En el informe de la Comisión de Venecia sobre la reelección indefinida establece como verdad jurídica que la intención de los gobernantes de repostularse y gobernar sin un límite de tiempo establecido no está enmarcada dentro de los Derechos Humanos destacó el constitucionalista Carlos Alarcón
El informe que emitió la Comisión de Venecia fue en respuesta al Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), quien pidió un informe a expertos europeos por la mala práctica que se está haciendo en diferentes países de Latinoamérica en sus tribunales constitucionales.
“Se trata de los mejores juristas y constitucionalista del mundo, el valor de ese informe no es de voluntad o de decisión sino de verdad jurídica inconmovible que contiene tres elementos”, explicó Alarcón.
En ese sentido, el constitucionalista desarrolló los elementos que contiene el informe con relación a Bolivia.
“El primero era un invento, el supuesto derecho a la relección y candidatura vitalicia e indefinida, no había tal derecho humano sino que las posibilidades de relección son una posibilidad de poder ser relegido, pero no son en esencia un derecho humano”, sostuvo.
Destacó también que estos límites a la relección, en sistemas presidencialista o semipresidencialistas como es el caso boliviano, evitan el abuso del poder y no vulneran los derechos de quienes quieren ser candidatos o de los electores o votantes que quieran votar a futuro, “entonces no hay vulneración a los derechos políticos”.
“La tercera precisión es que esto de dejar sin efectos los límites a la relección requiere procesos de reforma constitucional que se tiene que dar primero para que después, en coherencia y concordancia con estas reformas constitucionales, recién se pronuncien los Tribunales Constitucionales”, afirmó.
En cambio, aseveró que en Bolivia se hizo al revés y esto es lo que se quiere corregir para que se proceda en ley y no se vulnere ningún derecho, como se pretende desconociendo el resultado de un referéndum y la propia Constitución Política del Estado.
CONSULTA ANTERIOR
El senador de UD, Edwin Rodríguez, reveló ayer que el ministro de Justicia, Héctor Arce acudió en 2011 ante la Comisión de Venecia, instancia recientemente descalificada por el mismo ministro y otras autoridades, para solicitarle su opinión sobre el proyecto de Código de Procedimientos Constitucionales y el anteproyecto de Ley Orgánica del Ministerio Público.
“Héctor Arce debe explicarle al país porqué le miente y porque es un mal agradecido con esta Comisión de Venecia porque cuando le conviene ha utilizado su opinión para implementar normas en el país”, aseguró el senador opositor en conferencia de prensa.
El senador explicó que esta instancia remitió un informe que presentó la Comisión en octubre de 2011 y en el documento puede leerse el nombre del ministro Arce, como solicitante de la opinión en su calidad de presidente de la Cámara de Diputados.
El magistrado Orlando Ceballos, del Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia (TCP), cosecha críticas por sus opiniones sobre el informe de la Comisión de Venecia argumentando que es una opinión más y activistas de las plataformas ciudadanas y cívicos lo tildan de parcialidad con el Gobierno, según el medio cruceño El Día.
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