“En este proceso han trabajado como 100 profesionales que son parte de tres instituciones que están apoyando la causa de las víctimas. Los expertos que están en estas instituciones continuarán apoyando a las víctimas y vamos a seguir con este proceso”, dijo el abogado Thomas Becker, en contacto con EL DIARIO.
A la vez, señaló que los miembros de estas instancias están comprometidos con el caso y no están cobrando un solo centavo, lo que pretenden es que se haga justicia contra las personas que causaron daño a 67 familias que perdieron a sus seres queridos y más de 400 que quedaron heridos.
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El portal digital del Centro de Derechos Constitucionales establece que las víctimas son asesoradas por el equipo legal que incluye a Paul Hoffman de Schonbrun, DeSimone, Seplow, Harris y Hoffman; La abogada principal de CCR Jennie Green y los abogados cooperadores de CCR Judith Chomsky y David Rudovsky.
El equipo de abogados y asesores de Harvard cuenta con el apoyo de James Cavallaro y Tyler Giannini de la Clínica Internacional de Derechos Humanos en la Facultad de Derecho de Harvard; y los abogados de Miami, Ira Kurzban y Geoffrey Hoffman.
Por el buffet de abogados Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP están Steven Schulman, John Van Sickle y Jeremy Bollinger. Estos son integrantes de los 100 profesionales que fueron parte del proceso civil contra ambas exautoridades.
PERJUICIO
El proceso civil fue encarado de forma particular por las víctimas con la ayuda de los abogados estadounidenses sin la participación del Gobierno boliviano.
Sobre el punto, Becker dijo que en una demanda de defensa de los derechos humanos, la adhesión de un Estado es perjudicial para su desarrollo y porque es usado políticamente por el partido gobernante.
“Generalmente los gobiernos no participan en estos procesos, porque pueden complicar los casos porque se politizar y son usados por los regímenes, y la corte de Estados Unidos está de acuerdo con esta forma de llevar el juicio que es de manera particular”, resaltó el jurista.
El jurista señaló que existen otras formas en que el Gobierno puede ayudar a las víctimas, acelerar el proceso de extradición de ambas exautoridades, ya que el trámite quedó paralizado desde el 2015, cuando se entregó el Exhorto Suplicatorio al departamento de Estado del país del Norte.
A la vez, manifestó que otro apoyo del Gobierno es dotarles de trabajo y con la continuación de sus tratamientos médicos, ya que muchos de los heridos quedaron con severas secuelas producto de las brutales represiones.
POLITIZACIÓN
Tras conocer el resultado del juez estadounidense, el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) dijo que es muestra de que hubo un grupo de rebeldes que trataron de derrocar al gobierno democrático de Sánchez.
Becker lamentó estas declaraciones y aseguró que las víctimas no buscan politizar el proceso, lo que quieren es justicia para sus familiares que perdieron la vida en los hechos donde también perecieron menores de edad.
“No entiendo cómo van a decir que una niña de ocho años es subversiva o que está en contra del partido del MNR. Ellos vivían en el campo y no sabían lo que estaba pasando. Si llevaron este juicio hasta el final es en busca de justicia para su hija”, cuestionó el abogado.
Al conocer este dictamen, Sánchez de Lozada dijo que el fallo final del juez comprobó que su gobierno actuó de acuerdo con la ley y que nunca tuvo intención de causar daño a nadie.
“La decisión del juez demuestra que no hubo absolutamente ninguna evidencia que indique la existencia de un plan u orden de utilizar la fuerza letal contra civiles. La evidencia demostró que mi gobierno enfrentó la conmoción social en medio de una grave crisis económica, siempre buscando el diálogo y la resolución pacífica de los conflictos”, dijo Sánchez de Lozada a través de un comunicado.
APELACIÓN
El juez estadounidense James I. Cohn emitió un falló, el pasado 30 de mayo, a favor del expresidente y su exministro, desestimando el veredicto inicial al que llegó el jurado que declaró a ambos responsables civiles de la muerte de ocho personas en protestas registradas en Bolivia en 2003.
Becker indicó que hasta finales de este mes presentarán un memorial notificando a la Corte del Circuito 11 para hacerles conocer que apelarán a la decisión del juez, posterior a esto es que señalarán una fecha para la entrega de los argumentos por escrito, que será defendido en una audiencia que también será determinada por la instancia judicial.
Este proceso busca una reparación de los daños ocasionados a las víctimas, el caso se desarrolló bajo el Estatuto de Tortura Extranjera (ATS por sus siglas en ingles) y la Ley de Protección a Víctimas de Tortura (TVPA), donde acusan a Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín de ejecuciones extrajudiciales y crímenes de lesa humanidad por su papel en la masacre de civiles desarmados, incluidos los niños.
VÍCTIMAS
Los demandantes en este juicio civil son: Eloy Rojas Mamani y Etelvina Ramos Mamani, cuya hija de 8 años murió en el dormitorio de su madre cuando se disparó un solo tiro por la ventana; otro caso es de Teófilo Baltazar Cerro, su esposa embarazada fue asesinada después de que una bala fue disparada a través de la pared de su domicilio, matándola a ella y a su hijo por nacer.
Otra de las víctimas es Felicidad Rosa Huanca Quispe, su padre de 69 años fue asesinado a tiros a lo largo de una carretera y Gonzalo Mamani Aguilar donde su progenitor también fue asesinado a tiros.
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