30 junio 2018
29 junio 2018
28 junio 2018
27 junio 2018
26 junio 2018
25 junio 2018
Buscan erradicar 8.000 hectáreas de coca ilegal en seis meses
El viceministro de Defensa Social, Felipe Cáceres, aseguró que en los seis meses que restan, las fuerzas antidrogas erradicarán 8.000 hectáreas de cultivos ilegales de hoja de coca, para alcanzar la meta fijada de este año, de 10.000 hectáreas y que la mayoría de esos operativos se desarrollarán en los Yungas de La Paz.
“Para esta gestión 2018, las operaciones que se han planteado erradicar como meta 10.000 hectáreas de coca ilegal, principalmente la que se encuentra en los parques nacionales”, recordó Cáceres a EL DIARIO.
El viernes, el Viceministro presentó el informe del primer semestre en relación a la lucha contra el narcotráfico cuyos datos más importantes está, las 173 toneladas de droga incautada en 6.878 operativos, que dejó una saldo de 1.976 personas aprehendidas.
Pero, además, Cáceres señaló que en este primer semestre solo se eliminaron 2.605 hectáreas de cultivos de coca, es decir solo un 20% de la meta fijada.
Según el detalle, fue en el trópico de Cochabamba donde se erradicaron más cultivos ilegales con 1.898 ha, en tanto en los Yungas de La Paz solo se racionalizó 572 hectáreas y en Yapacaní, Santa Cruz 135 hectáreas.
Cáceres explicó que el poco avance en las metas propuestas se debieron a las malas condiciones climatológicas en las áreas a donde los miembros de la Fuerza de Tarea Conjunta deben internarse por semanas, aisladas de vías camineras y comunicación, como es característico de este tipo de plantaciones.
En el caso de las plantaciones en áreas protegidas en Cochabamba, por ejemplo, en anterior oportunidad, Cáceres detalló que los comunarios que se prestan para realizar estos cultivos se internan por sendas que recorren por varios días y que sacan el producto arriesgando sus vidas aprovechando el caudal de los ríos montados en flotadores con los taques (sacos) de coca sobre ellos.
“La erradicación la hemos iniciado a finales de febrero y en los meses de marzo y abril nos hemos visto afectados por la precipitación fluvial en el trópico como en los Yungas de La Paz, fruto de ellos hemos sufrido accidentes de tránsito donde han perdido la vida policías y conscriptos”, aseveró Cáceres.
Aceptó que se si habla en porcentajes el trabajo de erradicación está retrasado pero que en estos dos meses los contingentes de uniformados que realizan estas tareas están siendo reforzados con los conscriptos del primer escalón 2018, para llegar a una erradicación neta para lograr estar por debajo de las 23 ha de cultivos de hoja de coca que permite la nueva Ley General de la Coca.
“Para esta gestión 2018, las operaciones que se han planteado erradicar como meta 10.000 hectáreas de coca ilegal, principalmente la que se encuentra en los parques nacionales”, recordó Cáceres a EL DIARIO.
El viernes, el Viceministro presentó el informe del primer semestre en relación a la lucha contra el narcotráfico cuyos datos más importantes está, las 173 toneladas de droga incautada en 6.878 operativos, que dejó una saldo de 1.976 personas aprehendidas.
Pero, además, Cáceres señaló que en este primer semestre solo se eliminaron 2.605 hectáreas de cultivos de coca, es decir solo un 20% de la meta fijada.
Según el detalle, fue en el trópico de Cochabamba donde se erradicaron más cultivos ilegales con 1.898 ha, en tanto en los Yungas de La Paz solo se racionalizó 572 hectáreas y en Yapacaní, Santa Cruz 135 hectáreas.
Cáceres explicó que el poco avance en las metas propuestas se debieron a las malas condiciones climatológicas en las áreas a donde los miembros de la Fuerza de Tarea Conjunta deben internarse por semanas, aisladas de vías camineras y comunicación, como es característico de este tipo de plantaciones.
En el caso de las plantaciones en áreas protegidas en Cochabamba, por ejemplo, en anterior oportunidad, Cáceres detalló que los comunarios que se prestan para realizar estos cultivos se internan por sendas que recorren por varios días y que sacan el producto arriesgando sus vidas aprovechando el caudal de los ríos montados en flotadores con los taques (sacos) de coca sobre ellos.
“La erradicación la hemos iniciado a finales de febrero y en los meses de marzo y abril nos hemos visto afectados por la precipitación fluvial en el trópico como en los Yungas de La Paz, fruto de ellos hemos sufrido accidentes de tránsito donde han perdido la vida policías y conscriptos”, aseveró Cáceres.
Aceptó que se si habla en porcentajes el trabajo de erradicación está retrasado pero que en estos dos meses los contingentes de uniformados que realizan estas tareas están siendo reforzados con los conscriptos del primer escalón 2018, para llegar a una erradicación neta para lograr estar por debajo de las 23 ha de cultivos de hoja de coca que permite la nueva Ley General de la Coca.
Por el 6 de agosto Actos oficiales se celebrarán en Potosí
La ciudad de Potosí será el escenario en el que se realicen los actos oficiales del 6 de agosto por el Día de la Patria, informó este domingo el presidente Evo Morales, durante la celebración del 192 aniversario de creación de la Policía Boliviana.
“Hemos decidido que el 6 de agosto, Día de la Patria, vamos hacer homenaje desde la ciudad de Potosí, por tanto, la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) va a sesionar en la ciudad de Potosí. Habrá también acto de desfile, como siempre dando homenaje a nuestra querida Bolivia”, dijo.
Morales señaló que el próximo 6 de agosto, las autoridades nacionales se reunirán en una sesión de honor de ALP para conmemorar los 194 años de la fundación de Bolivia. “Hermanas y hermanos, convocamos a participar todos, a dar homenaje a nuestra querida Bolivia desde la ciudad de Potosí”, afirmó.
A través de su cuenta de Twitter, Morales también escribió: “Vamos a rendir homenaje a nuestra Patria desde aquí (Potosí), recordaremos las luchas del pueblo a lo largo de nuestra historia, rendiremos homenaje a nuestros héroes". (ANF)
“Hemos decidido que el 6 de agosto, Día de la Patria, vamos hacer homenaje desde la ciudad de Potosí, por tanto, la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) va a sesionar en la ciudad de Potosí. Habrá también acto de desfile, como siempre dando homenaje a nuestra querida Bolivia”, dijo.
Morales señaló que el próximo 6 de agosto, las autoridades nacionales se reunirán en una sesión de honor de ALP para conmemorar los 194 años de la fundación de Bolivia. “Hermanas y hermanos, convocamos a participar todos, a dar homenaje a nuestra querida Bolivia desde la ciudad de Potosí”, afirmó.
A través de su cuenta de Twitter, Morales también escribió: “Vamos a rendir homenaje a nuestra Patria desde aquí (Potosí), recordaremos las luchas del pueblo a lo largo de nuestra historia, rendiremos homenaje a nuestros héroes". (ANF)
Carlos Alarcón Gobierno acelera juicio contra Carlos Mesa
Tras un par de intensas semanas de trabajo entre la Fiscalía, medios de comunicación y su bufet, el constitucionalista Carlos Alarcón, abogado defensor del expresidente Carlos Mesa, afirmó que la intención del Gobierno es de acelerar un juicio de responsabilidades en contra de su defendido por el caso Quiborax, para meterlo a la cárcel este mismo año, antes que el Tribunal Supremo Electoral convoque a las elecciones generales de 2019.
“Le preciso ese dato, porque el Órgano Electoral ha indicado que convocará en enero a las elecciones; es decir, antes de enero, este año quieren cocinar y fraguar este juicio penal contra Carlos Mesa y meterlo preso. Este mismo año, ningún juicio de responsabilidades en la historia de Bolivia ha sido manejado con tanta rapidez", aseveró a ANF.
Sin embargo, dijo que en el plano jurídico, luego que el Gobierno presentó la propuesta acusatoria en contra de Carlos Mesa ante la Fiscalía General, desde su defensa presentó al fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, los elementos del proceso que tienen que ser analizados sobre el rol que desempeñó la Procuraduría, el Ministerio de Minería y otras instancias del Estado en lo que debía ser la defensa de los intereses del país.
"Es importante que el Fiscal General mire la película completa y sobre esa base vea que la parte de terror está en la defensa pésima que se ha realizado en la gestión del Gobierno de Evo Morales; ahí está la responsabilidad, y vamos a esperar si se acepta o se rechaza la proposición acusatoria. Estamos en la fase preliminar dándole los elementos de juicio", señaló.
“Le preciso ese dato, porque el Órgano Electoral ha indicado que convocará en enero a las elecciones; es decir, antes de enero, este año quieren cocinar y fraguar este juicio penal contra Carlos Mesa y meterlo preso. Este mismo año, ningún juicio de responsabilidades en la historia de Bolivia ha sido manejado con tanta rapidez", aseveró a ANF.
Sin embargo, dijo que en el plano jurídico, luego que el Gobierno presentó la propuesta acusatoria en contra de Carlos Mesa ante la Fiscalía General, desde su defensa presentó al fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, los elementos del proceso que tienen que ser analizados sobre el rol que desempeñó la Procuraduría, el Ministerio de Minería y otras instancias del Estado en lo que debía ser la defensa de los intereses del país.
"Es importante que el Fiscal General mire la película completa y sobre esa base vea que la parte de terror está en la defensa pésima que se ha realizado en la gestión del Gobierno de Evo Morales; ahí está la responsabilidad, y vamos a esperar si se acepta o se rechaza la proposición acusatoria. Estamos en la fase preliminar dándole los elementos de juicio", señaló.
24 junio 2018
ALP ingresará en receso por 15 días
La Asamblea Legislativa prevé ingresar a un receso parlamentario por 15 días a partir del próximo 2 de julio, por lo cual se designará a una Comisión de turno para atender los procesos que se requieran realizar ante esa instancia.
“Tenemos el receso parlamentario que son dos semanas, será a partir del 2 de julio como es habitual”, informó el presidente de la Cámara de Senadores, José Alberto González.
La senadora del MAS, Adriana Salvatierra dijo que para esta etapa de receso se conformará una Comisión Mixta para que apruebe las normas que se presenten en las dos semanas de ausencia de los parlamentarios del oficialismo y oposición.
Es la tercera gestión Legislativa del tercer mandato consecutivo de Evo Morales. José Alberto Gonzales y Gabriela Montaño fueron reelectos por unanimidad, de forma consecutiva, para estar al frente de las cámaras de Senadores y Diputados respectivamente.
Durante esta etapa el legislativo aprobó normas que generaron malestar en algunos sectores sociales, en la última semana sancionó la Ley que incrementa en 70 millones de bolivianos la subvención ordinaria de la Universidad Pública de El Alto (UPEA), norma que fue propuesta por el ejecutivo, con la finalidad de dar solución al conflicto que lleva más de un mes.
La aprobación de la ley de límites entre Chuquisaca y santa cruz también generó descontento las organizaciones cívicas de la capital del país, debido a que esta norma fue sancionada en menos de dos días, el cual generó que cinco asambleísta del oficialismo y la oposición ingresaron a una huelga de hambre.
COMISIONES
A la par se conformó la comisión mixta de investigación mixta del caso Odebrecht, para identificar si ex y actuales autoridades están vinculadas a sobornos que habría entregado la empresa brasileña Camargo Correa por la construcción de la carretera Roboré-El Carmen.
Esta comisión apunta indagar las acciones que hizo el gobierno de Carlos Mesa, gestión donde se aprobaron dos decretos para la adjudicación del proyecto. Además anunciaron que convocaran al menos a 30 personas que estarían vinculadas con estas presuntas irregularidades.
La oposición no está participando de esta comisión por lo que decidió entablar una paralela para realizar una investigación por separado que apunta a convocar e indagar a los funcionarios del gobierno de Evo Morales. Entre ellos a los actuales ejecutivos de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC).
ACOSO
A raíz de las denuncias de las diputadas de Unidad Demócrata (UD) Jimena Costa y Fernanda San Martin, que son víctimas de acoso político por parte de sus pares de la bancada de oposición, se dispuso la creación de una comisión para la atención de estos casos.
Sin embargo, parlamentarios de su misma bancada lideradas por Lourdes Millares rechazaron la conformación de dicha instancia bajo el argumento que la misma no se conformó de forma equitativa y solo busca perjudicar a unos cuantos opositores.
“Tenemos el receso parlamentario que son dos semanas, será a partir del 2 de julio como es habitual”, informó el presidente de la Cámara de Senadores, José Alberto González.
La senadora del MAS, Adriana Salvatierra dijo que para esta etapa de receso se conformará una Comisión Mixta para que apruebe las normas que se presenten en las dos semanas de ausencia de los parlamentarios del oficialismo y oposición.
Es la tercera gestión Legislativa del tercer mandato consecutivo de Evo Morales. José Alberto Gonzales y Gabriela Montaño fueron reelectos por unanimidad, de forma consecutiva, para estar al frente de las cámaras de Senadores y Diputados respectivamente.
Durante esta etapa el legislativo aprobó normas que generaron malestar en algunos sectores sociales, en la última semana sancionó la Ley que incrementa en 70 millones de bolivianos la subvención ordinaria de la Universidad Pública de El Alto (UPEA), norma que fue propuesta por el ejecutivo, con la finalidad de dar solución al conflicto que lleva más de un mes.
La aprobación de la ley de límites entre Chuquisaca y santa cruz también generó descontento las organizaciones cívicas de la capital del país, debido a que esta norma fue sancionada en menos de dos días, el cual generó que cinco asambleísta del oficialismo y la oposición ingresaron a una huelga de hambre.
COMISIONES
A la par se conformó la comisión mixta de investigación mixta del caso Odebrecht, para identificar si ex y actuales autoridades están vinculadas a sobornos que habría entregado la empresa brasileña Camargo Correa por la construcción de la carretera Roboré-El Carmen.
Esta comisión apunta indagar las acciones que hizo el gobierno de Carlos Mesa, gestión donde se aprobaron dos decretos para la adjudicación del proyecto. Además anunciaron que convocaran al menos a 30 personas que estarían vinculadas con estas presuntas irregularidades.
La oposición no está participando de esta comisión por lo que decidió entablar una paralela para realizar una investigación por separado que apunta a convocar e indagar a los funcionarios del gobierno de Evo Morales. Entre ellos a los actuales ejecutivos de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC).
ACOSO
A raíz de las denuncias de las diputadas de Unidad Demócrata (UD) Jimena Costa y Fernanda San Martin, que son víctimas de acoso político por parte de sus pares de la bancada de oposición, se dispuso la creación de una comisión para la atención de estos casos.
Sin embargo, parlamentarios de su misma bancada lideradas por Lourdes Millares rechazaron la conformación de dicha instancia bajo el argumento que la misma no se conformó de forma equitativa y solo busca perjudicar a unos cuantos opositores.
Molestia de opositores y oficialistas con Ley de Organizaciones Políticas
Coincidencia. Parlamentarios de la oposición y del oficialismo, por distintos motivos no están emocionados por tratar el anteproyecto de ley de organizaciones políticas que presentaron los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE). EL DIARIO consultó con políticos de ambos bandos. Por ejemplo, el MAS que es mayoría legislativa, apunta a aplazar el debate y los Demócratas rechazan las elecciones primarias y califican el hecho como una intromisión del Órgano Electoral.
MAS PLANTEA APLAZO
El Movimiento Al Socialismo (MAS) apuntó a posponer el tratamiento del anteproyecto de ley de organizaciones políticas hasta después de las elecciones presidenciales del próximo año. Anunciaron también que analizarán la norma para plantear modificaciones o una propuesta alterna.
“Para las elecciones (próximas) es prematuro hablar sobre ese tema. Todavía estamos a tiempo, si bien el escenario se ha politizado. No es lo mejor, hubiera sido deseable que esta ley se haya debatido antes, pero tampoco estamos con el tiempo justo”, señaló a este medios el ministro de Gobierno Carlos Romero.
El vicepresidente del MAS, Gerardo García también coincidió que el tratamiento de la norma en esta gestión no es viable porque no fue consensuada con los sectores sociales que aglutinan al partido oficialista. Lo mejor es que se postergue hasta después de las elecciones del próximo año.
El Órgano Electoral presentó la semana pasada el anteproyecto de ley al Legislativo que se trabajó en un año con la correspondiente socialización y debate de las organizaciones políticas y agrupaciones. Esta norma sustituirá a la actual Ley de Partidos Políticos que está vigente desde el 25 de junio de 1999 durante el gobierno de Hugo Banzer.
La dirigente de la Confederación de Mujeres Campesinas de Bolivia “Bartolina Sisa”, Segundina Flores, advirtió que las organizaciones sociales afines al MAS tiene otras prioridades, la principal que es la consolidación de la candidatura de Evo Morales para los próximos comicios electorales.
PROPUESTA
Los dirigentes de ambas organizaciones señalaron que el anteproyecto debe ser consensuado y analizado con las bases de los sectores sociales, para que se puedan proponer modificaciones
El diputado oficialista Víctor Borda, también señaló que en el interior del oficialismo se trabajará en una norma alterna al ante proyecto que presentó el órgano electoral, ya que no están de acuerdo con varios puntos, entre ellos el de financiamiento.
BINOMIO
El artículo 29 del anteproyecto establece que las organizaciones políticas deberán elegir a sus candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia en elecciones primarias, convocado por el TSE, cuatro meses antes de la emisión de la convocatoria para las elecciones generales y con la participación exclusiva de la militancia de la organización política.
Ante esto, Romero resaltó que el MAS no tendrá problemas para enfrentar las elecciones primarias, porque es una forma de mantener sus formas de consulta actuales, ya que se caracteriza por haber construido una democracia popular que va desde las organizaciones sindicales y sociales.
“En los hechos, en el MAS hay elecciones primarias porque las consultas de las candidaturas provienen desde los sindicatos, distritos urbanos y si eso se formaliza mediante voto no tendremos mucho problema “, puntualizó.
FINANCIAMIENTO
Romero puntualizó que no están de acuerdo con el financiamiento público de los partidos políticos, porque se presentarían hechos de corrupción en el interior de los partidos políticos y además de abrir nuevas fuentes de erogación de recursos económicos del Tesoro General de la Nación (TGN).
El diputado Borda dijo que este punto será rechazado en la asamblea legislativa y que usarán sus dos tercios para evitar su aprobación. La oposición consideró que «es justo» que el TSE reasigne recursos para que los partidos políticos puedan ejercer propaganda electoral en campaña.
El capítulo II del anteproyecto, establece que el modelo adoptado para entregar recursos a las organizaciones políticas es mixto, constituido por financiamiento privado con restricciones y fortalecimiento público.
Para el financiamiento privado se pusieron varias restricciones, entre ellas que no podrán gestionar, recibir o aceptar recursos de empresas privadas, de entidades públicas o privadas de otros países, entre otros.
En el caso de los aportes de los militantes establece que no debe sobrepasar el 50% del presupuesto anual de la organización política o del presupuesto de campaña en el marco de un proceso electoral. El MAS comenzó con la inscripción de sus simpatizantes quienes realiza un aporte voluntario desde Bs 5 a Bs 50 para servidores públicos.
OTROS ARTÍCULOS
Transfugio político: El artículo 38 explica que se incurre en esa acción cuando se asume una militancia, inscrita o declarada públicamente distinta a la organización política a la que lo postuló; cuando se declare públicamente la independencia respecto al frente o alianza que lo postuló. Las sanciones pueden llegar a la inhabilitación del candidato.
Registro de militantes: en la nueva norma se reduce el porcentaje del registro, el cual de corresponder como mínimo al 1,5 % del padrón electoral biométrico al momento de la solicitud de libros, que debe incluir al menos el 1 % del padrón electoral biométrico departamental de cinco o más departamentos del país.
MAS PLANTEA APLAZO
El Movimiento Al Socialismo (MAS) apuntó a posponer el tratamiento del anteproyecto de ley de organizaciones políticas hasta después de las elecciones presidenciales del próximo año. Anunciaron también que analizarán la norma para plantear modificaciones o una propuesta alterna.
“Para las elecciones (próximas) es prematuro hablar sobre ese tema. Todavía estamos a tiempo, si bien el escenario se ha politizado. No es lo mejor, hubiera sido deseable que esta ley se haya debatido antes, pero tampoco estamos con el tiempo justo”, señaló a este medios el ministro de Gobierno Carlos Romero.
El vicepresidente del MAS, Gerardo García también coincidió que el tratamiento de la norma en esta gestión no es viable porque no fue consensuada con los sectores sociales que aglutinan al partido oficialista. Lo mejor es que se postergue hasta después de las elecciones del próximo año.
El Órgano Electoral presentó la semana pasada el anteproyecto de ley al Legislativo que se trabajó en un año con la correspondiente socialización y debate de las organizaciones políticas y agrupaciones. Esta norma sustituirá a la actual Ley de Partidos Políticos que está vigente desde el 25 de junio de 1999 durante el gobierno de Hugo Banzer.
La dirigente de la Confederación de Mujeres Campesinas de Bolivia “Bartolina Sisa”, Segundina Flores, advirtió que las organizaciones sociales afines al MAS tiene otras prioridades, la principal que es la consolidación de la candidatura de Evo Morales para los próximos comicios electorales.
PROPUESTA
Los dirigentes de ambas organizaciones señalaron que el anteproyecto debe ser consensuado y analizado con las bases de los sectores sociales, para que se puedan proponer modificaciones
El diputado oficialista Víctor Borda, también señaló que en el interior del oficialismo se trabajará en una norma alterna al ante proyecto que presentó el órgano electoral, ya que no están de acuerdo con varios puntos, entre ellos el de financiamiento.
BINOMIO
El artículo 29 del anteproyecto establece que las organizaciones políticas deberán elegir a sus candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia en elecciones primarias, convocado por el TSE, cuatro meses antes de la emisión de la convocatoria para las elecciones generales y con la participación exclusiva de la militancia de la organización política.
Ante esto, Romero resaltó que el MAS no tendrá problemas para enfrentar las elecciones primarias, porque es una forma de mantener sus formas de consulta actuales, ya que se caracteriza por haber construido una democracia popular que va desde las organizaciones sindicales y sociales.
“En los hechos, en el MAS hay elecciones primarias porque las consultas de las candidaturas provienen desde los sindicatos, distritos urbanos y si eso se formaliza mediante voto no tendremos mucho problema “, puntualizó.
FINANCIAMIENTO
Romero puntualizó que no están de acuerdo con el financiamiento público de los partidos políticos, porque se presentarían hechos de corrupción en el interior de los partidos políticos y además de abrir nuevas fuentes de erogación de recursos económicos del Tesoro General de la Nación (TGN).
El diputado Borda dijo que este punto será rechazado en la asamblea legislativa y que usarán sus dos tercios para evitar su aprobación. La oposición consideró que «es justo» que el TSE reasigne recursos para que los partidos políticos puedan ejercer propaganda electoral en campaña.
El capítulo II del anteproyecto, establece que el modelo adoptado para entregar recursos a las organizaciones políticas es mixto, constituido por financiamiento privado con restricciones y fortalecimiento público.
Para el financiamiento privado se pusieron varias restricciones, entre ellas que no podrán gestionar, recibir o aceptar recursos de empresas privadas, de entidades públicas o privadas de otros países, entre otros.
En el caso de los aportes de los militantes establece que no debe sobrepasar el 50% del presupuesto anual de la organización política o del presupuesto de campaña en el marco de un proceso electoral. El MAS comenzó con la inscripción de sus simpatizantes quienes realiza un aporte voluntario desde Bs 5 a Bs 50 para servidores públicos.
OTROS ARTÍCULOS
Transfugio político: El artículo 38 explica que se incurre en esa acción cuando se asume una militancia, inscrita o declarada públicamente distinta a la organización política a la que lo postuló; cuando se declare públicamente la independencia respecto al frente o alianza que lo postuló. Las sanciones pueden llegar a la inhabilitación del candidato.
Registro de militantes: en la nueva norma se reduce el porcentaje del registro, el cual de corresponder como mínimo al 1,5 % del padrón electoral biométrico al momento de la solicitud de libros, que debe incluir al menos el 1 % del padrón electoral biométrico departamental de cinco o más departamentos del país.
22 junio 2018
21 junio 2018
Rodolfo Vallejos confirmó audio Amdecruz coordina bloqueos con el Ministro de Gobierno
El presidente de la Asociación de Municipios Santa Cruz (Amdecruz ) Rodolfo Vallejos, indicó que la entidad a la que representa coordina las acciones de protesta como los bloqueos de caminos directamente con el ministro de Gobierno, Carlos Romero, con quien, aseguró tiene contacto directo, así como con otros funcionarios del Órgano Ejecutivo.
Ayer se hizo viral en las redes sociales un video en el que se oye a Vallejos hablando con el “hermano Ministro” y pidiéndole garantías para que la Policía no intervenga los bloqueos exigiendo al gobernador Rubén Costas, el pago de regalías. La medida ayer aisló a la ciudad de Santa Cruz.
“Hablo a cada rato con el Ministro; hablamos esta mañana, hace rato y más tarde también; y no solamente con Romero sino con otros ministros. (...) El bloqueo tenemos que coordinar con el ministerio (de Gobierno), porque hemos hecho un fuerte reclamo contra la Policía y el ministro, por gasificar a los alcaldes y concejales”, aseveró Vallejos, según reporte y audio de El Deber digital.
Para el alcalde de Cabezas del MAS y representante de los municipios cruceños, no tiene nada de extraordinario la comunicación con las autoridades, porque entiende que debe haber coordinación, a su vez, señaló que la Policía debe respetar su derecho a la protesta.
“La Policía no está para maltratar a la gente, hay una demanda justa y legítima de los alcaldes al Gobernador, no se puede hacer gestión sin plata, hay quiénes tienen la plata y no desembolsan”, añadió.
Al finalizar la tarde, los representantes de Amdecruz se reunieron con el gobernador, Rubén Costas, y mientras duró el encuentro se levantaron las medidas de presión.
Sin embargo, Vallejos, declaró que las movilizaciones en el departamento cruceño seguirán mientras el gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, se niegue a pagar las regalías que presuntamente adeudan a diferentes municipios.
“Hemos terminado la reunión, los alcaldes y sectores sociales han demostrado cordura y decidimos dar pausa a los bloqueos mientras dure la reunión con el gobernador de Santa Cruz. Si llegamos a un acuerdo con el gobernador vamos a suspender las medidas de presión”, aclaró Vallejos.
Ayer se hizo viral en las redes sociales un video en el que se oye a Vallejos hablando con el “hermano Ministro” y pidiéndole garantías para que la Policía no intervenga los bloqueos exigiendo al gobernador Rubén Costas, el pago de regalías. La medida ayer aisló a la ciudad de Santa Cruz.
“Hablo a cada rato con el Ministro; hablamos esta mañana, hace rato y más tarde también; y no solamente con Romero sino con otros ministros. (...) El bloqueo tenemos que coordinar con el ministerio (de Gobierno), porque hemos hecho un fuerte reclamo contra la Policía y el ministro, por gasificar a los alcaldes y concejales”, aseveró Vallejos, según reporte y audio de El Deber digital.
Para el alcalde de Cabezas del MAS y representante de los municipios cruceños, no tiene nada de extraordinario la comunicación con las autoridades, porque entiende que debe haber coordinación, a su vez, señaló que la Policía debe respetar su derecho a la protesta.
“La Policía no está para maltratar a la gente, hay una demanda justa y legítima de los alcaldes al Gobernador, no se puede hacer gestión sin plata, hay quiénes tienen la plata y no desembolsan”, añadió.
Al finalizar la tarde, los representantes de Amdecruz se reunieron con el gobernador, Rubén Costas, y mientras duró el encuentro se levantaron las medidas de presión.
Sin embargo, Vallejos, declaró que las movilizaciones en el departamento cruceño seguirán mientras el gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, se niegue a pagar las regalías que presuntamente adeudan a diferentes municipios.
“Hemos terminado la reunión, los alcaldes y sectores sociales han demostrado cordura y decidimos dar pausa a los bloqueos mientras dure la reunión con el gobernador de Santa Cruz. Si llegamos a un acuerdo con el gobernador vamos a suspender las medidas de presión”, aclaró Vallejos.
Hubo retraso de seis meses Comisión Legislativa investigará acoso
Después de seis meses del anuncio de la presidenta de Diputados, Gabriela Montaño, ayer en sesión parlamentaria se conformó la Comisión Especial que investigará las denuncias de Acoso y violencia política. La formación de esta instancia se dio en medio de varios cuestionamientos de parlamentarios del oficialismo y la oposición.
Dicha Comisión está conformada por los asambleístas Romina Pérez, Lidia Patty y Isabel Miranda, quienes son del Movimiento Al Socialismo (MAS); Jimena Costa de Unidad Demócrata (UD) y Gina Torres del Partido Demócrata Cristiano (PDC).
“Se ha dado la conformación de la Comisión con la participación de las tres fuerzas políticas, el MAS, PDC y UD, pero lamentablemente hay un grupo de parlamentarias que se negó a la conformación de esta Comisión Especial. No sé, qué es lo que pretenden ocultar, dentro de la propia Asamblea Legislativa”, aseguró Claudia Ballón, diputada de UD.
Narró que en plena conformación de la Comisión se vieron actos de acoso y violencia política, cuando un grupo de parlamentarias de la bancada de oposición, tomaron fotografías de sus colegas que votaron a favor de la conformación de esa instancia legislativa.
“Se ejerció violencia contra las propias colegas y empezaron los gritos y fotografías con discusiones bastante acaloradas, enviando mensajes de textos; en una actitud por demás inmadura que realmente no está a la altura de una Asamblea, ahora estoy más convencida de esta conformación para que se investigue y se dé con los responsables”, señaló Ballón.
En ese sentido expresó que se hace urgente empezar a trabajar en dicha Comisión porque las leyes que se han dictado para proteger el trabajo político de las mujeres no han sido suficientes.
“No ha sido suficiente la Ley 243 y tampoco es suficiente la Comisión de Ética dentro de la Asamblea Legislativa, porque ya hubo agresiones hasta físicas y es una vergüenza, también, que las propias colegas ejerzan bullying y creemos que no es la labor de las parlamentarias”, aseveró Ballón.
EL 65% SUFRIERON
ACOSO
La parlamentaria Jimena Costa dijo que según datos de la Coordinadora de la Mujer, “el 65% de mujeres ha sufrido acoso en la Asamblea Legislativa, por lo que cree que la Comisión Especial de Investigación sobre acoso y violencia política, no solo puede despachar casos sino también encontrar formas y mecanismos que garanticen a la próximas legisladoras que no sufran la misma situación”, manifestó.
Las tareas que debería realizar esta Comisión es definir una metodología para que las mujeres que denuncien no sean perjudicadas. Y puestas en el “congelador”.
“Son varias tareas que tendría que hacer esta Comisión, hay una serie de denuncias, entonces hay que definir una metodología, que permita incluso que las mujeres no sean perjudicadas al hacer la denuncia, porque hemos visto que la que denuncia es prácticamente una renuncia la ponen en el congelador y al acosan peor”, afirmó Costa.
Por otro lado, planteará que debe haber un trabajo más de fondo desde la Comisión para que la mujer pueda ejercer su trabajo sea laboral, político u otro en la medida que pueda haber una sanción.
“La otro parte que pienso que es el más estructural, es que tenemos que trabajar sobre una reforma del reglamento de Ética y ojala ver las modificación de otras leyes, en algunos artículos, que faciliten en términos más efectivos, para que tengamos garantías en el área laboral, política o la función pública, o sea que haya capacidad de sanción”, sostuvo.
Dicha Comisión está conformada por los asambleístas Romina Pérez, Lidia Patty y Isabel Miranda, quienes son del Movimiento Al Socialismo (MAS); Jimena Costa de Unidad Demócrata (UD) y Gina Torres del Partido Demócrata Cristiano (PDC).
“Se ha dado la conformación de la Comisión con la participación de las tres fuerzas políticas, el MAS, PDC y UD, pero lamentablemente hay un grupo de parlamentarias que se negó a la conformación de esta Comisión Especial. No sé, qué es lo que pretenden ocultar, dentro de la propia Asamblea Legislativa”, aseguró Claudia Ballón, diputada de UD.
Narró que en plena conformación de la Comisión se vieron actos de acoso y violencia política, cuando un grupo de parlamentarias de la bancada de oposición, tomaron fotografías de sus colegas que votaron a favor de la conformación de esa instancia legislativa.
“Se ejerció violencia contra las propias colegas y empezaron los gritos y fotografías con discusiones bastante acaloradas, enviando mensajes de textos; en una actitud por demás inmadura que realmente no está a la altura de una Asamblea, ahora estoy más convencida de esta conformación para que se investigue y se dé con los responsables”, señaló Ballón.
En ese sentido expresó que se hace urgente empezar a trabajar en dicha Comisión porque las leyes que se han dictado para proteger el trabajo político de las mujeres no han sido suficientes.
“No ha sido suficiente la Ley 243 y tampoco es suficiente la Comisión de Ética dentro de la Asamblea Legislativa, porque ya hubo agresiones hasta físicas y es una vergüenza, también, que las propias colegas ejerzan bullying y creemos que no es la labor de las parlamentarias”, aseveró Ballón.
EL 65% SUFRIERON
ACOSO
La parlamentaria Jimena Costa dijo que según datos de la Coordinadora de la Mujer, “el 65% de mujeres ha sufrido acoso en la Asamblea Legislativa, por lo que cree que la Comisión Especial de Investigación sobre acoso y violencia política, no solo puede despachar casos sino también encontrar formas y mecanismos que garanticen a la próximas legisladoras que no sufran la misma situación”, manifestó.
Las tareas que debería realizar esta Comisión es definir una metodología para que las mujeres que denuncien no sean perjudicadas. Y puestas en el “congelador”.
“Son varias tareas que tendría que hacer esta Comisión, hay una serie de denuncias, entonces hay que definir una metodología, que permita incluso que las mujeres no sean perjudicadas al hacer la denuncia, porque hemos visto que la que denuncia es prácticamente una renuncia la ponen en el congelador y al acosan peor”, afirmó Costa.
Por otro lado, planteará que debe haber un trabajo más de fondo desde la Comisión para que la mujer pueda ejercer su trabajo sea laboral, político u otro en la medida que pueda haber una sanción.
“La otro parte que pienso que es el más estructural, es que tenemos que trabajar sobre una reforma del reglamento de Ética y ojala ver las modificación de otras leyes, en algunos artículos, que faciliten en términos más efectivos, para que tengamos garantías en el área laboral, política o la función pública, o sea que haya capacidad de sanción”, sostuvo.
Protesta ante el TSE Conade no admitirá repostulación de Evo Morales
El Comité de Defensa de la Democracia (Conade) y las plataformas ciudadanas aseguraron que no admitirán la repostulación del presidente Evo Morales en las elecciones presidenciales de 2019. Solicitaron una reunión con los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) para pedir que se pronuncie sobre la intención del Mandatario que lleva más de 12 años en el poder.
“No vamos a admitir que Evo Morales y Álvaro García se presenten en las elecciones. Lo que pretenden hacer no es legal, están violando la Constitución sobre la base de un fallo amañado del Tribunal Constitucional Plurinacional”, dijo Waldo Albarracín presidente del Conade.
Para tal efecto están exigiendo que el Órgano Electoral se pronuncie como ente colegiado y defina sobre la candidatura del binomio oficialista para los comicios generales, tomando en cuenta que al ser la entidad encargada de administrar el Referéndum Constitucional del 21 de febrero de 2016 debe hacer respetar los resultados.
PLANTÓN
En ese marco, decenas de personas se apostaron al frente al edificio del ente electoral con banderas, pancartas y estribillos pidiendo una reunión con los vocales.
La movilización estaba liderada por Amparo Carvajal, presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), Rolando Villena y Waldo Albarracín exdefensores del Pueblo y representantes del Conade.
El plantón duró casi una hora tiempo en el que los activistas emplearon estribillos como “no es no” o “democracia sí, dictadura no”, y carteles que rezaban “Bolivia dijo No” fueron recurrentes en la protesta.
Estas movilizaciones se replicarán el 21 de cada mes y en diferentes regiones del país, hasta que el Órgano Electoral se pronuncie al respecto, aseguraron los movilizados.
Días atrás, el vicepresidente Álvaro García, admitió que le molesta la irrupción de los activistas del “Bolivia dijo No” en las distintas actividades públicas donde participa el presidente Evo Morales y su persona y los comparó con “ebrios que ingresan a una fiesta para realizar destrozos”.
Sobre estas declaraciones el exdefensor del Pueblo, Rolando Villena señaló que más bien este régimen es el que está llegando a su fin, ya que se evidencian constantemente rechazos a las políticas de Gobierno.
RECLAMOS
Los colectivos ciudadanos se hicieron presentes en diferentes eventos nacionales e internacionales donde asistieron los dignatarios bolivianos haciéndoles conocer el descontento por la intención de repostularse en los comicios generales.
Por ejemplo, un grupo de activistas fueron desalojados de la inauguración de los Juegos Suramericanos en Cochabamba. Otra delegación se trasladó a la Cumbre de las Américas que se desarrolló en Lima-Perú en pasado abril.
Villena dijo que estas acciones serán de forma progresiva en distintos puntos del país y realizarán evaluaciones de las movilizaciones, además que se busca fortalecer con la incorporación de otros sectores sociales y colegios de profesionales.
NO ACTUARÁN BAJO PRESIÓN
Sobre estas acciones, José Luis Exeni vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral dijo que no actuarán bajo presiones de sectores sociales pertenecientes a diferentes bandos. A la vez dijo que este tema aún no fue evaluado y tratado en la sala plena de esa instancia.
“Nuestro principio inequívoco es la legalidad, esa es la única garantía para no equivocarnos, apegamos todas nuestras acciones y decisiones a la Constitución y las Leyes, no puede ser de otra manera, no podemos decidir bajo ningún tipo de presión, pero eso es un lugar común que vamos a asumir plenamente”, dijo el vicepresidente a El Deber Digital.
´Exeni adelantó que posiblemente en enero salga la convocatoria para los comicios de las elecciones generales, que se desarrollarían en octubre de la próxima gestión. “Lo que establece la norma es que nosotros hacemos la convocatoria 150 días antes de la elección, entonces, si pensamos en una elección prevista para octubre, la convocatoria la haríamos en enero”, puntualizó.
“No vamos a admitir que Evo Morales y Álvaro García se presenten en las elecciones. Lo que pretenden hacer no es legal, están violando la Constitución sobre la base de un fallo amañado del Tribunal Constitucional Plurinacional”, dijo Waldo Albarracín presidente del Conade.
Para tal efecto están exigiendo que el Órgano Electoral se pronuncie como ente colegiado y defina sobre la candidatura del binomio oficialista para los comicios generales, tomando en cuenta que al ser la entidad encargada de administrar el Referéndum Constitucional del 21 de febrero de 2016 debe hacer respetar los resultados.
PLANTÓN
En ese marco, decenas de personas se apostaron al frente al edificio del ente electoral con banderas, pancartas y estribillos pidiendo una reunión con los vocales.
La movilización estaba liderada por Amparo Carvajal, presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), Rolando Villena y Waldo Albarracín exdefensores del Pueblo y representantes del Conade.
El plantón duró casi una hora tiempo en el que los activistas emplearon estribillos como “no es no” o “democracia sí, dictadura no”, y carteles que rezaban “Bolivia dijo No” fueron recurrentes en la protesta.
Estas movilizaciones se replicarán el 21 de cada mes y en diferentes regiones del país, hasta que el Órgano Electoral se pronuncie al respecto, aseguraron los movilizados.
Días atrás, el vicepresidente Álvaro García, admitió que le molesta la irrupción de los activistas del “Bolivia dijo No” en las distintas actividades públicas donde participa el presidente Evo Morales y su persona y los comparó con “ebrios que ingresan a una fiesta para realizar destrozos”.
Sobre estas declaraciones el exdefensor del Pueblo, Rolando Villena señaló que más bien este régimen es el que está llegando a su fin, ya que se evidencian constantemente rechazos a las políticas de Gobierno.
RECLAMOS
Los colectivos ciudadanos se hicieron presentes en diferentes eventos nacionales e internacionales donde asistieron los dignatarios bolivianos haciéndoles conocer el descontento por la intención de repostularse en los comicios generales.
Por ejemplo, un grupo de activistas fueron desalojados de la inauguración de los Juegos Suramericanos en Cochabamba. Otra delegación se trasladó a la Cumbre de las Américas que se desarrolló en Lima-Perú en pasado abril.
Villena dijo que estas acciones serán de forma progresiva en distintos puntos del país y realizarán evaluaciones de las movilizaciones, además que se busca fortalecer con la incorporación de otros sectores sociales y colegios de profesionales.
NO ACTUARÁN BAJO PRESIÓN
Sobre estas acciones, José Luis Exeni vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral dijo que no actuarán bajo presiones de sectores sociales pertenecientes a diferentes bandos. A la vez dijo que este tema aún no fue evaluado y tratado en la sala plena de esa instancia.
“Nuestro principio inequívoco es la legalidad, esa es la única garantía para no equivocarnos, apegamos todas nuestras acciones y decisiones a la Constitución y las Leyes, no puede ser de otra manera, no podemos decidir bajo ningún tipo de presión, pero eso es un lugar común que vamos a asumir plenamente”, dijo el vicepresidente a El Deber Digital.
´Exeni adelantó que posiblemente en enero salga la convocatoria para los comicios de las elecciones generales, que se desarrollarían en octubre de la próxima gestión. “Lo que establece la norma es que nosotros hacemos la convocatoria 150 días antes de la elección, entonces, si pensamos en una elección prevista para octubre, la convocatoria la haríamos en enero”, puntualizó.
Dos casos de indisciplina en el Legislativo Comisión de Ética solo tiene informes de 2017
La Comisión de Ética de la Cámara de Diputados preparó un informe sobre dos casos de indisciplina parlamentaria, cometidas la pasada gestión; uno es sobre la agresión que sufrieron legisladores por mostrar carteles y el otro sobre una legisladora que forcejeó con el vicepresidente del Estado informó Ascencio Lazo, presidente de la Comisión.
“Ya va a salir un informe del año pasado cuando hubo un acto bochornoso donde se quitaron los panfletos y también el caso de la diputada con el vicepresidente. Son cinco casos, dos como le dije ya saldrá el informe y los otros tres casos están en pleno proceso de investigación”, explicó Lazo.
El incidente entre el vicepresidente Álvaro García y Norma Piérola, diputada del Partido Demócrata Cristiano (PDC) fue el 21 de agosto de 2017, a raíz de una denuncia que hizo la legisladora sobre supuestas “bases militares extranjeras en territorio nacional”.
El otro incidente fue el 23 de diciembre de 2016, pero la denuncia fue presentada la pasada gestión 2017. Aconteció, cuando las diputadas del Movimiento al Socialismo (MAS) ante los carteles que exhibían diputados de la oposición, con la consigna “No a la violación a la CPE”, se fueron a los golpes, según testimonios, tanto del MAS como de oposición.
PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA
El presidente de la Comisión de Ética explicó que las denuncias contra los Diputados, no necesariamente se centran en transgresiones dentro de Hemiciclo, es decir las inconductas e indisciplinas de los legisladores pueden ser también fuera de la Asamblea Legislativa.
“Nosotros velamos todo lo que es relativo a la conducta y disciplina de los diputados, puede denunciar cualquier persona; pero tiene que sustentarlo, respaldarlo y hacerlo cualquier rato”, aseveró Ascencio Lazo.
Explicó que el procedimiento en cuanto a los requisitos debe estar ceñido en el reglamento tanto de la Comisión como de la Cámara de Diputados, porque si no está bien fundamentando, puede ser rechazado.
“El damnificado tiene que presentar una denuncia sobre conductas de un diputado o diputada, actos de indisciplina; lo moral, lo ético, las faltas y luego se recurre a la investigación y se sanciona, eso si nosotros no nos ocupamos de los delitos eso lo remitimos a otras instancias, pero vía Presidencia de la Cámara de Diputados”, aseveró Lazo.
Sobre el incidente del sábado 16 de junio en sesión legislativa, Lazo informó que aún no presentaron ninguna denuncia y tampoco tiene conocimiento porque estaba en su semana regional.
“Del último incidente no tenemos nada pero de acuerdo al reglamento de la Comisión de Ética y el mismo reglamento de la Cámara de Diputados, nosotros no podemos tratar de oficio sino tiene que haber un denunciante o denunciado, ese es el procedimiento de la Comisión de Ética”, indicó.
MODIFICACIONES
Por su parte, Fernanda San Martín, diputada de Unidad Demócrata, manifestó que hace tiempo sugirieron a la Cámara de Diputados, modificar el reglamento de la Comisión de Ética para actuar de oficio contra la indisciplina de los legisladores.
“Debería haber dentro del reglamento y se lo propuso hace tiempo, de que la Comisión Ética pueda actuar de oficio, pero en este momento no lo podemos hacer por ahora con el último incidente debemos esperar la denuncia”, explicó Fernanda San Martín.
Con todo, la Comisión de Ética hasta la fecha no trató los varios hechos de indisciplina y agresiones físicas y verbales que se dieron entre parlamentarios del oficialismo y la oposición. En estos seis meses de 2018 por lo menos hubieron cuatro hechos de indisciplina.
“Ya va a salir un informe del año pasado cuando hubo un acto bochornoso donde se quitaron los panfletos y también el caso de la diputada con el vicepresidente. Son cinco casos, dos como le dije ya saldrá el informe y los otros tres casos están en pleno proceso de investigación”, explicó Lazo.
El incidente entre el vicepresidente Álvaro García y Norma Piérola, diputada del Partido Demócrata Cristiano (PDC) fue el 21 de agosto de 2017, a raíz de una denuncia que hizo la legisladora sobre supuestas “bases militares extranjeras en territorio nacional”.
El otro incidente fue el 23 de diciembre de 2016, pero la denuncia fue presentada la pasada gestión 2017. Aconteció, cuando las diputadas del Movimiento al Socialismo (MAS) ante los carteles que exhibían diputados de la oposición, con la consigna “No a la violación a la CPE”, se fueron a los golpes, según testimonios, tanto del MAS como de oposición.
PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA
El presidente de la Comisión de Ética explicó que las denuncias contra los Diputados, no necesariamente se centran en transgresiones dentro de Hemiciclo, es decir las inconductas e indisciplinas de los legisladores pueden ser también fuera de la Asamblea Legislativa.
“Nosotros velamos todo lo que es relativo a la conducta y disciplina de los diputados, puede denunciar cualquier persona; pero tiene que sustentarlo, respaldarlo y hacerlo cualquier rato”, aseveró Ascencio Lazo.
Explicó que el procedimiento en cuanto a los requisitos debe estar ceñido en el reglamento tanto de la Comisión como de la Cámara de Diputados, porque si no está bien fundamentando, puede ser rechazado.
“El damnificado tiene que presentar una denuncia sobre conductas de un diputado o diputada, actos de indisciplina; lo moral, lo ético, las faltas y luego se recurre a la investigación y se sanciona, eso si nosotros no nos ocupamos de los delitos eso lo remitimos a otras instancias, pero vía Presidencia de la Cámara de Diputados”, aseveró Lazo.
Sobre el incidente del sábado 16 de junio en sesión legislativa, Lazo informó que aún no presentaron ninguna denuncia y tampoco tiene conocimiento porque estaba en su semana regional.
“Del último incidente no tenemos nada pero de acuerdo al reglamento de la Comisión de Ética y el mismo reglamento de la Cámara de Diputados, nosotros no podemos tratar de oficio sino tiene que haber un denunciante o denunciado, ese es el procedimiento de la Comisión de Ética”, indicó.
MODIFICACIONES
Por su parte, Fernanda San Martín, diputada de Unidad Demócrata, manifestó que hace tiempo sugirieron a la Cámara de Diputados, modificar el reglamento de la Comisión de Ética para actuar de oficio contra la indisciplina de los legisladores.
“Debería haber dentro del reglamento y se lo propuso hace tiempo, de que la Comisión Ética pueda actuar de oficio, pero en este momento no lo podemos hacer por ahora con el último incidente debemos esperar la denuncia”, explicó Fernanda San Martín.
Con todo, la Comisión de Ética hasta la fecha no trató los varios hechos de indisciplina y agresiones físicas y verbales que se dieron entre parlamentarios del oficialismo y la oposición. En estos seis meses de 2018 por lo menos hubieron cuatro hechos de indisciplina.
20 junio 2018
19 junio 2018
18 junio 2018
TSE presentó proyecto de Ley de Organizaciones Políticas
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) presentó Asamblea Legislativa el anteproyecto de Ley de Organizaciones Políticas.
“Ponemos en consideración de la Asamblea Legislativa Plurinacional esta propuesta. Vamos a plantear la posibilidad de conformar mesas técnicas de diálogo tanto con las comisiones como por el pleno y esperamos que esta propuesta sea analizada, discutida y aprobada en la presente legislatura”, dijo en conferencia de prensa.
La presidenta del ente electoral, Katia Uriona, explicó que el documento tiene 105 artículos divididos en cinco capítulos y entre sus artículos se encuentran aspectos innovadores para la democracia boliviana como la realización de elecciones primarias regidas por el TSE, además del financiamiento para partidos y agrupaciones políticas.
Uriona explicó que el documento fue elaborado en más de un año y es producto de un análisis con instituciones, organizaciones y agrupaciones políticas, indígenas originarias, de paridad de género, entre otras.
El Artículo 29 del proyecto de Ley incluye las elecciones primarias obligatorias de “candidaturas del binomio presidencial” en todos los partidos políticos, las que serán financiadas con recursos del Tesoro General de Estado.
Asimismo, se contempla el financiamiento mixto a organizaciones políticas que incluye el apoyo a campañas políticas, así como el financiamiento en etapas no electoral dirigidas al fortalecimiento democrático y aspectos orgánicos de los partidos. (FIDES)
“Ponemos en consideración de la Asamblea Legislativa Plurinacional esta propuesta. Vamos a plantear la posibilidad de conformar mesas técnicas de diálogo tanto con las comisiones como por el pleno y esperamos que esta propuesta sea analizada, discutida y aprobada en la presente legislatura”, dijo en conferencia de prensa.
La presidenta del ente electoral, Katia Uriona, explicó que el documento tiene 105 artículos divididos en cinco capítulos y entre sus artículos se encuentran aspectos innovadores para la democracia boliviana como la realización de elecciones primarias regidas por el TSE, además del financiamiento para partidos y agrupaciones políticas.
Uriona explicó que el documento fue elaborado en más de un año y es producto de un análisis con instituciones, organizaciones y agrupaciones políticas, indígenas originarias, de paridad de género, entre otras.
El Artículo 29 del proyecto de Ley incluye las elecciones primarias obligatorias de “candidaturas del binomio presidencial” en todos los partidos políticos, las que serán financiadas con recursos del Tesoro General de Estado.
Asimismo, se contempla el financiamiento mixto a organizaciones políticas que incluye el apoyo a campañas políticas, así como el financiamiento en etapas no electoral dirigidas al fortalecimiento democrático y aspectos orgánicos de los partidos. (FIDES)
17 junio 2018
Ricardo Paz Democracia representativa se funda con la ley de agrupaciones ciudadanas
La Ley Nº 2771 de Agrupaciones Ciudadanas y Pueblos Indígenas, al ser un mecanismo que rompió el monopolio de la representación de los partidos políticos, fundó la democracia representativa porque generó mayor participación ciudadana, esto fue una demanda de la ciudadanía que la misma fue producto de una Reforma Constitucional del año 2004, manifestó a EL DIARIO, Ricardo Paz, sociólogo.
“Esta ley se la desarrollo, se la diseñó y se la planteó precisamente para desmonopolizar la representación política y se generó una nueva figura, que antes no existía, las Agrupaciones Ciudadanas y los Pueblos Indígenas; gracias a esto a partir del 2004, el ciudadano participó de otra forma en las elecciones”, afirmó Paz.
Hizo una retrospectiva del contexto, en el cual se dio esta ley, que fue la base fundamental de la democracia participativa. Reformas Constitucionales, fueron la antesala para elaborar dicha ley.
“Tuvimos que trabajar sobre una reforma constitucional que se llevó adelante en el gobierno de Carlos Mesa 2004, en aquel entonces teníamos que habilitar: La posibilidad de una Asamblea Constituyente; convocar a un referéndum sobre el tema del gas y la desmonopolización del sistema de representación política”, aseguró Ricardo Paz.
Aclaró que producto de la reforma de la Constitución, se define el sistema político boliviano basado en la democracia representativa y participativa.
“La Reforma Constitucional del 2004 es precisamente la que incorpora el concepto de democracia participativa, todos creen que es en la Asamblea Constituyente del 2009, pero no, es en esta reforma que se establece que nuestro sistema político se basa en la democracia representativa y participativa”, aseveró Paz.
Otro de los aspectos que contribuyó a buscar mecanismos alternativos a la representación, que no sean los partidos políticos fue que estos, estaban mal visto y la ciudadanía demandaba participación.
“Los partidos políticos no estaban bien vistos, había una crisis de la representación política y la gente estaba demandado participación y era necesario crear mecanismos alternativos de representación, que no sean los partidos políticos, entonces la desmonopolización era una demanda ciudadana”, indicó Paz.
Sin embargo aclaró que la Ley 2771 de Agrupaciones Ciudadanas y Pueblos Indígenas no reemplazó a la Ley 1983 decretada en junio de 1999 sino que complementaba.
LEY 1983 DE PARTIDOS POLÍTICOS
Según Ricardo Paz, la creación de la Ley de Partidos Políticos, fue un avance y se lo trabajo desde 1991, como parte de los acuerdos políticos que se dieron para la Reforma Constitucional de 1994.
“La ley de partidos políticos fue un gran avance, se lo trabajo durante muchos años, se empezó en 1991, producto de los acuerdos políticos que dieron lugar a la reforma constitucional de 1994; cuando se creó la Defensoría del Pueblo, Tribunal Constitucional, Consejo de la Magistratura y las Cortes imparciales”, afirmó Paz.
Destacó que en esta ley se contempló el financiamiento a los partidos políticos, y prioritariamente para institucionalizarlos y democratizarlos.
“Esta ley permitió un grado de institucionalidad de la representación política, la cual era muy importante, porque permitió que haya Cortes imparciales, confiables, que la gente crea en el ámbito electoral, cosa de que no existe hoy en día”, sostuvo.
Pero también reflexionó sobre el avance y estado de los partidos políticos, que los mismos no lograron democratizarse, porque no recurrieron a elecciones internas y más bien continúan siendo caudillistas.
“Se logró cierto grado de institucionalidad, no el ideal, debían haberse democratizado los partidos, debía haber habido elecciones internas, deberían haber hecho muchas cosas, pero no lo hicieron porque siguen siendo caudillistas, muy ligados al jefe en fin, pero hubo avances importantes”, señaló Paz.
En sí, reiteró que la plena institucionalización y democratización no existió, por la resistencia de los partidos políticos.
“Siempre han sido resistentes a cualquier tipo de democratización e institucionalización los partidos políticos, en realidad son maquinarias electorales que se activaban para las elecciones y prácticamente cuando no hay elecciones entran en una etapa de hibernación (…) por eso que también han sido tan poco representativos”, manifestó Ricardo Paz, sociólogo.
“Esta ley se la desarrollo, se la diseñó y se la planteó precisamente para desmonopolizar la representación política y se generó una nueva figura, que antes no existía, las Agrupaciones Ciudadanas y los Pueblos Indígenas; gracias a esto a partir del 2004, el ciudadano participó de otra forma en las elecciones”, afirmó Paz.
Hizo una retrospectiva del contexto, en el cual se dio esta ley, que fue la base fundamental de la democracia participativa. Reformas Constitucionales, fueron la antesala para elaborar dicha ley.
“Tuvimos que trabajar sobre una reforma constitucional que se llevó adelante en el gobierno de Carlos Mesa 2004, en aquel entonces teníamos que habilitar: La posibilidad de una Asamblea Constituyente; convocar a un referéndum sobre el tema del gas y la desmonopolización del sistema de representación política”, aseguró Ricardo Paz.
Aclaró que producto de la reforma de la Constitución, se define el sistema político boliviano basado en la democracia representativa y participativa.
“La Reforma Constitucional del 2004 es precisamente la que incorpora el concepto de democracia participativa, todos creen que es en la Asamblea Constituyente del 2009, pero no, es en esta reforma que se establece que nuestro sistema político se basa en la democracia representativa y participativa”, aseveró Paz.
Otro de los aspectos que contribuyó a buscar mecanismos alternativos a la representación, que no sean los partidos políticos fue que estos, estaban mal visto y la ciudadanía demandaba participación.
“Los partidos políticos no estaban bien vistos, había una crisis de la representación política y la gente estaba demandado participación y era necesario crear mecanismos alternativos de representación, que no sean los partidos políticos, entonces la desmonopolización era una demanda ciudadana”, indicó Paz.
Sin embargo aclaró que la Ley 2771 de Agrupaciones Ciudadanas y Pueblos Indígenas no reemplazó a la Ley 1983 decretada en junio de 1999 sino que complementaba.
LEY 1983 DE PARTIDOS POLÍTICOS
Según Ricardo Paz, la creación de la Ley de Partidos Políticos, fue un avance y se lo trabajo desde 1991, como parte de los acuerdos políticos que se dieron para la Reforma Constitucional de 1994.
“La ley de partidos políticos fue un gran avance, se lo trabajo durante muchos años, se empezó en 1991, producto de los acuerdos políticos que dieron lugar a la reforma constitucional de 1994; cuando se creó la Defensoría del Pueblo, Tribunal Constitucional, Consejo de la Magistratura y las Cortes imparciales”, afirmó Paz.
Destacó que en esta ley se contempló el financiamiento a los partidos políticos, y prioritariamente para institucionalizarlos y democratizarlos.
“Esta ley permitió un grado de institucionalidad de la representación política, la cual era muy importante, porque permitió que haya Cortes imparciales, confiables, que la gente crea en el ámbito electoral, cosa de que no existe hoy en día”, sostuvo.
Pero también reflexionó sobre el avance y estado de los partidos políticos, que los mismos no lograron democratizarse, porque no recurrieron a elecciones internas y más bien continúan siendo caudillistas.
“Se logró cierto grado de institucionalidad, no el ideal, debían haberse democratizado los partidos, debía haber habido elecciones internas, deberían haber hecho muchas cosas, pero no lo hicieron porque siguen siendo caudillistas, muy ligados al jefe en fin, pero hubo avances importantes”, señaló Paz.
En sí, reiteró que la plena institucionalización y democratización no existió, por la resistencia de los partidos políticos.
“Siempre han sido resistentes a cualquier tipo de democratización e institucionalización los partidos políticos, en realidad son maquinarias electorales que se activaban para las elecciones y prácticamente cuando no hay elecciones entran en una etapa de hibernación (…) por eso que también han sido tan poco representativos”, manifestó Ricardo Paz, sociólogo.
Fiscalía citó a Carlos Mesa por caso Quiborax
El expresidente y vocero de la demanda marítima Carlos Mesa, fue convocado por la Fiscalía General del Estado para que declare por el caso Quiborax, la cita fue programada para el próximo martes (19) a las 8.30 horas. El asesor legal de la exautoridad confirmó su asistencia y reiteró que es una estrategia política con el fin de inhabilitarlo políticamente.
“El presidente (Evo Morales) tiene pesadillas con Carlos Mesa porque en todas las encuestas el rival que puede ganarle es Carlos Mesa, entonces están desplegando toda su artillería política y judicial para inhabilitarlo política y electoralmente”, dijo Carlos Alarcón, representante legal de MEsa-
Según la citación oficial, dentro del proceso penal FIS GEN 180003, Mesa debe presentar su declaración informativa ante la acusación de la Procuraduría General del Estado por la presunta comisión de los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y a la Leyes, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica por su presunta responsabilidad en el denominado caso Quiborax.
LA DEMANDA
La demanda contra Mesa fue presentada por la Procuraduría General del Estado, tras conocer que el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) falló en contra de Bolivia y lo obligó a un pago de 48,6 millones de dólares a la empresa chilena Quiborax, tras la finalización del juicio que se sostenía desde 2006.
De acuerdo con el titular de esa instancia, Pablo Menacho dijo que la aprobación del Decreto Supremo 27589 que revirtió la concesión que se le asignó a la firma de capitales chilenos en el salar de Uyuni no estaba enmarcada en el procedimiento correcto. A su criterio pretende evadir su responsabilidad e inmiscuir a otras personas que no tienen nada que ver con las ilegalidades en su gestión.
Sin embargo, el expresidente atribuyó que el fallo en el laudo internacional contra Bolivia fue por una pésima defensa que asumió el Gobierno iniciado por Quiborax-Non Metallic Minerals-Allan Fosk que, además afirmó que esa demanda se basó en documentos falsos que fue reconocido por David Moscoso principal accionista de la firma.
CELERIDAD
A la vez, Alarcón manifestó también que le sorprende la “velocidad meteórica” con la que se está desarrollando el proceso de investigación, puesto que existen varios casos de juicio de responsabilidades contra gente del partido oficialista, procesos que están estancados en el ministerio público y en la asamblea legislativa.
“Nunca ha habido una respuesta tan veloz en estos casos, es una velocidad meteórica con la que se está actuando, la mayoría de los juicios de responsabilidades avanza a velocidad tortuga y eso demuestra que hay una internacionalidad política”, sostuvo el jurista.
Por otra parte, explicó que el fiscal tiene 30 días hábiles como parte de la etapa de investigación preliminar y después definirá si admite o rechaza la proposición acusatoria. “Nosotros estamos convencidos de que acá no existe materia judiciable, el fiscal debería rechazar y archivar obrados”, enfatizó.
PREACUERDO
Alarcón también develó que el 2008, año en el que Evo Morales creó el Ministerio de la Defensa Legal de las Recuperaciones Estatales, donde fue designado a Héctor Arce como titular, la compañía accedió a terminar la demanda de arbitraje contra el país a cambio de un pago de $us 3 millones que debió efectuarse en 2009.
“Hubo un acuerdo verbal entre el gobierno y la empresa chilena que era de $us 3 millones pero la ineficiencia de la defensa del Estado hace que fracase este convenio. Estos elementos señalan que el Gobierno pretende inculpar al expresidente, tomando en cuenta que todo el proceso de arbitraje se ejecutó por el gobierno de Evo Morales”, reiteró.
“El presidente (Evo Morales) tiene pesadillas con Carlos Mesa porque en todas las encuestas el rival que puede ganarle es Carlos Mesa, entonces están desplegando toda su artillería política y judicial para inhabilitarlo política y electoralmente”, dijo Carlos Alarcón, representante legal de MEsa-
Según la citación oficial, dentro del proceso penal FIS GEN 180003, Mesa debe presentar su declaración informativa ante la acusación de la Procuraduría General del Estado por la presunta comisión de los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y a la Leyes, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica por su presunta responsabilidad en el denominado caso Quiborax.
LA DEMANDA
La demanda contra Mesa fue presentada por la Procuraduría General del Estado, tras conocer que el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) falló en contra de Bolivia y lo obligó a un pago de 48,6 millones de dólares a la empresa chilena Quiborax, tras la finalización del juicio que se sostenía desde 2006.
De acuerdo con el titular de esa instancia, Pablo Menacho dijo que la aprobación del Decreto Supremo 27589 que revirtió la concesión que se le asignó a la firma de capitales chilenos en el salar de Uyuni no estaba enmarcada en el procedimiento correcto. A su criterio pretende evadir su responsabilidad e inmiscuir a otras personas que no tienen nada que ver con las ilegalidades en su gestión.
Sin embargo, el expresidente atribuyó que el fallo en el laudo internacional contra Bolivia fue por una pésima defensa que asumió el Gobierno iniciado por Quiborax-Non Metallic Minerals-Allan Fosk que, además afirmó que esa demanda se basó en documentos falsos que fue reconocido por David Moscoso principal accionista de la firma.
CELERIDAD
A la vez, Alarcón manifestó también que le sorprende la “velocidad meteórica” con la que se está desarrollando el proceso de investigación, puesto que existen varios casos de juicio de responsabilidades contra gente del partido oficialista, procesos que están estancados en el ministerio público y en la asamblea legislativa.
“Nunca ha habido una respuesta tan veloz en estos casos, es una velocidad meteórica con la que se está actuando, la mayoría de los juicios de responsabilidades avanza a velocidad tortuga y eso demuestra que hay una internacionalidad política”, sostuvo el jurista.
Por otra parte, explicó que el fiscal tiene 30 días hábiles como parte de la etapa de investigación preliminar y después definirá si admite o rechaza la proposición acusatoria. “Nosotros estamos convencidos de que acá no existe materia judiciable, el fiscal debería rechazar y archivar obrados”, enfatizó.
PREACUERDO
Alarcón también develó que el 2008, año en el que Evo Morales creó el Ministerio de la Defensa Legal de las Recuperaciones Estatales, donde fue designado a Héctor Arce como titular, la compañía accedió a terminar la demanda de arbitraje contra el país a cambio de un pago de $us 3 millones que debió efectuarse en 2009.
“Hubo un acuerdo verbal entre el gobierno y la empresa chilena que era de $us 3 millones pero la ineficiencia de la defensa del Estado hace que fracase este convenio. Estos elementos señalan que el Gobierno pretende inculpar al expresidente, tomando en cuenta que todo el proceso de arbitraje se ejecutó por el gobierno de Evo Morales”, reiteró.
Gobierno pidió suspensión de movilizaciones para diálogo
La petición de retomar el diálogo planteado por la Universidad Pública de El Alto (UPEA) a la Presidencia del Senado fue condicionada a la suspensión de las movilizaciones y todas las acciones que perjudiquen a esa comunidad universitaria. Entretanto, las marchas de protesta en exigencia de mayor presupuesto bajan la tensión con señales de pacificación, paralelamente, el Comité Ejecutivo de la Universidad Bolivia (CEUB) reitera su apoyo al pedido presupuestario de esa universidad.
La nota de respuesta remitida por el presidente del Senado, José Alberto Gonzales, a las autoridades de la UPEA señala: “(…) ratificamos la mayor predisposición de los Órganos Legislativo y Ejecutivo para reanudar a la brevedad posible el diálogo con su autoridad, reiterando nuestro pedido de que suspendan por parte de la UPEA las movilizaciones y acciones que perjudiquen a su comunidad universitaria…”.
Por su parte, el rector de la UPEA, Ricardo Nogales, reiteró que toda determinación respecto del estado de emergencia en el que se mantiene toda esa comunidad universitaria es tomada por la Asamblea General como máxima instancia de decisión. Además de que retomar el diálogo con perspectivas de solución real debe basarse en “una propuesta económica que sea racionalmente sostenible en el tiempo”, la misma que debe viabilizarse mediante la modificación a la Ley Nº195 de Coparticipación Tributaria.
“Nosotros queremos una solución como lo ha dicho el Presidente, sostenible y permanente”, remarcó el rector Nogales tras señalar que su exigencia es justa.
Según la UPEA, la normativa de reasignación de los recursos provenientes de los impuestos nacionales denominada “Ley Jonathan Quispe Vila”.
A su vez, el Gobierno mantiene su oferta de otorgar un presupuesto adicional y permanente de Bs 70 millones, asimismo, ratifica para acceder a un monto adicional a la cantidad que el Gobierno compromete efectivizar deberá ser sustentado mediante una auditoría que transparente el destino de esos recursos.
MOVILIZACIÓN PACÍFICA
Luego de los violentos enfrentamientos entre universitarios y policías de la Unidad Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP) durante las jornadas precedentes,cuyo saldo dejó al menos 11 universitarios detenidos, los que posteriormente fueron liberados, este viernes los estudiantes movilizados protestaron vestidos de blanco, con rostros de mimo y entregaron a los efectivos antimotines globos blancos son mensajes de pacificación, además de ofrecerles y pedir un “abrazo de unidad”.
Los estudiantes de la UPEA, en su cuarta semana de movilización en demanda de más presupuesto financiero, marcharon de manera pacífica por las calles perimetrales a la plaza Murillo, acercándose a transeúntes y uniformados para remarcar que su acción de protesta es justa y pacífica, además de no insistir en su ingreso a la plaza Murillo a diferencia de jornadas anteriores.
APOYO CEUB
Por otra parte, el presidente del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB), Roberto Bohórquez, afirmó que el sistema universitario acompaña y apoya la demanda de la UPEA por los Bs 168 millones de aumento presupuestario, lo que no desdice la necesidad de los ajustes necesarios a su normativa estatutaria.
“Nunca hemos dejado de apoyar su demanda presupuestaria. Ellos tienen que negociar y justificar como cualquier universidad. Pero la modificación a la Ley Nº 195 en este momento no es la solución porque podríamos generar más conflicto” afirmó Bohórquez.
La nota de respuesta remitida por el presidente del Senado, José Alberto Gonzales, a las autoridades de la UPEA señala: “(…) ratificamos la mayor predisposición de los Órganos Legislativo y Ejecutivo para reanudar a la brevedad posible el diálogo con su autoridad, reiterando nuestro pedido de que suspendan por parte de la UPEA las movilizaciones y acciones que perjudiquen a su comunidad universitaria…”.
Por su parte, el rector de la UPEA, Ricardo Nogales, reiteró que toda determinación respecto del estado de emergencia en el que se mantiene toda esa comunidad universitaria es tomada por la Asamblea General como máxima instancia de decisión. Además de que retomar el diálogo con perspectivas de solución real debe basarse en “una propuesta económica que sea racionalmente sostenible en el tiempo”, la misma que debe viabilizarse mediante la modificación a la Ley Nº195 de Coparticipación Tributaria.
“Nosotros queremos una solución como lo ha dicho el Presidente, sostenible y permanente”, remarcó el rector Nogales tras señalar que su exigencia es justa.
Según la UPEA, la normativa de reasignación de los recursos provenientes de los impuestos nacionales denominada “Ley Jonathan Quispe Vila”.
A su vez, el Gobierno mantiene su oferta de otorgar un presupuesto adicional y permanente de Bs 70 millones, asimismo, ratifica para acceder a un monto adicional a la cantidad que el Gobierno compromete efectivizar deberá ser sustentado mediante una auditoría que transparente el destino de esos recursos.
MOVILIZACIÓN PACÍFICA
Luego de los violentos enfrentamientos entre universitarios y policías de la Unidad Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP) durante las jornadas precedentes,cuyo saldo dejó al menos 11 universitarios detenidos, los que posteriormente fueron liberados, este viernes los estudiantes movilizados protestaron vestidos de blanco, con rostros de mimo y entregaron a los efectivos antimotines globos blancos son mensajes de pacificación, además de ofrecerles y pedir un “abrazo de unidad”.
Los estudiantes de la UPEA, en su cuarta semana de movilización en demanda de más presupuesto financiero, marcharon de manera pacífica por las calles perimetrales a la plaza Murillo, acercándose a transeúntes y uniformados para remarcar que su acción de protesta es justa y pacífica, además de no insistir en su ingreso a la plaza Murillo a diferencia de jornadas anteriores.
APOYO CEUB
Por otra parte, el presidente del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB), Roberto Bohórquez, afirmó que el sistema universitario acompaña y apoya la demanda de la UPEA por los Bs 168 millones de aumento presupuestario, lo que no desdice la necesidad de los ajustes necesarios a su normativa estatutaria.
“Nunca hemos dejado de apoyar su demanda presupuestaria. Ellos tienen que negociar y justificar como cualquier universidad. Pero la modificación a la Ley Nº 195 en este momento no es la solución porque podríamos generar más conflicto” afirmó Bohórquez.
16 junio 2018
Delgado advierte que Gobierno evade cumplir fallo de la ONU
Dos meses ya pasaron en que el Comité de Derechos Humanos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) dictaminará un pago económico a los disidentes del Movimiento Al Socialismo (MAS), Eduardo Maldonado y Rebeca Delgado, pero hasta el momento el Gobierno no se contactó para negociar el desembolso, ni menos para dar cumplimiento a sus derechos políticos y civiles como ordena el órgano internacional.
Delgado mostró preocupación ante la dejadez del Estado y declaró al portal Urgentebo.com, que lo que hace el gobierno, en especificó el Procurador del Estado, Pablo Menacho, es evadir su responsabilidad por no haberlos dejado, a ambas exautoridades, no dejarlos postular a las alcaldías de Cochabamba y Potosí.
“Pasaron ya dos meses, no tenemos ninguna respuesta, sólo hemos visto que el Procurador ha hecho una declaración donde dice que se sigue analizando, pero nos damos cuenta que la Procuraduría, en otros casos, respondió los laudos arbitrales internaciones. (…) Estamos extrañados de que hasta hoy no se haya manifestado nada, esto no es más que una evasión del Estado boliviano a las responsabilidades internacionales de los derechos humanos”, declaró la exdisidente del MAS.
El estado boliviano tiene 180 días para responder al fallo de la Comité de Derechos Humanos de la ONU, de ese tiempo ya pasaron dos meses. El 22 de mayo, la además exlegisladora, sostuvo un encuentro con el equipo jurídico “Derechos en Acción” que hacen seguimiento a su caso.
Explicó que decidió junto a sus juristas pedir primero al gobierno lo más fácil, que el dictamen de la ONU sea acatado y quede como jurisprudencia. Segundo, que el fallo sea difundido ampliamente y como tercero, la compensación económica. Delgado adelantó que está dispuesta a negociar con el Estado boliviano.
“Entonces vamos a pedir que cumplan lo más antes posible lo que sí pueden cumplir, es el respeto a los derechos políticos y civiles a nivel nacional. Esto propuesta la vamos hacer llegar a la Procuraduría la siguiente semana”, sostuvo.
El 18 de abril, el Comité de Derechos Humanos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) dictó que Delgado y Maldonado deben recibir un pago económico por no permitirles postular el 2015 a las elecciones subnacionales.
TITULARES
Delgado mostró preocupación ante la dejadez del Estado y declaró al portal Urgentebo.com, que lo que hace el gobierno, en especificó el Procurador del Estado, Pablo Menacho, es evadir su responsabilidad por no haberlos dejado, a ambas exautoridades, no dejarlos postular a las alcaldías de Cochabamba y Potosí.
“Pasaron ya dos meses, no tenemos ninguna respuesta, sólo hemos visto que el Procurador ha hecho una declaración donde dice que se sigue analizando, pero nos damos cuenta que la Procuraduría, en otros casos, respondió los laudos arbitrales internaciones. (…) Estamos extrañados de que hasta hoy no se haya manifestado nada, esto no es más que una evasión del Estado boliviano a las responsabilidades internacionales de los derechos humanos”, declaró la exdisidente del MAS.
El estado boliviano tiene 180 días para responder al fallo de la Comité de Derechos Humanos de la ONU, de ese tiempo ya pasaron dos meses. El 22 de mayo, la además exlegisladora, sostuvo un encuentro con el equipo jurídico “Derechos en Acción” que hacen seguimiento a su caso.
Explicó que decidió junto a sus juristas pedir primero al gobierno lo más fácil, que el dictamen de la ONU sea acatado y quede como jurisprudencia. Segundo, que el fallo sea difundido ampliamente y como tercero, la compensación económica. Delgado adelantó que está dispuesta a negociar con el Estado boliviano.
“Entonces vamos a pedir que cumplan lo más antes posible lo que sí pueden cumplir, es el respeto a los derechos políticos y civiles a nivel nacional. Esto propuesta la vamos hacer llegar a la Procuraduría la siguiente semana”, sostuvo.
El 18 de abril, el Comité de Derechos Humanos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) dictó que Delgado y Maldonado deben recibir un pago económico por no permitirles postular el 2015 a las elecciones subnacionales.
TITULARES
15 junio 2018
“Bolivia dijo No” llegó al Mundial
Así como el presidente y su comitiva oficial llegaron a Rusia por acuerdos y para presenciar el Mundial de Fútbol, ciudadanos bolivianos también llegaron hasta el estadio Luzhniki de Moscú, donde también expresaron su protesta por la repostulación indefinida del mandatario. Expusieron una polera con la frase “Bolivia dijo No”.
Se trata de dos jóvenes bolivianos que grabaron el momento en una fotografía desde las graderías llenas del estadio deportivo donde se ve de fondo la cancha de césped y gran parte del público. La imagen se hizo viral en las redes sociales.
No es la primera vez que la protesta llega al exterior ya que en anteriores viajes de Morales se hizo recurrente, el pedido de que respete la voluntad popular que rechazó su intención de respotularse por tercera vez consecutiva a la Presidencia de Bolivia.
Al vicepresidente Álvaro García, también le llegaron las protestas con el “Bolivia dijo No”. La última vez fue en Santa Cruz hace una semana, protesta que atribuyó a la oposición al afirmar que el única propuesta de sus contrarios es el “trisílabo” de “Bolivia dijo No”.
Se trata de dos jóvenes bolivianos que grabaron el momento en una fotografía desde las graderías llenas del estadio deportivo donde se ve de fondo la cancha de césped y gran parte del público. La imagen se hizo viral en las redes sociales.
No es la primera vez que la protesta llega al exterior ya que en anteriores viajes de Morales se hizo recurrente, el pedido de que respete la voluntad popular que rechazó su intención de respotularse por tercera vez consecutiva a la Presidencia de Bolivia.
Al vicepresidente Álvaro García, también le llegaron las protestas con el “Bolivia dijo No”. La última vez fue en Santa Cruz hace una semana, protesta que atribuyó a la oposición al afirmar que el única propuesta de sus contrarios es el “trisílabo” de “Bolivia dijo No”.
Plataformas ciudadanas Iniciaron jornadas en defensa del 21F
Con la participación de intelectuales y líderes de los colectivos ciudadanos, ayer en la mañana, varios ciudadanos se apostaron en la plaza de San Francisco “para meterle un gol al despilfarro del presidente Evo Morales”, así se llamó la primera jornada de protesta y reprobación a la actitud del mandatario.
Son acciones que van rumbo al 21 de junio, donde se masificarán las protestas, para defender el voto del ciudadano que en el referéndum dijo No a la relección, el 21 de febrero de 2016.
En la plaza San Francisco se reunieron las plataformas ciudadanas de “Basta ya”, “Movimiento ciudadano 21F” y otros quienes instalaron un arco con una red que contenía unos carteles que exhibían las siguientes frases, “despilfarro”, “abuso de poder”, “autoritarismo”, “corrupción” y “narco Estado”.
El grito de invitación que emitían los activistas era –pase joven y métale un gol al despilfarro-, se vistieron con las camisetas verdes de la selección nacional de Bolivia, y cada vez que la pelota entraba al arco, corrían para festejar como si realmente se tratará de un partido de fútbol, que tenían que ganar.
Los activistas hicieron una parodia de la asistencia del Presidente de Bolivia al Mundial de Rusia, hecho que fue calificado como un “abuso de poder”,
POSTURAS
“Hemos convocado hoy a la ciudadanía, coincidiendo con la inauguración del mundial del fútbol en Rusia para que le metan un gol al despilfarro del Presidente que está gastando, más de dos millones de bolivianos, cuando nos faltan hospitales, que ahora se han convertido en cementerios”, dijo Angélica Siles.
El objetivo de esta actividad pública es para que la ciudadanía tome conciencia de las irregularidades en las que incurre el Gobierno, Según Siles quien aseguró que “la corrupción está latente” en todas las instancias del Estado, insistió la activista.
Por su lado, Guillermo Paz, convocó a la ciudadanía a ser parte activa de todas las movilizaciones para rechazar la intención de Evo Morales de repostularse de forma indefinida a la Presidencia.
“Hoy en un día particular para Bolivia, porque tenemos a un Presidente que nos miente diciendo que está yendo a firmar acuerdos, cuando todos sabemos que esta de paseo y disfrutando de la inauguración del mundial de fútbol en Rusia, por lo que invitamos a los ciudadanos que le metan un gol a la corrupción”, manifestó
Asimismo otro de los activistas Julio Alvarado, señaló que estas son actividades que se están llevando a cabo de forma simultánea en todas las ciudades del país y que las mismas son parte de las jornadas de actividades que van rumbo al 21 de junio.
“Estamos volviendo a protestar para que se respete el voto del ciudadano y la Constitución, esta es una actividad en contra del Gobierno que despilfarra sabiendo que hay muchas necesidades en salud y educación; actos similares se están realizando en todo el país y vamos rumbo al 21 de junio para que el ciudadano Evo Morales entienda que la ley se respeta”, señaló Julio Alvarado, activista de los colectivos ciudadanos.
Son acciones que van rumbo al 21 de junio, donde se masificarán las protestas, para defender el voto del ciudadano que en el referéndum dijo No a la relección, el 21 de febrero de 2016.
En la plaza San Francisco se reunieron las plataformas ciudadanas de “Basta ya”, “Movimiento ciudadano 21F” y otros quienes instalaron un arco con una red que contenía unos carteles que exhibían las siguientes frases, “despilfarro”, “abuso de poder”, “autoritarismo”, “corrupción” y “narco Estado”.
El grito de invitación que emitían los activistas era –pase joven y métale un gol al despilfarro-, se vistieron con las camisetas verdes de la selección nacional de Bolivia, y cada vez que la pelota entraba al arco, corrían para festejar como si realmente se tratará de un partido de fútbol, que tenían que ganar.
Los activistas hicieron una parodia de la asistencia del Presidente de Bolivia al Mundial de Rusia, hecho que fue calificado como un “abuso de poder”,
POSTURAS
“Hemos convocado hoy a la ciudadanía, coincidiendo con la inauguración del mundial del fútbol en Rusia para que le metan un gol al despilfarro del Presidente que está gastando, más de dos millones de bolivianos, cuando nos faltan hospitales, que ahora se han convertido en cementerios”, dijo Angélica Siles.
El objetivo de esta actividad pública es para que la ciudadanía tome conciencia de las irregularidades en las que incurre el Gobierno, Según Siles quien aseguró que “la corrupción está latente” en todas las instancias del Estado, insistió la activista.
Por su lado, Guillermo Paz, convocó a la ciudadanía a ser parte activa de todas las movilizaciones para rechazar la intención de Evo Morales de repostularse de forma indefinida a la Presidencia.
“Hoy en un día particular para Bolivia, porque tenemos a un Presidente que nos miente diciendo que está yendo a firmar acuerdos, cuando todos sabemos que esta de paseo y disfrutando de la inauguración del mundial de fútbol en Rusia, por lo que invitamos a los ciudadanos que le metan un gol a la corrupción”, manifestó
Asimismo otro de los activistas Julio Alvarado, señaló que estas son actividades que se están llevando a cabo de forma simultánea en todas las ciudades del país y que las mismas son parte de las jornadas de actividades que van rumbo al 21 de junio.
“Estamos volviendo a protestar para que se respete el voto del ciudadano y la Constitución, esta es una actividad en contra del Gobierno que despilfarra sabiendo que hay muchas necesidades en salud y educación; actos similares se están realizando en todo el país y vamos rumbo al 21 de junio para que el ciudadano Evo Morales entienda que la ley se respeta”, señaló Julio Alvarado, activista de los colectivos ciudadanos.
TSE envió a Legislativo propuesta Plantean elección interna de binomio presidencial
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) presentó ayer el proyecto de Ley de Organizaciones Políticas que fue presentado al Legislativo para su tratamiento y aprobación, en el que plantea la elección interna de candidaturas para el binomio presidencial con cuatro meses antes de lanzar la convocatoria a comicios presidenciales.
Es decir, los militantes de cada partido deberán elegir de forma simultánea, mediante voto en urnas a los candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia. Esta tarea será cuatro meses antes de la convocatoria a elecciones generales.
Para participar en las elecciones presidenciales, “los partidos políticos o alianzas elegirán a su binomio en un proceso electoral simultáneo convocado por el Tribunal Supremo Electoral y realizado cuatro meses antes de la emisión de la convocatoria para las elecciones generales y con participación exclusiva de la militancia de la organización política”, dice el parágrafo I del artículo 29.
Añade que este proceso será organizado y administrado por el Tribunal Supremo Electoral y financiado con recursos del Tesoro General de la Nación, asimismo el ente electoral establecerá en Reglamento los términos, condiciones, plazos y procedimientos para dicho proceso.
En el parágrafo II establece que la elección de candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia es de carácter vinculante y cumplimiento obligatorio por el partido político o alianza en proceso electoral y será publicado por el TSE en medios de comunicación de alcance nacional.
“Las únicas causales que pueden revertir el carácter vinculante de estos resultados son probados problemas de salud o la muerte de alguna o alguno de las o los miembros del binomio elegido”, agrega la norma.
Asimismo, el proyecto de ley en el artículo 34 inciso h), p) y q), prevén sobre el acoso y violencia al interior de las mismas y el de respetar sus derechos según la Constitución política del Estado y por último priorizar la paridad y alternancia en la elección interna de sus representantes.
FINANCIAMIENTO
La propuesta del TSE plantea también que se subvencione la propaganda electoral en medios de comunicación de manera equitativa para los partidos.
El texto propone que las organizaciones políticas tengan un financiamiento de carácter mixto, proveniente del sector privado con restricciones y fortalecimiento público.
El financiamiento público, según el proyecto, “consiste en subvenciones indirectas para el acceso a propaganda en medios de comunicación e impresos en elecciones generales y elecciones subnacionales (períodos electorales)” y también para la “formación y capacitación de la dirigencia y militancia de las organizaciones políticas en años no electorales”.
Se propone también que los medios de comunicación que se habiliten para la difusión de propaganda electoral, cederán gratuita y obligatoriamente al Órgano Electoral Plurinacional la misma cantidad de espacio y tiempo que éste les contrate.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Sin embargo, se prevé que la norma no regirá las elecciones generales de 2019, según puntualizaciones de sus Disposiciones Transitorias.
La primera de estas disposiciones dice que “La disposición que rige la actualización del registro de militancia para organizaciones políticas entrará en vigencia el año 2021”.
En otro punto dice que “Las organizaciones políticas que cuenten con personería jurídica reconocida por el Órgano Electoral deben adecuar sus documentos constitutivos en un plazo de hasta dos años a partir de la promulgación de la presente ley”.
La tercera dice que “la disposición que rige la elección de candidaturas del binomio presidencial se implementará de manera progresiva como máximo antes de las elecciones generales de 2024”.
“Lo que hay que decir como principio minimo es que la ley rige para lo venidero no hacía atrás (retroactivo) (…), para las organizaciones vigentes las disposiciones transitorias disponen un periodo hasta el 2021, para los temas de la militancia y dos años para la adecuación de sus estatutos orgánicos (documentos constitutivos)”, afirmó Exeni.
Es decir, los militantes de cada partido deberán elegir de forma simultánea, mediante voto en urnas a los candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia. Esta tarea será cuatro meses antes de la convocatoria a elecciones generales.
Para participar en las elecciones presidenciales, “los partidos políticos o alianzas elegirán a su binomio en un proceso electoral simultáneo convocado por el Tribunal Supremo Electoral y realizado cuatro meses antes de la emisión de la convocatoria para las elecciones generales y con participación exclusiva de la militancia de la organización política”, dice el parágrafo I del artículo 29.
Añade que este proceso será organizado y administrado por el Tribunal Supremo Electoral y financiado con recursos del Tesoro General de la Nación, asimismo el ente electoral establecerá en Reglamento los términos, condiciones, plazos y procedimientos para dicho proceso.
En el parágrafo II establece que la elección de candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia es de carácter vinculante y cumplimiento obligatorio por el partido político o alianza en proceso electoral y será publicado por el TSE en medios de comunicación de alcance nacional.
“Las únicas causales que pueden revertir el carácter vinculante de estos resultados son probados problemas de salud o la muerte de alguna o alguno de las o los miembros del binomio elegido”, agrega la norma.
Asimismo, el proyecto de ley en el artículo 34 inciso h), p) y q), prevén sobre el acoso y violencia al interior de las mismas y el de respetar sus derechos según la Constitución política del Estado y por último priorizar la paridad y alternancia en la elección interna de sus representantes.
FINANCIAMIENTO
La propuesta del TSE plantea también que se subvencione la propaganda electoral en medios de comunicación de manera equitativa para los partidos.
El texto propone que las organizaciones políticas tengan un financiamiento de carácter mixto, proveniente del sector privado con restricciones y fortalecimiento público.
El financiamiento público, según el proyecto, “consiste en subvenciones indirectas para el acceso a propaganda en medios de comunicación e impresos en elecciones generales y elecciones subnacionales (períodos electorales)” y también para la “formación y capacitación de la dirigencia y militancia de las organizaciones políticas en años no electorales”.
Se propone también que los medios de comunicación que se habiliten para la difusión de propaganda electoral, cederán gratuita y obligatoriamente al Órgano Electoral Plurinacional la misma cantidad de espacio y tiempo que éste les contrate.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Sin embargo, se prevé que la norma no regirá las elecciones generales de 2019, según puntualizaciones de sus Disposiciones Transitorias.
La primera de estas disposiciones dice que “La disposición que rige la actualización del registro de militancia para organizaciones políticas entrará en vigencia el año 2021”.
En otro punto dice que “Las organizaciones políticas que cuenten con personería jurídica reconocida por el Órgano Electoral deben adecuar sus documentos constitutivos en un plazo de hasta dos años a partir de la promulgación de la presente ley”.
La tercera dice que “la disposición que rige la elección de candidaturas del binomio presidencial se implementará de manera progresiva como máximo antes de las elecciones generales de 2024”.
“Lo que hay que decir como principio minimo es que la ley rige para lo venidero no hacía atrás (retroactivo) (…), para las organizaciones vigentes las disposiciones transitorias disponen un periodo hasta el 2021, para los temas de la militancia y dos años para la adecuación de sus estatutos orgánicos (documentos constitutivos)”, afirmó Exeni.
Acusados de atentar contra Evo ganan juicio: “Vencimos al MAS”
Los dirigentes de Shinahota Elmer Lizarazu, Herbat Valencia y Adrián Trujillo, acusados de atentar contra el presidente Evo Morales en 2014, fueron declarados inocentes hoy luego de que el caso fue extinguido por el juez de Tiraque, Juan Churata.
“Le ganamos, al MAS les ganamos. El juez nos dio la razón y ahora somos libres e inocentes”, explicó Trujillo.
Por su parte, Lizarazu, señaló que nosotros defendimos a las bases. Estuve un año en la cárcel. Hoy este proceso después de tres años y medio, después de ocho audiencias, se ha terminado. Esto demuestra que nosotros jamás hemos secuestrado al presidente ni hemos agredido”.
En tanto Valencia explicó que en adelante están haciendo el trabajo de volver a la dirigencia en el trópico y que pedirán a la justicia resarcimiento. “Existe una dictadura sindical, fuimos encarcelados injustamente por el presidente Evo morales”, dijo.
Los tres dirigentes fueron acusados por el Gobierno de instigación pública a delinquir, asociación delictuosa, organización criminal y atentar contra el presidente Evo Morales y otras autoridades. El hecho que detonó la acusación fue una pugna por candidaturas en el municipio del trópico en 2014.
En un cabildo, las organizaciones sociales de Shinahota eligieron como candidata a las elecciones de 2015 a Lidia Poma, por encima de Rímer Ágreda que recibió menor apoyo. A raíz de esta división, se realizó un ampliado para definir al candidato, pero ante la negativa del presidente Evo Morales de escuchar a los seguidores de Poma, los pobladores reaccionaron amenazando con retener al Mandatario y al alcalde Ágreda.
Horas después de ese incidente, los dirigentes del lado de Poma fueron detenidos y acusados por varios delitos, entre ellos, por atentar contra la vida del presidente.
“Le ganamos, al MAS les ganamos. El juez nos dio la razón y ahora somos libres e inocentes”, explicó Trujillo.
Por su parte, Lizarazu, señaló que nosotros defendimos a las bases. Estuve un año en la cárcel. Hoy este proceso después de tres años y medio, después de ocho audiencias, se ha terminado. Esto demuestra que nosotros jamás hemos secuestrado al presidente ni hemos agredido”.
En tanto Valencia explicó que en adelante están haciendo el trabajo de volver a la dirigencia en el trópico y que pedirán a la justicia resarcimiento. “Existe una dictadura sindical, fuimos encarcelados injustamente por el presidente Evo morales”, dijo.
Los tres dirigentes fueron acusados por el Gobierno de instigación pública a delinquir, asociación delictuosa, organización criminal y atentar contra el presidente Evo Morales y otras autoridades. El hecho que detonó la acusación fue una pugna por candidaturas en el municipio del trópico en 2014.
En un cabildo, las organizaciones sociales de Shinahota eligieron como candidata a las elecciones de 2015 a Lidia Poma, por encima de Rímer Ágreda que recibió menor apoyo. A raíz de esta división, se realizó un ampliado para definir al candidato, pero ante la negativa del presidente Evo Morales de escuchar a los seguidores de Poma, los pobladores reaccionaron amenazando con retener al Mandatario y al alcalde Ágreda.
Horas después de ese incidente, los dirigentes del lado de Poma fueron detenidos y acusados por varios delitos, entre ellos, por atentar contra la vida del presidente.
14 junio 2018
13 junio 2018
12 junio 2018
11 junio 2018
10 junio 2018
Hidrovía Paraná-Paraguay ingresa a nueva etapa
La Hidrovía de Transporte fluvial Paraguay-Paraná ingresó a una nueva etapa con la suscripción de dos acuerdos por los países miembros del Comité Intergubernamental, los que definen la sede de la institución, así como el protocolo adicional del acuerdo de Transporte fluvial de forma indefinida.
Ambos convenios ponen nuevas bases para el funcionamiento del Comité y renuevan las que fueron suscritas en Santa Cruz de la Sierra el 26 de junio de 1992, que apuntan a la integración y la navegabilidad y el transporte fluvial por la hidrovía, señaló el secretario ejecutivo del Comité Intergubernamental de la Hidrovía Paraguay-Paraná, Luis Niscovolos.
En la firma del acuerdo estuvieron presentes, el presidente Protempore del Comité, Manuel Ruíz Díaz, el canciller del Estado Plurinacional de Bolivia, Fernando Huanacuni, y el secretario de la Hidrovía, Luis Niscovolos.
El día de ayer se suscribió el Acuerdo sede del Comité Intergubernamental de la Hidrovía Paraguay-Paraná y el VIII Protocolo Adicional del Acuerdo de Transporte Fluvial de la Hidrovía, de forma indefinida.
Después de 26 años del establecimiento de ese mecanismo de navegabilidad y comercio, la firma del acuerdo sede representa un acontecimiento importante para la institucionalidad del Comité, con lo cual se fortalece la navegación y transporte comercial fluvial.
Asimismo, el protocolo adicional del acuerdo de Transporte permitirá la vigencia indefinida del Tratado de Santa Cruz, que dotará la mayor previsibilidad, estabilidad, seguridad jurídica y administrativa a los proyectos de la cuenca de la Plata.
CARGA
La Hidrovía transporta alrededor de 21 millones de toneladas cada año y en su momento empresarios de Santa Cruz buscaron apurar inversiones en la infraestructura para ampliar la capacidad de transporte, con una inversión millonaria.
De acuerdo con el presidente Protempore, Manuel Ruíz Díaz, informó que del 100 por ciento de la capacidad de la Hidrovía, el 50 por ciento queda en manos de Paraguay, mientras que Bolivia hace uso de un 17 por ciento, mientras que el sur de Brasil ocupa el 30 por ciento.
El país mostró su intención de dar mayor utilidad a la Hidrovía, con la exportación de urea, hierro y mayores volúmenes de soya, así como de líquidos, según dijo Niscovolos en el acto de la firma del acuerdo y la ampliación del protocolo.
INVERSIONES
Para Ruíz Díaz, la firma de la ampliación del tratado de transporte, con una vigencia indefinida, abre muchas posibilidades de inversión para los países miembros; como dato dijo que el uso de la Hidrovía genera para el vecino país alrededor de 7.000 empleos.
Asimismo, la longitud desde Puerto Cáceres hasta Nueva Palmira abarca a alrededor de 3.442 kilómetros y la navegabilidad por la Hidrovía es natural, pero también está sujeta a inversiones para ampliar su capacidad.
De acuerdo con un boletín de prensa de la Cancillería, la suscripción de ambos instrumentos intencionales se contribuye de manera fehaciente a consolidar la institucionalidad y fortalecer la seguridad jurídica para el desarrollo de la Hidrovía.
Ambos convenios ponen nuevas bases para el funcionamiento del Comité y renuevan las que fueron suscritas en Santa Cruz de la Sierra el 26 de junio de 1992, que apuntan a la integración y la navegabilidad y el transporte fluvial por la hidrovía, señaló el secretario ejecutivo del Comité Intergubernamental de la Hidrovía Paraguay-Paraná, Luis Niscovolos.
En la firma del acuerdo estuvieron presentes, el presidente Protempore del Comité, Manuel Ruíz Díaz, el canciller del Estado Plurinacional de Bolivia, Fernando Huanacuni, y el secretario de la Hidrovía, Luis Niscovolos.
El día de ayer se suscribió el Acuerdo sede del Comité Intergubernamental de la Hidrovía Paraguay-Paraná y el VIII Protocolo Adicional del Acuerdo de Transporte Fluvial de la Hidrovía, de forma indefinida.
Después de 26 años del establecimiento de ese mecanismo de navegabilidad y comercio, la firma del acuerdo sede representa un acontecimiento importante para la institucionalidad del Comité, con lo cual se fortalece la navegación y transporte comercial fluvial.
Asimismo, el protocolo adicional del acuerdo de Transporte permitirá la vigencia indefinida del Tratado de Santa Cruz, que dotará la mayor previsibilidad, estabilidad, seguridad jurídica y administrativa a los proyectos de la cuenca de la Plata.
CARGA
La Hidrovía transporta alrededor de 21 millones de toneladas cada año y en su momento empresarios de Santa Cruz buscaron apurar inversiones en la infraestructura para ampliar la capacidad de transporte, con una inversión millonaria.
De acuerdo con el presidente Protempore, Manuel Ruíz Díaz, informó que del 100 por ciento de la capacidad de la Hidrovía, el 50 por ciento queda en manos de Paraguay, mientras que Bolivia hace uso de un 17 por ciento, mientras que el sur de Brasil ocupa el 30 por ciento.
El país mostró su intención de dar mayor utilidad a la Hidrovía, con la exportación de urea, hierro y mayores volúmenes de soya, así como de líquidos, según dijo Niscovolos en el acto de la firma del acuerdo y la ampliación del protocolo.
INVERSIONES
Para Ruíz Díaz, la firma de la ampliación del tratado de transporte, con una vigencia indefinida, abre muchas posibilidades de inversión para los países miembros; como dato dijo que el uso de la Hidrovía genera para el vecino país alrededor de 7.000 empleos.
Asimismo, la longitud desde Puerto Cáceres hasta Nueva Palmira abarca a alrededor de 3.442 kilómetros y la navegabilidad por la Hidrovía es natural, pero también está sujeta a inversiones para ampliar su capacidad.
De acuerdo con un boletín de prensa de la Cancillería, la suscripción de ambos instrumentos intencionales se contribuye de manera fehaciente a consolidar la institucionalidad y fortalecer la seguridad jurídica para el desarrollo de la Hidrovía.
100 expertos de EEUU participaron en juicio contra Sánchez de Lozada
Las victimas de “octubre negro” del 2003 tuvieron el apoyo de 100 profesionales de tres diferentes áreas de entidades estadounidenses como la Clínica Internacional de Derechos Humanos de Harvard, el Centro de Derechos Constitucionales y el Buffet de abogados Akin Gump, para el juicio civil que instauraron contra el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y el exministro Carlos Sánchez Berzaín.
“En este proceso han trabajado como 100 profesionales que son parte de tres instituciones que están apoyando la causa de las víctimas. Los expertos que están en estas instituciones continuarán apoyando a las víctimas y vamos a seguir con este proceso”, dijo el abogado Thomas Becker, en contacto con EL DIARIO.
A la vez, señaló que los miembros de estas instancias están comprometidos con el caso y no están cobrando un solo centavo, lo que pretenden es que se haga justicia contra las personas que causaron daño a 67 familias que perdieron a sus seres queridos y más de 400 que quedaron heridos.
PATROCINADORES
El portal digital del Centro de Derechos Constitucionales establece que las víctimas son asesoradas por el equipo legal que incluye a Paul Hoffman de Schonbrun, DeSimone, Seplow, Harris y Hoffman; La abogada principal de CCR Jennie Green y los abogados cooperadores de CCR Judith Chomsky y David Rudovsky.
El equipo de abogados y asesores de Harvard cuenta con el apoyo de James Cavallaro y Tyler Giannini de la Clínica Internacional de Derechos Humanos en la Facultad de Derecho de Harvard; y los abogados de Miami, Ira Kurzban y Geoffrey Hoffman.
Por el buffet de abogados Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP están Steven Schulman, John Van Sickle y Jeremy Bollinger. Estos son integrantes de los 100 profesionales que fueron parte del proceso civil contra ambas exautoridades.
PERJUICIO
El proceso civil fue encarado de forma particular por las víctimas con la ayuda de los abogados estadounidenses sin la participación del Gobierno boliviano.
Sobre el punto, Becker dijo que en una demanda de defensa de los derechos humanos, la adhesión de un Estado es perjudicial para su desarrollo y porque es usado políticamente por el partido gobernante.
“Generalmente los gobiernos no participan en estos procesos, porque pueden complicar los casos porque se politizar y son usados por los regímenes, y la corte de Estados Unidos está de acuerdo con esta forma de llevar el juicio que es de manera particular”, resaltó el jurista.
El jurista señaló que existen otras formas en que el Gobierno puede ayudar a las víctimas, acelerar el proceso de extradición de ambas exautoridades, ya que el trámite quedó paralizado desde el 2015, cuando se entregó el Exhorto Suplicatorio al departamento de Estado del país del Norte.
A la vez, manifestó que otro apoyo del Gobierno es dotarles de trabajo y con la continuación de sus tratamientos médicos, ya que muchos de los heridos quedaron con severas secuelas producto de las brutales represiones.
POLITIZACIÓN
Tras conocer el resultado del juez estadounidense, el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) dijo que es muestra de que hubo un grupo de rebeldes que trataron de derrocar al gobierno democrático de Sánchez.
Becker lamentó estas declaraciones y aseguró que las víctimas no buscan politizar el proceso, lo que quieren es justicia para sus familiares que perdieron la vida en los hechos donde también perecieron menores de edad.
“No entiendo cómo van a decir que una niña de ocho años es subversiva o que está en contra del partido del MNR. Ellos vivían en el campo y no sabían lo que estaba pasando. Si llevaron este juicio hasta el final es en busca de justicia para su hija”, cuestionó el abogado.
Al conocer este dictamen, Sánchez de Lozada dijo que el fallo final del juez comprobó que su gobierno actuó de acuerdo con la ley y que nunca tuvo intención de causar daño a nadie.
“La decisión del juez demuestra que no hubo absolutamente ninguna evidencia que indique la existencia de un plan u orden de utilizar la fuerza letal contra civiles. La evidencia demostró que mi gobierno enfrentó la conmoción social en medio de una grave crisis económica, siempre buscando el diálogo y la resolución pacífica de los conflictos”, dijo Sánchez de Lozada a través de un comunicado.
APELACIÓN
El juez estadounidense James I. Cohn emitió un falló, el pasado 30 de mayo, a favor del expresidente y su exministro, desestimando el veredicto inicial al que llegó el jurado que declaró a ambos responsables civiles de la muerte de ocho personas en protestas registradas en Bolivia en 2003.
Becker indicó que hasta finales de este mes presentarán un memorial notificando a la Corte del Circuito 11 para hacerles conocer que apelarán a la decisión del juez, posterior a esto es que señalarán una fecha para la entrega de los argumentos por escrito, que será defendido en una audiencia que también será determinada por la instancia judicial.
Este proceso busca una reparación de los daños ocasionados a las víctimas, el caso se desarrolló bajo el Estatuto de Tortura Extranjera (ATS por sus siglas en ingles) y la Ley de Protección a Víctimas de Tortura (TVPA), donde acusan a Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín de ejecuciones extrajudiciales y crímenes de lesa humanidad por su papel en la masacre de civiles desarmados, incluidos los niños.
VÍCTIMAS
Los demandantes en este juicio civil son: Eloy Rojas Mamani y Etelvina Ramos Mamani, cuya hija de 8 años murió en el dormitorio de su madre cuando se disparó un solo tiro por la ventana; otro caso es de Teófilo Baltazar Cerro, su esposa embarazada fue asesinada después de que una bala fue disparada a través de la pared de su domicilio, matándola a ella y a su hijo por nacer.
Otra de las víctimas es Felicidad Rosa Huanca Quispe, su padre de 69 años fue asesinado a tiros a lo largo de una carretera y Gonzalo Mamani Aguilar donde su progenitor también fue asesinado a tiros.
“En este proceso han trabajado como 100 profesionales que son parte de tres instituciones que están apoyando la causa de las víctimas. Los expertos que están en estas instituciones continuarán apoyando a las víctimas y vamos a seguir con este proceso”, dijo el abogado Thomas Becker, en contacto con EL DIARIO.
A la vez, señaló que los miembros de estas instancias están comprometidos con el caso y no están cobrando un solo centavo, lo que pretenden es que se haga justicia contra las personas que causaron daño a 67 familias que perdieron a sus seres queridos y más de 400 que quedaron heridos.
PATROCINADORES
El portal digital del Centro de Derechos Constitucionales establece que las víctimas son asesoradas por el equipo legal que incluye a Paul Hoffman de Schonbrun, DeSimone, Seplow, Harris y Hoffman; La abogada principal de CCR Jennie Green y los abogados cooperadores de CCR Judith Chomsky y David Rudovsky.
El equipo de abogados y asesores de Harvard cuenta con el apoyo de James Cavallaro y Tyler Giannini de la Clínica Internacional de Derechos Humanos en la Facultad de Derecho de Harvard; y los abogados de Miami, Ira Kurzban y Geoffrey Hoffman.
Por el buffet de abogados Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP están Steven Schulman, John Van Sickle y Jeremy Bollinger. Estos son integrantes de los 100 profesionales que fueron parte del proceso civil contra ambas exautoridades.
PERJUICIO
El proceso civil fue encarado de forma particular por las víctimas con la ayuda de los abogados estadounidenses sin la participación del Gobierno boliviano.
Sobre el punto, Becker dijo que en una demanda de defensa de los derechos humanos, la adhesión de un Estado es perjudicial para su desarrollo y porque es usado políticamente por el partido gobernante.
“Generalmente los gobiernos no participan en estos procesos, porque pueden complicar los casos porque se politizar y son usados por los regímenes, y la corte de Estados Unidos está de acuerdo con esta forma de llevar el juicio que es de manera particular”, resaltó el jurista.
El jurista señaló que existen otras formas en que el Gobierno puede ayudar a las víctimas, acelerar el proceso de extradición de ambas exautoridades, ya que el trámite quedó paralizado desde el 2015, cuando se entregó el Exhorto Suplicatorio al departamento de Estado del país del Norte.
A la vez, manifestó que otro apoyo del Gobierno es dotarles de trabajo y con la continuación de sus tratamientos médicos, ya que muchos de los heridos quedaron con severas secuelas producto de las brutales represiones.
POLITIZACIÓN
Tras conocer el resultado del juez estadounidense, el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) dijo que es muestra de que hubo un grupo de rebeldes que trataron de derrocar al gobierno democrático de Sánchez.
Becker lamentó estas declaraciones y aseguró que las víctimas no buscan politizar el proceso, lo que quieren es justicia para sus familiares que perdieron la vida en los hechos donde también perecieron menores de edad.
“No entiendo cómo van a decir que una niña de ocho años es subversiva o que está en contra del partido del MNR. Ellos vivían en el campo y no sabían lo que estaba pasando. Si llevaron este juicio hasta el final es en busca de justicia para su hija”, cuestionó el abogado.
Al conocer este dictamen, Sánchez de Lozada dijo que el fallo final del juez comprobó que su gobierno actuó de acuerdo con la ley y que nunca tuvo intención de causar daño a nadie.
“La decisión del juez demuestra que no hubo absolutamente ninguna evidencia que indique la existencia de un plan u orden de utilizar la fuerza letal contra civiles. La evidencia demostró que mi gobierno enfrentó la conmoción social en medio de una grave crisis económica, siempre buscando el diálogo y la resolución pacífica de los conflictos”, dijo Sánchez de Lozada a través de un comunicado.
APELACIÓN
El juez estadounidense James I. Cohn emitió un falló, el pasado 30 de mayo, a favor del expresidente y su exministro, desestimando el veredicto inicial al que llegó el jurado que declaró a ambos responsables civiles de la muerte de ocho personas en protestas registradas en Bolivia en 2003.
Becker indicó que hasta finales de este mes presentarán un memorial notificando a la Corte del Circuito 11 para hacerles conocer que apelarán a la decisión del juez, posterior a esto es que señalarán una fecha para la entrega de los argumentos por escrito, que será defendido en una audiencia que también será determinada por la instancia judicial.
Este proceso busca una reparación de los daños ocasionados a las víctimas, el caso se desarrolló bajo el Estatuto de Tortura Extranjera (ATS por sus siglas en ingles) y la Ley de Protección a Víctimas de Tortura (TVPA), donde acusan a Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín de ejecuciones extrajudiciales y crímenes de lesa humanidad por su papel en la masacre de civiles desarmados, incluidos los niños.
VÍCTIMAS
Los demandantes en este juicio civil son: Eloy Rojas Mamani y Etelvina Ramos Mamani, cuya hija de 8 años murió en el dormitorio de su madre cuando se disparó un solo tiro por la ventana; otro caso es de Teófilo Baltazar Cerro, su esposa embarazada fue asesinada después de que una bala fue disparada a través de la pared de su domicilio, matándola a ella y a su hijo por nacer.
Otra de las víctimas es Felicidad Rosa Huanca Quispe, su padre de 69 años fue asesinado a tiros a lo largo de una carretera y Gonzalo Mamani Aguilar donde su progenitor también fue asesinado a tiros.
Ciudadanos incomodan a Morales y García con “¡Bolivia dijo No!”
En las últimas tres semanas, activistas que piden respeto por el 21F incomodaron al presidente, Evo Morales, y al vicepresidente, Álvaro García, en diferentes eventos públicos con protestas en contra de la intención del mandatario de postularse por cuarta vez consecutiva a las elecciones presidenciales.
La noche del viernes, el vicepresidente Álvaro García Linera fue increpado en la plaza 24 de Septiembre en Santa Cruz por un grupo de personas que le gritó al unísono “¡Bolivia dijo No!”.
La autoridad minutos antes, participó en la presentación de dos libros de la Biblioteca del Bicentenario de Bolivia (BBB) del Centro de Investigaciones Sociales de la Vicepresidencia, en Santa Cruz.
Ese hecho fue registrado en un video que se hizo viral en las redes sociales. En las imágenes de video se observa al Vicepresidente cuando fue recibido por activistas que gritaban “¡Bolivia dijo No!”. El disgusto de la autoridad fue evidente y solo atinó a saludar con la mano al grupo de activistas que se encontraba protestando en la capital cruceña.
Esa situación no es la primera vez que sucede en el país y en la cual los gobernantes son recibidos con gritos de “¡Bolivia dijo No!”.
Otro de los casos más recientes se produjo en la inauguración de los Juegos Suramericanos en Cochabamba, específicamente en el estadio Félix Capriles, el pasado 26 de mayo.
Ese día, un grupo de activistas exigió a gritos el respeto al voto del referendo del 21 de febrero (21F) de 2016, donde la mayoría de los bolivianos se opuso a una nueva reelección de Morales.
“¡Bolivia dijo No!, ¡Bolivia dijo No!”, se escuchó decir en más de una ocasión en el estadio cochabambino, pero minutos después y ante la incomodidad del presidente Morales, que estaba acompañado por su homólogo paraguayo Horacio Cartes, la Policía se movilizó.
En ese mismo escenario, la Policía intentó desalojar a una activista que vestía una polera en favor del 21F. Ante ese hecho, el mandatario abandonó el estadio antes de dar su discurso de inauguración. Minutos, después también el vicepresidente Álvaro García Linera se fue del evento.
El 25 de mayo, un grupo de jóvenes lograron ingresar al Gran Hotel Cochabamba, donde se realizó un evento de Odesur para realizar una protesta en defensa del 21F e increpar al primer mandatario sobre la muerte del universitario de El Alto, Jonathan Quispe Vila.
“Respete nuestro voto, Bolivia le ha dicho no, respete a todos los jóvenes, El Alto está aquí presente y estamos sacando cara por el joven que ha muerto en El Alto”, expresó una de las activistas.
En esa línea y días después de la inauguración de los Juegos Suramericanos, el gobernador de Cochabamba, Iván Canelas declaró que personas extrañas de Santa Cruz pretendían dañar el evento deportivo gritando “Bolivia dijo No”.
“No vamos a esperar que un cruceño venga aquí a gritarnos ‘Bolivia dijo No’. Extraños que vienen a tratar de dañar y afectar a los Juegos Suramericanos”, aseveró en un evento público.
Al respecto, varios sectores se pronunciaron y expresaron su «repudio» e incluso la plataforma ciudadana Abogados Somos Todos presentó una denuncia por discriminación y racismo ante el Ministerio Público en contra de Canelas.
Más tardes, el gobernador aclaró que en ningún momento» se refirió a la colectividad cruceña en su conjunto «como se pretende interpretar».
Otro de los casos recientes, donde el público se manifestó en contra de la repostulación de Morales fue en el partido que se disputó entre Wilstermann y The Strongest por el campeonato del Torneo Apertura que se desarrolló el pasado miércoles en Sucre.
El l asambleísta departamental de SOL.bo, Edwin «Cacho» Herrera, manifestó, en su cuenta de Twitter, que la frase “Bolivia dijo No” perseguirá a Evo y García Linera donde vayan porque existe un “nuevo sentido común de la gente” que rechaza la reelección.
“Seguro que reforzarán sus equipos de seguridad para que los aíslen más de la realidad. Se vienen días decisivos para nuestro país”, señaló. (ANF Y EL DIARIO)
La noche del viernes, el vicepresidente Álvaro García Linera fue increpado en la plaza 24 de Septiembre en Santa Cruz por un grupo de personas que le gritó al unísono “¡Bolivia dijo No!”.
La autoridad minutos antes, participó en la presentación de dos libros de la Biblioteca del Bicentenario de Bolivia (BBB) del Centro de Investigaciones Sociales de la Vicepresidencia, en Santa Cruz.
Ese hecho fue registrado en un video que se hizo viral en las redes sociales. En las imágenes de video se observa al Vicepresidente cuando fue recibido por activistas que gritaban “¡Bolivia dijo No!”. El disgusto de la autoridad fue evidente y solo atinó a saludar con la mano al grupo de activistas que se encontraba protestando en la capital cruceña.
Esa situación no es la primera vez que sucede en el país y en la cual los gobernantes son recibidos con gritos de “¡Bolivia dijo No!”.
Otro de los casos más recientes se produjo en la inauguración de los Juegos Suramericanos en Cochabamba, específicamente en el estadio Félix Capriles, el pasado 26 de mayo.
Ese día, un grupo de activistas exigió a gritos el respeto al voto del referendo del 21 de febrero (21F) de 2016, donde la mayoría de los bolivianos se opuso a una nueva reelección de Morales.
“¡Bolivia dijo No!, ¡Bolivia dijo No!”, se escuchó decir en más de una ocasión en el estadio cochabambino, pero minutos después y ante la incomodidad del presidente Morales, que estaba acompañado por su homólogo paraguayo Horacio Cartes, la Policía se movilizó.
En ese mismo escenario, la Policía intentó desalojar a una activista que vestía una polera en favor del 21F. Ante ese hecho, el mandatario abandonó el estadio antes de dar su discurso de inauguración. Minutos, después también el vicepresidente Álvaro García Linera se fue del evento.
El 25 de mayo, un grupo de jóvenes lograron ingresar al Gran Hotel Cochabamba, donde se realizó un evento de Odesur para realizar una protesta en defensa del 21F e increpar al primer mandatario sobre la muerte del universitario de El Alto, Jonathan Quispe Vila.
“Respete nuestro voto, Bolivia le ha dicho no, respete a todos los jóvenes, El Alto está aquí presente y estamos sacando cara por el joven que ha muerto en El Alto”, expresó una de las activistas.
En esa línea y días después de la inauguración de los Juegos Suramericanos, el gobernador de Cochabamba, Iván Canelas declaró que personas extrañas de Santa Cruz pretendían dañar el evento deportivo gritando “Bolivia dijo No”.
“No vamos a esperar que un cruceño venga aquí a gritarnos ‘Bolivia dijo No’. Extraños que vienen a tratar de dañar y afectar a los Juegos Suramericanos”, aseveró en un evento público.
Al respecto, varios sectores se pronunciaron y expresaron su «repudio» e incluso la plataforma ciudadana Abogados Somos Todos presentó una denuncia por discriminación y racismo ante el Ministerio Público en contra de Canelas.
Más tardes, el gobernador aclaró que en ningún momento» se refirió a la colectividad cruceña en su conjunto «como se pretende interpretar».
Otro de los casos recientes, donde el público se manifestó en contra de la repostulación de Morales fue en el partido que se disputó entre Wilstermann y The Strongest por el campeonato del Torneo Apertura que se desarrolló el pasado miércoles en Sucre.
El l asambleísta departamental de SOL.bo, Edwin «Cacho» Herrera, manifestó, en su cuenta de Twitter, que la frase “Bolivia dijo No” perseguirá a Evo y García Linera donde vayan porque existe un “nuevo sentido común de la gente” que rechaza la reelección.
“Seguro que reforzarán sus equipos de seguridad para que los aíslen más de la realidad. Se vienen días decisivos para nuestro país”, señaló. (ANF Y EL DIARIO)
Para hacer política hay que tener un corazón de piedra
“Me dijeron ‘a tu hijo lo pueden hacer desaparecer’, pueden pagar mil bolivianos a los cleferos de la San Francisco y lo desaparecen”, relató a EL DIARIO una concejal electa por voto democrático en un municipio del altiplano paceño pero que desde hace más de un año es víctima de violencia y acoso político por parte del Alcalde y los concejales varones. La mujer se declaró decepcionada de la política y dijo que para incursionar en la vida pública “hay que tener un corazón de piedra”.
“Son muchas cosas que hay que aguantar. Hay que tener corazón de piedra para aguantar el acoso y violencia política, por el hecho de denunciar el mal manejo económico en el municipio por el alcalde, por ese lado comienza el problema, sufrimos atropellamientos de la sociedad civil y las otras autoridades”, contó la concejala.
Este medio, amparado en el artículo 8 de la Ley de Imprenta relativo al Secreto de Fuente, mantendrá en reserva la identidad de la autoridad debido a que la misma teme represalias de sus propios colegas contra ella y su familia
Con la mirada abstraída en su relato, la concejala hurgó en sus recuerdos más tristes al mismo tiempo que sus ojos se llenaron de lágrimas porque la violencia política no solo repercute en ella, sino en su familia, en este caso su hijo y su entorno familiar a quienes los tienen atemorizados con amenazas.
Los responsables a quienes apunta, son los mismos concejales del municipio al que pertenece y representa.
“Y estos me tienen amenazada, me dicen, no hurgues tales cosas, si quieres ver con vida a tu hijo, entonces como somos madres ante todo, vemos que nuestros hijos corren peligro; también se agarran con nuestros padres, les hacen llegar amenazas y pensamos que cualquier cosa les puede pasar”, dijo porque al igual que ella, su colega, otra mujer electa como concejal, sufre la misma suerte.
El acoso y violencia política que sufren las mujeres autoridades en los municipios del área rural, ellas lo describen como una telaraña que va engranando a cada familiar, bajo amenaza de aquellas otras autoridades cómplices y ciudadanos que apañan la corrupción.
“Van tejiendo como una telaraña las amenazas, pero no es solo a mi nomas, corren peligro nuestros padres de la tercera edad, panfletean sobre nuestra vidas como lo han hecho conmigo y mi hijo, denigrándome”, relató.
Los episodios contra ambas concejalas son innumerables, tanto así que una de ellas aseguró que “un día de testimonios no alcanzaría” para relatar los duros episodios que hasta ahora enfrenta. El objetivo es que renuncie a su cargo.
“Yo he visto y he palpado en carne propia la violencia y acoso; me ponen todo el día bajo el sol, sin almorzar hasta la noche, bajo presión, estamos todo un día bajo presión diciéndonos -la pregunta del pueblo es sencilla, van a retirar la denuncia ¿sí o no?- con eso nos presionan”, vertió.
Y la única salida que les dan es presentar sus renuncias, a tal punto que la marginan y no le comunican sobre las sesiones y menos de reuniones extraordinarias y ella tienen que “adivinar” cuándo y dónde es, que de paso trataran su caso para alejarla, haciendo uso de su mayoría.
“Y el Alcalde me dice si no quieres retirar la denuncia entonces que entren los suplentes y él instruye también a las autoridades de la Comunidad y utiliza su mayoría, que él ha hecho porque sabe sus faltas de los otros concejales y por ese lado les agarra. No nos avisan de la reuniones y sesiones ¿Acaso nosotras somos yatiris y miramos de la coca?”, contó.
Decepción, frustración, arrepentimiento y el impulso a no desistir es lo que refleja la autoridad municipal.
“A veces estoy bien decepcionada de la política porque teoría nomas es. No sé porque he entrado a este cargo (…) pero qué puedo hacer. Me vuelvo a parar y digo tengo que seguir, porque no les voy hacer quedar mal a las mujeres, sí o sí tengo que pararme firme y así brinde mi vida simplemente sigo para transparentar mi gestión”.
Con el testimonio de esta concejal de un municipio del área rural de La Paz, que es uno entre decenas de casos, el discurso del Gobierno central, del Órgano Legislativo, del Tribunal Supremo Electoral y de las organizaciones no gubernamentales (ONG) que hablan de más participación de la mujer en la vida pública, de paridad y alternancia, de equidad de género, solo queda en discurso porque el machismo y sistema patriarcal aún se impone en la sociedad boliviana.
“Son muchas cosas que hay que aguantar. Hay que tener corazón de piedra para aguantar el acoso y violencia política, por el hecho de denunciar el mal manejo económico en el municipio por el alcalde, por ese lado comienza el problema, sufrimos atropellamientos de la sociedad civil y las otras autoridades”, contó la concejala.
Este medio, amparado en el artículo 8 de la Ley de Imprenta relativo al Secreto de Fuente, mantendrá en reserva la identidad de la autoridad debido a que la misma teme represalias de sus propios colegas contra ella y su familia
Con la mirada abstraída en su relato, la concejala hurgó en sus recuerdos más tristes al mismo tiempo que sus ojos se llenaron de lágrimas porque la violencia política no solo repercute en ella, sino en su familia, en este caso su hijo y su entorno familiar a quienes los tienen atemorizados con amenazas.
Los responsables a quienes apunta, son los mismos concejales del municipio al que pertenece y representa.
“Y estos me tienen amenazada, me dicen, no hurgues tales cosas, si quieres ver con vida a tu hijo, entonces como somos madres ante todo, vemos que nuestros hijos corren peligro; también se agarran con nuestros padres, les hacen llegar amenazas y pensamos que cualquier cosa les puede pasar”, dijo porque al igual que ella, su colega, otra mujer electa como concejal, sufre la misma suerte.
El acoso y violencia política que sufren las mujeres autoridades en los municipios del área rural, ellas lo describen como una telaraña que va engranando a cada familiar, bajo amenaza de aquellas otras autoridades cómplices y ciudadanos que apañan la corrupción.
“Van tejiendo como una telaraña las amenazas, pero no es solo a mi nomas, corren peligro nuestros padres de la tercera edad, panfletean sobre nuestra vidas como lo han hecho conmigo y mi hijo, denigrándome”, relató.
Los episodios contra ambas concejalas son innumerables, tanto así que una de ellas aseguró que “un día de testimonios no alcanzaría” para relatar los duros episodios que hasta ahora enfrenta. El objetivo es que renuncie a su cargo.
“Yo he visto y he palpado en carne propia la violencia y acoso; me ponen todo el día bajo el sol, sin almorzar hasta la noche, bajo presión, estamos todo un día bajo presión diciéndonos -la pregunta del pueblo es sencilla, van a retirar la denuncia ¿sí o no?- con eso nos presionan”, vertió.
Y la única salida que les dan es presentar sus renuncias, a tal punto que la marginan y no le comunican sobre las sesiones y menos de reuniones extraordinarias y ella tienen que “adivinar” cuándo y dónde es, que de paso trataran su caso para alejarla, haciendo uso de su mayoría.
“Y el Alcalde me dice si no quieres retirar la denuncia entonces que entren los suplentes y él instruye también a las autoridades de la Comunidad y utiliza su mayoría, que él ha hecho porque sabe sus faltas de los otros concejales y por ese lado les agarra. No nos avisan de la reuniones y sesiones ¿Acaso nosotras somos yatiris y miramos de la coca?”, contó.
Decepción, frustración, arrepentimiento y el impulso a no desistir es lo que refleja la autoridad municipal.
“A veces estoy bien decepcionada de la política porque teoría nomas es. No sé porque he entrado a este cargo (…) pero qué puedo hacer. Me vuelvo a parar y digo tengo que seguir, porque no les voy hacer quedar mal a las mujeres, sí o sí tengo que pararme firme y así brinde mi vida simplemente sigo para transparentar mi gestión”.
Con el testimonio de esta concejal de un municipio del área rural de La Paz, que es uno entre decenas de casos, el discurso del Gobierno central, del Órgano Legislativo, del Tribunal Supremo Electoral y de las organizaciones no gubernamentales (ONG) que hablan de más participación de la mujer en la vida pública, de paridad y alternancia, de equidad de género, solo queda en discurso porque el machismo y sistema patriarcal aún se impone en la sociedad boliviana.
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