20 septiembre 2017

Encarcelan a 18 achacacheños de un total de 47 enjuiciados


El bloqueo de caminos que impulsaron los vecinos de Achacachi y la operación de auxilio, que dispuso el Ministerio de Gobierno el domingo en la madrugada, terminó con 47 pobladores enjuiciados e imputados por atentados contra los servicios públicos; contra medios de transporte; y asociación delictuosa. En respuesta, el abogado de los dirigentes, Freddy Ávalos, acusó al Gobierno de penalizar la protesta social.

“Cómo por bloquear el camino van a ir presos, dónde se ha visto eso, lamentamos que el Ministerio de Gobierno pida la detención de mis defendidos y el juez actúe como pide el Gobierno”, dijo ayer el abogado.

Fueron 47 personas detenidas en total; el lunes fueron cautelados 15, 11 de ellos remitidos al penal de Patacamaya y cuatro lograron medidas sustitutivas. Ayer la audiencia fue para 32 personas, seis a Patacamaya y uno a San Pedro; 16 con medidas sustitutivas, nueve fueron liberadas sin cargos.

A estas personas se debe sumar la detención, el lunes, de tres activistas en La Paz cuando defendían a las mujeres de Achacachi que hacían vigilia, la audiencia de los tres sería hoy.

Para evitar mayor conflicto, las autoridades judiciales incluso realizaron las dos audiencias a puertas cerradas y no permitieron el ingreso de las familias que esperaron fuera del edificio judicial.

A la conclusión de la sesión, la amargura y la impotencia de la gente se desbordaron en llanto porque no entendían por qué si estaban en el bloqueo se los enjuicia e incluso se los manda a prisión. La gente dijo que los pasajeros del minibús pueden atestiguar cómo los policías hicieron aparecer el maletín con el arma cuando les registraron. Hoy, Achacachi convocó a una conferencia de prensa.

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Tezanos: Exceso de la Policía no puede quedar impune


El Defensor del Pueblo, David Tezanos, manifestó ayer, durante su visita a la ciudad de Oruro, que los excesos en el operativo que realizó la Policía el domingo en la mañana al bloqueo de los comunarios de Achacachi, no pueden quedar en la impunidad, que deben ser sancionados, tras estos episodios, esa institución está realizando requerimientos de informe escrito para establecer responsabilidades.

"Respecto a los excesos policiales evidentes que se han podido ver, se enunciará un informe defensorial, que será emitido pronto (sin especificar cuándo), estos hechos van a ser merecedores de investigación y de sanción, toda vez que no pueden quedar en la impunidad, tienen que servir estas denuncias y procesamientos como un ejemplo para que estos no se repitan", aseveró Tezanos.

Estas declaraciones surgen tras el accionar de la Policía el domingo en la mañana, para despejar el bloqueo instalado por los pobladores de Achacachi en la localidad de Cucuta. Cabe recordar que en las redes sociales circula un vídeo que muestra a efectivos policiales que persiguen un minibús ocupado por comunarios, mujeres y niños, e impactan con un proyectil de gas lacrimógeno.

Sin embargo la autoridad señaló: "Se puede ver que de la experiencia más cercana que es la de agosto (del 2016), en un conflicto parecido con un rehén, al menos no hubo heridos fatales, el operar de la Policía fue respetuoso de no incluir arma letal, así que se puede ver un avance en esto, siempre tiene que haber autocrítica en la Policía para procesar de oficio a aquellos actos que vulneran los derechos humanos".

Ante el anuncio de posibles nuevas movilizaciones, el Defensor señaló que no es bueno reactivar éstas, toda vez que pueden llevar al país a escenarios de confrontación, por lo que insistió en restablecer un canal de diálogo.

"El día de ayer (lunes) estuvimos, la iglesia católica, la Defensoría del Pueblo, con algunos dirigentes, de igual manera hay un acercamiento con asesores del alcalde (de Achacachi, Edgar Ramos), dentro de todo este escenario hay que ver que haya calma, que se prescindan medidas de presión que condicionan a un diálogo", dijo David Tezanos.

De acuerdo al reporte de la agencia ANF, el juez Héctor Quilla determinó, cerca a la 01:00 de este martes, la detención preventiva en el penal de Patacamaya de 11 pobladores de Achacachi, que fueron aprehendidos el domingo en el operativo policial que logró desbloquear la carretera La Paz-Copacabana.

Guido Mitma: “La derecha está en el Gobierno”

En ocasión de la marcha realizada ayer por la Central Obrera Boliviana (COB), el secretario ejecutivo, Guido Mitma, a tiempo de lamentar la indiferencia del Gobierno a la problemática social que vive el país afirmó: “La derecha está en el Gobierno”, debido a que se aprueban normativas que afectan a los trabajadores del país.

Comparó el partido del Movimiento al Socialismo (MAS), con anteriores gobiernos neoliberales donde se buscaba confinar a los dirigentes, aseguró que los actuales gobernantes pretenden judicializar y penalizar a los dirigentes de los sectores sociales.

“En tiempos de García Meza y otros gobiernos se buscaba confinar a los dirigentes en esta política actual del Gobierno del MAS se está mandando a la cárcel a los dirigentes pisoteando a la Constitución Política del Estado (CPE)”, dijo.

MOVILIZACIÓN

En medio de dinamitazos y a la cabeza de Mitma, dirigentes de los sectores afiliados tomaron el centro de la ciudad de La Paz en demanda de la atención del Gobierno.

Señaló que el tema del “tarifazo tras traifazo” es algo inconcebible. Lamentó que el Gobierno no ofrezca futuro a los nuevos profesionales, y que de las pocas oportunidades que se tiene beneficie a extranjeros con las importaciones que se realizan del exterior menospreciando la producción boliviana y atentando contra la economía de los ciudadanos.

Calificó al gobierno de Evo Morales como “incapaz” de resolver conflictos sociales, señaló que en esta coyuntura se debe aplicar una ética política para escuchar a todos los sectores movilizados y encontrar soluciones oportunas y con prontitud.

El secretario ejecutivo de la Central Obrera Departamental (COD) de la Paz, Hugo Torres, manifestó su rechazo al paro movilizado de la COB. El sector protagonizó una movilización apartada exigiendo respeto al fuero sindical, en defensa de trabajadores de distintas empresas.