31 marzo 2018
30 marzo 2018
"Bolivia Somos Todos" proclama hoy a su candidato presidencial 2019
La Agrupación Política Bolivia Somos Todos (BST), hoy se reúne en la ciudad de Sucre para proclamar de manera oficial a su candidato a la presidencia del país, para las elecciones generales del 2019, según su líder en Oruro, Edgar Sánchez, esa agrupación se apunta a ser una nueva alternativa para Bolivia.
Damián Condori, también disidente del Movimiento Al Socialismo (MAS), fue elegido como candidato por su trayectoria, pues fue máximo ejecutivo de los campesinos en Chuquisaca y posteriormente ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb).
"Damián Condori Herrera va a ser nuestro candidato a presidente el año 2019, con esto Bolivia Somos Todos se alista para participar como un nueva alternativa para el país, que pueda generar nuevos bríos, nuevas esperanzas para los bolivianos, tanto en las elecciones generales 2019 como en las elecciones subnacionales del 2020", aseveró Sánchez.
A más de un año de las elecciones generales, Bolivia Somos Todos ya tiene una propuesta en mente, hacer una nueva elección judicial, sin participación de partidos políticos donde prime la meritocracia.
"Primero estamos proponiendo hacer una nueva elección judicial, la justicia hoy por hoy está secuestrada por el Gobierno, por tanto tiene que renovarse, necesitamos nuevas elecciones judiciales sin participación de partidos políticos, tiene que ser una preselección de instituciones idóneas y meritocráticas, para que la justicia sea el pilar fundamental para ejercer derechos democráticos", añadió.
Según Sánchez, en Oruro, Bolivia Somos Todos tiene presencia en 18 municipios y está presente en ocho departamentos, exceptuando Beni; sin embargo para la proclamación que hoy se desarrollará en Sucre, se tiene prevista la presencia de delegaciones de Riberalta y Guayaramerín. El acompañante de Damián Condori a la vicepresidencia del país, se definirá el siguiente año, no se descarta que sea una dama, para hacer prevalecer la alternancia de género.
Damián Condori, también disidente del Movimiento Al Socialismo (MAS), fue elegido como candidato por su trayectoria, pues fue máximo ejecutivo de los campesinos en Chuquisaca y posteriormente ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb).
"Damián Condori Herrera va a ser nuestro candidato a presidente el año 2019, con esto Bolivia Somos Todos se alista para participar como un nueva alternativa para el país, que pueda generar nuevos bríos, nuevas esperanzas para los bolivianos, tanto en las elecciones generales 2019 como en las elecciones subnacionales del 2020", aseveró Sánchez.
A más de un año de las elecciones generales, Bolivia Somos Todos ya tiene una propuesta en mente, hacer una nueva elección judicial, sin participación de partidos políticos donde prime la meritocracia.
"Primero estamos proponiendo hacer una nueva elección judicial, la justicia hoy por hoy está secuestrada por el Gobierno, por tanto tiene que renovarse, necesitamos nuevas elecciones judiciales sin participación de partidos políticos, tiene que ser una preselección de instituciones idóneas y meritocráticas, para que la justicia sea el pilar fundamental para ejercer derechos democráticos", añadió.
Según Sánchez, en Oruro, Bolivia Somos Todos tiene presencia en 18 municipios y está presente en ocho departamentos, exceptuando Beni; sin embargo para la proclamación que hoy se desarrollará en Sucre, se tiene prevista la presencia de delegaciones de Riberalta y Guayaramerín. El acompañante de Damián Condori a la vicepresidencia del país, se definirá el siguiente año, no se descarta que sea una dama, para hacer prevalecer la alternancia de género.
29 marzo 2018
Declaraciones de Mayta Podría generar sanciones a económica a los demandantes
Las declaraciones en Bolivia de Rogelio Mayta provocaron esta tarde un áspero debate entre los abogados de la demanda y la defensa y estos últimos pidieron una sanción económica porque Mayta vulneró el mandato del Juez Cohn de restricciones con la prensa.
Steve Raber el abogado de la defensa leyó en la corte declaraciones de Mayta a las que consideraron ofensivas y tendenciosas.
Se referían a las publicaciones en Bolivia en las cuales Mayta dijo que nadie puede cambiar la historia, ni dos jueces ni millones de dólares. Esos genocidas hoy son por fin juzgados, dijo Mayta
Steve Raber el abogado de la defensa leyó en la corte declaraciones de Mayta a las que consideraron ofensivas y tendenciosas.
Se referían a las publicaciones en Bolivia en las cuales Mayta dijo que nadie puede cambiar la historia, ni dos jueces ni millones de dólares. Esos genocidas hoy son por fin juzgados, dijo Mayta
Cárdenas Critica Tuits de Evo Morales
El exvicepresidente Víctor Hugo Cárdenas cuestionó al presidente Evo Morales porque considera que emite mensajes “agresivos” e innecesarios en contra de Chile.
“Tweets agresivos de Evo contra Chile son innecesarios. Mejor abstenerse por lo menos los días de audiencias (en la Corte Internacional de Justicia de La Haya sobre la demanda marítima). ¿O escribanos son autónomos?”, expresó Cárdenas en Twitter.
Morales, que todos los días usa sus redes sociales, generó una nueva polémica por un mensaje que fue publicado en su cuenta de Twitter el pasado 19 de marzo, cuando se iniciaba la fase de los alegatos orales sobre la demanda marítima.
En esa ocasión, el Jefe de Estado afirmó que “Antofagasta fue, es y será territorio boliviano”. Lo cual provocó una serie de críticas de parte de autoridades chilenas y los cuestionamientos continuaron incluso hasta hoy en el cierre de los alegatos orales en La Haya.
El jurista del equipo chileno, Daniel Bethlehem, expuso ante los jueces de la Corte el mensaje de Morales para asegurar que en la actualidad Bolivia ya no envía cartas diplomáticas a Chile, sino se comunica mediante los tuits de su presidente.
“Tweets agresivos de Evo contra Chile son innecesarios. Mejor abstenerse por lo menos los días de audiencias (en la Corte Internacional de Justicia de La Haya sobre la demanda marítima). ¿O escribanos son autónomos?”, expresó Cárdenas en Twitter.
Morales, que todos los días usa sus redes sociales, generó una nueva polémica por un mensaje que fue publicado en su cuenta de Twitter el pasado 19 de marzo, cuando se iniciaba la fase de los alegatos orales sobre la demanda marítima.
En esa ocasión, el Jefe de Estado afirmó que “Antofagasta fue, es y será territorio boliviano”. Lo cual provocó una serie de críticas de parte de autoridades chilenas y los cuestionamientos continuaron incluso hasta hoy en el cierre de los alegatos orales en La Haya.
El jurista del equipo chileno, Daniel Bethlehem, expuso ante los jueces de la Corte el mensaje de Morales para asegurar que en la actualidad Bolivia ya no envía cartas diplomáticas a Chile, sino se comunica mediante los tuits de su presidente.
Bochorno en Legislativo Otra diputada del MAS agrede a opositor y le lanza basura
Un nuevo bochornoso hecho se produjo en el Legislativo, esta vez en la Comisión de Gobierno y Fuerzas Armadas. La diputada Benita Suárez (MAS) arrojó un vaso de basura al diputado opositor Amilcar Barral (UD), porque este dijo que al parecer el oficialismo desea proteger al narcotráfico.
La Comisión sesionó ayer para aprobar el proyecto de ley de fortalecimiento de lucha contra el contrabando, documento que será remitido al pleno de la Cámara de Diputados para su consideración.
El hecho se produjo a raíz del uso de la palabra del diputado Barral, quien planteó que primero se debería hacer una norma completa para luchar no solo contra el contrabando sino contra el narcotráfico.
No es la primera vez que se incurren en hechos de ese tipo. La diputada Juana Quispe, también del MAS, extrajo de su boca su bolo de coca y lo arrojó a sus colegas opositores en enero pasado.
Barral argumentó que actualmente más que el contrabando, el tráfico de drogas se perfila como el principal problema del país.
“Tenemos gente, autoridades, familiares de autoridades que han sido encontradas con relación al narcotráfico”, sostuvo.
En ese momento fue interrumpido por diputadas del MAS, quienes a gritos le reprocharon que no podía volver a un tema que ya habían debatido con anterioridad. “No se puede retomar (el tema) a tu antojo, no puedes retomar cuando quieras”, le increpó una de ellas.
En medio de gritos de los parlamentarios del MAS, Barral insistió en que se debería hacer una norma amplia, que no resulte ser “otro parche” a las problemáticas del contrabando y narcotráfico.
“Ustedes quieren proteger el narcotráfico, por eso no quieren que plantee (el tema). Déjeme hablar”, reclamaba el legislador en relación al derecho que tiene de acuerdo al Reglamento de Debates de la Cámara de Diputados.
Pero las legisladoras continuaban gritando y reclamando que por qué no había asistido a la sesión en el horario puntual. Barral explicó que tenía que responder a la lista del pleno de la Cámara y por eso tuvo una demora.
En medio del griterío, la diputada Suárez tomó un vaso desechable lleno de basura y lo arrojó a Barral. El presidente de la comisión, Freddy Vargas, tras el incidente llamó a la “cordura” y “respeto”, porque en la sesión estaban presentes los medios de comunicación.
Suárez, en declaraciones a la prensa, dijo que no pedirá disculpas a su colega. “Pido disculpas al país y a mis colegas, pero a él (Barral) no, porque es un atrevido”. Alegó que Barral acusó al MAS de ser narcotraficantes. No obstante, en su intervención el legislador habló de “protección” al narcotráfico.
En otros incidentes similares, el viceministro de Descolonización, Félix Cárdenas, golpeó el sombrero de una mujer de la tercera edad y el exmagistrado Gualberto Cusi escupió al diputado Víctor Borda. (ANF)
La Comisión sesionó ayer para aprobar el proyecto de ley de fortalecimiento de lucha contra el contrabando, documento que será remitido al pleno de la Cámara de Diputados para su consideración.
El hecho se produjo a raíz del uso de la palabra del diputado Barral, quien planteó que primero se debería hacer una norma completa para luchar no solo contra el contrabando sino contra el narcotráfico.
No es la primera vez que se incurren en hechos de ese tipo. La diputada Juana Quispe, también del MAS, extrajo de su boca su bolo de coca y lo arrojó a sus colegas opositores en enero pasado.
Barral argumentó que actualmente más que el contrabando, el tráfico de drogas se perfila como el principal problema del país.
“Tenemos gente, autoridades, familiares de autoridades que han sido encontradas con relación al narcotráfico”, sostuvo.
En ese momento fue interrumpido por diputadas del MAS, quienes a gritos le reprocharon que no podía volver a un tema que ya habían debatido con anterioridad. “No se puede retomar (el tema) a tu antojo, no puedes retomar cuando quieras”, le increpó una de ellas.
En medio de gritos de los parlamentarios del MAS, Barral insistió en que se debería hacer una norma amplia, que no resulte ser “otro parche” a las problemáticas del contrabando y narcotráfico.
“Ustedes quieren proteger el narcotráfico, por eso no quieren que plantee (el tema). Déjeme hablar”, reclamaba el legislador en relación al derecho que tiene de acuerdo al Reglamento de Debates de la Cámara de Diputados.
Pero las legisladoras continuaban gritando y reclamando que por qué no había asistido a la sesión en el horario puntual. Barral explicó que tenía que responder a la lista del pleno de la Cámara y por eso tuvo una demora.
En medio del griterío, la diputada Suárez tomó un vaso desechable lleno de basura y lo arrojó a Barral. El presidente de la comisión, Freddy Vargas, tras el incidente llamó a la “cordura” y “respeto”, porque en la sesión estaban presentes los medios de comunicación.
Suárez, en declaraciones a la prensa, dijo que no pedirá disculpas a su colega. “Pido disculpas al país y a mis colegas, pero a él (Barral) no, porque es un atrevido”. Alegó que Barral acusó al MAS de ser narcotraficantes. No obstante, en su intervención el legislador habló de “protección” al narcotráfico.
En otros incidentes similares, el viceministro de Descolonización, Félix Cárdenas, golpeó el sombrero de una mujer de la tercera edad y el exmagistrado Gualberto Cusi escupió al diputado Víctor Borda. (ANF)
28 marzo 2018
Carlos Mesa El 21F es de prioridad
El expresidente y vocero de la demanda marítima, Carlos Mesa, ratificó su posición sobre el referéndum del 21 de febrero de 2016 y aseguró que es un tema permanente que no quedó de lado ni en la actual coyuntura de la demanda marítima.
“El 21F es un tema que no se reposicionará (recién otra vez, en realidad) nunca ha quedado de lado, es un tema de primerísima prioridad para los demócratas que creemos que el respeto a la Constitución, a la soberanía popular y a nuestro voto del 21 de febrero de 2016 debe ser algo fundamental por lo que tenemos que luchar”, dijo Mesa al programa “No Mentirás” en un contacto desde Holanda.
En el referéndum del 21F, la mayoría de los bolivianos se opuso a la posibilidad de modificar la Constitución para una nueva postulación de Evo Morales a la presidencia, sin embargo, el oficialismo logró que mediante un recurso judicial el Jefe de Estado sea habilitado para las próximas elecciones.
Ese hecho generó en el país una cadena de protestas de sectores que exigen el respeto al resultado del referendo y en las últimas semanas bajó la intensidad de las manifestaciones y también su tratamiento mediático debido a que la demanda marítima boliviana contra Chile llegó a su etapa de alegatos orales en la Corte Internacional de Justicia de La Haya.
Pero “yo creo que esto (del 21F) es un elemento permanente, independientemente del tema del mar, es decir, no en vez del tema del mar, ni después del tema del mar, ni antes del tema del mar, sino durante todo este tiempo eso no ha dejado de existir, en nuestra posición y opinión sigue siendo inalterable sobre la cuestión”, apuntó Mesa.
“El 21F es un tema que no se reposicionará (recién otra vez, en realidad) nunca ha quedado de lado, es un tema de primerísima prioridad para los demócratas que creemos que el respeto a la Constitución, a la soberanía popular y a nuestro voto del 21 de febrero de 2016 debe ser algo fundamental por lo que tenemos que luchar”, dijo Mesa al programa “No Mentirás” en un contacto desde Holanda.
En el referéndum del 21F, la mayoría de los bolivianos se opuso a la posibilidad de modificar la Constitución para una nueva postulación de Evo Morales a la presidencia, sin embargo, el oficialismo logró que mediante un recurso judicial el Jefe de Estado sea habilitado para las próximas elecciones.
Ese hecho generó en el país una cadena de protestas de sectores que exigen el respeto al resultado del referendo y en las últimas semanas bajó la intensidad de las manifestaciones y también su tratamiento mediático debido a que la demanda marítima boliviana contra Chile llegó a su etapa de alegatos orales en la Corte Internacional de Justicia de La Haya.
Pero “yo creo que esto (del 21F) es un elemento permanente, independientemente del tema del mar, es decir, no en vez del tema del mar, ni después del tema del mar, ni antes del tema del mar, sino durante todo este tiempo eso no ha dejado de existir, en nuestra posición y opinión sigue siendo inalterable sobre la cuestión”, apuntó Mesa.
TCP rechaza dos recursos de nulidad contra reelección
La comisión de admisión del Tribunal Constitucional Plurinacional resolvió rechazar los dos recursos de nulidad que fueron planteados en contra de la sentencia constitucional que autorizó la repostulación indefinida del presidente Evo Morales.
En declaraciones a ANF, el magistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional, Orlando Ceballos, argumentó que los recursos de nulidad acumulados fueron rechazados porque “ambos concurren en cosa juzgada constitucional”, en aplicación del artículo 27 inciso a) del Código Procesal Constitucional.
“La comisión de admisión ha resuelto rechazar ambos recursos”, agregó.
Las acciones que buscaban la anulación de todo lo obrado en el expediente 20960/2017 y la sentencia constitucional 0084/2017 que habilita a Morales para postular a las elecciones de 2019, no fueron consideradas en su contenido sino rechazadas en la comisión de admisión.
“En ambos casos de los recursos de nulidad se está solicitando que el Tribunal Constitucional en el fondo pueda revisar la sentencia del 27 de noviembre de 2017 y eso está claramente (prohibido) en la Constitución Política del Estado y consiguientemente hay un rechazo a ambas acciones”, comentó.
La autoridad dijo que el caso está “prácticamente cerrado”, porque la comisión de admisión emitió su resolución en ese sentido.
Las acciones fueron interpuestas por el presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Fernando Cuellar además de Eduardo Gutiérrez, Luis Fernando Camacho, Estela Llorenty, Paul Arana, Fernando Villarroel contra el vicepresidente Álvaro García Linera y otras autoridades del Órgano Legislativo y de exmiembros del TCP.
En relación al tema, el diputado Luis Felipe Dorado cuestionó la administración de justicia constitucional. “Tenemos una justicia de cabeza”, haciendo referencia a que el presidente Evo Morales pudo ordenar con una llamada telefónica que se levantara el arraigo del gobernador Rubén Costas para permitirle viajar al proceso judicial de Bolivia contra Chile en La Haya, lo que demuestra la sujeción de la justicia a los mandatos del oficialismo. (ANF)
En declaraciones a ANF, el magistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional, Orlando Ceballos, argumentó que los recursos de nulidad acumulados fueron rechazados porque “ambos concurren en cosa juzgada constitucional”, en aplicación del artículo 27 inciso a) del Código Procesal Constitucional.
“La comisión de admisión ha resuelto rechazar ambos recursos”, agregó.
Las acciones que buscaban la anulación de todo lo obrado en el expediente 20960/2017 y la sentencia constitucional 0084/2017 que habilita a Morales para postular a las elecciones de 2019, no fueron consideradas en su contenido sino rechazadas en la comisión de admisión.
“En ambos casos de los recursos de nulidad se está solicitando que el Tribunal Constitucional en el fondo pueda revisar la sentencia del 27 de noviembre de 2017 y eso está claramente (prohibido) en la Constitución Política del Estado y consiguientemente hay un rechazo a ambas acciones”, comentó.
La autoridad dijo que el caso está “prácticamente cerrado”, porque la comisión de admisión emitió su resolución en ese sentido.
Las acciones fueron interpuestas por el presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Fernando Cuellar además de Eduardo Gutiérrez, Luis Fernando Camacho, Estela Llorenty, Paul Arana, Fernando Villarroel contra el vicepresidente Álvaro García Linera y otras autoridades del Órgano Legislativo y de exmiembros del TCP.
En relación al tema, el diputado Luis Felipe Dorado cuestionó la administración de justicia constitucional. “Tenemos una justicia de cabeza”, haciendo referencia a que el presidente Evo Morales pudo ordenar con una llamada telefónica que se levantara el arraigo del gobernador Rubén Costas para permitirle viajar al proceso judicial de Bolivia contra Chile en La Haya, lo que demuestra la sujeción de la justicia a los mandatos del oficialismo. (ANF)
Juicio contra Gonzalo Sánchez de Lozada Pueden apelar fallo de jueces
La defensa de las víctimas de la guerra del gas y del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y su colaborador Carlos Sánchez Berzaín tienen la posibilidad de apelar al fallo de la Corte Federal de Fort Lauderdale de la Florida de Estados Unidos, en caso de que no sea beneficioso para cualquiera de las partes
“Aún quedan otras opciones en este caso, en caso de que el fallo sea en contra de las víctimas podemos apelar, pero la otra parte (defensa de Sánchez de Lozada) también tiene la opción de presentar una apelación”, explicó Juan Patricio Quispe, representante de las víctimas.
Las víctimas de estos hechos luctuosos que se produjeron en octubre del 2003, aún están a la espera de que la Corte estadounidense pueda emitir la sentencia en contra de la ex autoridad, tras 11 años de llevar un proceso civil para el resarcimiento de daños.
El pasado lunes la defensa de ambas partes presentaron sus alegatos finales para que el jurado de la Corte pueda tomar deliberara en base a los resultados y posteriormente emitir una decisión, sin embargo hasta la fecha no se conoce nada. Las victimas están a la espera de que se dé a conocer en las próximas horas.
FUEGO CRUZADO
Durante esta etapa los abogados del expresidente atribuyeron que las muertes de octubre de 2003 fue por “fuego cruzado”, mientras que los familiares de las víctimas sostienen que el número de muertos militares solo fueron dos, claramente mínimo a comparación de las bajas civiles.
La defensa de las victimas aseguró que durante este conflicto el Gobierno de Sánchez de Lozada implementó el “Plan República” para hacerle frente a las protestas con fuerzas militares; sin embargo, Ana Reyes, abogada de la otra parte, dijo que no hay evidencia alguna de que el expresidente y el exministro Carlos Sánchez Berzaín ordenaran matar civiles.
Joseph Sorkin rechazó que las muertes de los civiles sean producto aun fuego cruzado, recalcó que sus testigos vieron disparar a los militares.
Sobre esto el representante de las víctimas lamentó que la defensa de Goni haya presentado peritos y testigos que desvirtuaron las declaraciones y las pruebas que presentaron las victimas durante todo el proceso.
EXTRADICIÓN
por su parte los legisladores afirmaron que en caso de que la justicia de estados unidos dicte un fallo a favor del expresidente podría dificultar su extradición para que enfrente el proceso penal que pesa en su contra pos los delitos de genocidio.
Uno de los objetivos principales por el que se inició el proceso es que este fallo pueda impulsar la extradición de la autoridad, por lo que esperan que beneficie a las víctimas y se haga justicia.
“Aún quedan otras opciones en este caso, en caso de que el fallo sea en contra de las víctimas podemos apelar, pero la otra parte (defensa de Sánchez de Lozada) también tiene la opción de presentar una apelación”, explicó Juan Patricio Quispe, representante de las víctimas.
Las víctimas de estos hechos luctuosos que se produjeron en octubre del 2003, aún están a la espera de que la Corte estadounidense pueda emitir la sentencia en contra de la ex autoridad, tras 11 años de llevar un proceso civil para el resarcimiento de daños.
El pasado lunes la defensa de ambas partes presentaron sus alegatos finales para que el jurado de la Corte pueda tomar deliberara en base a los resultados y posteriormente emitir una decisión, sin embargo hasta la fecha no se conoce nada. Las victimas están a la espera de que se dé a conocer en las próximas horas.
FUEGO CRUZADO
Durante esta etapa los abogados del expresidente atribuyeron que las muertes de octubre de 2003 fue por “fuego cruzado”, mientras que los familiares de las víctimas sostienen que el número de muertos militares solo fueron dos, claramente mínimo a comparación de las bajas civiles.
La defensa de las victimas aseguró que durante este conflicto el Gobierno de Sánchez de Lozada implementó el “Plan República” para hacerle frente a las protestas con fuerzas militares; sin embargo, Ana Reyes, abogada de la otra parte, dijo que no hay evidencia alguna de que el expresidente y el exministro Carlos Sánchez Berzaín ordenaran matar civiles.
Joseph Sorkin rechazó que las muertes de los civiles sean producto aun fuego cruzado, recalcó que sus testigos vieron disparar a los militares.
Sobre esto el representante de las víctimas lamentó que la defensa de Goni haya presentado peritos y testigos que desvirtuaron las declaraciones y las pruebas que presentaron las victimas durante todo el proceso.
EXTRADICIÓN
por su parte los legisladores afirmaron que en caso de que la justicia de estados unidos dicte un fallo a favor del expresidente podría dificultar su extradición para que enfrente el proceso penal que pesa en su contra pos los delitos de genocidio.
Uno de los objetivos principales por el que se inició el proceso es que este fallo pueda impulsar la extradición de la autoridad, por lo que esperan que beneficie a las víctimas y se haga justicia.
27 marzo 2018
Para revocar a Cardozo: Alcalde de Yacuiba obliga a funcionarios a firmar libros
La concejal municipal de Yacuiba, Ana María Soria, denunció que el Alcalde de Yacuiba estaría obligando a los funcionarios de ese municipio a firmar los libros para el revocatorio del asambleísta departamental Willman Cardozo; además de ello también se encontraría dando uso de bienes públicos para cumplir tal propósito.
Soria señaló que un video evidencia la manera como el secretario ejecutivo José Luis García, en el salón del despacho del alcalde de Yacuiba, brinda una conferencia de prensa en la que solicitó a los funcionarios públicos firmar los libros para revocar al asambleísta Cardozo.
La autoridad municipal denunció que el secretario ejecutivo de la alcaldía, José Luis García, usó bienes públicos (el salón de la Alcaldía) para iniciar la firma de libros de revocatoria de mandato en contra de Willman Cardozo.
Bajo esa línea, la autoridad explicó que García incurrió en un delito de uso indebido de bienes del Estado, mismo que se encuentra tipificado dentro del Código Penal actual y la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz. A su vez solicitó a los promotores del revocatorio contra el asambleísta Cardozo, traer los libros para que los funcionarios los firmen en ambientes públicos.
“Lo insólito es que el señor José Luis García, no sabemos cómo, tiene libros de revocatorio cuando él no es un solicitante; esto nos hace suponer que posiblemente sean los libros del señor Marcos Escribes, que hoy precisamente uno de ellos (un libro) fue quemado por el señor Héctor Crespo, (dirigente del MAS) y que se trataba de libro contra Vallejos”.
No obstante la autoridad indicó que estas acciones solo demuestra que desde el Gobierno Municipal de Yacuiba se emplean los bienes públicos en favor del MAS, ya que se evidenció en un video cómo se obliga a funcionarios de ese municipio, contra su voluntad, a firmar los libros para el revocatorio del asambleísta Cardozo.
Soria concluyó: “Nosotros esperamos que las instancias legales correspondientes actúen de manera inmediata; sin embargo, por nuestra parte vamos a pedir un informe al alcalde Ramiro Vallejos sobre este hecho delictivo a través del Concejo”, finaliza El País.
Soria señaló que un video evidencia la manera como el secretario ejecutivo José Luis García, en el salón del despacho del alcalde de Yacuiba, brinda una conferencia de prensa en la que solicitó a los funcionarios públicos firmar los libros para revocar al asambleísta Cardozo.
La autoridad municipal denunció que el secretario ejecutivo de la alcaldía, José Luis García, usó bienes públicos (el salón de la Alcaldía) para iniciar la firma de libros de revocatoria de mandato en contra de Willman Cardozo.
Bajo esa línea, la autoridad explicó que García incurrió en un delito de uso indebido de bienes del Estado, mismo que se encuentra tipificado dentro del Código Penal actual y la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz. A su vez solicitó a los promotores del revocatorio contra el asambleísta Cardozo, traer los libros para que los funcionarios los firmen en ambientes públicos.
“Lo insólito es que el señor José Luis García, no sabemos cómo, tiene libros de revocatorio cuando él no es un solicitante; esto nos hace suponer que posiblemente sean los libros del señor Marcos Escribes, que hoy precisamente uno de ellos (un libro) fue quemado por el señor Héctor Crespo, (dirigente del MAS) y que se trataba de libro contra Vallejos”.
No obstante la autoridad indicó que estas acciones solo demuestra que desde el Gobierno Municipal de Yacuiba se emplean los bienes públicos en favor del MAS, ya que se evidenció en un video cómo se obliga a funcionarios de ese municipio, contra su voluntad, a firmar los libros para el revocatorio del asambleísta Cardozo.
Soria concluyó: “Nosotros esperamos que las instancias legales correspondientes actúen de manera inmediata; sin embargo, por nuestra parte vamos a pedir un informe al alcalde Ramiro Vallejos sobre este hecho delictivo a través del Concejo”, finaliza El País.
MAS pide revisar desarraigo de gobernador Rubén Costas
El diputado Franklin Flores del Movimiento al Socialismo (MAS) pidió a las autoridades judiciales revisar el desarraigo que le fue otorgado al gobernador, Rubén Costas, y líder del Movimiento Social Demócrata (MSD) porque supuestamente el jefe opositor no cumplió con el propósito de su viaje a La Haya, Holanda.
“Seguro que el Órgano Judicial tomará medidas pertinentes, debe existir alguna determinación para su desarraigo, pero vamos a exigir de manera inmediata y urgente que las autoridades se pronuncien. No es correcto que utilicen de mala manera un interés tan importante como es la demanda ante la CIJ”, dijo Flores.
Costas fue uno de los pocos políticos y autoridades de la oposición que fue invitado por el Gobierno central a formar parte de la comitiva oficial para presenciar en Holanda los alegatos orales en la fase final de la demanda marítima.
PROCESO
En junio de 2016, un juez determinó arraigo y el pago de 80.000 bolivianos para el Gobernador de Santa Cruz y para cuatro de sus colaboradores y exfuncionarios, en el proceso que se le sigue por la compra de 40 camionetas en 2007.
Por ese motivo, Costas no podía viajar al exterior, hasta antes de la invitación del Gobierno que, mediante sus autoridades, aseguró que la justicia levantaría su arraigo porque ninguna autoridad judicial podrá negar el viaje de Costas a La Haya, por tratarse de un tema de prioridad nacional.
“Esta es una solicitud que hace él ante la justicia para liberar el arraigo y en todo caso este es un tema de interés nacional, de prioridad del Estado boliviano, por lo tanto no va haber autoridad judicial que le niegue la posibilidad de asistir a La Haya, así que lo damos por hecho nosotros”, afirmó hace unas semanas el ministro de Defensa, Javier Zabaleta.
Costas viajó a presenciar los alegatos, pero no fue solo, invitó al senador Oscar Ortiz y al alcalde de Cochabamba, José María Leyes, ambos Demócratas, que después de asistir los dos primeros días a las audiencias, el resto del tiempo visitaron instituciones europeas a las que informó sobre el incumplimiento del resultado del referéndum del 21F y la situación de la democracia boliviana.
Ese hecho molestó al ministro de la Presidencia, Alfredo Rada, quien protestó por la adhesión de estos dos últimos opositores ya que no fueron invitados por el Gobierno y acusó a Costas de hacer política con el tema marítimo.
Al respecto, la senadora Jeanine Añez, de Demócratas, dijo que es “cínico” el cuestionamiento de autoridades de Gobierno por no admitir que “ellos también con nuestra reivindicación marítima hacen política”.
Defendió que el Gobernador haya viajado a otros países al margen de Holanda para reunirse con autoridades europeas e instituciones en derechos humanos para informarles sobre la situación de la democracia en Bolivia.
Flores calificó de “irresponsable” la actitud de la autoridad, porque Costas “utiliza este tema (la demanda marítima) para fines personalísimos y para temas individuales”, cuestionó el legislador del MAS.
Costas, acompañado por el senador Oscar Ortiz y el alcalde de Cochabamba, José María Leyes, se reunieron con diputados del Parlamento Europeo, del Congreso español y representantes del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las NNUU.
El objetivo de los encuentros fue divulgar la intención del Gobierno de incumplir el mandato del pueblo traducido en el referéndum del 21 de febrero de 2016, que prohibió una nueva postulación electoral de Morales. El Gobierno cree que Costas usó el tema marítimo para viajar y hacer política fuera del país.
Pero los Demócratas también critican al oficialismo por utilizar la demanda para destacar la imagen del presidente Evo Morales y por el uso de una bandera del mar, que es azul, el color del MAS, dejando al margen la tricolor nacional.
“Seguro que el Órgano Judicial tomará medidas pertinentes, debe existir alguna determinación para su desarraigo, pero vamos a exigir de manera inmediata y urgente que las autoridades se pronuncien. No es correcto que utilicen de mala manera un interés tan importante como es la demanda ante la CIJ”, dijo Flores.
Costas fue uno de los pocos políticos y autoridades de la oposición que fue invitado por el Gobierno central a formar parte de la comitiva oficial para presenciar en Holanda los alegatos orales en la fase final de la demanda marítima.
PROCESO
En junio de 2016, un juez determinó arraigo y el pago de 80.000 bolivianos para el Gobernador de Santa Cruz y para cuatro de sus colaboradores y exfuncionarios, en el proceso que se le sigue por la compra de 40 camionetas en 2007.
Por ese motivo, Costas no podía viajar al exterior, hasta antes de la invitación del Gobierno que, mediante sus autoridades, aseguró que la justicia levantaría su arraigo porque ninguna autoridad judicial podrá negar el viaje de Costas a La Haya, por tratarse de un tema de prioridad nacional.
“Esta es una solicitud que hace él ante la justicia para liberar el arraigo y en todo caso este es un tema de interés nacional, de prioridad del Estado boliviano, por lo tanto no va haber autoridad judicial que le niegue la posibilidad de asistir a La Haya, así que lo damos por hecho nosotros”, afirmó hace unas semanas el ministro de Defensa, Javier Zabaleta.
Costas viajó a presenciar los alegatos, pero no fue solo, invitó al senador Oscar Ortiz y al alcalde de Cochabamba, José María Leyes, ambos Demócratas, que después de asistir los dos primeros días a las audiencias, el resto del tiempo visitaron instituciones europeas a las que informó sobre el incumplimiento del resultado del referéndum del 21F y la situación de la democracia boliviana.
Ese hecho molestó al ministro de la Presidencia, Alfredo Rada, quien protestó por la adhesión de estos dos últimos opositores ya que no fueron invitados por el Gobierno y acusó a Costas de hacer política con el tema marítimo.
Al respecto, la senadora Jeanine Añez, de Demócratas, dijo que es “cínico” el cuestionamiento de autoridades de Gobierno por no admitir que “ellos también con nuestra reivindicación marítima hacen política”.
Defendió que el Gobernador haya viajado a otros países al margen de Holanda para reunirse con autoridades europeas e instituciones en derechos humanos para informarles sobre la situación de la democracia en Bolivia.
Flores calificó de “irresponsable” la actitud de la autoridad, porque Costas “utiliza este tema (la demanda marítima) para fines personalísimos y para temas individuales”, cuestionó el legislador del MAS.
Costas, acompañado por el senador Oscar Ortiz y el alcalde de Cochabamba, José María Leyes, se reunieron con diputados del Parlamento Europeo, del Congreso español y representantes del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las NNUU.
El objetivo de los encuentros fue divulgar la intención del Gobierno de incumplir el mandato del pueblo traducido en el referéndum del 21 de febrero de 2016, que prohibió una nueva postulación electoral de Morales. El Gobierno cree que Costas usó el tema marítimo para viajar y hacer política fuera del país.
Pero los Demócratas también critican al oficialismo por utilizar la demanda para destacar la imagen del presidente Evo Morales y por el uso de una bandera del mar, que es azul, el color del MAS, dejando al margen la tricolor nacional.
Proceso civil en Estados Unidos Deliberan fallo en juicio contra Sánchez de Lozada
Erick Foronda (Estados Unidos).- El juicio denominado Mamani versus Sánchez de Lozada llegó a su punto culminante. La jornada de ayer los abogados Joseph Sorkin de la demanda y Anna Reyes de la defensa expusieron ante el jurado un resumen de evidencias, pruebas, documentos que se acumularon en estas últimas cuatro semanas.
Para la demanda, el gobierno de Sánchez de Lozada optó por aplicar el llamado “Plan República” antes que promover una solución negociada y pacífica ante una ola de protesta que Sorkin calificó como usual y como parte de la cultura en Bolivia.
La abogada Reyes no ahorró adjetivos para responderle a Sorkin. “¿Es una protesta pacífica personas movilizadas con armas y dinamitas? ¿Es pacifico emboscar un convoy de turistas que deseaban abandonar una población bloqueada y que ya no tenía ni medicinas ni alimentos? ¿Es pacifico hacer estallar una estación de gasolina y matar allá tres personas? Es pacifico voltear camiones militares? Derrumbar pasarelas?”, preguntó Reyes.
ARGUMENTOS
En la audiencia de ayer tomó la palabra primero Sorkin. El abogado dijo que, según todos los testimonios, Sánchez Berzaín rompió toda posibilidad de diálogo en septiembre de 2003 en Sorata. También dijo –siempre basado en testimonios recogidos en las audiencias– que el Gobierno tenía dos posiciones confrontadas internamente. Un camino político de negociación y otro de fuerza, ejerciendo el uso de la violencia. Basó sus conclusiones en el testimonio de José Luis Harb por entonces viceministro de Gobierno.
“Les pido que tengan mucho sentido común, les repitió al menos unas tres veces Sorkin mirando al Jurado. Las personas que están aquí han esperado mucho tiempo para este día”, les dijo Sorkin.
En la argumentación de la parte demandante que tomó más de una hora y media, Sorkin dijo que las FFAA no improvisan. Los militares tenían órdenes de disparar dijo el abogado.
Mencionando cada uno de los casos de las ocho víctimas, Sorkin recordó que al menos dos testigos convocados por la demanda confirmaron que hubo orden de disparar. Específicamente en Uní en la zona Sur de La Paz la instrucción fue dispar a todo lo que moviera. No hubo proporcionalidad en la repuesta militar dijo.
El abogado de la demanda puso mucho énfasis en que las protestas sociales en Bolivia no son excepcionales. Son rutinarias. Sorkin también recordó el testimonio de Víctor Hugo Canelas acerca de las afirmaciones de Carlos Sánchez Berzaín sobre la supuesta decisión de que al gobierno de Sánchez de Lozada no le pase lo mismo que al de Banzer.
Sorkin también afirmó que el presiente Evo Morales y Felipe Quispe no han tenido ninguna vinculación con las muertes ocurridas entre septiembre y octubre del 2003.
Sin embargo, en el libro de Felipe Quispe recientemente publicado el Mallku se atribuye la autoría de la embocada ocurrida en Warisata.
Sorkin fundamentó que el Plan República y la división interna del gabinete fueron pilares claves que demuestran la política asumida por el Gobierno para resolver la crisis del 2003. “No solo fue para Sorata. La política de la fuerza era una política nacional”, dijo el abogado.
Refiriéndose a Sorata, el abogado dijo que había tres opciones para resolver el bloqueo. La primera fue la opción de llegar a un acuerdo con los sindicatos de Sorata que estaban dispuesto a cooperar. La Segunda trasladar a los turistas por Peru y la tercera opción era la negociación política que ya estaba encaminada en reuniones en El Alto.
“El Gobierno sabía que se trataba de una crisis nacional y una emergencia nacional. ¿Cuál fue su respuesta? Aplicar el Plan República”, insistió Sorkin.
El abogado afirmó que se puede encontrar el mismo patrón de operaciones de las FFAA en todos los escenarios. Disparar indiscriminadamente.
“No estamos sugiriendo meter gente a la cárcel. Estamos pidiendo la determinación de la responsabilidad por las muertes extrajudiciales que han sucedido en Bolivia durante el gobierno de Sánchez de Lozada”, argumentó.
DEFENSA
Por su lado, Anna Reyes, abogada de la defensa, hizo una exposición de más de dos horas sin leer ni un solo documento pero apoyada por una presentación en vídeo.
Su exposición ante el jurado, que fue una casi pedagógica intervención, se fundamentó en cuatro grandes pilares: no hay evidencia alguna que vincule a Sánchez de Lozada ni a Sánchez Berzaín con una instructiva de matar civiles o que confirme una orden de matar extrajudicialmente; las movilizaciones de febrero, septiembre y octubre del 2003 no eran pacíficas sino violentas; el Plan República es un documento de tres páginas que no establece en ningún caso orden para matar civiles; que algunos de los testigos claves convocados por la acusación mintieron y finalmente que el caso se basó en especulaciones tomadas como verdaderas.
Puso como ejemplo el helicóptero Lama, nave desde la cual no se puede disparar tal como aseguraron dos testigos convocados por los parte acusadora.
“La semana pasada Gonzalo Sánchez de Lozada hizo su declaración en la corte. ¿Porque los acusadores no le interrogaron? ¿No tenían preguntas? Tenían miedo de sus respuestas?”, se preguntó Reyes.
El caso es más emoción que pruebas afirmó de manera tajante.
Las muertes ocurridas no son el resultado de un plan, no son el resultado de la existencia de razones o motivaciones individuales para matar civiles dijo la abogada.
Citando cables de la embajada de EEUU en Bolivia Reyes describió que durante todo este tiempo convulsionado de Bolivia lo que si hubo es un plan para atacar dependencias del gobierno, instalaciones policiales y estrangular a La Paz con un bloqueo generalizado de carreteras y con movilizaciones que amenazaban atacar a la ciudad.
“¿Es esto una protesta usual? ¿Fue esto una protesta pacífica ? ¡Por favor!”, dijo Reyes.
También afirmó que Sánchez de Lozada hizo esfuerzos enormes por promover el diálogo nacional para pacificar el pais y comprometerse a no exportar el gas sin un previo diálogo nacional de consenso.
Recordó que Juan del Granado dijo que no hubo cartas dirigidas a El Alto. Ya tampoco un acuerdo. Y si hubo las cartas. Y si hubo acuerdo agregó la abogada. Sorkin relativizó la importancia del acuerdo. ¿Como puede ser tomado en serio un acuerdo que ni siquiera lleva el logo de la presidencia?, se preguntó el abogado acusador.
Reyes dijo que Felipe Quispe y Evo Morales son responsables de octubre 2003. Quispe se atribuyó la embocada en Warisata, atacó a la embajada de EEUU en Bolivia y se presenta a sí mismo como terrorista. Morales orquestó los bloqueos de El Alto fue responsable de la muerte de policías en Sacaba y por eso fue expulsado del congreso y es líder de los productores de coca que se convierte en cocaina dijo.
Sorkin, por su parte, recomendó al Jurado a usar su sentido común y preguntarse si los militares podían tomar decisiones por si solos.
Reyes reclamó a la parte acusadora por que no convocaron a un experto en balística en un caso donde la trayectoria de la bala y el tipo se proyectil es importante para determinar si hubo o no orden premeditada de disparar.
Para la demanda, el gobierno de Sánchez de Lozada optó por aplicar el llamado “Plan República” antes que promover una solución negociada y pacífica ante una ola de protesta que Sorkin calificó como usual y como parte de la cultura en Bolivia.
La abogada Reyes no ahorró adjetivos para responderle a Sorkin. “¿Es una protesta pacífica personas movilizadas con armas y dinamitas? ¿Es pacifico emboscar un convoy de turistas que deseaban abandonar una población bloqueada y que ya no tenía ni medicinas ni alimentos? ¿Es pacifico hacer estallar una estación de gasolina y matar allá tres personas? Es pacifico voltear camiones militares? Derrumbar pasarelas?”, preguntó Reyes.
ARGUMENTOS
En la audiencia de ayer tomó la palabra primero Sorkin. El abogado dijo que, según todos los testimonios, Sánchez Berzaín rompió toda posibilidad de diálogo en septiembre de 2003 en Sorata. También dijo –siempre basado en testimonios recogidos en las audiencias– que el Gobierno tenía dos posiciones confrontadas internamente. Un camino político de negociación y otro de fuerza, ejerciendo el uso de la violencia. Basó sus conclusiones en el testimonio de José Luis Harb por entonces viceministro de Gobierno.
“Les pido que tengan mucho sentido común, les repitió al menos unas tres veces Sorkin mirando al Jurado. Las personas que están aquí han esperado mucho tiempo para este día”, les dijo Sorkin.
En la argumentación de la parte demandante que tomó más de una hora y media, Sorkin dijo que las FFAA no improvisan. Los militares tenían órdenes de disparar dijo el abogado.
Mencionando cada uno de los casos de las ocho víctimas, Sorkin recordó que al menos dos testigos convocados por la demanda confirmaron que hubo orden de disparar. Específicamente en Uní en la zona Sur de La Paz la instrucción fue dispar a todo lo que moviera. No hubo proporcionalidad en la repuesta militar dijo.
El abogado de la demanda puso mucho énfasis en que las protestas sociales en Bolivia no son excepcionales. Son rutinarias. Sorkin también recordó el testimonio de Víctor Hugo Canelas acerca de las afirmaciones de Carlos Sánchez Berzaín sobre la supuesta decisión de que al gobierno de Sánchez de Lozada no le pase lo mismo que al de Banzer.
Sorkin también afirmó que el presiente Evo Morales y Felipe Quispe no han tenido ninguna vinculación con las muertes ocurridas entre septiembre y octubre del 2003.
Sin embargo, en el libro de Felipe Quispe recientemente publicado el Mallku se atribuye la autoría de la embocada ocurrida en Warisata.
Sorkin fundamentó que el Plan República y la división interna del gabinete fueron pilares claves que demuestran la política asumida por el Gobierno para resolver la crisis del 2003. “No solo fue para Sorata. La política de la fuerza era una política nacional”, dijo el abogado.
Refiriéndose a Sorata, el abogado dijo que había tres opciones para resolver el bloqueo. La primera fue la opción de llegar a un acuerdo con los sindicatos de Sorata que estaban dispuesto a cooperar. La Segunda trasladar a los turistas por Peru y la tercera opción era la negociación política que ya estaba encaminada en reuniones en El Alto.
“El Gobierno sabía que se trataba de una crisis nacional y una emergencia nacional. ¿Cuál fue su respuesta? Aplicar el Plan República”, insistió Sorkin.
El abogado afirmó que se puede encontrar el mismo patrón de operaciones de las FFAA en todos los escenarios. Disparar indiscriminadamente.
“No estamos sugiriendo meter gente a la cárcel. Estamos pidiendo la determinación de la responsabilidad por las muertes extrajudiciales que han sucedido en Bolivia durante el gobierno de Sánchez de Lozada”, argumentó.
DEFENSA
Por su lado, Anna Reyes, abogada de la defensa, hizo una exposición de más de dos horas sin leer ni un solo documento pero apoyada por una presentación en vídeo.
Su exposición ante el jurado, que fue una casi pedagógica intervención, se fundamentó en cuatro grandes pilares: no hay evidencia alguna que vincule a Sánchez de Lozada ni a Sánchez Berzaín con una instructiva de matar civiles o que confirme una orden de matar extrajudicialmente; las movilizaciones de febrero, septiembre y octubre del 2003 no eran pacíficas sino violentas; el Plan República es un documento de tres páginas que no establece en ningún caso orden para matar civiles; que algunos de los testigos claves convocados por la acusación mintieron y finalmente que el caso se basó en especulaciones tomadas como verdaderas.
Puso como ejemplo el helicóptero Lama, nave desde la cual no se puede disparar tal como aseguraron dos testigos convocados por los parte acusadora.
“La semana pasada Gonzalo Sánchez de Lozada hizo su declaración en la corte. ¿Porque los acusadores no le interrogaron? ¿No tenían preguntas? Tenían miedo de sus respuestas?”, se preguntó Reyes.
El caso es más emoción que pruebas afirmó de manera tajante.
Las muertes ocurridas no son el resultado de un plan, no son el resultado de la existencia de razones o motivaciones individuales para matar civiles dijo la abogada.
Citando cables de la embajada de EEUU en Bolivia Reyes describió que durante todo este tiempo convulsionado de Bolivia lo que si hubo es un plan para atacar dependencias del gobierno, instalaciones policiales y estrangular a La Paz con un bloqueo generalizado de carreteras y con movilizaciones que amenazaban atacar a la ciudad.
“¿Es esto una protesta usual? ¿Fue esto una protesta pacífica ? ¡Por favor!”, dijo Reyes.
También afirmó que Sánchez de Lozada hizo esfuerzos enormes por promover el diálogo nacional para pacificar el pais y comprometerse a no exportar el gas sin un previo diálogo nacional de consenso.
Recordó que Juan del Granado dijo que no hubo cartas dirigidas a El Alto. Ya tampoco un acuerdo. Y si hubo las cartas. Y si hubo acuerdo agregó la abogada. Sorkin relativizó la importancia del acuerdo. ¿Como puede ser tomado en serio un acuerdo que ni siquiera lleva el logo de la presidencia?, se preguntó el abogado acusador.
Reyes dijo que Felipe Quispe y Evo Morales son responsables de octubre 2003. Quispe se atribuyó la embocada en Warisata, atacó a la embajada de EEUU en Bolivia y se presenta a sí mismo como terrorista. Morales orquestó los bloqueos de El Alto fue responsable de la muerte de policías en Sacaba y por eso fue expulsado del congreso y es líder de los productores de coca que se convierte en cocaina dijo.
Sorkin, por su parte, recomendó al Jurado a usar su sentido común y preguntarse si los militares podían tomar decisiones por si solos.
Reyes reclamó a la parte acusadora por que no convocaron a un experto en balística en un caso donde la trayectoria de la bala y el tipo se proyectil es importante para determinar si hubo o no orden premeditada de disparar.
Jueces deliberan destino de Goni y el ‘Zorro’ en EEUU
El juicio civil por los hechos de Octubre Negro de 2003 llega a su etapa final en Estados Unidos. El jurado, después de recibir las declaraciones de los testigos y los acusados, se retiró a deliberar y redactar una sentencia en contra de los acusados Gonzalo Sánchez y Carlos Sánchez Berzaín.
La Asociación de Familiares de Caídos por la Defensa del Gas (Asofac-DG) informó, a través de un documento, que “en el juicio civil que se le sigue a Gonzalo Sánchez y Carlos Sánchez en Estados Unidos, concluyó la presentación de pruebas y los abogados de las dos partes presentaron sus argumentaciones”.
“En esta lucha desigual seguimos de pie”, agrega en alusión a que las víctimas cumplieron con la meta que se trazaron al inicio de ese camino que iniciaron hace más de 15 años: el de llevar al banquillo de los acusados al exmandatario y su ministro por la muerte extrajudicial de 60 personas.
Los familiares de las víctimas de los luctuosos hechos de octubre de 2003 agradecieron a quienes declararon en la Corte de Fort Lauderdale y soportaron la dureza de los interrogatorios de los abogados defensores de Sánchez de Lozada.
En el proceso que se desarrolló desde el 5 de marzo, las víctimas “persiguieron a un millonario soberbio y cobarde” al que lograron sentar en el banquillo de los acusados.
Los familiares de las víctimas relataron que Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín, cuando estuvieron frente al jurado, “agacharon la cabeza, mintieron y tuvieron que ocultarse en sus argumentos irracionales de complot y conspiración”.
En la fase de declaración de testigos estuvieron presentes 15 personas de parte de los familiares y los dos sindicados. Cada una de las partes dio su versión de lo ocurrido y sobre esa base el jurado de 10 ciudadanos americanos definirá la situación de los exdignatarios.
El abogado de las víctimas de Octubre Negro, Freddy Ávalos, informó que ambos acusados podrían recibir esta semana su sentencia en el marco de un proceso civil.
“A partir de hoy, el tribunal —compuesto por 10 miembros— dictará una resolución, una sentencia. Nosotros esperamos que sean declarados culpables los señores Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín por los sucesos de octubre”, dijo.
Abrigó esperanzas porque la sentencia sea el primer paso para que el Gobierno norteamericano acceda a extraditar a ambas exautoridades, a fin de que asuman sus responsabilidades ante la justicia boliviana.
La presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, consideró que el fallo que dicte la justicia estadounidense debe buscar la reparación de las víctimas de Octubre Negro.
“La justicia siempre debe buscar la reparación del daño de aquellos que han sido afectados”, remarcó la legisladora.
Goni vendió Comsur en $US 600 millones
El Servicio Geológico Minero (Sergeomin) registró la transferencia de la Compañía Minera del Sur (Comsur) —propiedad de Gonzalo Sánchez de Lozada— a la transnacional suiza Glencore International AG, cuya filial actual es Sinchi Wayra.
Sánchez de Lozada, durante su comparecencia en las audiencias en Estados Unidos, aseguró que su patrimonio era de 55,9 millones de dólares, menos del 10% de la venta registrada en Bolivia, cuyo precio alcanzó los $us 600 millones.
En el proceso que se tuvo en Bolivia se hizo la anotación preventiva de bienes del expresidente y de otras exautoridades juzgadas por los hechos de octubre.
En la Fiscalía se encuentran registradas 69 propiedades de Sánchez de Lozada, entre bienes inmuebles, terrenos y parcelas, además de acciones en el Banco Solidario (BancoSol), Fondo Financiero Privado Prodem y la Compañía Minera Aluvional.
Hasta hace cuatro años, Goni dirigía la empresa Petromina LLC, con registro en la ciudad de Washington, cuya principal actividad es la asesoría e inversión en minería y en hidrocarburos.
A sus 87 años, Sánchez de Lozada tuvo que enfrentar, en un juicio civil, a los familiares de las víctimas de octubre de 2003.
Theodor Friedrich “Bolivia es uno de los países que más avanzó en la lucha contra la pobreza”
Entrevista
Theodor Friedrich (Representante de la FAO en Bolivia)
El nuevo representante asumió el cargo el 1 de febrero de este año, en reemplazo de Crispim Moreira. Destacó los avances que tuvo el país en materia económica y seguridad alimentaria mediante la inclusión de los pequeños productores agrícolas, que antes estaban desconectados del desarrollo.
¿De dónde viene y con qué perspectivas asume el cargo en el Estado boliviano?
Llegué el 1 de febrero, era mi primer día de trabajo como representante oficial de la FAO en Bolivia, somos una organización al servicio de los países miembros, tenemos nuestro objetivo estratégico y general de erradicar el hambre en el mundo. Vengo a este país justamente con esta estrategia, conozco el Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES 2016-2020) y la Agenda Patriótica (2025). Estos planes son congruentes con nuestros planes en Naciones Unidas, con la agenda a 2030.
¿En qué sectores enfocará su tarea en la gestión que inicia?
Creo que puedo asesorar al país, ayudar a avanzar en lo que ya han hecho. Bolivia es dentro de la región (Sudamérica) uno de los países que más avanzó en la lucha contra el hambre, contra la pobreza. Entonces vamos a seguir apoyando para que progrese hasta reducir el hambre a cero, pero también veremos los retos del cambio climático. Tenemos un marco de prioridades acordado con el país, y dentro de esto está la seguridad alimentaria, está el respaldo a la producción de la agricultura familiar sostenible, la atención a los recursos naturales como tierra, agua, suelo y bosque. Todos estos aspectos obviamente confluyen en la lucha contra el hambre y pobreza.
¿Qué aspectos puede destacar del país?, ¿qué referencias tiene?
La FAO cumple 40 años en Bolivia y la ha acompañado en todo este tiempo. El país partió de un momento en que era conocido como uno de los más pobres de la región, con una discrepancia muy grande entre pobreza y riqueza, con altos índices de hambre, pero en años pasados ha superado esta situación, ha avanzado más que otros países en la región. Alcanzó los objetivos del milenio de reducir a la mitad el hambre en la población, y estos aspectos son historias de éxito que se conocen en el exterior (...) Bolivia es un cierto modelo (en seguridad alimentaria), ha progresado en varias partes, como el sector indígena, por ejemplo, que antes estaba desconectado del desarrollo, era inexistente.
En Bolivia, el sector agrícola registró grandes avances, hay un sector industrial que usa moderna tecnología y otro que aún requiere más apoyo para su desarrollo, ¿qué opina al respecto?
Soy ingeniero agrícola, fui pequeño campesino de joven en Alemania, entiendo los asuntos de este sector. Como profesional, pienso que la FAO debe atender a los dos sectores. Es cierto que en las partes bajas de Bolivia hay una agricultura muy avanzada, muy tecnificada (...) este tipo de agricultura contribuye a la economía nacional, pero también tiene muchos retos ambientales, hablamos de transgénicos, del uso de plaguicidas (...) Entonces también debemos atenderla, de forma que mejore su comportamiento productivo y de sostenibilidad. Al mismo tiempo, de forma personal, me molesta la desconexión del pequeño campesino de las tecnologías, porque si no llevamos tecnología, y no necesariamente tractores grandes, sino maquinaria avanzada, los campesinos nunca van a salir de la pobreza ni van a entrar a una producción sostenible ni rentable. Por eso, es un reto completamente factible llevar tecnologías a los pequeños agricultores adaptadas a sus necesidades.
¿Cómo ve a la quinua después de que el Gobierno impulsó una campaña para promover el consumo de este alimento en el mundo?
El año de la quinua (declarado por la Organización de Naciones Unidas al 2013) ha sido un logro, un éxito grande porque a partir de ese momento, impulsado por Bolivia, logramos posicionar el grano en la conciencia mundial y vimos que la demanda, a partir de ese hecho, aumentó mucho en mercados ricos, como Estados Unidos y Europa. Es un alimento de moda, mucho más sano que los otros granos. En ese sentido, ese incremento también ha traído más producción y más importancia económica del cultivo (...) La quinua es un factor importante, el Centro Internacional de la Quinua que el país quiere establecer (en Oruro) creo que es un paso relevante en sentido de la sostenibilidad global de alimentos (...) porque en el mundo tenemos el problema de que cada vez producimos menos variedad de cultivos.
¿Cuál será su agenda?
Al inicio es conocer a las autoridades, a la gente, el país, sus realidades, pero como no tengo tanto tiempo quiero dejar por lo mentos una impronta (huella), mientras tanto estoy comenzando a trabajar.
26 marzo 2018
Juicio civil contra expresidente Corte de EEUU delibera sentencia a Sánchez de Lozada
Después de casi tres semanas de audiencias interrumpidas, los jueces de la Corte Federal de Fort Lauderdale, en Florida-Estados Unidos, hoy empezarán a deliberar sobre el destino judicial del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y su colaborador Carlos Sánchez Berzaín, luego que el viernes concluyera la fase de declaración de testigos.
Los abogados de las dos partes tendrán dos horas para sus alegatos finales, los 10 miembros del jurado empezarán a deliberar para definir su veredicto y así terminar con un juicio expedito, aunque llegar a este proceso tomó 11 años a las víctimas de la guerra del gas.
El juicio comenzó el 5 de marzo, se presentaron ante el jurado más de 30 testigos. Entre ellos, el exministro Sánchez Berzaín, los también exministros Javier Comboni y Jorge Berindoague; el exalcalde de La Paz, Juan del Granado; el exembajador de Bolivia en EEUU, Jaime Aparicio; el exministro Víctor Hugo Canelas y el mismo expresidente Sánchez de Lozada, quien sólo fue interrogado por sus abogados.
DECLARACIONES
Sánchez de Lozada exhibió 15 cartas que envió a los dirigentes de la Central Obrera Regional (COR) de El Alto, la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) y a los gremiales, donde los invitaba a instalar mesas de diálogo para solucionar el conflicto.
La defensa de la exautoridad presentó un documento firmado en horas de la noche (en la casa presidencial de San Jorge) del 13 de octubre del 2003 por los dirigentes alteños Braulio Rocha, Mauricio Cori y Juan Meléndrez, así como por Sánchez de Lozada.
En este documento se llegó a un acuerdo “para pacificar la ciudad de El Alto” que entre otros acuerdos determinaba el fin de las movilizaciones. Tras estas aseveraciones, los exdirigentes en declaraciones a medios negaron que hayan suscrito un acuerdo con el exdignatario.
ÚLTIMAS AUDIENCIAS
El pasado jueves y viernes se desarrollaron las dos últimas audiencias de prueba contra Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín, en esta ocasión declararon tres expertos contratados por la defensa de los acusados, la forense, Joye Carter; el patólogo, David Richard Fowler, y David Katz, un experto en disparos (un tirador sin capacitación profesional en balística).
La defensa de las victimas cuestionó la participación de los expertos, puesto que sus declaraciones se basaron en los documentos de las pericias y en las autopsias que se hicieron a los fallecidos.
Si bien Katz estuvo en Bolivia el 26 y 27 de septiembre de 2017, visitó las zonas donde hubo fallecidos, pero ninguno de ellos se contactó con los mártires para obtener mayores indicios para continuar con las investigaciones. La defensa de los denunciantes evidenció inconsistencias en las intervenciones de los tres expertos contratados por la parte acusada.
INFORME DE LA OEA
También declaró Jorge Eastman, exconsultor de la Organización de Estados Americanos (OEA) que, mediante un video, explicó que fue el encargado de realizar un informe de las violentas jornadas del 12 y 13 de octubre de 2003 para esa instancia internacional.
Eastman dijo que no investigó nada al respecto de las masacres de septiembre y octubre de 2003. Indicó que trató de dialogar con dirigentes sociales pero recibió negativas. Sin embargo, reconoció “nunca hablé con Evo Morales o Felipe Quispe”.
Según el informe que fue explicado por Eastman reconoció que no se hizo un trabajo para determinar las violaciones a los derechos humanos, tampoco hubo seguimiento a las recomendaciones que su informe hizo al gobierno de Sánchez de Lozada y a las organizaciones sociales.
RESERVAS
El juez James I. Cohn que lidera la Corte que dictará una sentencia contra ambas ex autoridades, dijo que tiene “serias reservas” sobre la existencia de pruebas contra los acusados de haber consumado un plan para usar fuerza contra civiles, además de la evidencia que vincule a ambos con cualquier ejecución extrajudicial.
“La Corte tiene serias reservas en cuanto a la suficiencia de la evidencia relacionada con un plan para usar la fuerza letal contra civiles. Además, el Tribunal tiene lo que yo clasificaría como serias reservas en cuanto a la suficiencia de la evidencia vinculando a los acusados con cualquier ejecución extrajudicial”, dijo el Juez.
PIE DE FOTO: POL 2 SANCHEZ DE LOZADA INGRESA A LA CORTE FEDERAL DE FORT LAUDERDALE.
Los abogados de las dos partes tendrán dos horas para sus alegatos finales, los 10 miembros del jurado empezarán a deliberar para definir su veredicto y así terminar con un juicio expedito, aunque llegar a este proceso tomó 11 años a las víctimas de la guerra del gas.
El juicio comenzó el 5 de marzo, se presentaron ante el jurado más de 30 testigos. Entre ellos, el exministro Sánchez Berzaín, los también exministros Javier Comboni y Jorge Berindoague; el exalcalde de La Paz, Juan del Granado; el exembajador de Bolivia en EEUU, Jaime Aparicio; el exministro Víctor Hugo Canelas y el mismo expresidente Sánchez de Lozada, quien sólo fue interrogado por sus abogados.
DECLARACIONES
Sánchez de Lozada exhibió 15 cartas que envió a los dirigentes de la Central Obrera Regional (COR) de El Alto, la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) y a los gremiales, donde los invitaba a instalar mesas de diálogo para solucionar el conflicto.
La defensa de la exautoridad presentó un documento firmado en horas de la noche (en la casa presidencial de San Jorge) del 13 de octubre del 2003 por los dirigentes alteños Braulio Rocha, Mauricio Cori y Juan Meléndrez, así como por Sánchez de Lozada.
En este documento se llegó a un acuerdo “para pacificar la ciudad de El Alto” que entre otros acuerdos determinaba el fin de las movilizaciones. Tras estas aseveraciones, los exdirigentes en declaraciones a medios negaron que hayan suscrito un acuerdo con el exdignatario.
ÚLTIMAS AUDIENCIAS
El pasado jueves y viernes se desarrollaron las dos últimas audiencias de prueba contra Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín, en esta ocasión declararon tres expertos contratados por la defensa de los acusados, la forense, Joye Carter; el patólogo, David Richard Fowler, y David Katz, un experto en disparos (un tirador sin capacitación profesional en balística).
La defensa de las victimas cuestionó la participación de los expertos, puesto que sus declaraciones se basaron en los documentos de las pericias y en las autopsias que se hicieron a los fallecidos.
Si bien Katz estuvo en Bolivia el 26 y 27 de septiembre de 2017, visitó las zonas donde hubo fallecidos, pero ninguno de ellos se contactó con los mártires para obtener mayores indicios para continuar con las investigaciones. La defensa de los denunciantes evidenció inconsistencias en las intervenciones de los tres expertos contratados por la parte acusada.
INFORME DE LA OEA
También declaró Jorge Eastman, exconsultor de la Organización de Estados Americanos (OEA) que, mediante un video, explicó que fue el encargado de realizar un informe de las violentas jornadas del 12 y 13 de octubre de 2003 para esa instancia internacional.
Eastman dijo que no investigó nada al respecto de las masacres de septiembre y octubre de 2003. Indicó que trató de dialogar con dirigentes sociales pero recibió negativas. Sin embargo, reconoció “nunca hablé con Evo Morales o Felipe Quispe”.
Según el informe que fue explicado por Eastman reconoció que no se hizo un trabajo para determinar las violaciones a los derechos humanos, tampoco hubo seguimiento a las recomendaciones que su informe hizo al gobierno de Sánchez de Lozada y a las organizaciones sociales.
RESERVAS
El juez James I. Cohn que lidera la Corte que dictará una sentencia contra ambas ex autoridades, dijo que tiene “serias reservas” sobre la existencia de pruebas contra los acusados de haber consumado un plan para usar fuerza contra civiles, además de la evidencia que vincule a ambos con cualquier ejecución extrajudicial.
“La Corte tiene serias reservas en cuanto a la suficiencia de la evidencia relacionada con un plan para usar la fuerza letal contra civiles. Además, el Tribunal tiene lo que yo clasificaría como serias reservas en cuanto a la suficiencia de la evidencia vinculando a los acusados con cualquier ejecución extrajudicial”, dijo el Juez.
PIE DE FOTO: POL 2 SANCHEZ DE LOZADA INGRESA A LA CORTE FEDERAL DE FORT LAUDERDALE.
25 marzo 2018
Detienen a la presunta coautora intelectual del asesinato de 2 militares
E. M. M. ya se encuentra en manos del Ministerio Público, en la ciudad de Oruro. Es acusada de ser la coautora intelectual del asesinato de los sargentos Fidel Chávez Huarino y Vladimir Siñani Ticona, militares del Ejército que fueron emboscados por contrabandistas el 11 de marzo.
La mujer fue aprehendida cerca de las 18:30 cuando salía de su casa, ubicada en la calle Junín y Backovic, en Oruro; a escasos metros de las oficinas y depósitos de la Aduana Nacional.
El Ministerio Público, en un comunicado, señaló que E. M. M. esta acusada de la comisión de los siguientes delitos: asesinato e instigación, impedir o estorbar el ejercicio de funciones. Según unos videos, que se encontraban en celulares que la Policía secuestró a los comunarios y a los que tuvo acceso EL DEBER, esta persona es señalada como la coautora del asesinato de los dos militares.
Cabe recordar que el 11 de marzo de este año, alrededor de 9:00, el personal de la Unidad de Control Aduanero (UCA), en la localidad orureña de Cahuana, interceptó varios vehículos indocumentados procedentes de territorio chileno.
Según el comunicado del Ministerio Público, E. M. M. organizó a un grupo de personas con armas y explosivos con el objetivo de recuperar los motorizados indocumentados. En esa emboscada fueron asesinados Fidel Chávez Huarino y Vladimir Siñani Ticona.
Ambos sargentos fueron encontrados cerca de las 11:20 del mismo 11 de marzo por personal de la UCA, acantonada en la ciudad de Oruro, que se dirigió al encuentro de la caravana una vez tomó conocimiento del operativo.
En el ingreso a Cahuana se encontró un vehículo blanco con las puertas abiertas, que tenía un orificio de proyectil en el parabrisas y en el interior estaba el cuerpo Chávez con herida de bala en la cabeza; 15 metros más, en otro vehículo se encontraba el cuerpo Siñani.
Desde entonces hasta la fecha, cinco personas ya han sido enviadas a prisión con detención preventiva, son: Zulma Mamani Marca de Gómez, Marín Mamani Layme y Gabriel Tancara Poma, Joaquín Gómez Copa y Ramiro Mamani Colque.
Amenazas a periodistas
Mientras la audiencia informativa se llevaba acabo en el interior de la Fiscalía de Oruro, los periodistas que cubrían el hecho noticioso, incluido el corresponsal de EL DEBER en ese departamento, fueron agredidos de forma verbal y física por familiares de la detenida que llegaron hasta esas instalaciones.
Según explicaron los comunicadores, entre el grupo de familiares se identificaron dos hijas y una sobrina de E. M. M., quienes llegaron, incluso, a amenazar de muerte a un camarógrafo de PAT.
La mujer fue aprehendida cerca de las 18:30 cuando salía de su casa, ubicada en la calle Junín y Backovic, en Oruro; a escasos metros de las oficinas y depósitos de la Aduana Nacional.
El Ministerio Público, en un comunicado, señaló que E. M. M. esta acusada de la comisión de los siguientes delitos: asesinato e instigación, impedir o estorbar el ejercicio de funciones. Según unos videos, que se encontraban en celulares que la Policía secuestró a los comunarios y a los que tuvo acceso EL DEBER, esta persona es señalada como la coautora del asesinato de los dos militares.
Cabe recordar que el 11 de marzo de este año, alrededor de 9:00, el personal de la Unidad de Control Aduanero (UCA), en la localidad orureña de Cahuana, interceptó varios vehículos indocumentados procedentes de territorio chileno.
Según el comunicado del Ministerio Público, E. M. M. organizó a un grupo de personas con armas y explosivos con el objetivo de recuperar los motorizados indocumentados. En esa emboscada fueron asesinados Fidel Chávez Huarino y Vladimir Siñani Ticona.
Ambos sargentos fueron encontrados cerca de las 11:20 del mismo 11 de marzo por personal de la UCA, acantonada en la ciudad de Oruro, que se dirigió al encuentro de la caravana una vez tomó conocimiento del operativo.
En el ingreso a Cahuana se encontró un vehículo blanco con las puertas abiertas, que tenía un orificio de proyectil en el parabrisas y en el interior estaba el cuerpo Chávez con herida de bala en la cabeza; 15 metros más, en otro vehículo se encontraba el cuerpo Siñani.
Desde entonces hasta la fecha, cinco personas ya han sido enviadas a prisión con detención preventiva, son: Zulma Mamani Marca de Gómez, Marín Mamani Layme y Gabriel Tancara Poma, Joaquín Gómez Copa y Ramiro Mamani Colque.
Amenazas a periodistas
Mientras la audiencia informativa se llevaba acabo en el interior de la Fiscalía de Oruro, los periodistas que cubrían el hecho noticioso, incluido el corresponsal de EL DEBER en ese departamento, fueron agredidos de forma verbal y física por familiares de la detenida que llegaron hasta esas instalaciones.
Según explicaron los comunicadores, entre el grupo de familiares se identificaron dos hijas y una sobrina de E. M. M., quienes llegaron, incluso, a amenazar de muerte a un camarógrafo de PAT.
24 marzo 2018
Conflicto Adepcoca Procesan a Franklin Gutiérrez por supuesto secuestro
El Ministerio Público inició de oficio un proceso contra el dirigente de Adepcoca, Franklin Gutiérrez, por el delito de supuesto secuestro de la hija del dirigente del Consejo de Federaciones Campesinas de los Yungas de La Paz (Cofecay), David Huayhua, y le responsabilizan de generar violencia con grupos de choque.
El viceministro de Régimen Interior y Policía, José Luis Quiroga, indicó que hay un proceso iniciado contra Franklin Gutiérrez y otros dirigentes de la Adepcoca, denunciados por el supuesto secuestro de la hija de Huayhua.
La Asamblea Permanente de Derechos Humanos (Apdh) de La Paz advierte que el caso es similar al que se “montó” en 2017 contra dirigentes de Achacachi. Con este argumento el Ministerio de Gobierno intervino las movilizaciones.
“Él (David Huayhua) ha presentado su denuncia y se ha operado con la Felcc para recuperarla de una de las trancas camino a los Yungas. Ha sido secuestrada por inmediaciones del Mercado de la Coca (…). En la denuncia que ha sido abierta ayer sindican a Franklin Gutiérrez y un grupo de dirigentes”, señaló Quiroga.
La autoridad dijo que los presuntos secuestradores, supuestamente, pidieron a Huayhua renunciar a la dirigencia de Cofecay, caso contrario, en un plazo de 24 horas matarían a su hija.
Para la Apdh de La Paz, el proceso contra Gutiérrez es similar al que se activó en octubre de 2017 en contra de los dirigentes de Achacachi para luego intervenir las movilizaciones de rechazo al accionar del Gobierno.
“El Gobierno activa el mismo ‘modus operandi’ de persecución que en Achacachi. Señalan a Franklin Gutiérrez de Adepcoca de secuestro de la hija de otro dirigente de Cofecay. Los dirigentes de Achacachi están presos en San Pedro hace meses por similar montaje”, señala el mensaje de la Apdh, compartido a través de su cuenta de Twitter.
El viceministro de Régimen Interior y Policía, José Luis Quiroga, indicó que hay un proceso iniciado contra Franklin Gutiérrez y otros dirigentes de la Adepcoca, denunciados por el supuesto secuestro de la hija de Huayhua.
La Asamblea Permanente de Derechos Humanos (Apdh) de La Paz advierte que el caso es similar al que se “montó” en 2017 contra dirigentes de Achacachi. Con este argumento el Ministerio de Gobierno intervino las movilizaciones.
“Él (David Huayhua) ha presentado su denuncia y se ha operado con la Felcc para recuperarla de una de las trancas camino a los Yungas. Ha sido secuestrada por inmediaciones del Mercado de la Coca (…). En la denuncia que ha sido abierta ayer sindican a Franklin Gutiérrez y un grupo de dirigentes”, señaló Quiroga.
La autoridad dijo que los presuntos secuestradores, supuestamente, pidieron a Huayhua renunciar a la dirigencia de Cofecay, caso contrario, en un plazo de 24 horas matarían a su hija.
Para la Apdh de La Paz, el proceso contra Gutiérrez es similar al que se activó en octubre de 2017 en contra de los dirigentes de Achacachi para luego intervenir las movilizaciones de rechazo al accionar del Gobierno.
“El Gobierno activa el mismo ‘modus operandi’ de persecución que en Achacachi. Señalan a Franklin Gutiérrez de Adepcoca de secuestro de la hija de otro dirigente de Cofecay. Los dirigentes de Achacachi están presos en San Pedro hace meses por similar montaje”, señala el mensaje de la Apdh, compartido a través de su cuenta de Twitter.
42 cocaleros fueron imputados Adepcoca anuncia bloqueo de caminos
Los productores de coca de los Yungas no descartan iniciar un bloqueo de caminos desde y hacia esa región a partir del lunes de la siguiente semana, exigiendo la devolución de su sede sindical y mercado. Entretanto, los últimos ocho cocaleros aprehendidos el jueves fueron imputados por los delitos de robo y portación de bombas caseras, hecho negado por los familiares, quienes denunciaron golpizas contra mujeres y ancianos.
El secretario de comercialización de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) anunció la movilización de todos sus afiliados, cerca de 37.000 cocaleros, además de la determinación de las bases de volver a ratificar a Franklin Gutiérrez como líder de Adepcoca.
Ayer, el cabildo realizado con cerca de 3.000 afiliados de Adepcoca, con presencia de representantes de las 16 regionales de las tres provincias que componen los Yungas paceños, en inmediaciones de la terminal Minasa, emitieron un voto resolutivo de cinco puntos.
DETERMINACIONES
El primer punto del voto resolutivo confirma el desconocimiento al supuesto directorio de fundadores, posesionados por el también rechazado “comité Ad Hoc” afín al Gobierno.
El segundo punto, exige el repliegue y abandono de los efectivos policiales de los predios del mercado de Adepcoca ubicado en la avenida La Américas de Villa Fátima.
En el tercer punto, exigen la libertad inmediata de sus afiliados detenidos en el bloqueo de Santa Bárbara y durante las violentas represiones policiales de esta semana, que hasta ayer sumaron a 42 procesados.
El cuarto punto del voto resolutivo instruye a municipios y comunidades de las tres provincias, paralizar todas las actividades y declararse en estado de emergencia por los hechos de tortura y represión contra los afiliados de Adepcoca, mujeres, niños y personas de la tercera edad.
El quinto y último punto señala que los productores tradicionales de coca de los Yungas se mantienen en vigilia, en la ciudad de La Paz, a la cabeza del Comité de Defensa liderado por Franklin Gutiérrez.
A pesar de que no figura como en el voto resolutivo, ayer, Gerardo Ríos, secretario de comercialización de Adepcoca, anunció que la próxima semana la protesta continuaría con el bloqueo de caminos a Yungas.
A su vez, mujeres y adultos mayores anunciaron ingresar a huelga de hambre, si en el curso de las siguientes horas el Gobierno no dispone el repliegue la guardia policial.
RECHAZO A
FUNDADORES
Al calor de las arengas “coca o muerte, venceremos”, ayer, los productores tradicionales, también rechazaron al grupo de personas de la tercera edad que argumentando ser fundadores de Adepcoca, aceptaron ser posesionados como nueva directiva de adepcoca.
Los ancianos fueron posesionados, para asumir el cargo por dos años, por el “Comité Ad hoc” encabezado por Edgar Burgoa, instancia que dio un paso al costado y dejó para que esa nueva directiva realice la elección de nuevos dirigentes, convocada para el 16 de abril, en la que según Burgoa, el dirigente Gutiérrez no puede participar.
“Fundidores, fuera”, corearon en el cabildo que concluyó cerca de las 15:00 y luego se dirigió en marcha pacífica hasta la universidad Mayor de San Andrés, donde recibieron el apoyo de varios profesionales.
El “comité Ad Hoc”, liderado por Burgoa, afín al gobierno de Evo Morales y conformado por productores al detalle de zonas no tradicionales, tomó hace 12 días las oficinas del mercado de Adepcoca en Villa Fátima y desde esa fecha, un contingente policial de al menos 500 efectivos les presta resguardo.
JUSTIFICAR ANTE JiFE
A su vez, el dirigente Franklin Gutiérrez reiteró que el conflicto es promovido por el Gobierno debido a que “en un plazo de 16 días debe justificar ante la JIFE (Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes), el porqué de la expansión de la coca excedentaria en el país y esta justificación la quiere hacer a costa de los cocaleros de los Yungas”.
APREHENDIDOS
E IMPUTADOS
Hasta el jueves, la jornada de enfrentamiento con mayor violencia, se registraron 42 imputados, todos beneficiados con detención domiciliaria, y medidas sustitutivas, como lo confirmó el abogado Luis Ferrufino que ayer logró la misma medida para los 8 últimos procesados.
Las ocho personas fueron imputadas por el delito de supuesto robo y portación de explosivos, todos deben presentar un garante personal.
Sobre la imputación, Ferrufino detalló que presenta la misma falencia que las anteriores, pues sindican a todos de portar explosivos que no fueron hallados en poder de ninguno y la policía no sabe precisar una relación de hechos lógica, manifestó el abogado.
El secretario de comercialización de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) anunció la movilización de todos sus afiliados, cerca de 37.000 cocaleros, además de la determinación de las bases de volver a ratificar a Franklin Gutiérrez como líder de Adepcoca.
Ayer, el cabildo realizado con cerca de 3.000 afiliados de Adepcoca, con presencia de representantes de las 16 regionales de las tres provincias que componen los Yungas paceños, en inmediaciones de la terminal Minasa, emitieron un voto resolutivo de cinco puntos.
DETERMINACIONES
El primer punto del voto resolutivo confirma el desconocimiento al supuesto directorio de fundadores, posesionados por el también rechazado “comité Ad Hoc” afín al Gobierno.
El segundo punto, exige el repliegue y abandono de los efectivos policiales de los predios del mercado de Adepcoca ubicado en la avenida La Américas de Villa Fátima.
En el tercer punto, exigen la libertad inmediata de sus afiliados detenidos en el bloqueo de Santa Bárbara y durante las violentas represiones policiales de esta semana, que hasta ayer sumaron a 42 procesados.
El cuarto punto del voto resolutivo instruye a municipios y comunidades de las tres provincias, paralizar todas las actividades y declararse en estado de emergencia por los hechos de tortura y represión contra los afiliados de Adepcoca, mujeres, niños y personas de la tercera edad.
El quinto y último punto señala que los productores tradicionales de coca de los Yungas se mantienen en vigilia, en la ciudad de La Paz, a la cabeza del Comité de Defensa liderado por Franklin Gutiérrez.
A pesar de que no figura como en el voto resolutivo, ayer, Gerardo Ríos, secretario de comercialización de Adepcoca, anunció que la próxima semana la protesta continuaría con el bloqueo de caminos a Yungas.
A su vez, mujeres y adultos mayores anunciaron ingresar a huelga de hambre, si en el curso de las siguientes horas el Gobierno no dispone el repliegue la guardia policial.
RECHAZO A
FUNDADORES
Al calor de las arengas “coca o muerte, venceremos”, ayer, los productores tradicionales, también rechazaron al grupo de personas de la tercera edad que argumentando ser fundadores de Adepcoca, aceptaron ser posesionados como nueva directiva de adepcoca.
Los ancianos fueron posesionados, para asumir el cargo por dos años, por el “Comité Ad hoc” encabezado por Edgar Burgoa, instancia que dio un paso al costado y dejó para que esa nueva directiva realice la elección de nuevos dirigentes, convocada para el 16 de abril, en la que según Burgoa, el dirigente Gutiérrez no puede participar.
“Fundidores, fuera”, corearon en el cabildo que concluyó cerca de las 15:00 y luego se dirigió en marcha pacífica hasta la universidad Mayor de San Andrés, donde recibieron el apoyo de varios profesionales.
El “comité Ad Hoc”, liderado por Burgoa, afín al gobierno de Evo Morales y conformado por productores al detalle de zonas no tradicionales, tomó hace 12 días las oficinas del mercado de Adepcoca en Villa Fátima y desde esa fecha, un contingente policial de al menos 500 efectivos les presta resguardo.
JUSTIFICAR ANTE JiFE
A su vez, el dirigente Franklin Gutiérrez reiteró que el conflicto es promovido por el Gobierno debido a que “en un plazo de 16 días debe justificar ante la JIFE (Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes), el porqué de la expansión de la coca excedentaria en el país y esta justificación la quiere hacer a costa de los cocaleros de los Yungas”.
APREHENDIDOS
E IMPUTADOS
Hasta el jueves, la jornada de enfrentamiento con mayor violencia, se registraron 42 imputados, todos beneficiados con detención domiciliaria, y medidas sustitutivas, como lo confirmó el abogado Luis Ferrufino que ayer logró la misma medida para los 8 últimos procesados.
Las ocho personas fueron imputadas por el delito de supuesto robo y portación de explosivos, todos deben presentar un garante personal.
Sobre la imputación, Ferrufino detalló que presenta la misma falencia que las anteriores, pues sindican a todos de portar explosivos que no fueron hallados en poder de ninguno y la policía no sabe precisar una relación de hechos lógica, manifestó el abogado.
OEA: No acatar fallos deja “mal parado” a un país
El representante de la Organización de Estados Americanos (OEA), Enrique Reina, afirmó ayer que un Estado que no acata un fallo de la Corte Internacional de Justicia de la ONU al que se adhirió, queda muy “mal parado” ante la comunidad internacional, independiente de la sentencia que provenga de ese tribunal.
En referencia a la demanda marítima contra Chile que se desenvuelve en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, la prensa le preguntó qué pasaría si Chile cumple su anuncio de no acatar el fallo si es contrario a sus intereses. La respuesta del diplomático fue: “Lo deja muy mal parado, porque creo que los estados acuden a los mecanismos de solución pacífica para respetar las decisiones que se dan, no importa cuál sea”.
Reina indicó que cuando un país se adhiere a un tribunal internacional, también se sujeta a los instrumentos jurídicos donde sea.
“Se entiende que se asume sus tratados, se asume todos los convenios que lo conforman y es parte de un tipo de decisión que lo que la corte decida, eso en cualquier caso, ya sea en el sistema interamericano, ya sea una corte internacional, un tribunal arbitral, ya es parte del derecho internacional”.
El presidente de Chile, Sebastián Piñera aseguró en reiteradas ocasiones que defenderá con firmeza la integridad territorial de su país, además desconocieron los argumentos que presentó Bolivia ante el tribunal internacional, donde evidenció los constantes compromisos para negociar un acceso al mar.
Por otra parte el representante expresó que cada instrumento internacional tiene su propia forma de buscar la aplicación de sus acuerdos, los países deben acatarlo y en estos instrumentos internacionales de exigir su cumplimiento.
En referencia a la demanda marítima contra Chile que se desenvuelve en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, la prensa le preguntó qué pasaría si Chile cumple su anuncio de no acatar el fallo si es contrario a sus intereses. La respuesta del diplomático fue: “Lo deja muy mal parado, porque creo que los estados acuden a los mecanismos de solución pacífica para respetar las decisiones que se dan, no importa cuál sea”.
Reina indicó que cuando un país se adhiere a un tribunal internacional, también se sujeta a los instrumentos jurídicos donde sea.
“Se entiende que se asume sus tratados, se asume todos los convenios que lo conforman y es parte de un tipo de decisión que lo que la corte decida, eso en cualquier caso, ya sea en el sistema interamericano, ya sea una corte internacional, un tribunal arbitral, ya es parte del derecho internacional”.
El presidente de Chile, Sebastián Piñera aseguró en reiteradas ocasiones que defenderá con firmeza la integridad territorial de su país, además desconocieron los argumentos que presentó Bolivia ante el tribunal internacional, donde evidenció los constantes compromisos para negociar un acceso al mar.
Por otra parte el representante expresó que cada instrumento internacional tiene su propia forma de buscar la aplicación de sus acuerdos, los países deben acatarlo y en estos instrumentos internacionales de exigir su cumplimiento.
TSE definirá hasta agosto 175 pedidos de revocatorio
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) definirá hasta agosto próximo cuántas de las 175 solicitudes de revocatorio que presentaron en distintas regiones del país cumplen con todos los requisitos para pasar a la fase de recolección de firmas, informó ayer su presidenta, Katia Uriona.
“Las solicitudes son 175 y estas solicitudes están siendo procesadas. En agosto es cuándo vamos saber que autoridades van a proceder a la recolección de libros ya verificados e iniciar un proceso de información a la población sobre el alcance de los revocatorios”, informó Uriona.
El 7 de febrero fue el último día para presentar las iniciativas populares de procesos de revocatorios, en todo el país; la mismas están sujetas a la Constitución Política del Estado: la Ley 026 de Régimen Electoral y el “Reglamento de Condiciones Administrativos para los Procesos de Revocatoria de Mandato de autoridades elegidas por Voto Popular”, aprobado el 13 de diciembre de 2017 por el TSE.
En ese marco, los Tribunales Electorales Departamentales son las instancias encargadas de aprobar y autorizar los libros para la recolección de firmas, agregó Uriona.
“Al final de este periodo se van a entregar los libros a los departamentales y lo que corresponde es hacer una verificación de la autenticidad de las firmas y su registro, es decir, que el sistema biométrico verificará los apellidos, carnet de identidad, la huella y la foto para garantizar que los libros sean respaldados en el marco de la legalidad”, aseveró.
El plazo hasta agosto que anunció la máxima autoridad del Órgano Electoral Plurinacional para saber cuántas autoridades pasarán a la primera fase de revocatorio es porque hasta esa fecha se deben cumplir ciertos requisitos para convocar a los ciudadanos a decidir y elegir el destino de la autoridad.
CASO ALCALDE
DE LA PAZ
La presidente del TSE se refirió al caso del alcalde paceño, Luis Revilla, que recientemente el TED reactivó el proceso de revocatorio, solicitado por ciudadanos del municipio.
“En el caso del revocatorio que se ha solicitado para el alcalde Revilla, lo que se está siguiendo, en términos de procedimiento, es que el proceso vuelve a foja cero, en términos legales; esto quiere decir que todos los libros que se han recolectado antes deben ser entregados al TED y se inicie una nueva recolección con el plazo, también de 90 días”, explicó Uriona.
Asimismo, puntualizó que mientras no sean devueltos los anteriores libros que fueron anulados con la resolución 0011/2018 emitido por el TSE, que apeló “anular obrados hasta el vicio más antiguo” y el mismo fue refrendado con la resolución 0083/2018 el 19 de marzo que reactiva el revocatorio y solicita la devolución de los libros.
“No se van habilitar los nuevos libros hasta que se hayan entregado los anteriores, y me imagino que esto va transcurrir en el resto de la semana si es que no lo hacen antes, porque esos libros van a ser anulados y como son numerados y registrados con folios, entonces estos van a ser depositados en el Tribunal Departamental y recién se entregarán los nuevos libros para iniciar la recolección en el plazo de 90 días”, aseguró Katia Uriona.
“Las solicitudes son 175 y estas solicitudes están siendo procesadas. En agosto es cuándo vamos saber que autoridades van a proceder a la recolección de libros ya verificados e iniciar un proceso de información a la población sobre el alcance de los revocatorios”, informó Uriona.
El 7 de febrero fue el último día para presentar las iniciativas populares de procesos de revocatorios, en todo el país; la mismas están sujetas a la Constitución Política del Estado: la Ley 026 de Régimen Electoral y el “Reglamento de Condiciones Administrativos para los Procesos de Revocatoria de Mandato de autoridades elegidas por Voto Popular”, aprobado el 13 de diciembre de 2017 por el TSE.
En ese marco, los Tribunales Electorales Departamentales son las instancias encargadas de aprobar y autorizar los libros para la recolección de firmas, agregó Uriona.
“Al final de este periodo se van a entregar los libros a los departamentales y lo que corresponde es hacer una verificación de la autenticidad de las firmas y su registro, es decir, que el sistema biométrico verificará los apellidos, carnet de identidad, la huella y la foto para garantizar que los libros sean respaldados en el marco de la legalidad”, aseveró.
El plazo hasta agosto que anunció la máxima autoridad del Órgano Electoral Plurinacional para saber cuántas autoridades pasarán a la primera fase de revocatorio es porque hasta esa fecha se deben cumplir ciertos requisitos para convocar a los ciudadanos a decidir y elegir el destino de la autoridad.
CASO ALCALDE
DE LA PAZ
La presidente del TSE se refirió al caso del alcalde paceño, Luis Revilla, que recientemente el TED reactivó el proceso de revocatorio, solicitado por ciudadanos del municipio.
“En el caso del revocatorio que se ha solicitado para el alcalde Revilla, lo que se está siguiendo, en términos de procedimiento, es que el proceso vuelve a foja cero, en términos legales; esto quiere decir que todos los libros que se han recolectado antes deben ser entregados al TED y se inicie una nueva recolección con el plazo, también de 90 días”, explicó Uriona.
Asimismo, puntualizó que mientras no sean devueltos los anteriores libros que fueron anulados con la resolución 0011/2018 emitido por el TSE, que apeló “anular obrados hasta el vicio más antiguo” y el mismo fue refrendado con la resolución 0083/2018 el 19 de marzo que reactiva el revocatorio y solicita la devolución de los libros.
“No se van habilitar los nuevos libros hasta que se hayan entregado los anteriores, y me imagino que esto va transcurrir en el resto de la semana si es que no lo hacen antes, porque esos libros van a ser anulados y como son numerados y registrados con folios, entonces estos van a ser depositados en el Tribunal Departamental y recién se entregarán los nuevos libros para iniciar la recolección en el plazo de 90 días”, aseguró Katia Uriona.
Rechazan amparo a Marín Sandoval para retornar a ALD
La Sala Social Administrativa Contenciosa Tercera del Tribunal Departamental de Justicia, presidida por el juez Iván Ramiro Campero, declaró improcedente el amparo constitucional interpuesto por el asambleísta departamental Marín Sandoval (MAS) para retomar su cargo en la Asamblea Legislativa Departamental (ALD) de La Paz.
La exautoridad demandó a los miembros de la Asamblea por haberlo suspendido en 2015 luego de una denuncia de violencia contra su pareja.
La asambleísta Elizabeth Morales dijo: “Nuestra sociedad debe ir cambiando y castigar con todo el rigor de la ley a los agresores de las mujeres. Queda como precedente histórico la lucha conjunta de todos los miembros de la Asamblea. No hablamos de personas, sino de causas”.
Manfred Reyes Villa enfrenta 12 procesos penales en Cochabamba
El exprefecto de Cochabamba Manfred Reyes Villa enfrenta 12 procesos penales por presuntos actos de corrupción cometidos en el ejercicio de su función, confirmó ayer el asesor general de la Gobernación, Rodrigo Quinteros.
Expresó su preocupación porque en el reciente dictamen, el Tribunal de Sentencia determinó siete meses de cárcel para Reyes Villa por el delito de incumplimiento de deberes en la compra de seis vagonetas de lujo (2006) por 2,8 millones de bolivianos.
“Esta sentencia todavía no ha sido notificada a la Gobernación y no tenemos los fundamentos que han motivado este fallo (…) Estamos a la espera de que se nos notifique para analizar (…) Cuáles serán los recursos que la ley nos permite para hacer prevalecer los derechos de la Gobernación”, dijo el funcionario.
Señaló que la condena es mínima contra la exautoridad porque la parte acusadora presentó toda la documentación que sustenta el ilícito de incumplimiento de deberes, por lo que adelantó que se estudia la posibilidad de interponer un recurso de apelación.
Explicó que la orden de sentencia está suspendida hasta que Reyes Villa retorne al país.
Sobre el proceso oral contra el exprefecto y otras autoridades por el puente Sacambaya, en la vía a La Paz, dijo que se entregó toda la documentación para que se restituya el daño económico ocasionado a la Gobernación del departamento.
23 marzo 2018
Informe de la Comisión de Venecia Verdad jurídica: relección no es un derecho humano
En el informe de la Comisión de Venecia sobre la reelección indefinida establece como verdad jurídica que la intención de los gobernantes de repostularse y gobernar sin un límite de tiempo establecido no está enmarcada dentro de los Derechos Humanos destacó el constitucionalista Carlos Alarcón
El informe que emitió la Comisión de Venecia fue en respuesta al Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), quien pidió un informe a expertos europeos por la mala práctica que se está haciendo en diferentes países de Latinoamérica en sus tribunales constitucionales.
“Se trata de los mejores juristas y constitucionalista del mundo, el valor de ese informe no es de voluntad o de decisión sino de verdad jurídica inconmovible que contiene tres elementos”, explicó Alarcón.
En ese sentido, el constitucionalista desarrolló los elementos que contiene el informe con relación a Bolivia.
“El primero era un invento, el supuesto derecho a la relección y candidatura vitalicia e indefinida, no había tal derecho humano sino que las posibilidades de relección son una posibilidad de poder ser relegido, pero no son en esencia un derecho humano”, sostuvo.
Destacó también que estos límites a la relección, en sistemas presidencialista o semipresidencialistas como es el caso boliviano, evitan el abuso del poder y no vulneran los derechos de quienes quieren ser candidatos o de los electores o votantes que quieran votar a futuro, “entonces no hay vulneración a los derechos políticos”.
“La tercera precisión es que esto de dejar sin efectos los límites a la relección requiere procesos de reforma constitucional que se tiene que dar primero para que después, en coherencia y concordancia con estas reformas constitucionales, recién se pronuncien los Tribunales Constitucionales”, afirmó.
En cambio, aseveró que en Bolivia se hizo al revés y esto es lo que se quiere corregir para que se proceda en ley y no se vulnere ningún derecho, como se pretende desconociendo el resultado de un referéndum y la propia Constitución Política del Estado.
CONSULTA ANTERIOR
El senador de UD, Edwin Rodríguez, reveló ayer que el ministro de Justicia, Héctor Arce acudió en 2011 ante la Comisión de Venecia, instancia recientemente descalificada por el mismo ministro y otras autoridades, para solicitarle su opinión sobre el proyecto de Código de Procedimientos Constitucionales y el anteproyecto de Ley Orgánica del Ministerio Público.
“Héctor Arce debe explicarle al país porqué le miente y porque es un mal agradecido con esta Comisión de Venecia porque cuando le conviene ha utilizado su opinión para implementar normas en el país”, aseguró el senador opositor en conferencia de prensa.
El senador explicó que esta instancia remitió un informe que presentó la Comisión en octubre de 2011 y en el documento puede leerse el nombre del ministro Arce, como solicitante de la opinión en su calidad de presidente de la Cámara de Diputados.
El magistrado Orlando Ceballos, del Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia (TCP), cosecha críticas por sus opiniones sobre el informe de la Comisión de Venecia argumentando que es una opinión más y activistas de las plataformas ciudadanas y cívicos lo tildan de parcialidad con el Gobierno, según el medio cruceño El Día.
El informe que emitió la Comisión de Venecia fue en respuesta al Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), quien pidió un informe a expertos europeos por la mala práctica que se está haciendo en diferentes países de Latinoamérica en sus tribunales constitucionales.
“Se trata de los mejores juristas y constitucionalista del mundo, el valor de ese informe no es de voluntad o de decisión sino de verdad jurídica inconmovible que contiene tres elementos”, explicó Alarcón.
En ese sentido, el constitucionalista desarrolló los elementos que contiene el informe con relación a Bolivia.
“El primero era un invento, el supuesto derecho a la relección y candidatura vitalicia e indefinida, no había tal derecho humano sino que las posibilidades de relección son una posibilidad de poder ser relegido, pero no son en esencia un derecho humano”, sostuvo.
Destacó también que estos límites a la relección, en sistemas presidencialista o semipresidencialistas como es el caso boliviano, evitan el abuso del poder y no vulneran los derechos de quienes quieren ser candidatos o de los electores o votantes que quieran votar a futuro, “entonces no hay vulneración a los derechos políticos”.
“La tercera precisión es que esto de dejar sin efectos los límites a la relección requiere procesos de reforma constitucional que se tiene que dar primero para que después, en coherencia y concordancia con estas reformas constitucionales, recién se pronuncien los Tribunales Constitucionales”, afirmó.
En cambio, aseveró que en Bolivia se hizo al revés y esto es lo que se quiere corregir para que se proceda en ley y no se vulnere ningún derecho, como se pretende desconociendo el resultado de un referéndum y la propia Constitución Política del Estado.
CONSULTA ANTERIOR
El senador de UD, Edwin Rodríguez, reveló ayer que el ministro de Justicia, Héctor Arce acudió en 2011 ante la Comisión de Venecia, instancia recientemente descalificada por el mismo ministro y otras autoridades, para solicitarle su opinión sobre el proyecto de Código de Procedimientos Constitucionales y el anteproyecto de Ley Orgánica del Ministerio Público.
“Héctor Arce debe explicarle al país porqué le miente y porque es un mal agradecido con esta Comisión de Venecia porque cuando le conviene ha utilizado su opinión para implementar normas en el país”, aseguró el senador opositor en conferencia de prensa.
El senador explicó que esta instancia remitió un informe que presentó la Comisión en octubre de 2011 y en el documento puede leerse el nombre del ministro Arce, como solicitante de la opinión en su calidad de presidente de la Cámara de Diputados.
El magistrado Orlando Ceballos, del Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia (TCP), cosecha críticas por sus opiniones sobre el informe de la Comisión de Venecia argumentando que es una opinión más y activistas de las plataformas ciudadanas y cívicos lo tildan de parcialidad con el Gobierno, según el medio cruceño El Día.
Manfredo Kempff Suárez, ex vicecanciller boliviano: Presidente aprovecha La Haya para su “reelección inconstitucional”
Su trayectoria abarca una intensa actividad diplomática, la misma que lo llevó a ser embajador de Bolivia en España, Uruguay y Argentina.
Se trata de Manfredo Kempff Suárez, exvicecanciller en el gobierno de Jaime Paz Zamora y exministro de Informaciones en la administración de Hugo Banzer.
Observador de la realidad boliviana, Kempff analiza en esta entrevista con La Tercera la demanda marítima que el gobierno de Evo Morales llevó a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya.
L.T. Evo Morales ha dicho que la causa marítima boliviana “es justa, razonable y solvente”. ¿Usted comparte esta evaluación? ¿Es optimista del eventual fallo del tribunal de La Haya? ¿Por qué?
M.K. Comparto plenamente de que la causa boliviana es “justa, razonable y solvente”. Y soy optimista respecto del fallo del tribunal, aunque sé perfectamente que Bolivia no va a obtener el mar en La Haya. Lo que puede decidir la CIJ es que tanto Bolivia como Chile abran un espacio de diálogo y negocien de buena fe, para tratar de llegar a una solución mutuamente satisfactoria del problema marítimo.
El veredicto tenderá a ser equitativo seguramente y eso puede que lleve a Chile a mirar con otros ojos, con mejor entendimiento, la demanda boliviana.
L.T. Hace unos días Evo Morales también dijo que en Chile “están asustados” con la demanda marítima. A su juicio, ¿hay razones para ello?
El presidente Morales improvisa muchas cosas todos los días. Chile no tiene por qué estar asustado, por supuesto; pero naturalmente que está preocupado. No le fue bien en su diferendo con Perú en La Haya, y ahora no desearía un fallo que le dé toda la razón a Bolivia. Asustado no creo que esté, inquieto sí; porque se trata de una opinión que emitiría el máximo tribunal de justicia internacional.
L.T. Paz Zamora declinó acompañar a Morales a La Haya para los alegatos orales, criticando su actitud divisionista. ¿Cree que Evo puede usar la presencia de otros exmandatarios con fines políticos?
M.K. Estoy totalmente de acuerdo con la actitud del expresidente Jaime Paz Zamora. Indigna que de La Haya se quiera hacer política interna en favor de Morales para una cuarta reelección inconstitucional que ya ha sido rechazada por el pueblo boliviano en el referéndum del 21 de febrero de 2016. Con excepción de Carlos Mesa, que es el portavoz de la causa marítima, los otros expresidentes no deberían ir a La Haya porque con seguridad el propósito es utilizarlos mostrando una Bolivia unida, pero en torno a Evo Morales.
L.T. En una entrevista con La Tercera, Carlos Mesa dijo que le “sorprendería mucho que Chile le diera la espalda a un fallo de La Haya”. ¿Usted piensa lo mismo? ¿Cree que Piñera tiene una postura más dura que Bachelet en torno a la demanda marítima?
M.K. En Chile hay voces como la del senador Guillier que muy atinadamente plantea un acuerdo con Bolivia en base a un canje de territorios, y otras como las de algunos parlamentarios que aconsejan el retiro de Chile del Pacto de Bogotá. Es una pena el rechazo al canje, pero suponemos que se ha debido a que no es el momento de plantearlo, si la materia está pendiente de la decisión de una Corte. Creo, como Mesa, que Chile no le dará la espalda al fallo de la Corte. Aunque el fallo no le sea satisfactorio, Chile no puede aparecer internacionalmente como una nación que se aparta del derecho. Su democracia sufriría un gran menoscabo. En cuanto al presidente Piñera, en Bolivia se tiene la percepción de que es más duro que la expresidenta Bachelet. La señora Bachelet supo, durante gran parte de su primer período, manejarse con habilidad en base la agenda de los 13 puntos, que no condujo a nada pero que adormeció a Bolivia. Por el contrario, Piñera negó de entrada un arreglo que incluyera un territorio soberano y obligó a Morales a recurrir a la CIJ.
L. T. A fines de febrero Evo debió enfrentar un paro nacional en rechazo a una nueva repostulación. ¿La causa marítima puede ser clave en su eventual reelección?
M.K. La mayoría de los bolivianos ya no confía en su palabra y eso es determinante para el fracaso de cualquier político. Ni el manipuleo de la causa marítima le restituirá su credibilidad. La Tercera / Chile / Fernando Fuentes
Se trata de Manfredo Kempff Suárez, exvicecanciller en el gobierno de Jaime Paz Zamora y exministro de Informaciones en la administración de Hugo Banzer.
Observador de la realidad boliviana, Kempff analiza en esta entrevista con La Tercera la demanda marítima que el gobierno de Evo Morales llevó a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya.
L.T. Evo Morales ha dicho que la causa marítima boliviana “es justa, razonable y solvente”. ¿Usted comparte esta evaluación? ¿Es optimista del eventual fallo del tribunal de La Haya? ¿Por qué?
M.K. Comparto plenamente de que la causa boliviana es “justa, razonable y solvente”. Y soy optimista respecto del fallo del tribunal, aunque sé perfectamente que Bolivia no va a obtener el mar en La Haya. Lo que puede decidir la CIJ es que tanto Bolivia como Chile abran un espacio de diálogo y negocien de buena fe, para tratar de llegar a una solución mutuamente satisfactoria del problema marítimo.
El veredicto tenderá a ser equitativo seguramente y eso puede que lleve a Chile a mirar con otros ojos, con mejor entendimiento, la demanda boliviana.
L.T. Hace unos días Evo Morales también dijo que en Chile “están asustados” con la demanda marítima. A su juicio, ¿hay razones para ello?
El presidente Morales improvisa muchas cosas todos los días. Chile no tiene por qué estar asustado, por supuesto; pero naturalmente que está preocupado. No le fue bien en su diferendo con Perú en La Haya, y ahora no desearía un fallo que le dé toda la razón a Bolivia. Asustado no creo que esté, inquieto sí; porque se trata de una opinión que emitiría el máximo tribunal de justicia internacional.
L.T. Paz Zamora declinó acompañar a Morales a La Haya para los alegatos orales, criticando su actitud divisionista. ¿Cree que Evo puede usar la presencia de otros exmandatarios con fines políticos?
M.K. Estoy totalmente de acuerdo con la actitud del expresidente Jaime Paz Zamora. Indigna que de La Haya se quiera hacer política interna en favor de Morales para una cuarta reelección inconstitucional que ya ha sido rechazada por el pueblo boliviano en el referéndum del 21 de febrero de 2016. Con excepción de Carlos Mesa, que es el portavoz de la causa marítima, los otros expresidentes no deberían ir a La Haya porque con seguridad el propósito es utilizarlos mostrando una Bolivia unida, pero en torno a Evo Morales.
L.T. En una entrevista con La Tercera, Carlos Mesa dijo que le “sorprendería mucho que Chile le diera la espalda a un fallo de La Haya”. ¿Usted piensa lo mismo? ¿Cree que Piñera tiene una postura más dura que Bachelet en torno a la demanda marítima?
M.K. En Chile hay voces como la del senador Guillier que muy atinadamente plantea un acuerdo con Bolivia en base a un canje de territorios, y otras como las de algunos parlamentarios que aconsejan el retiro de Chile del Pacto de Bogotá. Es una pena el rechazo al canje, pero suponemos que se ha debido a que no es el momento de plantearlo, si la materia está pendiente de la decisión de una Corte. Creo, como Mesa, que Chile no le dará la espalda al fallo de la Corte. Aunque el fallo no le sea satisfactorio, Chile no puede aparecer internacionalmente como una nación que se aparta del derecho. Su democracia sufriría un gran menoscabo. En cuanto al presidente Piñera, en Bolivia se tiene la percepción de que es más duro que la expresidenta Bachelet. La señora Bachelet supo, durante gran parte de su primer período, manejarse con habilidad en base la agenda de los 13 puntos, que no condujo a nada pero que adormeció a Bolivia. Por el contrario, Piñera negó de entrada un arreglo que incluyera un territorio soberano y obligó a Morales a recurrir a la CIJ.
L. T. A fines de febrero Evo debió enfrentar un paro nacional en rechazo a una nueva repostulación. ¿La causa marítima puede ser clave en su eventual reelección?
M.K. La mayoría de los bolivianos ya no confía en su palabra y eso es determinante para el fracaso de cualquier político. Ni el manipuleo de la causa marítima le restituirá su credibilidad. La Tercera / Chile / Fernando Fuentes
22 marzo 2018
Después de una semana de retraso TED reactiva revocatorio contra Luis Revilla
El Tribunal Electoral Departamental (TED) de La Paz autorizó a Jesús Vera y otros ciudadanos a iniciar una nueva recolección de firmas para continuar con el proceso revocatorio contra el alcalde Luis Revilla. Sin embargo, el burgomaestre paceño calificó de “chacota” la decisión del Órgano Electoral.
El presidente del TED, Antonio Condori, informó que por instrucciones del Tribunal Supremo Electoral se anularon obrados y el Secretario de Cámara del TED elaboró un nuevo informe y se notificó con el mismo, a los solicitantes del revocatorio contra el Älcalde paceño y líder de Sol.bo.
“Hemos notificado al señor Vera para que en un plazo de 24 horas pudieran hacer las correcciones y precisamente el día martes 13 de marzo, ellos han presentado su memorial subsanando las observaciones y, por lo tanto, este lunes 19 de marzo en sesión extraordinaria hemos aprobado este informe donde Jesús Vera y compañía están habilitados para iniciar la recolección de firmas en los próximos 90 días”, explicó Condori a radio Compañera.
Sin embargo, dejó abierta la posibilidad que esta nueva resolución que aprobó el TED pueda ser otra vez “impugnada o apelada por los agraviados, en este caso el señor Revilla y sus concejales para que se suspenda esta recolección de firmas”.
Al respecto, el alcalde de Luis Revilla, por su parte, dijo: “Ojalá que esa ‘chacota’ que están promoviendo para desestabilizar La Paz termine de una vez, pues está claro que nadie en La Paz va a apoyar un proceso de desestabilización de la gestión municipal”, según la agencia de noticias Fides (ANF).
Por su lado, el vocero de Sol.bo afirmó que las acciones del TED La Paz no se enmarcan en la línea de lo que corresponde a una entidad imparcial y seria.
“Queda claro que el TED es cada vez menos serio, esto ya es una ‘chacota’, un día autoriza, otro desautoriza luego se vuelve autorizar; aquí hay una pérdida de credibilidad, el accionar debería ser un árbitro imparcial, probo, que goce de la confianza pero es todo lo contrario y no solo sobre la seriedad de su trabajo sino también su imparcialidad”, aseguró Bedregal en contacto con EL DIARIO.
Asimismo, considera que los libros ya utilizados para recolectar las firmas y las huellas deberían ser entregados, aspecto que aún no se ha cumplido expresó el vocero de Sol.bo.
Por ahora informó que el equipo jurídico está analizando el cumplimiento de los miembros del TED para ver qué acciones tomarán porque existe otro acto que está vulnerando los derechos de 30 mil ciudadanos.
“Los abogados tendrán que analizar en detalle sobre la labor que están cumpliendo los vocales del TED y además habría que recordarles el caso de la asambleísta Parra, Paris Galán del movimiento ciudadano LGTB ya pasó más de dos años y medio y no le entregan su credencial están privando a más de 30 mil ciudadanos paceños de tener a su representante legalmente elegido”, aseveró.
Por su parte, los ciudadanos que solicitaron el revocatorio contra el Alcalde informaron que desde este 26 de marzo hasta el 26 de junio recolectarán las firmas y huellas, las mismas que serán recabadas en diferentes puntos de la ciudad de La Paz en dos mil libros que cada uno les está costando 22 bolivianos y los mismos se están costeando de los fondos de la Federación de Juntas Vecinales.
Las autoridades que podrían ser sometidas a la revocatoria de mandato son; el Alcalde Luis Revilla y los concejales de Fabián Siñani (Sol.bo), Isaac Fernández (Sol.bo), Cecilia Chacón (Sol.bo) y Mabel Machicado (MAS).
El presidente del TED, Antonio Condori, informó que por instrucciones del Tribunal Supremo Electoral se anularon obrados y el Secretario de Cámara del TED elaboró un nuevo informe y se notificó con el mismo, a los solicitantes del revocatorio contra el Älcalde paceño y líder de Sol.bo.
“Hemos notificado al señor Vera para que en un plazo de 24 horas pudieran hacer las correcciones y precisamente el día martes 13 de marzo, ellos han presentado su memorial subsanando las observaciones y, por lo tanto, este lunes 19 de marzo en sesión extraordinaria hemos aprobado este informe donde Jesús Vera y compañía están habilitados para iniciar la recolección de firmas en los próximos 90 días”, explicó Condori a radio Compañera.
Sin embargo, dejó abierta la posibilidad que esta nueva resolución que aprobó el TED pueda ser otra vez “impugnada o apelada por los agraviados, en este caso el señor Revilla y sus concejales para que se suspenda esta recolección de firmas”.
Al respecto, el alcalde de Luis Revilla, por su parte, dijo: “Ojalá que esa ‘chacota’ que están promoviendo para desestabilizar La Paz termine de una vez, pues está claro que nadie en La Paz va a apoyar un proceso de desestabilización de la gestión municipal”, según la agencia de noticias Fides (ANF).
Por su lado, el vocero de Sol.bo afirmó que las acciones del TED La Paz no se enmarcan en la línea de lo que corresponde a una entidad imparcial y seria.
“Queda claro que el TED es cada vez menos serio, esto ya es una ‘chacota’, un día autoriza, otro desautoriza luego se vuelve autorizar; aquí hay una pérdida de credibilidad, el accionar debería ser un árbitro imparcial, probo, que goce de la confianza pero es todo lo contrario y no solo sobre la seriedad de su trabajo sino también su imparcialidad”, aseguró Bedregal en contacto con EL DIARIO.
Asimismo, considera que los libros ya utilizados para recolectar las firmas y las huellas deberían ser entregados, aspecto que aún no se ha cumplido expresó el vocero de Sol.bo.
Por ahora informó que el equipo jurídico está analizando el cumplimiento de los miembros del TED para ver qué acciones tomarán porque existe otro acto que está vulnerando los derechos de 30 mil ciudadanos.
“Los abogados tendrán que analizar en detalle sobre la labor que están cumpliendo los vocales del TED y además habría que recordarles el caso de la asambleísta Parra, Paris Galán del movimiento ciudadano LGTB ya pasó más de dos años y medio y no le entregan su credencial están privando a más de 30 mil ciudadanos paceños de tener a su representante legalmente elegido”, aseveró.
Por su parte, los ciudadanos que solicitaron el revocatorio contra el Alcalde informaron que desde este 26 de marzo hasta el 26 de junio recolectarán las firmas y huellas, las mismas que serán recabadas en diferentes puntos de la ciudad de La Paz en dos mil libros que cada uno les está costando 22 bolivianos y los mismos se están costeando de los fondos de la Federación de Juntas Vecinales.
Las autoridades que podrían ser sometidas a la revocatoria de mandato son; el Alcalde Luis Revilla y los concejales de Fabián Siñani (Sol.bo), Isaac Fernández (Sol.bo), Cecilia Chacón (Sol.bo) y Mabel Machicado (MAS).
21 marzo 2018
Homenaje póstumo a Julio Garrett Ayllón
Julio Garrett Ayllón, exvicepresidente de Bolivia entre 1985 y 1989, partió el lunes tras varios días de haber sido hospitalizado. Un problema cardíaco pulmonar segó la vida del patricio chuquisaqueño que con 92 años de edad dejó un gran legado político.
“La vida política de Julio Garrett fue una vida de entrega total a los conceptos de democracia, justicia social, defensa de los recursos naturales y defensa de la dignidad del hombre, no hay espacio que no estuviera ligado a esos principios. Desde muy joven se destacó por ser un luchador en la Universidad, luego como catedrático, Rector de la Universidad Técnica de Oruro, Senador de la República y militante del MNR desde 1973, llegando a concluir su destacada vida política como Vicepresidente”, destacó el exsenador y exconstituyente Guillermo Richter.
Uno de los pasajes que no está escrito en los libros de historia es la asunción constitucional de Garrett Ayllón a la Presidencia de la República por unos días el año 1984, cuando se gestaba un golpe de estado militar y el presidente Hernán Siles Suazo fue secuestrado. “Garrett fue un hombre importante para la recuperación de la democracia en Bolivia, ya que como presidente del Senado podía quedarse en el mando del país mientras se gestaba un golpe de estado, pero su intención siempre fue devolver la democracia al pueblo”, acotó Richter.
Sobre este pasaje de la historia, su hijo Julio Garrett Kent destacó esta asunción constitucional que hasta hace poco ellos también desconocían: “Jaime Paz Zamora renunció al cargo y sólo quedó Hernán Siles Zuazo y mi padre que era el presidente del Senado asumió el cargo tras el rapto del presidente que fue unos días, esto no está en los libros de historia pero pasó”.
BIOGRAFÍA
Nació en Sucre el 22 de mayo de 1925 y se formó como abogado en la Universidad San Francisco Xavier. Se desempeñó como Secretario General de la Federación de Estudiantes de Chuquisaca y fue premiado por la Universidad con una beca para seguir estudios en el Instituto Rio Branco, de Itamaraty (Brasil), como el mejor alumno, egresado de la Facultad de Derecho.
Realizó estudios en el Instituto de Altos Estudios Internacionales de París, a su retorno y por concurso asumió la Cátedra de Sociología de la Universidad Técnica de Oruro, donde años más tarde fue elegido rector por dos períodos, en cuyo ejercicio inició la construcción de la “Ciudad Universitaria“.
Fue senador por Oruro (1966) y presidente de la Cámara Nacional de Minería, donde su acción principal estuvo centrada en la fundación de la Fundición de Estaño Vinto (1969-1973).
Políticamente defendió el establecimiento de relaciones con los países socialistas y fue nombrado primer Embajador de Bolivia en la extinta Unión Soviética (1969-1973).
En diciembre de 1973 ingresó al MNR y en enero de 1974 fue desterrado junto con el doctor Víctor Paz Estenssoro, permaneció en Paraguay y Argentina en el exilio por cinco años, hasta 1979, cuando retornó al país. Fue elegido senador (1979) y luego ministro de Relaciones Exteriores (1979 – 1980). En 1980, fue elegido nuevamente senador. Apresado por el gobierno de Luis García Meza volvió a sufrir el destierro.
“La vida política de Julio Garrett fue una vida de entrega total a los conceptos de democracia, justicia social, defensa de los recursos naturales y defensa de la dignidad del hombre, no hay espacio que no estuviera ligado a esos principios. Desde muy joven se destacó por ser un luchador en la Universidad, luego como catedrático, Rector de la Universidad Técnica de Oruro, Senador de la República y militante del MNR desde 1973, llegando a concluir su destacada vida política como Vicepresidente”, destacó el exsenador y exconstituyente Guillermo Richter.
Uno de los pasajes que no está escrito en los libros de historia es la asunción constitucional de Garrett Ayllón a la Presidencia de la República por unos días el año 1984, cuando se gestaba un golpe de estado militar y el presidente Hernán Siles Suazo fue secuestrado. “Garrett fue un hombre importante para la recuperación de la democracia en Bolivia, ya que como presidente del Senado podía quedarse en el mando del país mientras se gestaba un golpe de estado, pero su intención siempre fue devolver la democracia al pueblo”, acotó Richter.
Sobre este pasaje de la historia, su hijo Julio Garrett Kent destacó esta asunción constitucional que hasta hace poco ellos también desconocían: “Jaime Paz Zamora renunció al cargo y sólo quedó Hernán Siles Zuazo y mi padre que era el presidente del Senado asumió el cargo tras el rapto del presidente que fue unos días, esto no está en los libros de historia pero pasó”.
BIOGRAFÍA
Nació en Sucre el 22 de mayo de 1925 y se formó como abogado en la Universidad San Francisco Xavier. Se desempeñó como Secretario General de la Federación de Estudiantes de Chuquisaca y fue premiado por la Universidad con una beca para seguir estudios en el Instituto Rio Branco, de Itamaraty (Brasil), como el mejor alumno, egresado de la Facultad de Derecho.
Realizó estudios en el Instituto de Altos Estudios Internacionales de París, a su retorno y por concurso asumió la Cátedra de Sociología de la Universidad Técnica de Oruro, donde años más tarde fue elegido rector por dos períodos, en cuyo ejercicio inició la construcción de la “Ciudad Universitaria“.
Fue senador por Oruro (1966) y presidente de la Cámara Nacional de Minería, donde su acción principal estuvo centrada en la fundación de la Fundición de Estaño Vinto (1969-1973).
Políticamente defendió el establecimiento de relaciones con los países socialistas y fue nombrado primer Embajador de Bolivia en la extinta Unión Soviética (1969-1973).
En diciembre de 1973 ingresó al MNR y en enero de 1974 fue desterrado junto con el doctor Víctor Paz Estenssoro, permaneció en Paraguay y Argentina en el exilio por cinco años, hasta 1979, cuando retornó al país. Fue elegido senador (1979) y luego ministro de Relaciones Exteriores (1979 – 1980). En 1980, fue elegido nuevamente senador. Apresado por el gobierno de Luis García Meza volvió a sufrir el destierro.
Oposición en Senado Afirman que no hay voluntad de investigar asesinato de Illanes
El senador de Unidad Demócrata (UD), Arturo Murillo, afirmó ayer que el fiscal general Ramiro Guerrero no tiene la voluntad de investigar el asesinato del exviceministro Rodolfo Illanes y cuestionó que no se impute al actual viceministro, José Luis Quiroga, por incitar y provocar a los mineros cooperativistas que victimaron a la autoridad el 25 de agosto de 2016, en la localidad de Panduro.
Murillo hizo estas afirmaciones ayer, al término del informe oral que Guerrero presentó ante el pleno del Senado.
Murillo solicitó el informe a raíz de las amenazas que se dieron entre el fiscal departamental, Edwin Blanco, y el viceministro Quiroga.
“Cuál es la respuesta del fiscal Guerrero, que cualquier momento puede cambiar esto y se puede imputar al (viceministro) Quiroga, que todavía no ha sido cerrada la investigación”, aseveró Murillo.
Reprochó que en 19 meses no se haya logrado esclarecer sobre quiénes fueron los responsables de la muerte de Illanes, siendo que Quiroga solo fue citado como testigo y no cuenta con imputación en su contra.
Por su lado, en el informe, Guerrero detalló que se tomó declaración a 146 personas involucradas y se tiene aún a cooperativistas en calidad de prófugos.
Por otro lado, reveló que por el asesinato del minero Rubén Aparaya Pillco, perpetrado una hora antes de ser victimado Illanes, en la misma fecha, se presentó imputación formal contra el excomandante departamental de la Policía, coronel José Luis Aranibar.
Aranibar fue imputado por los delitos de incumplimiento de deberes y homicidio culposo, debido a que siendo el responsable de los operativos de desbloqueo que se dieron en esas fechas, no controló que el personal a su cargo no porte armas letales, según la hipótesis de la Fiscalía.
Por su lado el ministro de Gobierno, Carlos Romero, no cree que existan pruebas que impliquen al excomandante Aranibar, en la muerte del minero Aparaya en la localidad de Panduro, carretera La Paz - Oruro.
Esta sería la segunda imputación en contra de Aranibar, que ya está procesado en el caso de asesinato de Illanes por los mismos cargos y cuenta con detención domiciliaria.
Murillo hizo estas afirmaciones ayer, al término del informe oral que Guerrero presentó ante el pleno del Senado.
Murillo solicitó el informe a raíz de las amenazas que se dieron entre el fiscal departamental, Edwin Blanco, y el viceministro Quiroga.
“Cuál es la respuesta del fiscal Guerrero, que cualquier momento puede cambiar esto y se puede imputar al (viceministro) Quiroga, que todavía no ha sido cerrada la investigación”, aseveró Murillo.
Reprochó que en 19 meses no se haya logrado esclarecer sobre quiénes fueron los responsables de la muerte de Illanes, siendo que Quiroga solo fue citado como testigo y no cuenta con imputación en su contra.
Por su lado, en el informe, Guerrero detalló que se tomó declaración a 146 personas involucradas y se tiene aún a cooperativistas en calidad de prófugos.
Por otro lado, reveló que por el asesinato del minero Rubén Aparaya Pillco, perpetrado una hora antes de ser victimado Illanes, en la misma fecha, se presentó imputación formal contra el excomandante departamental de la Policía, coronel José Luis Aranibar.
Aranibar fue imputado por los delitos de incumplimiento de deberes y homicidio culposo, debido a que siendo el responsable de los operativos de desbloqueo que se dieron en esas fechas, no controló que el personal a su cargo no porte armas letales, según la hipótesis de la Fiscalía.
Por su lado el ministro de Gobierno, Carlos Romero, no cree que existan pruebas que impliquen al excomandante Aranibar, en la muerte del minero Aparaya en la localidad de Panduro, carretera La Paz - Oruro.
Esta sería la segunda imputación en contra de Aranibar, que ya está procesado en el caso de asesinato de Illanes por los mismos cargos y cuenta con detención domiciliaria.
Caso exviceministro Rodolfo Illanes Imputan a excomandante por muerte de minero en Panduro
El coronel fue imputado por delitos de homicidio culposo e incumplimiento de deberes, la Fiscalía pide detención preventiva del acusado.
El Ministerio Público imputó formalmente al excomandante de la Policía de La Paz, coronel José Luis Aranibar, con cargos de incumplimiento de deberes y homicidio culposo por la muerte del minero cooperativista Rubén Aparaya Pillco, hecho registrado en la localidad de Panduro en agosto de 2016 durante los enfrentamientos entre el gobierno y mineros por desacuerdos con la Ley de la Minería.
De acurdo con el reporte, sería la segunda imputación contra el exjefe policial ya que en la primera fue acusado por incumplimiento de deberes y denegación de auxilio en el caso de la muerte del exviceministro Rodolfo Illanes.
“Es totalmente inverosímil que se impute a un excomandante departamental por hechos en los cuales no ha participado y no entendemos la posición del Ministerio Público que realiza una imputación, a criterio de la defensa forzada, violentando absolutamente todos los derechos y garantías constitucionales de una exautoridad”, dijo Jorge Tamayo, abogado de Aranibar. (ANF)
El Ministerio Público imputó formalmente al excomandante de la Policía de La Paz, coronel José Luis Aranibar, con cargos de incumplimiento de deberes y homicidio culposo por la muerte del minero cooperativista Rubén Aparaya Pillco, hecho registrado en la localidad de Panduro en agosto de 2016 durante los enfrentamientos entre el gobierno y mineros por desacuerdos con la Ley de la Minería.
De acurdo con el reporte, sería la segunda imputación contra el exjefe policial ya que en la primera fue acusado por incumplimiento de deberes y denegación de auxilio en el caso de la muerte del exviceministro Rodolfo Illanes.
“Es totalmente inverosímil que se impute a un excomandante departamental por hechos en los cuales no ha participado y no entendemos la posición del Ministerio Público que realiza una imputación, a criterio de la defensa forzada, violentando absolutamente todos los derechos y garantías constitucionales de una exautoridad”, dijo Jorge Tamayo, abogado de Aranibar. (ANF)
Estados Unidos Sánchez de Lozada testificó sin preguntas de demandantes
El juicio por la “masacre de octubre” a Sánchez de Lozada y Carlos Sánchez Berzaín comenzó el 5 de marzo y se espera dure dos semanas más.
El expresidente boliviano Gonzalo Sánchez de Lozada afirmó ayer ante el tribunal a cargo de una demanda civil presentada contra él, en Estados Unidos, que durante las protestas que provocaron su renuncia en 2003 trató de llegar a acuerdos con los manifestantes y sus líderes, sin éxito.
El dos veces presidente de Bolivia declaró ayer por primera vez en el juicio, pero los abogados de los demandantes, familiares de ocho personas muertas en esas protestas, desistieron de hacerle preguntas en las más de dos horas que estuvo hablando ante el juez James I. Cohn, lo que causó una visible sorpresa entre el público.
El juicio iniciado el 5 de marzo en los tribunales de Fort Lauderdale (Florida) es la etapa final de un proceso judicial que comenzó en 2007 y tiene también como demandado al exministro de Defensa de Bolivia, Carlos Sánchez Berzaín, quien como el expresidente está asilado en Estados Unidos desde 2003.
Sánchez de Lozada, de 87 años y conocido como ‘Goni’ por sus compatriotas, se presentó ante el tribunal como un hombre de “consenso” que siempre buscó el diálogo con los líderes de los movimientos que en octubre de 2003 convocaron a los bolivianos a salir a las calles para protestar por un plan para vender gas natural a Chile que promovía su gobierno.
También señaló que, una vez que dejó la Presidencia y Bolivia, se preocupó de que se realizara una investigación independiente de lo que se conoce como “la guerra del gas” y escribió a la OEA y a la ONU para que asumieran esa tarea, como consta en varios documentos que presentaron sus abogados ante el tribunal.
“Quería clarificar todo, porque la historia la escriben los ganadores”, señaló en su declaración ante el juez Cohn.
Sánchez de Lozada se reunió varias veces durante su Presidencia con el actual presidente de Bolivia, Evo Morales, quien entonces era un dirigente cocalero y fue una de las figuras centrales de las protestas, según dijo ante el tribunal.
Entre 60 y 80 civiles murieron en la “guerra del gas” y más de 400 sufrieron heridas de arma de fuego, pero el juicio se circunscribe a ocho víctimas mortales.
Los familiares de esas ocho personas consideran responsables de sus muertes a los dos Sánchez y les exigen una indemnización, algo que deberá determinar un jurado compuesto por 10 personas.
Al ser un juicio civil, ninguno de los dos políticos bolivianos está obligado a declarar.
El dos veces presidente, que habló ayer como testigo de la defensa, dijo que cuando estuvo en la Presidencia se mostró dispuesto a escuchar a los bolivianos para conocer cuáles eran para ellos las soluciones a los problemas del país y se ocupó de dejar siempre “puertas abiertas” para el diálogo.
También mencionó varios planes y programas que puso en marcha para atender a los más vulnerables y destacó que cuando las protestas crecieron dejó en suspenso el plan de exportar gas a Chile, país con el que Bolivia tiene un viejo contencioso territorial.
Durante su declaración los abogados mostraron cartas y mensajes cruzados con los manifestantes que bloqueaban El Alto, la ciudad vecina a La Paz donde está el aeropuerto, para llegar a un acuerdo, y también expusieron cartas dirigidas al líder aymara Felipe Quispe.
En la sala del tribunal estuvieron la esposa de Sánchez de Lozada, Ximena Iturralde, y el otro demandado, el exministro Sánchez Berzaín.
Sánchez de Lozada, miembro del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), fue presidente de 1993 a 1997 y luego asumió un segundo mandato el 6 de agosto de 2002, que ejerció hasta su renuncia del 17 de octubre de 2003.
Según dijo, cuando asumió en 2002 se encontró un país “en recesión y con muchos problemas sociales”.
Los demandantes son Eloy Rojas Mamani, Etelvina Ramos Mamani, Felicidad Rosa Huanca Quispe, Gonzalo Mamani Aguilar, Sonia Espejo Villalobos, Juan Patricio Quispe Mamani, Teófilo Baltazar Cerro, Juana Valencia de Carvajal, Hermógenes Bernabé Callizaya y Hernán Apaza Cutipa. (EFE)
Policía reprime y detiene a 40 cocaleros de Yungas
La segunda jornada de enfrentamientos de la Policía con los productores de coca afiliados a la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adpcoca) de los Yungas dejó el saldo de al menos 40 personas detenidas, 33 en calidad de aprehendidas y siete arrestadas, por su intento de retomar el mercado de la coca de Villa Fátima y el rechazo al autonombrado comité “Ad Hoc” afín al Gobierno, que reiteró su convocatoria para renovar el directorio y alejar al dirigente Franklin Gutiérrez.
MENOR
APREHENDIDO
Entre los aprehendidos figura Darwin Aduviri Condori, un menor de 14 años, a quien se maniató y trató que se autoincrimine como lo verificó nuestro medio con videos y grabaciones, que son de conocimiento de la Defensoría de la Niñez que ayer tomó bajo su custodia al menor natural de la Asunta (Sud Yungas), cuyos padres o familiares tratan de ser contactados.
Vecinos que tienen sus domicilios y negocios en inmediaciones del mercado de Adepcoca, ubicado a una cuadra de la Plaza del Maestro, entrevistados por EL DIARIO, aseguraron que los enfrentamientos de ayer se dieron por provocación de los policías, que arremetieron contra las mujeres que se sentaron en la calzada frente a sus escudos, acción que generó el rechazo y la ira de los varones que se defendieron con palos y piedras, dejando siete efectivos policontusos
A pesar de las imágenes y los testimonios de los vecinos, el comandante departamental de la Policía, coronel Eduardo Rivera, aseguró que los violentos eran los afiliados de Adepcoca y en el caso del menor de 14 años, aseguró que este arrojaba dinamita.
SIN
CREDIBILIDAD
En horas de la tarde, la versión de la Policía se hizo menos creíble aún, pues el director departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), coronel Jhonny Aguliera, señaló que el menor fue aprehendido por causar daño a los vehículos de la Policía.
EL DIARIO, junto a otros tres medios de comunicación, presentes al momento de la aprehensión, evidenció que el menor no portaba ningún elemento explosivo o de otro tipo.
MALTRATO
El menor fue conducido desde la Plaza del Maestro hacia la puerta lateral de Adepcoca y, en todo el trayecto, uno de los uniformados doblaba el brazo izquierdo y aplicaba presión en el cuello del menor para que no declare a la prensa.
Ante tal situación, los efectivos sólo atinaron a amenazar y agredir a los periodistas, aprovechando que no podían ser identificados por las máscaras que les cubrían los rostros.
De igual forma, padres de familia manifestaron su molestia por el accionar de efectivos policiales que capturaron a estudiantes universitarios y transeúntes que circunstancialmente se encontraban en el lugar, mientras que una menor fue arrestada por levantar los casquillos de los detonantes utilizados contra los productores de coca.
Cocaleros
heridos
Si bien los dirigentes de Adepcoca no pudieron cuantificar a sus heridos, hasta el cierre de esta edición se calculaba al menos 40 personas detenidas, entre arrestados y aprehendidos, en su mayoría mujeres que en algunos casos evitaron ser atendidas en centros médicos por el temor a ser detenidas, cuatro varones presentaban roturas en la cabeza, uno provocado por el impacto de un cartucho de gas lacrimógeno, como lo evidencia otro video.
En horas de la mañana, el viceministro de Coca, Froilán León, anunció una convocatoria a representantes de las 17 regionales que conforman Adepcoca con el fin de proponer el adelanto de sus elecciones como solución al conflicto, anunciado por el comité “Ad Hoc” a fin al MAS para el siguiente 16 de abril, y aseguró que de ser reelecto Franklin Gutiérrez será reconocido como representante de Adepcoca.
Doble discurso
Sergio Pampa, dirigente de Adepcoca, aseguró que la propuesta era un doble discurso del Gobierno que pretende confundir a la población debido a que el comité “Ad Hoc”, encabezado por Edgar Burgoa anunció que no aceptaría la postulación de Gutiérrez, pues señalan que la representación le toca a otro sector de la dirigencia.
ANTECEDENTES
DEL CONFLICTO
El conflicto de Adepcoca tiene origen en el rechazo que este sector hizo a la nueva ley general de la coca, que beneficia con más hectáreas de cultivo a productores del Chapare.
Ayer, el viceministro Luna admitió que quienes tomaron la sede de Adepcoca el pasado lunes era un grupo de apenas 20 personas. No obstante, ahora cuentan con un resguardo de más de 500 policías.
El comité “Ad Hoc” entregó ayer a la Fiscalía la caja fuerte en la que Adepcoca tenía guardada la documentación y dinero producto de la recaudación de los afiliados, según confirmó Pampa que también afirmó que Gutiérrez fue declarado en la clandestinidad porque es perseguido por el Gobierno.
MENOR
APREHENDIDO
Entre los aprehendidos figura Darwin Aduviri Condori, un menor de 14 años, a quien se maniató y trató que se autoincrimine como lo verificó nuestro medio con videos y grabaciones, que son de conocimiento de la Defensoría de la Niñez que ayer tomó bajo su custodia al menor natural de la Asunta (Sud Yungas), cuyos padres o familiares tratan de ser contactados.
Vecinos que tienen sus domicilios y negocios en inmediaciones del mercado de Adepcoca, ubicado a una cuadra de la Plaza del Maestro, entrevistados por EL DIARIO, aseguraron que los enfrentamientos de ayer se dieron por provocación de los policías, que arremetieron contra las mujeres que se sentaron en la calzada frente a sus escudos, acción que generó el rechazo y la ira de los varones que se defendieron con palos y piedras, dejando siete efectivos policontusos
A pesar de las imágenes y los testimonios de los vecinos, el comandante departamental de la Policía, coronel Eduardo Rivera, aseguró que los violentos eran los afiliados de Adepcoca y en el caso del menor de 14 años, aseguró que este arrojaba dinamita.
SIN
CREDIBILIDAD
En horas de la tarde, la versión de la Policía se hizo menos creíble aún, pues el director departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), coronel Jhonny Aguliera, señaló que el menor fue aprehendido por causar daño a los vehículos de la Policía.
EL DIARIO, junto a otros tres medios de comunicación, presentes al momento de la aprehensión, evidenció que el menor no portaba ningún elemento explosivo o de otro tipo.
MALTRATO
El menor fue conducido desde la Plaza del Maestro hacia la puerta lateral de Adepcoca y, en todo el trayecto, uno de los uniformados doblaba el brazo izquierdo y aplicaba presión en el cuello del menor para que no declare a la prensa.
Ante tal situación, los efectivos sólo atinaron a amenazar y agredir a los periodistas, aprovechando que no podían ser identificados por las máscaras que les cubrían los rostros.
De igual forma, padres de familia manifestaron su molestia por el accionar de efectivos policiales que capturaron a estudiantes universitarios y transeúntes que circunstancialmente se encontraban en el lugar, mientras que una menor fue arrestada por levantar los casquillos de los detonantes utilizados contra los productores de coca.
Cocaleros
heridos
Si bien los dirigentes de Adepcoca no pudieron cuantificar a sus heridos, hasta el cierre de esta edición se calculaba al menos 40 personas detenidas, entre arrestados y aprehendidos, en su mayoría mujeres que en algunos casos evitaron ser atendidas en centros médicos por el temor a ser detenidas, cuatro varones presentaban roturas en la cabeza, uno provocado por el impacto de un cartucho de gas lacrimógeno, como lo evidencia otro video.
En horas de la mañana, el viceministro de Coca, Froilán León, anunció una convocatoria a representantes de las 17 regionales que conforman Adepcoca con el fin de proponer el adelanto de sus elecciones como solución al conflicto, anunciado por el comité “Ad Hoc” a fin al MAS para el siguiente 16 de abril, y aseguró que de ser reelecto Franklin Gutiérrez será reconocido como representante de Adepcoca.
Doble discurso
Sergio Pampa, dirigente de Adepcoca, aseguró que la propuesta era un doble discurso del Gobierno que pretende confundir a la población debido a que el comité “Ad Hoc”, encabezado por Edgar Burgoa anunció que no aceptaría la postulación de Gutiérrez, pues señalan que la representación le toca a otro sector de la dirigencia.
ANTECEDENTES
DEL CONFLICTO
El conflicto de Adepcoca tiene origen en el rechazo que este sector hizo a la nueva ley general de la coca, que beneficia con más hectáreas de cultivo a productores del Chapare.
Ayer, el viceministro Luna admitió que quienes tomaron la sede de Adepcoca el pasado lunes era un grupo de apenas 20 personas. No obstante, ahora cuentan con un resguardo de más de 500 policías.
El comité “Ad Hoc” entregó ayer a la Fiscalía la caja fuerte en la que Adepcoca tenía guardada la documentación y dinero producto de la recaudación de los afiliados, según confirmó Pampa que también afirmó que Gutiérrez fue declarado en la clandestinidad porque es perseguido por el Gobierno.
Entretelones del juicio contra Sánchez de Lozada Recuerdos que aún se lloran y sorpresas de los traductores
Por Erick Foronda
El juicio civil más conocido como Mamani versus Sánchez de Lozada en Fort Lauderdale también tiene sus batallas y episodios de tensión, tristeza y por momentos de los que también generan sonrisas. O sorpresas.
Quienes se llevan la mayor cantidad de sorpresas cada día son los dos traductores que permanecen en la sala desde las nueve de la mañana hasta las cinco de la tarde.
La señora es muy cortés con todos los testigos, pero no la pasa bien cuando los testigos le dicen, por ejemplo, que tomaron un desayuno con “Api y buñuelitos” o cuando los testigos mencionan modismos propios de las zonas rurales de Bolivia.
“Estuve en el punto Cotel”, le repetía una de las testigos. Y la traductora no encontraba un diccionario que le diga que es un punto Cotel.
Su colega, el traductor es muy formal. Por eso le extrañó que todos los hispanohablantes de la sala lanzaran una carcajada cuando dijo que Juan del Granado pertenecía al “Movimiento Temerario”. Del Granado se apresuró en corregirle. “Se trata solo de Sin Miedo”, le dijo.
El día que
la sala lloró
La señora Etelvina relató cómo su pequeña niña recibió el impacto de una bala en su pecho “y la sangre comenzó a salir como de una pila. Ella no hablaba nada pero me miraba como un ave”, dijo Etelvina en un testimonio que dejó en silencio a la sala.
Su esposo relató quebrado y en medio de lágrimas que Marlene siempre le decía que ella quería estudiar hasta salir profesional. “¿porque no eres tu profesor como tus amigos papá?”, le preguntaba Marlene a su papá. Eloy nunca pudo responderle. Y ahora es demasiado tarde.
Algunos debates
Quedaron registrados debates entre los abogados y algunos testigos. Por ejemplo, el abogado de la parte demandante Joseph Sorkin hizo uso de su habilidad en las contra preguntas a Sánchez Berzaín. Usted afirma que no le dijo al exalcalde Juan del Granado que no importa si hay 5 o 50 muertos. ¿Nunca ha hablado de ese tema? Sí. Mantengo la respuesta dijo Sánchez. Sorkin le dijo: entonces si usted mantiene esa afirmación quiere decir que ¿Del Granado miente? Absolutamente, respondió Sánchez.
Usted sostiene que nunca se refirió con las siguientes términos: “Indios de mierda” Le preguntó el abogado. Sánchez dijo “así es. ¿Puedo explicar?’’ Pidió. No, le respondió el abogado.
Refiriéndose a las ocho víctimas, Sorkin le dijo^: “¿Esta de acuerdo que algunas personas inocentes murieron? Sí. ¿Y que Marlene fue una de ellas? Sí. ¿Y Lucio? Y Teodosia y así el abogado preguntó nombre por nombre a las víctimas cuyos familiares iniciaron este proceso. Sánchez decía que no quiere individualizar.
El juicio civil más conocido como Mamani versus Sánchez de Lozada en Fort Lauderdale también tiene sus batallas y episodios de tensión, tristeza y por momentos de los que también generan sonrisas. O sorpresas.
Quienes se llevan la mayor cantidad de sorpresas cada día son los dos traductores que permanecen en la sala desde las nueve de la mañana hasta las cinco de la tarde.
La señora es muy cortés con todos los testigos, pero no la pasa bien cuando los testigos le dicen, por ejemplo, que tomaron un desayuno con “Api y buñuelitos” o cuando los testigos mencionan modismos propios de las zonas rurales de Bolivia.
“Estuve en el punto Cotel”, le repetía una de las testigos. Y la traductora no encontraba un diccionario que le diga que es un punto Cotel.
Su colega, el traductor es muy formal. Por eso le extrañó que todos los hispanohablantes de la sala lanzaran una carcajada cuando dijo que Juan del Granado pertenecía al “Movimiento Temerario”. Del Granado se apresuró en corregirle. “Se trata solo de Sin Miedo”, le dijo.
El día que
la sala lloró
La señora Etelvina relató cómo su pequeña niña recibió el impacto de una bala en su pecho “y la sangre comenzó a salir como de una pila. Ella no hablaba nada pero me miraba como un ave”, dijo Etelvina en un testimonio que dejó en silencio a la sala.
Su esposo relató quebrado y en medio de lágrimas que Marlene siempre le decía que ella quería estudiar hasta salir profesional. “¿porque no eres tu profesor como tus amigos papá?”, le preguntaba Marlene a su papá. Eloy nunca pudo responderle. Y ahora es demasiado tarde.
Algunos debates
Quedaron registrados debates entre los abogados y algunos testigos. Por ejemplo, el abogado de la parte demandante Joseph Sorkin hizo uso de su habilidad en las contra preguntas a Sánchez Berzaín. Usted afirma que no le dijo al exalcalde Juan del Granado que no importa si hay 5 o 50 muertos. ¿Nunca ha hablado de ese tema? Sí. Mantengo la respuesta dijo Sánchez. Sorkin le dijo: entonces si usted mantiene esa afirmación quiere decir que ¿Del Granado miente? Absolutamente, respondió Sánchez.
Usted sostiene que nunca se refirió con las siguientes términos: “Indios de mierda” Le preguntó el abogado. Sánchez dijo “así es. ¿Puedo explicar?’’ Pidió. No, le respondió el abogado.
Refiriéndose a las ocho víctimas, Sorkin le dijo^: “¿Esta de acuerdo que algunas personas inocentes murieron? Sí. ¿Y que Marlene fue una de ellas? Sí. ¿Y Lucio? Y Teodosia y así el abogado preguntó nombre por nombre a las víctimas cuyos familiares iniciaron este proceso. Sánchez decía que no quiere individualizar.
20 marzo 2018
En intento de retomar Adepcoca Policías gasifican a cocaleros de Yungas
Productores de coca de Yungas enfrentaron ayer a los policías por la retoma de sus oficinas y predios del mercado de la coca, en Villa Fátima, el operativo policial desplegó carros Neptuno y al menos 350 efectivos que hicieron desmedido uso de agentes químicos, lo que dejó, al menos, cuatro cocaleros heridos. Entretanto, el Comité Ad Hoc, afín al MAS, minimiza los hechos.
Tras una jornada en la que los productores de coca fueron víctimas de represión y gasificación por parte de la Policía, la asamblea extraordinaria de afiliados a la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca), determinó instalar una vigilia fuera de los predios del mercado cocalero en Villa Fátima.
A las 09.00 horas de ayer, a la cabeza de Franklin Gutierrez ratificado como máximo representante de Adepcoca, una masiva marca partió desde la tranca de Ururjara y se dirigió a la Plaza del Maestro en Villa Fátima con el fin de retomar el edificio donde funciona el mercado de coca y la organización tiene sus oficinas centrales.
Comité ad hoc
Los predios de Adepcoca fueron tomados el pasado lunes, por el autonombrado Comité Ad Hoc encabezado por Edgar Burgoa, apoyados por el Ministerio de Gobierno que hasta ayer había autorizado una custodia de al menos 500 efectivos que continúan al interior de dicha instalación.
La represión policial inició cerca del mediodía, dejando varios heridos con cortes en la cabeza, provocados por disparos de gases lacrimógenos, inclusive a quemarropa, según denunciaron los mismos productores de coca que, el pasado fin de semana en la localidad de Pasto Pata, quemaron los carnets de afiliados otorgados a Evo Morales y Álvaro García Linera.
Detenidos y vigilia
Ya en horas de la tarde, el representante de Adepcoca, Sergio Pampa, aseguró que luego confirmar el arresto de al menos cuatro de sus afiliados, y la persecución de Gutiérrez, los cocaleros de Yungas se declararon en vigilia permanente, hasta la recuperación de sus oficinas tomadas por el Comité Ad Hoc, liderado por gente a fin al Movimiento al Socialismo (MAS).
Pampa le recordó al Gobierno que los predios fueron edificados con los aportes de sus afiliados sin ayuda del Estado.
La Policía reprimió a los marchistas con gases pimienta y lacrimógenos, además de un carro Neptuno que lanzó chorros de agua. Los cocaleros respondieron con piedras y petardos.
“Nosotros somos productores de coca legítimos. Estamos llamando al diálogo, estamos defendiendo lo que en justicia corresponde”, apuntó Pampa.
Policías heridos
Entretanto, el coronel Ricardo Terrazas, de Radio Patrulla 110, informó que dos policías presentan policontusiones y que será la Fiscalía la que determine su libertad o encarcelamiento de los cocaleros detenidos.
El dirigente Miguel Gómez, de la regional Chulumani, informó que los cocaleros decidieron encarar la vigilia hasta las “últimas consecuencias” y convocó a los cocaleros de los Yungas a viajar hacia la ciudad de La Paz, para defender las oficinas de su entidad.
Por su parte, Víctor Flores, del Comité Ad Hoc, acusó a Gutiérrez de llevar jóvenes ajenos Adepcoca para generar desmanes en la movilización.
Dijo que el Comité Ad Hoc se mantendrá al interior de los predios de Adepcoca y no darán “un paso atrás”, porque tienen el mandato de llamar a elecciones para renovar a la dirigencia de la asociación.
A su vez, el comandante departamental de Policía, de La Paz, coronel Eduardo Rivera, manifestó que los uniformados se quedarán en Adepcoca, mientras se resuelve el conflicto entre los cocaleros.
Tras una jornada en la que los productores de coca fueron víctimas de represión y gasificación por parte de la Policía, la asamblea extraordinaria de afiliados a la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca), determinó instalar una vigilia fuera de los predios del mercado cocalero en Villa Fátima.
A las 09.00 horas de ayer, a la cabeza de Franklin Gutierrez ratificado como máximo representante de Adepcoca, una masiva marca partió desde la tranca de Ururjara y se dirigió a la Plaza del Maestro en Villa Fátima con el fin de retomar el edificio donde funciona el mercado de coca y la organización tiene sus oficinas centrales.
Comité ad hoc
Los predios de Adepcoca fueron tomados el pasado lunes, por el autonombrado Comité Ad Hoc encabezado por Edgar Burgoa, apoyados por el Ministerio de Gobierno que hasta ayer había autorizado una custodia de al menos 500 efectivos que continúan al interior de dicha instalación.
La represión policial inició cerca del mediodía, dejando varios heridos con cortes en la cabeza, provocados por disparos de gases lacrimógenos, inclusive a quemarropa, según denunciaron los mismos productores de coca que, el pasado fin de semana en la localidad de Pasto Pata, quemaron los carnets de afiliados otorgados a Evo Morales y Álvaro García Linera.
Detenidos y vigilia
Ya en horas de la tarde, el representante de Adepcoca, Sergio Pampa, aseguró que luego confirmar el arresto de al menos cuatro de sus afiliados, y la persecución de Gutiérrez, los cocaleros de Yungas se declararon en vigilia permanente, hasta la recuperación de sus oficinas tomadas por el Comité Ad Hoc, liderado por gente a fin al Movimiento al Socialismo (MAS).
Pampa le recordó al Gobierno que los predios fueron edificados con los aportes de sus afiliados sin ayuda del Estado.
La Policía reprimió a los marchistas con gases pimienta y lacrimógenos, además de un carro Neptuno que lanzó chorros de agua. Los cocaleros respondieron con piedras y petardos.
“Nosotros somos productores de coca legítimos. Estamos llamando al diálogo, estamos defendiendo lo que en justicia corresponde”, apuntó Pampa.
Policías heridos
Entretanto, el coronel Ricardo Terrazas, de Radio Patrulla 110, informó que dos policías presentan policontusiones y que será la Fiscalía la que determine su libertad o encarcelamiento de los cocaleros detenidos.
El dirigente Miguel Gómez, de la regional Chulumani, informó que los cocaleros decidieron encarar la vigilia hasta las “últimas consecuencias” y convocó a los cocaleros de los Yungas a viajar hacia la ciudad de La Paz, para defender las oficinas de su entidad.
Por su parte, Víctor Flores, del Comité Ad Hoc, acusó a Gutiérrez de llevar jóvenes ajenos Adepcoca para generar desmanes en la movilización.
Dijo que el Comité Ad Hoc se mantendrá al interior de los predios de Adepcoca y no darán “un paso atrás”, porque tienen el mandato de llamar a elecciones para renovar a la dirigencia de la asociación.
A su vez, el comandante departamental de Policía, de La Paz, coronel Eduardo Rivera, manifestó que los uniformados se quedarán en Adepcoca, mientras se resuelve el conflicto entre los cocaleros.
Falleció Julio Garrett, exvicepresidente
“Fue un amante de Bolivia, su hija predilecta siempre fue Sucre; fue un estadista que siempre pensó en cómo mejorar la vida de los compatriotas, esa fue la directriz principal de su vida” expresó Julio Garrett hijo, en homenaje a su padre Julio Garrett Ayllón, exvicepresidente del país, quien falleció ayer en la madrugada.
El exmandatario murió a los 92 años. Por problemas cardíacos hace un par de semanas fue ingresado a una clínica de la capital del país donde residía, a causa de una arritmia cardíaca se complicó su salud que derivó en su muerte.
Garrett fue vicepresidente de la nación en 1985 durante la presidencia de Víctor Paz Estenssoro, fue senador por Oruro y Chuquisaca, embajador de Bolivia en la Unión Soviética y Argentina, Ministro de Relaciones Exteriores, Presidente del Senado Nacional, Rector de la Universidad Técnica de Oruro (UTO) y de la Universidad Andina Simón Bolívar (UASB).
Nació en Sucre el 22 de mayo de 1925 y se formó como abogado en la Universidad de San Francisco Xavier de Chuquisaca, y en la Universidad Técnica de Oruro y realizó estudios en el Instituto de Altos Estudios Internacionales de París.
El diputado nacional Horacio Poppe manifestó que Garrett “era un hombre sorprendentemente visionario, que tenía la solución a los principales problemas del país, pero lamentablemente nunca fue escuchado por las autoridades y se fue con sus grandes ideas”.
Poppe, quien lo visitó y pudo hablar con él en sus últimos días de vida señaló que Garrett en sus momentos de lucidez en terapia intensiva preguntó por la situación del país, como la demanda marítima y el traslado a Sucre de la Gerencia de Ductos y Gas. “Le importaba más saber de los problemas del país que de su estado de salud” dijo el diputado nacional.
Este martes se instalará una capilla ardiente en su memoria en predios de la Universidad Andina Simón Bolívar y a las 14.00 se celebrará la misa de cuerpo presente y el posterior traslado de sus restos mortales al Cementerio General.
El exmandatario murió a los 92 años. Por problemas cardíacos hace un par de semanas fue ingresado a una clínica de la capital del país donde residía, a causa de una arritmia cardíaca se complicó su salud que derivó en su muerte.
Garrett fue vicepresidente de la nación en 1985 durante la presidencia de Víctor Paz Estenssoro, fue senador por Oruro y Chuquisaca, embajador de Bolivia en la Unión Soviética y Argentina, Ministro de Relaciones Exteriores, Presidente del Senado Nacional, Rector de la Universidad Técnica de Oruro (UTO) y de la Universidad Andina Simón Bolívar (UASB).
Nació en Sucre el 22 de mayo de 1925 y se formó como abogado en la Universidad de San Francisco Xavier de Chuquisaca, y en la Universidad Técnica de Oruro y realizó estudios en el Instituto de Altos Estudios Internacionales de París.
El diputado nacional Horacio Poppe manifestó que Garrett “era un hombre sorprendentemente visionario, que tenía la solución a los principales problemas del país, pero lamentablemente nunca fue escuchado por las autoridades y se fue con sus grandes ideas”.
Poppe, quien lo visitó y pudo hablar con él en sus últimos días de vida señaló que Garrett en sus momentos de lucidez en terapia intensiva preguntó por la situación del país, como la demanda marítima y el traslado a Sucre de la Gerencia de Ductos y Gas. “Le importaba más saber de los problemas del país que de su estado de salud” dijo el diputado nacional.
Este martes se instalará una capilla ardiente en su memoria en predios de la Universidad Andina Simón Bolívar y a las 14.00 se celebrará la misa de cuerpo presente y el posterior traslado de sus restos mortales al Cementerio General.
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