24 febrero 2017

Cocaleros del Chapare, dispuestos a pagar impuestos

El expresidente de las seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, Leonardo Loza, indicó que los productores de ese sector están dispuestos a pagar sus impuestos al Estado por el cultivo de la hoja de coca.

La propuesta surge luego de que se ha anticipado la aprobación en grande y detalle de la Ley de la Coca que sellará un acuerdo para incrementar 22.000 hectáreas de coca de las que 7.700 estarán en el Chapare.

Si bien Loza dijo que existe la intención de cumplir con sus deberes tributarios tal y como lo hacen otros productores y comerciantes en el país, no especificó el monto que estarían en condiciones de cubrir.

“Las seis federaciones de Cochabamba en su integridad, aunque se opongan los hermanos de Yungas de La Paz, estamos dispuestos a contribuir con nuestros impuestos”, declaró a radio Pío XII de Cochabamba de la red Erbol.

La aprobación de la Ley de la Coca ha generado una serie de enfrentamientos entre cocaleros de Los Yungas y la Policía, llegando incluso a la gasificación y posterior aprehensión de más de 100 personas. El Gobierno acusó a Franklin Gutiérez, dirigente de Adepcoca, de tener afanes desestabilizadores.

Leopoldo Fernández: Alternancia en el poder es saludable en democracia

El exprefecto de Pando,Leopoldo Fernández, declaró ayer que la alternancia en el poder es esencial para la salud de la democracia e instó al Gobierno a entender que el 53,1% del electorado, en febrero del 2016, le dijo NO a la repostulación del presidente Evo Morales.

“En este país no debemos perder de vista que la alternancia en el poder es esencial para la salud de la democracia”, independientemente si Morales fue un buen o mal presidente, que depende del lente con que se mida, sostuvo.

PRETENSIÓN DEL MAS

El MAS y el Gobierno impulsan la idea de que el mandatario sea habilitado como candidato paras las elecciones de 2019, para eso han planteado cuatro vías “constitucionales”, la renuncia anticipada, la iniciativa ciudadana, una consulta ante el Tribunal Constitucional y finalmente una norma de la Asamblea Legislativa.

“Lo que dijo el pueblo boliviano el 21 de febrero es que no autorizan la modificación de la Constitución Política del Estado para la repostulación del presidente (Evo Morales), pero no quieren entenderlo”, manifestó la exautoridad departamental.

El oficialismo y las organizaciones sociales afines al MAS parten del principio de que la oposición ganó en el referéndum constitucional por las mentiras en torno a la relación que tuvo el presidente Morales con su expareja Gabriela Zapata.

FERNÁNDEZ EN JUICIO

Fernández asistió ayer a una audiencia en el Tribunal Departamental de Justicia, donde está asumiendo su defensa en el caso Porvenir. Fue acusado formalmente por el Ministerio Público por varios delitos entre ellos, el delito de asesinato en grado de complicidad, por la muerte de campesinos en Pando.

El 16 de septiembre de 2008 fue detenido, hasta el 2013 estuvo en la cárcel, por su delicado estado de salud la autoridad jurisdiccional le dio detención domiciliaria.

Fernández sostiene en su defensa que es inocente de los cargos que le acusan, señaló al Gobierno como el principal responsable del hecho de sangre que se produjo en Porvenir.

REYES VILLA

Días atrás, el también exprefecto de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, desde Estados Unidos, a través de las redes sociales, aseguró que se pretende montar un fraude electoral con la intención del MAS de habilitar a Evo Morales a una tercera repostulación continua.

“No hay, no existe vía alguna para burlar la voz del soberano, Zapatas, renuncias o cuartos atajos huelen a un gran fraude montado, a fin de causar por cualquier resquicio ilegal, una nueva postulación y con ese mismo método fraudulento ganar la elección”, señaló Reyes Villa, en un video difundido a través de su cuenta de Twitter.

El exprefecto que fue condenado en rebeldía en 2016 a cinco años de prisión, por el delito de conducta antieconómica, señaló que el 21 de febrero de 2016 es una fecha memorable en la historia política del país, porque marca la frontera entre el respeto a la Constitución Política del Estado (CPE) de Bolivia y el declararla en receso, “como lo hicieron gobiernos nefastos y autoritarios del pasado que felizmente hoy son historia en el país”.

En Pando, Oruro y Tarija Vocales electorales concluyen gestión y no tienen suplentes


EXPERTOS DEL CENTRO DE DIPLOMADOS EN ESTUDIOS NACIONALES ESTUVIERON AYER EN EL DIARIO.

Los vocales de los Tribunales Electorales Departamentales (TED) de Pando, Oruro y Tarija concluyen su gestión entre ayer y hoy después de seis años al frente de las entidades electorales, sin embargo, aún no cuentan con suplentes porque la elección de las nuevas autoridades electorales se encuentra en proceso.

Las autoridades salientes de las tres instancias electorales iniciaron su gestión entre el 24 y 25 de febrero de 2011 por lo que esta semana concluirán el periodo de seis años, computables a partir de la fecha de su posesión, que les otorga la Ley Nº 018 del Órgano Electoral.

“Hay que hacer una alerta porque las asambleas departamentales debieron haber mandado a la Asamblea Legislativa Plurinacional, en el plazo establecido, las ternas para la elección de vocales y en febrero debían estar ya siendo posesionadas todas las autoridades (de los TED). La apelación es a que las asambleas departamentales cumplan con los cronogramas. Están previstos los periodos. Y no se ha designado aún”, mencionó la presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Katia Uriona.

De acuerdo a las previsiones de la norma, el TSE debe asumir las funciones en los TED donde haya imposibilidad de conformar quórum, mientras dure el proceso de elección de las nuevas autoridades electorales.

En el caso del TED Pando, los cuatro vocales que al momento conforman la Sala Plena, concluirán su gestión de forma simultánea; mientras que en los TED de Oruro y de Tarija, las vocales Judith Ramos y Zulma Sánchez, que iniciaron su gestión en el 2015 y el 2017 respectivamente, quedarán al frente de las instituciones mientras se cumpla todo el proceso de elección.

“Más allá del procedimiento que es la reconfiguración de los tribunales departamentales, ojalá los nuevos vocales nos acompañen en los desafíos que ha planteado el Tribunal Supremo Electoral para fortalecer el Órgano Electoral en su conjunto”, manifestó Uriona.

Para esta gestión, el OEP ha proyectado la realización de dos procesos electorales: uno, el Referendo Autonómico programado para el 9 de julio y las elecciones del Órgano Judicial para octubre próximo.

ELECCIÓN

En Tarija, la convocatoria fue emitida por la Asamblea Legislativa Departamental recién este 16 de febrero, otorgando 10 de días para la presentación de las y los postulantes.

En el caso de Oruro, la Comisión legislativa a cargo de la selección concluyó la evaluación de las y los 23 postulantes, en un proceso que implicó la ampliación de la convocatoria para la postulación de mujeres indígenas. Al momento, se espera la convocatoria a sesión del pleno del legislativo para elegir a las y los 12 postulantes que conformarán las cuatro ternas que serán enviadas a la Cámara de Diputados para la elección final.

Mientras que el proceso de Pando es uno de los más avanzados. La lista de las cuatro ternas fue enviada a la Cámara de Diputados el 15 de enero, instancia donde se espera la convocatoria a sesión para la elección de las nuevas autoridades.

Discapacitados exigirán renta de Bs 250 “para todos”

Un encuentro nacional de personas con discapacidad, realizado en la ciudad de El Alto, determinó exigir al Gobierno que el bono mensual de Bs 250 llegue a todos los afiliados a su sector.

Luego del anuncio por parte del Gobierno de promulgar una ley para cancelar dicho monto a este sector del país a través de un bono, los representantes lamentaron que solamente aquellas personas con discapacidad grave y gravísima sean acreedoras al beneficio.

“En este encuentro hemos decidido enviar una carta poniendo en claro varios aspectos en los que no estamos de acuerdo, como la clasificación que efectuaron que solamente se pagará a las personas con capacidades graves y gravísimas, aunque el resto tendría la posibilidad de poder lograr una fuente de trabajo en algunas instituciones, pero no siempre es así y es por eso que estamos solicitando que este beneficio sea para todos en general”, explicó Alcázar.

Otro de los temas que se exigirá a las autoridades nacionales, según el representante de los discapacitados alteños, es que los 40 millones de bolivianos que, por decreto supremo, el Ejecutivo destina anualmente al sector, se define al pago de bonos y la financiación de proyectos sociales.

De acuerdo con las denuncias, este monto de dinero supuestamente se habría utilizado en el pago de algunos profesionales cubanos, pero erogado por el Estado a nombre de las personas con discapacidad.

“Seguramente el Gobierno está pensando hacernos olvidar de este dinero, pero lo que nosotros exigimos es que este dinero sea distribuida entre todos los gobiernos municipales del país, porque estos 40 millones hasta la fecha no sabemos en qué han quedado, porque nosotros sabemos muy bien de donde sale y a quienes está destinado y es por eso que deben explicarnos sobre este monto de dinero”, dijo el representante alteño.

Sin embargo, los representantes de cada uno de los departamentos de los discapacitados, advirtieron que este monto de Bs 250 debe ser garantizado por el Tesoro General del Estado (TGE), con la finalidad de que sean los municipios quienes puedan cancelar este bono a este sector.

Finalmente, en el encuentro advirtieron que sobre el tema esperarán la respuesta del Gobierno, aunque no se dio un tiempo, pero que no descartan que pudieran tomarse medidas de presión en caso de que no se cumpla en pedido del sector.

Adepcoca firma acuerdo y Gobierno habilita 22 mil hectáreas para la coca

Gobierno y los productores de hoja de coca de los Yungas firmaron ayer un documento por el cual se eleva la cantidad de cultivos legales de hoja de coca de 12.000 hectáreas (ha) a 22.000 ha, pero aún se desconoce cuál será el mercado y el uso final de toda esta producción.

Según el acuerdo, se incrementará la extensión de cultivos legales de hoja de coca en La Paz hasta 14.300 hectáreas y se legaliza el incremento de 7.700 hectáreas en el Chapare, Cochabamba.

Con 20.000 ha, en 2016, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc, por sus siglas en inglés), informó que el 35 por ciento de la producción de coca del Chapare, es decir, 11.299 toneladas, se desvía al mercado ilegal y no llega a los mercados autorizados de Villa Fátima (La Paz) y Sacaba (Cochabamba).

ANUNCIO SIN ADEPCOCA

En conferencia de prensa realizada ayer tarde en el Ministerio de Gobierno, en la que estuvo ausente Franklin Gutiérrez, el máximo representante de la Asociación de Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) el ministro de Gobierno, Carlos Romero; de Desarrollo Rural, César Cocarico; y de la Presidencia, René Martínez, junto a los representantes del Consejo de Federaciones Campesinas de los Yungas de La Paz (Cofecay) presentaron un documento firmado por el cual se llegaba a un acuerdo preliminar, para trabajar luego sobre las observaciones en la Ley General de la Coca, que había sido la razón de la movilizaciones, que desde la pasada semana habían protagonizado los cocaleros en las calles de esta capital.

“Queremos hacer conocer al país entero y hacer entrega de nuestra acta de acuerdo (…) aquí firman nuestras organizaciones, el hermano presidente de Adepcoca, Franklin Gutiérrez, nuestro hermano de la mancomunidad de municipios y algunas federaciones”, indicó en la conferencia de prensa David Guaygua, representante de la Cofecay.

Antes de los conflictos, que derivaron en algún momento en la aprehensión de 148 cocaleros, 17 de ellos sometidos a medidas cautelares en la justicia, la propuesta del Gobierno era de 20.000 ha, pero sólo en una jornada y sin mayor consulta a la población en general, el Gobierno anunció ayer que se incrementaría de 12.000 ha que permite la actual Ley 1008 a 22.000 ha, según el nuevo proyecto que se debate en la Asamblea Legislativa.

Después de varias horas de negociaciones, ayer jueves por la mañana, el Gobierno anunció que se había arribado a acuerdos, que luego fue llevado por Gutiérrez ante sus bases, las cuales rechazaron el documento, quemando incluso imágenes del presidente Evo Morales.

QUIROGA

En ese lapso, ante el escenario de una posible masificación de la protesta con bloqueo de caminos, al mediodía el viceministro de Régimen Interior, José Quiroga, salió a declarar que Gutiérrez “mostró sus verdaderas intenciones”, y lo calificó de “desestabilizador y golpista”, aunque no fundamentó el uso de estos términos y de sus connotaciones. Se limitó a mostrar videos de parte de las protestas que protagonizaron los cocaleros.

Según la explicación de los dirigentes allegados a Gutiérrez, la razón por la cual ya no estuvo en el anuncio de la tarde, junto al ministro Romero, fue por la animadversión que se ha generado por una serie de declaraciones del Viceministro.

Pese a eso, el ministro Romero y Guaygua confirmaron que Gutiérrez firmó el documento en representación de Adepcoca y se socializó el documento en una asamblea ampliada, donde afirmaron que las bases aceptaron suscribir el documento.

CHAPARE

Durante el conflicto, los productores de Yungas aseguraron que la coca del Chapare era ilegal y que iba en contra de la Constitución Política del Estado.

Los dirigentes de Cofecay aseguraron que los movilizados, que durante varios días protagonizaron las protestas, a esa hora se habían desconcentraron y algunos iniciado el retorno a sus poblaciones.

El ministro Romero, después de leer el documento de acuerdo, también aseguró que la ciudadanía puede viajar con todas las garantías, porque no existirán problemas en las carreteras.