener una explicación detallada del documento.
Todavía quedan dudas sobre los seis puntos el acta de entendimiento. Por ejemplo: ¿Es un documento constitucional? ¿Se congelarán las regalías a partir de abril? En caso de que el estudio de Tarija no coincida con el de YPFB ¿se realizará un tercero? o ¿se conciliará? Son interrogantes que deben responder las autoridades que viajaron a Santa Cruz, puesto que en las diferentes comunicaciones logradas con los representantes, las explicaciones brindadas son incoherentes o incluso contrarias entre sí.
El documento señala que el Gobierno Nacional facilitará las condiciones, mediante el instrumento jurídico que corresponda, para que la Gobernación de Tarija proceda a la contratación de una empresa para realizar un estudio paralelo al iniciado por YPFB sobre los campos Margarita y Huacaya.
Finalmente, si los estudios contratados por YPFB y por la Gobernación de Tarija arrojan resultados similares, estos serán aceptados por las partes. Sin embargo, si los estudios tienen resultados diferentes, entonces “las partes optarán por la vía conciliatoria”, pero no dice que se contratará una tercera empresa, tal como lo anunció el asambleísta de Camino al Cambio, Jhonny Torres, quien también firmó el acuerdo.
El diputado chaqueño, Willman Cardozo, quien abandonó la reunión y no firmó el acta, tras un cruce verbal con Walter Mogro porque no se ratificó la postura de Tarija de anular el proceso de contratación de YPFB, comentó que nunca había visto un Gobierno más duro. Además denunció que hay autoridades municipales que defendían el estudio de la Gaffney, Cline. Aunque no mencionó quién exactamente.
Según Cardozo los convenios entre partes tienen vigencia siempre y cuando estén adecuados al reglamento jurídico vigente. Además no dice el documento si el Gobierno aprobará un Decreto o Ley para darle la facultad a Tarija para que realice el estudio por cuenta propia.
En contraparte, el gobernador interino, Lino Condori, dijo que no se volvió a Tarija “con las manos vacías” ya que se logró firmar una propuesta con el Gobierno Nacional. El alcalde de la ciudad de Tarija, Oscar Montes, explicó que tenían el mandato para conseguir la anulación del estudio, pero en la medida que no se consiguió ese objetivo, Tarija presentó su contrapropuesta, para que el Gobierno reconozca el trabajo de la empresa contratada por Tarija mediante Decreto Supremo.
El presidente del Concejo Municipal de Yacuiba, Jorge Arias Soto, aseveró que Tarija consiguió “algo más” de la anulación del proceso de contratación que inició de YPFB, ya que se logró introducir el estudio también sobre el campo Huacaya. El presidente cívico de Yacuiba, Ruddy Pantaleón, afirmó que los representantes que viajaron a Santa Cruz hicieron todo lo posible para lograr ese acuerdo.
El presidente de la Asamblea Departamental, Justino Zambrana, reconoció que el acuerdo es inconstitucional pero que el Gobierno se comprometió a delegar esa competencia. De todas maneras, afirmó que la entidad legislativa vigilará estrictamente el cumplimiento del acuerdo.
El asambleísta Jhonny Torres mencionó que hay falta de información sobre el acuerdo y que se necesita una disposición legal del Gobierno Nacional, ya sea Decreto o Ley, y una norma departamental para que la Gobernación destine recursos en la contratación de una empresa.
Por su parte, el vicepresidente del Comité Cívico, Mario Cavero, señaló que el acuerdo no es lo que Tarija deseaba y que “hay sabor a poco”, pero se logró “lo que se pudo y no había margen para más”. Reconoció que el acuerdo no es constitucional, sin embargo, dijo que hay que esperar “la buena fe” del Estado para que le den una figura legal.

EL APUNTE

Gobierno congelará regalías excedentes en abril

El acuerdo firmado entre el Gobierno Nacional y las autoridades de tarijeña menciona el rechazo de Tarija de cualquier retención de sus regalías, sin embargo, no habla de un acuerdo. El alcalde Montes indicó que Tarija rechazó de manera contundente ese punto propuesto por el Gobierno Nacional, pero el presidente de la Asamblea, Justino Zambrana, reconoció que no hay un acuerdo en ese punto con los ministros porque firmaron otro documento con Chuquisaca que establece esa situación.
Según Cardozo lo que pretende hacer el Gobierno es arbitrario e inaceptable porque la distribución de regalías está constitucionalizada. “Dice que Tarija rechaza pero no dice que el Gobierno acepte”.

Desde “un desastre” hasta “la vergüenza más grande de la historia de Tarija” y “ocho días a la basura” fueron los comentarios escuchados en la plaza Luis de Fuentes y Vargas luego de conocer los resultados que tuvieron ocho días de paro por el campo Margarita.
A última hora, todavía algunos incrédulos esperaban en la puerta del Comité Cívico a que al menos uno de los más de veinte delegados que viajaron a Santa Cruz a negociar con el Gobierno y Chuquisaca una solución para el conflicto abierto en torno a la extensión y conectividad de Margarita, se presentara para dar una explicación. Pero vana fue la espera.
Y es que, al cierre de la edición de este diario, ninguna de las muchas autoridades con las que pudimos hablar a lo largo de la tarde y la noche, fue capaz de explicar si el paro se había suspendido. Mucho menos, alguien se apersonó en el Comité Cívico o en cualquier otro lugar para explicar el compromiso firmado por las autoridades en Santa Cruz. Además, el Presidente del Comité Cívico, Walter Mogro y el presidente de la Comisión Multisectorial, Normando Choque mantuvieron su celular apagado. Pero hubo más.
A su llegada al aeropuerto Oriel Lea Plaza, el asambleísta Jhonny Tórrez, defendió el acuerdo pero declinó pronunciarse sobre si las medidas se levantaban o si alguna autoridad iba a apersonarse en el Comité Cívico, indicando que los principales portavoces, Gobernador, Presidente del Comité Cívico, Presidente de la Comisión Multisectorial, entre otros, decidieron quedarse en Santa Cruz.
Eran las cinco de la tarde cuando el Gobernador Interino, Lino Condori, en comunicación telefónica, leyó el documento íntegro del acuerdo firmado, pero señaló inmediatamente después de leer el último punto en el que Tarija se comprometía a suspender las medidas que “las medidas no se levantan hasta que no se decida en Asamblea de la Comisión al retorno”. Apenas diez minutos después, una periodista de Cochabamba se comunicó con este diario para pedirnos un reporte de las pérdidas sufridas en el Departamento “una vez suspendido el paro”.
Pareciera que el fin de la movilización se decretó en La Paz vía Agencia Boliviana de Información. Una media hora después, compareció en el balcón de la casa cívica, Óscar Lazcano, asesor jurídico de la Comisión, atribuyéndose las competencias de portavoz, para decretar el fin de las medidas y la suspensión de la marcha prevista para hoy, sin esperar que la Comisión arribara a Tarija y entre el abucheo general de la población congregada, pues cuanto más se conocía del acuerdo, más se indignaba la gente, ¿ocho días de paro para hacer otro estudio que ni siquiera sabemos si es legal o tendrá validez? se preguntaba indignado Marcelino en la Plaza.
El autotransporte resiste, o no
Unos minutos después, Lazcano volvió a salir para decir que se esperaría a la Comisión para decidir. Casi al mismo tiempo, José Larrazabal, dirigente del autotransporte, visiblemente enojado, se comunicaba con la prensa para decir que las medidas de su sector se mantenían hasta que alguien viniera a dar la cara. “Se les encomendó foja cero, y lo que se ha firmado no se parece en nada”. El piquete de huelga de hambre del autotransporte, casi en paralelo, se levantó. El celular de Larrazábal, horas más tarde, también se encontró apagado.
El alcalde Municipal de Cercado, desde Santa Cruz, Óscar Montes señaló: “Ha habido más de 50 personas aquí, creemos que (el acuerdo) está bien y si a alguien no le gusta (en referencia al Autotransporte) debe respetar la decisión de la mayoría de la institucionalidad tarijeña”, y añadió que “se nos encomendó volver con una propuesta, esta es la propuesta, no volvemos con las manos vacías”.
Mientras, en Tarija, nuevos piquetes de huelga de hambre, 40 personas en el Rectorado de la UAJMS, se instalaban en rechazo al acuerdo firmado.
De los que atendieron a la prensa, como Jorge Arias Soto, presidente del Concejo Municipal de Yacuiba, Justino Zambrana, presidente de la Asamblea Legislativa Departamental, Rudy Pantaleón, presidente del Comité Cívico de Yacuiba o Mario Cavero, vicepresidente del Comité Cívico, declinaron responsabilidades sobre la decisión de suspender las medidas de presión, señalando al Comité de Movilizaciones como responsable de tomar la decisión.

Tarija amaneció fracturada y anocheció más
JESÚS CANTÍN/TARIJA
El octavo día de paro inició tenso en Tarija, el jueves, la reunión de Santa Cruz se alargó y las informaciones emanadas desde el interior no generaban confianza en la población.
En horas de la mañana, un comunicado publicado en varios medios de comunicación impulsado por el dirigente de la Federación Sindical Única de Comunidades Campesinas (FSUCCT) Elvio Díaz y firmado por organizaciones sociales afines, rompió la unidad departamental reclamando la suspensión de bloqueos y atender al diálogo. Díaz se nombró “portavoz de la gente que sufre en el departamento por el desabastecimiento y la imposibilidad de trabajar”.
También en horas de la mañana, el piquete de huelga instalado en la Asamblea Legislativa Departamental por miembros de Camino al Cambio, cargó contra los asambleístas del MAS. María Lourdes Vaca reclamó que no hubiera presencia de miembros de la fuerza gobernante, “no puede ser que asambleístas del MAS estén patrocinando la desmovilización”.
Poco después, dos secretarios de la Gobernación, el ejecutivo Roberto Ruiz y el de Medio Ambiente, José Félix Gutiérrez, comparecieron ante la prensa para declarar su apoyo a la propuesta gubernamental, que únicamente ponía plazos para abrir y mejorar el reglamento y seguir adelante con el mismo y la contrapropuesta tarijeña, que añadía la posibilidad de hacer un estudio paralelo. Ruiz fue abucheado por una turba en horas de la tarde en la plaza Luis de Fuentes y se vio obligado a refugiarse en la Gobernación.
En Santa Cruz, Wilman Cardozo y Walter Mogro estuvieron a punto de llegar a las manos, según confirmó el propio Cardozo, quien abandonó la reunión.
Finalmente se llegó a un acuerdo todavía incierto que hoy intentarán justificar los miembros de la Comisión que se desplazó hasta Santa Cruz, con indignación de algunos y celebración de otros muchos que reclamaban su derecho a trabajar o a desplazarse hasta sus lugares de origen.

Luego de haber sido aprehendida ayer por la mañana, la senadora opositora de Convergencia Nacional (CN), Carmen Eva Gonzales, fue puesta en libertad pocas horas después. El motivo de la detención, es por el presunto delito de desacato interpuesto por el gobernador de Pando, Luis Adolfo Flores, quien fue acusado por la legisladora de incurrir en supuestos actos de corrupción.

Liberada. Después, la senadora denunció que detrás de su detención hay una “persecución política”, organizada por el nuevo gabinete ministerial a la cabeza del ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana.

Gonzales ratificó sus denuncias contra el actual gobernador de Pando, Luis Adolfo Flores; y aseguró que las presentó ante el fiscal general del Estado, al presidente Evo Morales y a todas las instancias correspondientes para que se investiguen los supuestos actos de corrupción.

Notificados. Oficiales del Ministerio Público aprovecharon la presencia de los legisladores de la fuerza opositora Convergencia Nacional en instalaciones de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCN) para repartir notificaciones al diputado Tomás Monasterios y el senador Germán Antelo, sobre quienes pesan procesos penales pendientes en su contra.

Los legisladores que acompañaron hasta las oficinas de la FELCC a la senadora pandina Carmen Eva Gonzales se vieron sorprendidos con las notificaciones a las que calificaron como una intención política para acabar con los opositores.

El caso. La senadora Gonzales aseguró que el Ministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción emitió un informe en el que confirma que la Gobernación de Pando contrató a una empresa de presuntos dueños narcotraficantes para la construcción y mantenimiento de la carretera Nacebe - Nueva América.

El 30 de agosto de 2011, la asambleísta denunció al gobernador de Pando, Luis Adolfo Flores, por haber contratado a la empresa Force para la construcción de este tramo carretero. Tiempo después, la representante legal de esta empresa, Magalí Barba, fue detenida por narcotráfico y enviada a la cárcel de Palmasola por la FELCN.

Por esta razón, la senadora pidió al gobernador pandino renunciar a su cargo, pues se trata de una empresa "dirigida por narcotraficantes", e incumplió "con la ejecución de la obra.

Agencias

La senadora cruceña Centa Reck (CN) fue posesionada ayer como la segunda vicepresidenta de la Cámara de Senadores, luego de que su correligionario Marcelo Antezana retirara su postulación, al igual que el senador Gerald Ortiz, disidente de este partido. La senadora María Elena Méndez (CN) fue posesionada como segunda secretaria.

Siete días de bloqueo en defensa de las regalías hidrocarburíferas que percibe el departamento de Tarija por el campo Margarita determinaron que en esta región empiecen a escasear los alimentos o a incrementar su precio.
La información proporcionada a este medio da cuenta de que el corte de rutas en más de 100 puntos en ese departamento ha empezado a mostrar sus primeras secuelas para los habitantes de la región.
“El precio de los alimentos se incrementó entre un 30 y un 40 por ciento”, detalló Ugarte, y agregó que “varios comerciantes sacan provecho de la situación al cobrar hasta Bs 30 por un almuerzo”.
Argentinos afectados. En puntos fronterizos de Bolivia y Argentina ubicados en el departamento, miles de personas son perjudicadas en sus actividades comerciales y también los turistas están imposibilitados de llegar a sus destinos. Según el diario argentino La Nación, los más perjudicados son los miles de ciudadanos argentinos que no pueden atravesar los bloqueos.