Con la presencia de su máximo líder, Rubén Costas, la organización política Verdad y Democracia Social (Verdes) inició sus primeros comicios internos en forma simultánea, que culminaron con la posesión de la nueva junta ejecutiva municipal de los municipios Cotoca, El Torno y Porongo.
La finalidad es concretar elecciones en los 56 municipios cruceños hasta fin de año. El anuncio fue hecho por la secretaria de organización, Kathia Quiroga, que explicó que los primeros cuatro municipios donde se efectuó la elección ya cumplieron con las etapas previas de recepción de libros para publicación del padrón electoral, habilitación de candidatos, impugnaciones y descargos, además de distribución de material electoral con la presentación al Tribunal Electoral Departamental.
La proyección es ser un partido político a escala nacional, dijo Quiroga.
31 octubre 2011
Bancada MSM: "Santos Tito gobierna Oruro a control remoto"
La Bancada de asambleístas departamentales del Movimiento Sin Miedo (MSM), analizó dentro de sus atribuciones el trabajo del gobernador Santos Tito, advirtiendo en sus funciones un vacío administrativo, porque el mayor porcentaje de tiempo, se encuentra en la ciudad de La Paz, en este sentido la oposición en la Asamblea Departamental, sostiene que la primera autoridad del departamento gobierna Oruro, a "control remoto".
Esta posición asumida por los asambleístas José Luis Toco, Víctor Quispe, Ruy López y Limbert Maceiros; que luego de una evaluación de la gestión del gobernador, con una serie de problemas financieros y jurídicos, en un año y cinco meses de labor, concluyeron en que no se pueden advertir resultados tangibles.
"El jefe de la Unidad de Comunicación, Sergio Godoy, constantemente indica que el Gobernador se encuentra en la ciudad de La Paz gestionando proyectos, pero a la fecha no hay proyectos nuevos, no tenemos resultados respecto a la reducción del déficit, que se mantiene en 700 millones, en definitiva el señor Santos Tito está gobernando desde el a ciudad de La Paz y a control remoto, en desmedro del desarrollo de Oruro", sostuvo José Luis Toco.
Limbert Maceiros, insistió en que existe un vacío administrativo, por ejemplo en el seguimiento de supuestos actos de corrupción que se produjeron en la ex administración prefectural, sin resultados hasta el momento, a pesar de contar con evidencias jurídicas.
Por su parte el asambleísta Ruy López, manifestó que no se cuentan con proyectos nuevos de carreteras, tampoco de electrificación, y menos de desarrollo productivo, problemas que seguirán presentes hasta la conclusión de la gestión del gobernador.
"El Movimiento Sin Miedo (MSM), se preocupa de este detalle, no es la única vez que pedimos un informe, lo hicimos con notas en más de 122 oportunidades, para tener un panorama del estado de situación económica, técnica y jurídica, además del avance de la ejecución presupuestaria en términos reales, eso no tenemos", explicó José Luis Toco.
Finalmente, Víctor Quispe denunció que el Gobernador no administra el Gobierno Autónomo del Departamento de Oruro con la Asamblea Departamental, omitiendo la remisión de proyectos para su aprobación y solicitudes de informe.
"Si el Gobernador no tienen la capacidad suficiente para gobernar el departamento, lo correcto es que dé un paso al costado, porque existen asambleístas de su mismo partido que pueden asumir esta responsabilidad", finalizó, José Luis Toco.
Esta posición asumida por los asambleístas José Luis Toco, Víctor Quispe, Ruy López y Limbert Maceiros; que luego de una evaluación de la gestión del gobernador, con una serie de problemas financieros y jurídicos, en un año y cinco meses de labor, concluyeron en que no se pueden advertir resultados tangibles.
"El jefe de la Unidad de Comunicación, Sergio Godoy, constantemente indica que el Gobernador se encuentra en la ciudad de La Paz gestionando proyectos, pero a la fecha no hay proyectos nuevos, no tenemos resultados respecto a la reducción del déficit, que se mantiene en 700 millones, en definitiva el señor Santos Tito está gobernando desde el a ciudad de La Paz y a control remoto, en desmedro del desarrollo de Oruro", sostuvo José Luis Toco.
Limbert Maceiros, insistió en que existe un vacío administrativo, por ejemplo en el seguimiento de supuestos actos de corrupción que se produjeron en la ex administración prefectural, sin resultados hasta el momento, a pesar de contar con evidencias jurídicas.
Por su parte el asambleísta Ruy López, manifestó que no se cuentan con proyectos nuevos de carreteras, tampoco de electrificación, y menos de desarrollo productivo, problemas que seguirán presentes hasta la conclusión de la gestión del gobernador.
"El Movimiento Sin Miedo (MSM), se preocupa de este detalle, no es la única vez que pedimos un informe, lo hicimos con notas en más de 122 oportunidades, para tener un panorama del estado de situación económica, técnica y jurídica, además del avance de la ejecución presupuestaria en términos reales, eso no tenemos", explicó José Luis Toco.
Finalmente, Víctor Quispe denunció que el Gobernador no administra el Gobierno Autónomo del Departamento de Oruro con la Asamblea Departamental, omitiendo la remisión de proyectos para su aprobación y solicitudes de informe.
"Si el Gobernador no tienen la capacidad suficiente para gobernar el departamento, lo correcto es que dé un paso al costado, porque existen asambleístas de su mismo partido que pueden asumir esta responsabilidad", finalizó, José Luis Toco.
Elecciones judiciales Mesa de Ocotavi abrió por menos de una hora y recibió dos votos
La única mesa de sufragio existente en el Cruce Ocotavi, distante a 37 kilómetros al Noreste de la ciudad de Oruro, fue abierta ayer por el lapso de menos de una hora y cerrada, después que se emitieron dos votos. Funcionarios del Tribunal Electoral Departamental de Oruro (TEDO) indicaron que se obligó al cierre, mientras que los comunarios afirmaron que fueron obligados a votar por la Policía y no se respetó el acuerdo con autoridades electorales.
El 16 de octubre se llevaron adelante las elecciones para autoridades del Órgano Judicial en el país, sin embargo, en el único lugar donde no se desarrolló esta actividad fue en el Cruce Ocotavi, debido a un conflicto que data de más de cinco años tras la creación de la Tercera Sección Municipal, Soracachi.
Se creó con la Ley 2329, pero que no toma en cuenta al Cruce Ocotavi. Por ese motivo sus habitantes decidieron pertenecer al municipio de Caracollo, cuyas autoridades ya invirtieron en proyectos para dicha comunidad.
Ante esa situación se pidió el cambio de recinto de la circunscripción 34 a la 35. Para las elecciones municipales del 2010, las entonces autoridades de la Corte Electoral, emitieron una resolución que determinaba el cambio de recinto electoral de Soracachi a Caracollo. Sin embargo, en estas elecciones recientes, las actuales autoridades del TEDO, no hicieron respetar dicha resolución por observaciones jurídicas.
Por ese motivo, el 16 de octubre no se llevaron adelante las elecciones en Ocotavi. Luego se efectuaron una serie de reuniones con autoridades del TEDO y comunarios, pero sin acuerdos concretos. Los habitantes de Ocotavi explicaron ayer que el único acuerdo era la apertura de la mesa el domingo 30 de octubre por el lapso de las ocho horas, pero que ningún comunario emitiría su voto y dicha mesa se cerraría de esa manera.
"Esta mañana vino una tropa de policías con el presidente (del TEDO), Benjamín Moya, y querían presionarnos para votar. El convenio era instalar la mesa y no emitir los votos, pero a la fuerza dos compañeros emitieron su voto", afirmó el comunario, Víctor Vallejos Miranda.
Según funcionarios del TEDO, se instaló la mesa a las 08:00 horas aproximadamente, pero sólo funcionó hasta minutos antes de las 09:00 horas, únicamente se recibieron dos votos y fue cerrada la mesa por la presión que ejercieron los habitantes de Ocotavi, quienes se encontraban molestos, al no respetarse los acuerdos.
Al mismo tiempo se conoció que este lunes en sesión de sala plena del TEDO será abierto el sobre con los dos votos de la comunidad de Ocotavi y de esa manera tras el cómputo se conocerá el dato oficial de las elecciones judiciales en el departamento de Oruro.
DIRIGENTE
Por su parte, el secretario general sindical de la comunidad Ocotavi, Melitón Ramos Vera, reiteró su pedido a las autoridades a nombre de sus compañeros del cambio del recinto electoral de Soracachi a Caracollo, situación que solucionará por completo el problema que atraviesan hace más de cinco años.
"Vamos a pedir que nos den otra mesa para esta comunidad, de acuerdo al número de habitantes que tenemos, 181. Pedimos pertenecer al municipio de Caracollo. Este problema no es de ahora, sino de cinco años, estamos perdiendo dinero y proyectos, hay problemas de salud, educación, tenemos casa de los profesores y están cayéndose para que conozcan las autoridades", manifestó.
El 16 de octubre se llevaron adelante las elecciones para autoridades del Órgano Judicial en el país, sin embargo, en el único lugar donde no se desarrolló esta actividad fue en el Cruce Ocotavi, debido a un conflicto que data de más de cinco años tras la creación de la Tercera Sección Municipal, Soracachi.
Se creó con la Ley 2329, pero que no toma en cuenta al Cruce Ocotavi. Por ese motivo sus habitantes decidieron pertenecer al municipio de Caracollo, cuyas autoridades ya invirtieron en proyectos para dicha comunidad.
Ante esa situación se pidió el cambio de recinto de la circunscripción 34 a la 35. Para las elecciones municipales del 2010, las entonces autoridades de la Corte Electoral, emitieron una resolución que determinaba el cambio de recinto electoral de Soracachi a Caracollo. Sin embargo, en estas elecciones recientes, las actuales autoridades del TEDO, no hicieron respetar dicha resolución por observaciones jurídicas.
Por ese motivo, el 16 de octubre no se llevaron adelante las elecciones en Ocotavi. Luego se efectuaron una serie de reuniones con autoridades del TEDO y comunarios, pero sin acuerdos concretos. Los habitantes de Ocotavi explicaron ayer que el único acuerdo era la apertura de la mesa el domingo 30 de octubre por el lapso de las ocho horas, pero que ningún comunario emitiría su voto y dicha mesa se cerraría de esa manera.
"Esta mañana vino una tropa de policías con el presidente (del TEDO), Benjamín Moya, y querían presionarnos para votar. El convenio era instalar la mesa y no emitir los votos, pero a la fuerza dos compañeros emitieron su voto", afirmó el comunario, Víctor Vallejos Miranda.
Según funcionarios del TEDO, se instaló la mesa a las 08:00 horas aproximadamente, pero sólo funcionó hasta minutos antes de las 09:00 horas, únicamente se recibieron dos votos y fue cerrada la mesa por la presión que ejercieron los habitantes de Ocotavi, quienes se encontraban molestos, al no respetarse los acuerdos.
Al mismo tiempo se conoció que este lunes en sesión de sala plena del TEDO será abierto el sobre con los dos votos de la comunidad de Ocotavi y de esa manera tras el cómputo se conocerá el dato oficial de las elecciones judiciales en el departamento de Oruro.
DIRIGENTE
Por su parte, el secretario general sindical de la comunidad Ocotavi, Melitón Ramos Vera, reiteró su pedido a las autoridades a nombre de sus compañeros del cambio del recinto electoral de Soracachi a Caracollo, situación que solucionará por completo el problema que atraviesan hace más de cinco años.
"Vamos a pedir que nos den otra mesa para esta comunidad, de acuerdo al número de habitantes que tenemos, 181. Pedimos pertenecer al municipio de Caracollo. Este problema no es de ahora, sino de cinco años, estamos perdiendo dinero y proyectos, hay problemas de salud, educación, tenemos casa de los profesores y están cayéndose para que conozcan las autoridades", manifestó.
TDE dice que corrigió errores de suma en actas electorales
El Tribunal Departamental Electoral (TDE), de La Paz informó ayer que en el marco de la Ley de Régimen Electoral se procedió a la modificación de aquellos resultados de algunas mesas electorales que hayan tenido errores aritméticos en su contenido.
La presidenta de la TDE, de La Paz, Ana Benavides; en compañía del director de informática del TDE, de La Paz, Iván Kucharsky; brindó estas declaraciones en referencia a las denuncias del líder de Unidad Nacional, Samuel Doria Medina, quien presentó algunas actas electorales de escrutinio y cómputo de votos que “inflaban”, los votos válidos.
“Los errores que se modifican, que se corrigen están de acuerdo a ley, solamente son de sumas, el resto no se modifica y quiero ser claro con algunos ciudadanos que piensan que si el jurado comete un error nosotros lo transcribimos, no es así, nosotros sumamos lo que es correcto”, sostuvo Kucharsky a medios estatales.
Benavides especificó que el artículo 178 de la mencionada ley establece que “los Tribunales Departamentales Electorales no podrán por ningún motivo modificar los resultados de las mesas de sufragio, salvo errores aritméticos, de suma”.
Sobre esa línea, el ingeniero explicó que el TDE, de La Paz, al igual que otros, cuenta con un escáner que permite identificar aquellos errores de sumatoria y demás que se encuentran en las actas electorales, llenadas por los jurados electorales.
“El escáner nos ayuda, nos da la posibilidad de digitalizar los datos, si el escáner se equivoca tenemos 70 personas que validan los datos”, precisó Kucharsky, quien detalló que el escáner posibilita la detección de errores, por ejemplo, de escritura, pues alerta sobre aquellas palabras que son ilegibles.
Por otra parte, Benavides dio a conocer que el TDE, de La Paz está dispuesto a ser sometido a una auditoría sobre el conteo de votos, para la misma, y de acuerdo a ley, se guarda los documentos necesarios.
“Hay procedimientos procesales para cómo se tiene que hacer esto (la auditoría), lo que dice la norma es que se tiene que guardar tres documentos importantes: el acta electoral, la lista índice de los ciudadanos que han estado en las mesas y la hoja de trabajo, ahí están archivadas, escaneadas digitalmente y físicamente”, dijo.
Asimismo, mencionó que el resto de los materiales que quedaron del proceso electoral del 16 de octubre, y que no están contempladas en los tres anteriores documentos, son las mamparas, las ánforas, las papeletas electorales utilizadas y no utilizadas, material de escritorio y demás que son destinados a las unidades educativas, salvo las papeletas electorales que son destruidas.
La presidenta de la TDE, de La Paz, Ana Benavides; en compañía del director de informática del TDE, de La Paz, Iván Kucharsky; brindó estas declaraciones en referencia a las denuncias del líder de Unidad Nacional, Samuel Doria Medina, quien presentó algunas actas electorales de escrutinio y cómputo de votos que “inflaban”, los votos válidos.
“Los errores que se modifican, que se corrigen están de acuerdo a ley, solamente son de sumas, el resto no se modifica y quiero ser claro con algunos ciudadanos que piensan que si el jurado comete un error nosotros lo transcribimos, no es así, nosotros sumamos lo que es correcto”, sostuvo Kucharsky a medios estatales.
Benavides especificó que el artículo 178 de la mencionada ley establece que “los Tribunales Departamentales Electorales no podrán por ningún motivo modificar los resultados de las mesas de sufragio, salvo errores aritméticos, de suma”.
Sobre esa línea, el ingeniero explicó que el TDE, de La Paz, al igual que otros, cuenta con un escáner que permite identificar aquellos errores de sumatoria y demás que se encuentran en las actas electorales, llenadas por los jurados electorales.
“El escáner nos ayuda, nos da la posibilidad de digitalizar los datos, si el escáner se equivoca tenemos 70 personas que validan los datos”, precisó Kucharsky, quien detalló que el escáner posibilita la detección de errores, por ejemplo, de escritura, pues alerta sobre aquellas palabras que son ilegibles.
Por otra parte, Benavides dio a conocer que el TDE, de La Paz está dispuesto a ser sometido a una auditoría sobre el conteo de votos, para la misma, y de acuerdo a ley, se guarda los documentos necesarios.
“Hay procedimientos procesales para cómo se tiene que hacer esto (la auditoría), lo que dice la norma es que se tiene que guardar tres documentos importantes: el acta electoral, la lista índice de los ciudadanos que han estado en las mesas y la hoja de trabajo, ahí están archivadas, escaneadas digitalmente y físicamente”, dijo.
Asimismo, mencionó que el resto de los materiales que quedaron del proceso electoral del 16 de octubre, y que no están contempladas en los tres anteriores documentos, son las mamparas, las ánforas, las papeletas electorales utilizadas y no utilizadas, material de escritorio y demás que son destinados a las unidades educativas, salvo las papeletas electorales que son destruidas.
El ministerio de autonomías se reúne hoy con representantes de Oruro y Potosí por el tema límites
La ministra de Autonomías, Claudia Peña, se reúne hoy con representantes de los departamentos de Oruro y Potosí, para trabajar acuerdos básicos sobre el tema limítrofe pendiente entre esas regiones andinas.
"Hemos mandado la convocatoria para la reunión de este lunes a las 14h30 para trabajar acuerdos básicos entre Oruro y Potosí", anunció el pasado viernes, al precisar que las gobernaciones de ambos departamentos designarán a 10 representantes para esa reunión.
Informó que se abordará el Proyecto de Ley de Unidades Territoriales, para dar un sustento legal al conflicto, además de revisar las denuncias de avasallamiento.
El departamento de Oruro reclama un territorio sobre la frontera con Potosí, que abarca las comunidades de Coroma y Quillacas, donde se han registrado avasallamientos por comunarios de ese departamento.
"Hemos mandado la convocatoria para la reunión de este lunes a las 14h30 para trabajar acuerdos básicos entre Oruro y Potosí", anunció el pasado viernes, al precisar que las gobernaciones de ambos departamentos designarán a 10 representantes para esa reunión.
Informó que se abordará el Proyecto de Ley de Unidades Territoriales, para dar un sustento legal al conflicto, además de revisar las denuncias de avasallamiento.
El departamento de Oruro reclama un territorio sobre la frontera con Potosí, que abarca las comunidades de Coroma y Quillacas, donde se han registrado avasallamientos por comunarios de ese departamento.
Cinco de 10 candidatos impugnados fueron elegidos como magistrados
El jefe nacional del Movimiento Sin Miedo (MSM), Juan Del Granado, denunció que cinco de los 10 candidatos que impugnaron fueron elegidos magistrados del Órgano Judicial por lo que presentó una nueva denuncia penal en contra del Tribunal Supremo Electoral (TSE) por los delitos de incumplimiento de deberes, retardación de justicia, falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado.
“El jueves en horas de la tarde el Movimiento Sin Miedo, ha formulado una segunda denuncia en contra del Tribunal Supremo Electoral ante la fiscal Verónica Arancibia para su investigación y juzgamiento. El MSM llevará adelante el enjuiciamiento de Wilfredo Ovando y de todos los firmantes de la resolución 0239-2011 (que declara improbada la demanda de inhabilitación de los 10 candidatos), porque este documento denota falsificación”, afirmó Del Granado.
Recordó que el 20 de julio de este año, el MSM denunció ante el Ministerio Público el incumplimiento de deberes de parte del TSE, luego de producido el cuoteo de precandidatos en la Asamblea Legislativa, y omitida la representación indígena en las candidaturas para el Tribunal Supremo de Justicia en los departamentos de La Paz, Beni, Pando y Tarija.
“El TSE, no devolvió dichas listas incompletas a la asamblea incumpliendo flagrantemente la Ley Electoral y convalidando de esta manera no sólo el cuoteo masista, sino la vulneración de la Ley Electoral”, indicó.
Esta denuncia fue ampliada contra el TSE, el 4 de agosto, por el delito de resoluciones contrarias a la constitución y las leyes, una vez conocida la resolución del TSE, de convalidación de dichas listas.
Inhabilitación de candidatos
El 16 de septiembre, acompañando prueba preconstituida, el MSM demanda ante el TSE, la inhabilitación como candidatos de: Freddy Sanabria Taboada, Rufo Vásquez Mercado, Juan Orlando Ríos Luna, Ligia Mónica Vásquez Castaños, Sorayda Chanez Chine, Bernardo Guarachi, Milton Mendoza, Rómulo Calle Mamani, Mario Villca Choqueta, que de manera flagrante estaban cometiendo delitos electorales, que debían ser sancionados con inhabilitación inmediata.
Pese a que la Ley Electoral (Art. 211), da un plazo al TSE de 72 horas para resolver las demandas de inhabilitación, el Órgano Electoral no respondió a la demanda de inhabilitación de 10 candidatos. El 4 de octubre, el MSM presenta un nuevo memorial reclamando el pronunciamiento sobre la inhabilitación. El TSE informó que no se había reunido la sala plena y más adelante que se estaba notificando a los denunciados pero no emitió una respuesta oficial.
El MSM presentó, el 11 de octubre, una demanda de amparo constitucional contra el TSE, ante la negativa de pronunciamiento de inhabilitación.
Actas de sufragio
El 7 del presente mes, luego de las elecciones, el MSM presenta un memorial para que los Tribunales Departamentales Electorales entreguen fotocopias legalizadas de las actas ante la duda sobre su veracidad.
“Ayer (jueves) por segunda vez se nos ha rechazado nuestra petición, cuál es el argumento que tiene el Tribunal Electoral de La Paz, que nuestro petitorio contiene expresiones ofensivas en contra de sus miembros, cuáles son estas expresiones ofensivas, qué le decimos al Tribunal Electoral de La Paz, que no confiamos en sus datos, que no confiamos en su parcialidad y por eso pedimos las actas”, señaló Del Granado.
Resolución fraguada
El 18 del presente mes delegados del MSM presentaron un nuevo memorial al TSE exigiendo pronunciamiento sobre la inhabilitación, y en ese momento recién se les entregó la Resolución 0239-2011, de fecha 13 de octubre, en la que se declara “improbada” la demanda de inhabilitación.
“Lo que hemos hecho es rechazar la notificación, ese mismo 18 de octubre hemos presentado un memorial rechazando esa notificación y dando cuenta de su falsedad, porque nunca ocurrió, nunca se produjo la notificación el 13 de octubre”.
De la relación de hechos anteriores queda claro, dijo Del Granado, que nunca el TSE tramitó ni consideró la demanda de inhabilitación de candidatos del MAS.
“Esta omisión dolosa e ilegal sólo tenía el destino de favorecer las ilegales candidaturas de los postulantes Freddy Sanabria Taboada; Mario Villca Choqueta; Rufo Vásquez Mercado; Juan Orlando Ríos Luna; Ligia Mónica Velásquez Castaños; Bernardo Guarachi; Milton Hugo Mendoza; Melisa Sánchez Mamani y William Alave Laura”, afirmó el jefe político.
Pasadas las elecciones y ante la insistencia del MSM, el TSE fraguó fechas y notificaciones en la Resolución 0239 “no sólo para justificar su omisión sino para favorecer a Freddy Sanabria Taboada; Bernardo Guarachi; Milton Hugo Mendoza; Melisa Sánchez Mamani; y Wiliam Alave Laura, candidatos que debieron ser inhabilitados y que ahora aparecen como ganadores y electos como magistrados en el Consejo de la Magistratura, Tribunal Agroambiental, Tribunal Constitucional y Tribunal Supremo de Justicia, respectivamente”.
Solicitud de renuncia
Aseguró que el MSM reitera su exigencia pública de renuncia del TSE y especialmente de su presidente Wilfredo Ovando, ya que su denunciada y nunca desmentida militancia en el MAS, es la explicación primera y última de los delitos cometidos en favor de los candidatos masistas.
“Nadie ya puede confiar en la imparcialidad del TSE y especialmente de Wilfredo Ovando. Con ello está en grave riesgo toda la institucionalidad democrática que depende del voto popular y de la imparcialidad de los jueces electorales”.
Con los anteriores antecedentes expresó su fundado temor que el MAS este buscando a uno de sus militantes para manejar la fiscalía o que ya en este momento las distintas fracciones del MAS estén disputándose el nombre o los nombres del futuro fiscal general de la nación.
“Ojalá recapacite el MAS, ojalá recapacite el presidente Evo Morales, ojalá cambie de comportamiento, esos dos tercios parlamentarios que fueron elegidas para darle transparencia y para darle institucionalidad al país, no fueron elegidos para cuotearse, pero este es el comportamiento que lamentablemente se ha producido”, afirmó.
“El jueves en horas de la tarde el Movimiento Sin Miedo, ha formulado una segunda denuncia en contra del Tribunal Supremo Electoral ante la fiscal Verónica Arancibia para su investigación y juzgamiento. El MSM llevará adelante el enjuiciamiento de Wilfredo Ovando y de todos los firmantes de la resolución 0239-2011 (que declara improbada la demanda de inhabilitación de los 10 candidatos), porque este documento denota falsificación”, afirmó Del Granado.
Recordó que el 20 de julio de este año, el MSM denunció ante el Ministerio Público el incumplimiento de deberes de parte del TSE, luego de producido el cuoteo de precandidatos en la Asamblea Legislativa, y omitida la representación indígena en las candidaturas para el Tribunal Supremo de Justicia en los departamentos de La Paz, Beni, Pando y Tarija.
“El TSE, no devolvió dichas listas incompletas a la asamblea incumpliendo flagrantemente la Ley Electoral y convalidando de esta manera no sólo el cuoteo masista, sino la vulneración de la Ley Electoral”, indicó.
Esta denuncia fue ampliada contra el TSE, el 4 de agosto, por el delito de resoluciones contrarias a la constitución y las leyes, una vez conocida la resolución del TSE, de convalidación de dichas listas.
Inhabilitación de candidatos
El 16 de septiembre, acompañando prueba preconstituida, el MSM demanda ante el TSE, la inhabilitación como candidatos de: Freddy Sanabria Taboada, Rufo Vásquez Mercado, Juan Orlando Ríos Luna, Ligia Mónica Vásquez Castaños, Sorayda Chanez Chine, Bernardo Guarachi, Milton Mendoza, Rómulo Calle Mamani, Mario Villca Choqueta, que de manera flagrante estaban cometiendo delitos electorales, que debían ser sancionados con inhabilitación inmediata.
Pese a que la Ley Electoral (Art. 211), da un plazo al TSE de 72 horas para resolver las demandas de inhabilitación, el Órgano Electoral no respondió a la demanda de inhabilitación de 10 candidatos. El 4 de octubre, el MSM presenta un nuevo memorial reclamando el pronunciamiento sobre la inhabilitación. El TSE informó que no se había reunido la sala plena y más adelante que se estaba notificando a los denunciados pero no emitió una respuesta oficial.
El MSM presentó, el 11 de octubre, una demanda de amparo constitucional contra el TSE, ante la negativa de pronunciamiento de inhabilitación.
Actas de sufragio
El 7 del presente mes, luego de las elecciones, el MSM presenta un memorial para que los Tribunales Departamentales Electorales entreguen fotocopias legalizadas de las actas ante la duda sobre su veracidad.
“Ayer (jueves) por segunda vez se nos ha rechazado nuestra petición, cuál es el argumento que tiene el Tribunal Electoral de La Paz, que nuestro petitorio contiene expresiones ofensivas en contra de sus miembros, cuáles son estas expresiones ofensivas, qué le decimos al Tribunal Electoral de La Paz, que no confiamos en sus datos, que no confiamos en su parcialidad y por eso pedimos las actas”, señaló Del Granado.
Resolución fraguada
El 18 del presente mes delegados del MSM presentaron un nuevo memorial al TSE exigiendo pronunciamiento sobre la inhabilitación, y en ese momento recién se les entregó la Resolución 0239-2011, de fecha 13 de octubre, en la que se declara “improbada” la demanda de inhabilitación.
“Lo que hemos hecho es rechazar la notificación, ese mismo 18 de octubre hemos presentado un memorial rechazando esa notificación y dando cuenta de su falsedad, porque nunca ocurrió, nunca se produjo la notificación el 13 de octubre”.
De la relación de hechos anteriores queda claro, dijo Del Granado, que nunca el TSE tramitó ni consideró la demanda de inhabilitación de candidatos del MAS.
“Esta omisión dolosa e ilegal sólo tenía el destino de favorecer las ilegales candidaturas de los postulantes Freddy Sanabria Taboada; Mario Villca Choqueta; Rufo Vásquez Mercado; Juan Orlando Ríos Luna; Ligia Mónica Velásquez Castaños; Bernardo Guarachi; Milton Hugo Mendoza; Melisa Sánchez Mamani y William Alave Laura”, afirmó el jefe político.
Pasadas las elecciones y ante la insistencia del MSM, el TSE fraguó fechas y notificaciones en la Resolución 0239 “no sólo para justificar su omisión sino para favorecer a Freddy Sanabria Taboada; Bernardo Guarachi; Milton Hugo Mendoza; Melisa Sánchez Mamani; y Wiliam Alave Laura, candidatos que debieron ser inhabilitados y que ahora aparecen como ganadores y electos como magistrados en el Consejo de la Magistratura, Tribunal Agroambiental, Tribunal Constitucional y Tribunal Supremo de Justicia, respectivamente”.
Solicitud de renuncia
Aseguró que el MSM reitera su exigencia pública de renuncia del TSE y especialmente de su presidente Wilfredo Ovando, ya que su denunciada y nunca desmentida militancia en el MAS, es la explicación primera y última de los delitos cometidos en favor de los candidatos masistas.
“Nadie ya puede confiar en la imparcialidad del TSE y especialmente de Wilfredo Ovando. Con ello está en grave riesgo toda la institucionalidad democrática que depende del voto popular y de la imparcialidad de los jueces electorales”.
Con los anteriores antecedentes expresó su fundado temor que el MAS este buscando a uno de sus militantes para manejar la fiscalía o que ya en este momento las distintas fracciones del MAS estén disputándose el nombre o los nombres del futuro fiscal general de la nación.
“Ojalá recapacite el MAS, ojalá recapacite el presidente Evo Morales, ojalá cambie de comportamiento, esos dos tercios parlamentarios que fueron elegidas para darle transparencia y para darle institucionalidad al país, no fueron elegidos para cuotearse, pero este es el comportamiento que lamentablemente se ha producido”, afirmó.
Designan al excandidato Lanchipa como responsable de la Dirección Nacional de Reivindicación Marítima
Tras un mes y cuatro días de acefalía, el excandidato al Tribunal Constitucional Plurinacional, Fausto Juan Lanchipa Ponce, fue posesionado por el canciller David Choquehuanca como embajador plenipotenciario de la Dirección Nacional de Reivindicación Marítima (DIREMAR), encargada de llevar adelante procesos ante tribunales de justicia internacional en procura de lograr una salida soberana al Océano Pacifico.
Lanchipa, expresidente del Tribunal Constitucional cargo al que renuncio para habilitarse como candidato al nuevo Órgano Judicial, dijo que la política boliviana ante los estrados judiciales internacionales no debe impedir el diálogo entre las cancillería de Chile y Bolivia, en procura de lograr el anhelado sueño de acceder a una salida soberana a las costas del Océano Pacifico.
"La misión que hoy me fue asignada creada mediante Decreto Supremo 0834 de 5 de abril del año en curso significa para mí, un desafío y honor profesional, es una tarea muy delicada y de una trascendencia especial para Bolivia constituyéndose en la política exterior del país", dijo Lanchipa en el acto de posesión.
El primer Director de la Estrategia de reivindicación Marítima fue Rubén Saavedra, posesionado el 5 de abril de 2011, quien dejó el cargo tras cinco meses y tres semanas de labor para nuevamente ser designado el 27 de septiembre como ministro de Defensa, en reemplazo de María Cecilia Chacón.
"El contexto mundial conoce que el tratado de 1904 fue firmado bajo circunstancias alejadas de la autonomía de la voluntad del pueblo boliviano y que fue bajo coacción. Esto ha consumado la usurpación territorial de más de 120 mil kilómetros cuadrados, incluidos 400 kilómetros de costa boliviana", manifestó el ex presidente del Tribunal Constitucional.
El flamante responsable de la Dirección Estratégica de Reivindicación Marítima pidió a la población acompañar este emprendimiento en los estrados judiciales internacionales: "No desmayaremos en ese cometido y tendremos la fortaleza y perseverancia de las olas del mar que hace de cada retroceso un punto de partida para un nuevo avance, para lo cual convoco a todos los bolivianos a participar decididamente, porque el mar nos pertenece por derecho recuperarlo es un deber".
Juan Lanchipa de carrera judicial fue Fiscal de la Nación, Secretario de Cámara de la Corte Superior de Justicia de La Paz, juez administrativo, vocal de la Corte Superior de Justicia, magistrado y presidente del Tribunal Constitucional y candidato al Tribunal Constitucional Plurinacional en las últimas elecciones judiciales realizadas el 16 de octubre pasado.
Lanchipa, expresidente del Tribunal Constitucional cargo al que renuncio para habilitarse como candidato al nuevo Órgano Judicial, dijo que la política boliviana ante los estrados judiciales internacionales no debe impedir el diálogo entre las cancillería de Chile y Bolivia, en procura de lograr el anhelado sueño de acceder a una salida soberana a las costas del Océano Pacifico.
"La misión que hoy me fue asignada creada mediante Decreto Supremo 0834 de 5 de abril del año en curso significa para mí, un desafío y honor profesional, es una tarea muy delicada y de una trascendencia especial para Bolivia constituyéndose en la política exterior del país", dijo Lanchipa en el acto de posesión.
El primer Director de la Estrategia de reivindicación Marítima fue Rubén Saavedra, posesionado el 5 de abril de 2011, quien dejó el cargo tras cinco meses y tres semanas de labor para nuevamente ser designado el 27 de septiembre como ministro de Defensa, en reemplazo de María Cecilia Chacón.
"El contexto mundial conoce que el tratado de 1904 fue firmado bajo circunstancias alejadas de la autonomía de la voluntad del pueblo boliviano y que fue bajo coacción. Esto ha consumado la usurpación territorial de más de 120 mil kilómetros cuadrados, incluidos 400 kilómetros de costa boliviana", manifestó el ex presidente del Tribunal Constitucional.
El flamante responsable de la Dirección Estratégica de Reivindicación Marítima pidió a la población acompañar este emprendimiento en los estrados judiciales internacionales: "No desmayaremos en ese cometido y tendremos la fortaleza y perseverancia de las olas del mar que hace de cada retroceso un punto de partida para un nuevo avance, para lo cual convoco a todos los bolivianos a participar decididamente, porque el mar nos pertenece por derecho recuperarlo es un deber".
Juan Lanchipa de carrera judicial fue Fiscal de la Nación, Secretario de Cámara de la Corte Superior de Justicia de La Paz, juez administrativo, vocal de la Corte Superior de Justicia, magistrado y presidente del Tribunal Constitucional y candidato al Tribunal Constitucional Plurinacional en las últimas elecciones judiciales realizadas el 16 de octubre pasado.
30 octubre 2011
Alcaldía se juega Bs 60 millones en juicios y da pelea por Percy
El Gobierno Municipal de Santa Cruz de la Sierra lidia con cerca de 380 procesos legales que datan de hace décadas. A esta larga lista, hace poco se sumaron dos imputaciones formales contra el alcalde Percy Fernández.
La mayoría de los casos son procesos coactivos en los que el demandante es la Alcaldía, a partir de notas de cargos emitidas por la Contraloría General de la República, contra personas particulares y ex servidores públicos.
“Tenemos que recuperar Bs 43 millones de personas que no rindieron cuentas, percibieron remuneración indebida del Gobierno Municipal u ocasionaron daño al Estado por mala administración o dispusieron de recursos indebidamente”, explicó el secretario de asuntos jurídicos del municipio, José Negrete.
El resto de los procesos son demandas laborales presentadas en contra de la Alcaldía por ex funcionarios municipales retirados o que estaban trabajando antes de 1999, año en el que entró en vigencia la Ley de Municipalidades.
Según Negrete, la deuda laboral para pagar a los supuestos beneficiarios asciende a Bs 17 millones; sin embargo, el resultado de los procesos aún es incierto, porque muchos de los casos se encuentran en la Corte Suprema de Justicia.
Con relación a la gestión del alcalde Percy Fernández, confirmó que se tienen dos procesos activos, uno por las supuestas carencias no subsanadas en la maternidad Percy Boland y el hospital San Juan de Dios, y otro por presuntas irregularidades en la limpieza del canal Isuto.
En ambos casos, los fiscales a cargo, Gomer Padilla y Javier Cordero, respectativamente, ya presentaron imputación formal contra cuatro funcionarios municipales, el propietario de una empresa adjudicataria y el alcalde Percy Fernández por incumplimiento de deberes, conducta antieconómica, incumplimiento de contratos y enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado.
Aunque Negrete admitió que el hecho es preocupante por la atención que demanda cada caso, considera que ambas denuncias no tienen fundamentos legales y solo son “argucias para tratar de defenestrar y sacar del cargo al alcalde Fernández”.
“Lo que pasa es que a (Hugo) Siles no le gustó que el alcalde le diga advenedizo, que entró al Concejo de cuatro pies por la ventana y que es un alcahuete”, dijo refiriéndose al concejal suplente del Movimiento Al Socialismo (MAS), que sentó la denuncia sobre la maternidad junto al senador masista Isaac Ávalos.
La Alcaldía ya presentó recursos legales en ambos procesos. En el primero, plantea la falta de competencia de la jueza y en el segundo, que el caso debe investigarse a través de una auditoría técnica y no en los estrados judiciales. Además, aduce que la supuesta irregularidad se dio durante la época en que Fernández había renunciado a su cargo de alcalde, para habilitarse como candidato en las elecciones del 4 de abril de 2010.
Negrete advirtió que llegado el momento, la Alcaldía también iniciará acciones legales contra Siles, por supuesta compra irregular de uniformes para funcionarios cuando trabajó en la gestión del exalcalde Roberto Fernández.
A su vez, Siles asegura que las denuncias presentadas por él y por la viceministra de Lucha Contra la Corrupción, Gabriela Veizaga (en el caso del canal Isuto) tienen sustento y pruebas, y que los recursos planteados por el municipio son una “chicana que solo alarga los procesos, pero no exime de las responsabilidades a los acusados”.
En la imputación formal, los fiscales solicitaron a los jueces la aplicación de medidas cautelares, entre ellas congelamiento de cuentas bancarias e hipoteca legal de sus bienes, contra el alcalde y los funcionarios acusados.
Luego de la imputación, los fiscales tienen hasta seis meses para presentar la acusación formal. Si esto sucede, de acuerdo al artículo 144 de la Ley Marco de Autonomías, promulgada en 2010, el alcalde deberá ser suspendido temporalmente.
La Contraloría y el Ministerio de Lucha anticorrupción también investigan supuestas irregularidades en el viaducto del cuarto anillo y avenida Cristo Redentor.
La Fiscalía aplica una ley más dura
Gomer Padilla Jaro / Coord. Unidad Anticorrup.
Con la aprobación de la Ley Marcelo Santa Cruz, en marzo de 2010, se creó la Unidad Anticorrupción del Ministerio Público, dirigida a investigar todos los delitos de corrupción o los vinculados a esta.
Los casos del ámbito municipal son de los más recurrentes. Por ejemplo, estamos investigando al exalcalde de Warnes, Nils Carmona; al de Puerto Suárez, Romualdo Hurtado; a la exalcaldesa de Portachuelo, Susana Salek; al exmunícipe de Puerto Quijarro, Aldo Clavijo; al de San Ramón, Ismael Villca y hoy se investiga al alcalde de Santa Cruz, Percy Fernández y un grupo de funcionarios. Ya se presentaron imputaciones formales y tenemos un máximo de seis meses para presentar una acusación formal, pero puede salir antes.
Con la persecución seria y firme de los funcionarios municipales, estamos tratando de dar una señal para que sepan que estar en ese tipo de función no es para enriquecerse ilícitamente, sino para servir.
Ya hay quienes dicen que no vale la pena ser funcionario público, porque la ley es más dura, implacable y perseguidora. Se busca que la gente, por temor o por responsabilidad, no cometa delitos.
Al margen de nuestro trabajo, la Contraloría sigue haciendo lo suyo, pero son auditorías posgestión. Sin embargo, sabemos que por muchas limitaciones de personal, muchos casos quedaron impunes; por esa misma razón nació la Ley Marcelo Santa Cruz.
Esta ley también endurece las penas. Por ejemplo, la sanción por incumplimiento de deberes que era de un mes a un año de cárcel, ahora es de uno a cuatro años.
Hoy somos siete fiscales en la Unidad Anticorrupción y aún tenemos muchas limitaciones de medios, pero tenemos la esperanza de que con el cambio que habrá de la Ley del Ministerio Público, designen más fiscales. También necesitamos un auditor y un ingeniero civil, por las características de los delitos.
DATOS
- Ley de Autonomías. El Art. 144 dice: Gobernadores (as), alcaldes (as), máxima autoridad ejecutiva regional, asambleístas departamentales y regionales, concejales (as), podrán ser suspendidos (as) de manera temporal en el ejercicio de su cargo cuando se dicte en su contra acusación formal.
- Imputados. En el caso de la Maternidad y el hospital San Juan de Dios: Percy Fernández, Ana María Encinas, Carmen Rosa Peña y María Paula Muñoz. En el caso del canal Isuto: Percy Fernández, Luis Fernando Vaca Díez, Edil Aponte, Wilson Barriga, Oscar Paniagua y Aida Avendaño.
La mayoría de los casos son procesos coactivos en los que el demandante es la Alcaldía, a partir de notas de cargos emitidas por la Contraloría General de la República, contra personas particulares y ex servidores públicos.
“Tenemos que recuperar Bs 43 millones de personas que no rindieron cuentas, percibieron remuneración indebida del Gobierno Municipal u ocasionaron daño al Estado por mala administración o dispusieron de recursos indebidamente”, explicó el secretario de asuntos jurídicos del municipio, José Negrete.
El resto de los procesos son demandas laborales presentadas en contra de la Alcaldía por ex funcionarios municipales retirados o que estaban trabajando antes de 1999, año en el que entró en vigencia la Ley de Municipalidades.
Según Negrete, la deuda laboral para pagar a los supuestos beneficiarios asciende a Bs 17 millones; sin embargo, el resultado de los procesos aún es incierto, porque muchos de los casos se encuentran en la Corte Suprema de Justicia.
Con relación a la gestión del alcalde Percy Fernández, confirmó que se tienen dos procesos activos, uno por las supuestas carencias no subsanadas en la maternidad Percy Boland y el hospital San Juan de Dios, y otro por presuntas irregularidades en la limpieza del canal Isuto.
En ambos casos, los fiscales a cargo, Gomer Padilla y Javier Cordero, respectativamente, ya presentaron imputación formal contra cuatro funcionarios municipales, el propietario de una empresa adjudicataria y el alcalde Percy Fernández por incumplimiento de deberes, conducta antieconómica, incumplimiento de contratos y enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado.
Aunque Negrete admitió que el hecho es preocupante por la atención que demanda cada caso, considera que ambas denuncias no tienen fundamentos legales y solo son “argucias para tratar de defenestrar y sacar del cargo al alcalde Fernández”.
“Lo que pasa es que a (Hugo) Siles no le gustó que el alcalde le diga advenedizo, que entró al Concejo de cuatro pies por la ventana y que es un alcahuete”, dijo refiriéndose al concejal suplente del Movimiento Al Socialismo (MAS), que sentó la denuncia sobre la maternidad junto al senador masista Isaac Ávalos.
La Alcaldía ya presentó recursos legales en ambos procesos. En el primero, plantea la falta de competencia de la jueza y en el segundo, que el caso debe investigarse a través de una auditoría técnica y no en los estrados judiciales. Además, aduce que la supuesta irregularidad se dio durante la época en que Fernández había renunciado a su cargo de alcalde, para habilitarse como candidato en las elecciones del 4 de abril de 2010.
Negrete advirtió que llegado el momento, la Alcaldía también iniciará acciones legales contra Siles, por supuesta compra irregular de uniformes para funcionarios cuando trabajó en la gestión del exalcalde Roberto Fernández.
A su vez, Siles asegura que las denuncias presentadas por él y por la viceministra de Lucha Contra la Corrupción, Gabriela Veizaga (en el caso del canal Isuto) tienen sustento y pruebas, y que los recursos planteados por el municipio son una “chicana que solo alarga los procesos, pero no exime de las responsabilidades a los acusados”.
En la imputación formal, los fiscales solicitaron a los jueces la aplicación de medidas cautelares, entre ellas congelamiento de cuentas bancarias e hipoteca legal de sus bienes, contra el alcalde y los funcionarios acusados.
Luego de la imputación, los fiscales tienen hasta seis meses para presentar la acusación formal. Si esto sucede, de acuerdo al artículo 144 de la Ley Marco de Autonomías, promulgada en 2010, el alcalde deberá ser suspendido temporalmente.
La Contraloría y el Ministerio de Lucha anticorrupción también investigan supuestas irregularidades en el viaducto del cuarto anillo y avenida Cristo Redentor.
La Fiscalía aplica una ley más dura
Gomer Padilla Jaro / Coord. Unidad Anticorrup.
Con la aprobación de la Ley Marcelo Santa Cruz, en marzo de 2010, se creó la Unidad Anticorrupción del Ministerio Público, dirigida a investigar todos los delitos de corrupción o los vinculados a esta.
Los casos del ámbito municipal son de los más recurrentes. Por ejemplo, estamos investigando al exalcalde de Warnes, Nils Carmona; al de Puerto Suárez, Romualdo Hurtado; a la exalcaldesa de Portachuelo, Susana Salek; al exmunícipe de Puerto Quijarro, Aldo Clavijo; al de San Ramón, Ismael Villca y hoy se investiga al alcalde de Santa Cruz, Percy Fernández y un grupo de funcionarios. Ya se presentaron imputaciones formales y tenemos un máximo de seis meses para presentar una acusación formal, pero puede salir antes.
Con la persecución seria y firme de los funcionarios municipales, estamos tratando de dar una señal para que sepan que estar en ese tipo de función no es para enriquecerse ilícitamente, sino para servir.
Ya hay quienes dicen que no vale la pena ser funcionario público, porque la ley es más dura, implacable y perseguidora. Se busca que la gente, por temor o por responsabilidad, no cometa delitos.
Al margen de nuestro trabajo, la Contraloría sigue haciendo lo suyo, pero son auditorías posgestión. Sin embargo, sabemos que por muchas limitaciones de personal, muchos casos quedaron impunes; por esa misma razón nació la Ley Marcelo Santa Cruz.
Esta ley también endurece las penas. Por ejemplo, la sanción por incumplimiento de deberes que era de un mes a un año de cárcel, ahora es de uno a cuatro años.
Hoy somos siete fiscales en la Unidad Anticorrupción y aún tenemos muchas limitaciones de medios, pero tenemos la esperanza de que con el cambio que habrá de la Ley del Ministerio Público, designen más fiscales. También necesitamos un auditor y un ingeniero civil, por las características de los delitos.
DATOS
- Ley de Autonomías. El Art. 144 dice: Gobernadores (as), alcaldes (as), máxima autoridad ejecutiva regional, asambleístas departamentales y regionales, concejales (as), podrán ser suspendidos (as) de manera temporal en el ejercicio de su cargo cuando se dicte en su contra acusación formal.
- Imputados. En el caso de la Maternidad y el hospital San Juan de Dios: Percy Fernández, Ana María Encinas, Carmen Rosa Peña y María Paula Muñoz. En el caso del canal Isuto: Percy Fernández, Luis Fernando Vaca Díez, Edil Aponte, Wilson Barriga, Oscar Paniagua y Aida Avendaño.
El poder de la metralla y los tanques en el golpe de Todos Santos
Desde 1964 se vio interrumpido en Bolivia un aparente proceso democrático que tuvo en el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) como único dominador político. Las dictaduras hicieron escarnio del país y por supuesto de los bolivianos, golpe a golpe los militares se fueron derrocando e ingresando al poder, como si se tratara de un trofeo de campeonato.
En la década del 70, Bolivia vivió uno de los gobiernos dictatoriales más largos de su historia, protagonizado por Hugo Banzer Suárez. Pero como todo en la vida, no hay mal que dure 100 años, fueron las mujeres mineras que se encargaron de ponerle un alto. Un año antes de que salga de la Presidencia convocó a elecciones con la intención de entregar el gobierno a un demócrata, sin embargo, ese anhelo nunca llegó a hacerse realidad, porque el 21 de julio de 1978 era derrocado por Juan Pereda Asbún. El mismo año, el 24 de noviembre, Pereda salía del poder tras el golpe de Estado de David Padilla Arancibia.
Padilla tuvo mayor apertura en el plano político y convocó a elecciones en 1979, los principales candidatos de ese entonces, fueron Hernán Siles Suazo de la Unidad Democrática y Popular (UDP), Víctor Paz Estenssoro del MNR, Hugo Banzer que participaba por primera vez en comicios con el reciente partido fundado en enero de 1979, Acción Democrática Nacionalista (ADN). El otro líder visible era Marcelo Quiroga Santa Cruz del Partido Socialista 1 (PS – 1).
El resultado de esas elecciones reflejó un virtual empate entre la UDP de Siles y el MNR de Paz. La UDP obtuvo 528.696 votos que representaba un 35,99 por ciento. Mientras que el MNR logró 527.184 votos que en porcentaje representaba 35,89. La diferencia era de 1.512 votos, lo que originó un empantanamiento en el Congreso Nacional para elegir al próximo Presidente de Bolivia.
Como no había entendimiento en el Congreso, los adenistas propusieron nombrar como presidente interino de Bolivia a Walter Guevara Arze, quien era presidente del Congreso Nacional. Al final, esa propuesta tuvo resonancia y fue elegido como Primer Mandatario de la República.
Guevara dijo que un año era muy poco para hacer gestión administrativa, por lo que tuvo el rechazo de los políticos, quienes afirmaban que quería prorrogarse por más de un año.
En el gobierno de Guevara, el parlamentario Marcelo Quiroga Santa Cruz intentó instaurar un juicio de responsabilidades en contra de Hugo Banzer Suárez, sin embargo, no prosperó y quedó en la nada. Un aspecto que influyó fue la obtención del tercer puesto en la votación de las elecciones de 1979.
Por otro lado, en 1979 se recordaban los cien años de enclaustramiento marítimo de Bolivia y por ello Guevara tomó como bandera la reivindicación marítima y logró organizar por primera vez en Bolivia, la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA).
La finalidad de ese encuentro era conseguir el mayor apoyo posible de los países del continente para que Bolivia tenga una salida al mar. Como nunca antes la OEA se pronunció a favor de Bolivia y conminó a Chile a que encuentre una solución al enclaustramiento marítimo del país vecino.
Horas después de clausurada la Asamblea de la OEA, Alberto Natusch Busch se hacía del poder a través de las armas, con metrallas y tanques asumió las riendas del país. Ese hecho significó la celebración de Chile, que a través de su representante en la OEA le permitió indicar que Bolivia no era un interlocutor válido para tratar ni el tema del mar ni tema alguno.
Bolivia una vez más era mellada en su orgullo, por culpa, y lo dice la historia, de Alberto Natusch Busch, que para colmo ingresó con una irracionalidad total que manchó las páginas de su corta gestión de 16 días, con sangre, muerte y luto. Precisamente cuando en Bolivia se celebraba la tradicional fiesta de Todos Santos. Un hecho bochornoso que se realizó fue que los representantes de la OEA tuvieron que ser escoltados hasta el aeropuerto con tanquetas.
El gobierno de Natusch fue el tercer más corto de la historia del país, ya dijimos sólo duró 16 días en el poder, ante los diez días del presidente Eusebio Guilarte cuya gestión se inició el 23 de diciembre de 1847 y terminó el 2 de enero de 1948; y los seis días de Pedro Blanco, cuyo gobierno duró entre el 26 de diciembre de 1828 y terminó el 1 de enero de 1929.
Como ocurrió casi en todos los golpes de Estado en Bolivia, el MNR siempre estuvo detrás de todas esas conspiraciones. En aquella oportunidad, nos referimos al golpe de Todos Santos, participaron entre los civiles, Guillermo Bedregal y José Fellman Velarde, ambos del MNR; mientras que del Movimiento Nacionalista Revolucionario de Izquierda (MNRI) estuvieron presentes Edil y Willy Sandóval Morón y Abel Ayoroa Argandoña.
Los militares que participaron fueron: El Cnl. Alberto Natusch Busch, el Gral. Edén Castillo Galarza, el Gral. Luis García Meza, el Gral. Oscar Larraín, el Gral. Jaime Niño de Guzmán, el Cnl. Carlos Mena Burgos y el contralmirante Walter Núñez.
El argumento del golpe de Estado de Busch fue que se quiso detener la prórroga de Guevara Arze y de plantear una idea revolucionaria similar a la de 1952.
Los militares obligaron al Parlamento a apoyar el golpe de Estado. Otro detalle es que nunca se pudo probar que Víctor Paz estuvo detrás de ese hecho.
Como ocurrió casi siempre en la época dictatorial, la Central Obrera Boliviana (COB) convocó a la huelga general indefinida, mientras que la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb) paralizó el país con el bloqueo nacional de caminos.
Tras esas medidas de presión, Natusch Busch se vio acorralado y el Congreso Nacional convocó a un debate para encontrar una solución al conflicto. Fueron invitados los dirigentes de la COB y los representantes de las Fuerzas Armadas.
Mientras se llevaban adelante las negociaciones, en las calles de La Paz moriría casi un centenar de bolivianos y más de medio millar resultaría herido por la incursión del Regimiento Tarapacá al mando del Cnl. Arturo Doria Medina.
Los soldados como los tanques que circulaban por la ciudad dispararon a mansalva en contra de los civiles desarmados. Ese episodio fue conocido como la masacre de Todos Santos.
Al mismo tiempo se realizó un robo sin precedentes, cuando el ministro de Finanzas, Feliciano Agapito Monzón, ordenó a personeros del Banco Central de Bolivia, la entrega de 64 millones de pesos bolivianos, de los que a la fecha nunca se supo su destino.
La historia de esos 16 días negros terminó con el retiro de la COB de las negociaciones en el Congreso Nacional, mientras que las Fuerzas Armadas aceptaron la renuncia de Alberto Natusch Busch, a cambio de que Guevara no vuelva al poder. Ante esa situación, los congresistas eligieron a la presidenta de la Cámara de Diputados, Lidia Gueiler Tejada, como presidenta de Bolivia, siendo la primera mujer en asumir tan alto cargo.
Gueiler siempre estuvo asediada por las armas de los militares y condicionada por los caprichos de Luis García Meza, quien se encargó de bajarle del poder a través de la intolerancia y designios de la bota militar, constituyéndose en otra página de la historia del país, que debe quedar en el olvido por la forma en la que se vivió, más con pena que con gloria, debido a la ambición de poder sin tener capacidad para comandar las riendas del país.
ALBERTO NATUSCH BUSCH
El dictador Alberto Natusch Busch fue el quincuagésimo quinto Presidente de Bolivia. Nació en la población de Riberalta el 23 de mayo de 1933. Fue hijo de Alberto Natusch y Elisa Busch. Desde joven tuvo habilidades militares por ello se graduó como oficial del Colegio Militar de Ejército.
Posteriormente, realizó estudios de especialización en la Escuela de Armas y de Infantería de Montaña en Alemania Federal y en la Escuela Superior de Guerra de Argentina.
También tuvo aptitudes para la enseñanza y fue profesor del Colegio Militar y de la Escuela de Ingeniería "Mariscal Sucre", de la Escuela de Armas, y de la Escuela de Comando y Estado Mayor. Con el paso de los años fue comandante del Colegio Militar de Ejército.
Durante la presidencia de Hugo Banzer Suárez (1970 – 1978) fue presidente del Banco Agrícola; también fue por cuatro años y medio, ministro de Agricultura, Ganadería, de Asuntos Campesinos y Agropecuarios. De acuerdo a las estadísticas, fue uno de los ministros cuya gestión fue una de las más largas en la historia del país.
Su gobierno duró 16 días, tenía en ese entonces 46 años. Fue uno de los gobiernos dictatoriales más duros, ya que murieron casi cien personas y más de quinientas personas resultaron heridas.
En 1981 volvió a ser partícipe de otro golpe de Estado, esta vez en contra del García Meza, quien fue obligado a renunciar a la Presidencia. El destino se encargaría de hacerle pagar todo el daño que hizo a los bolivianos, tras una penosa enfermedad. Falleció el 23 de noviembre de 1994 en Santa Cruz, tenía 61 años.
En la década del 70, Bolivia vivió uno de los gobiernos dictatoriales más largos de su historia, protagonizado por Hugo Banzer Suárez. Pero como todo en la vida, no hay mal que dure 100 años, fueron las mujeres mineras que se encargaron de ponerle un alto. Un año antes de que salga de la Presidencia convocó a elecciones con la intención de entregar el gobierno a un demócrata, sin embargo, ese anhelo nunca llegó a hacerse realidad, porque el 21 de julio de 1978 era derrocado por Juan Pereda Asbún. El mismo año, el 24 de noviembre, Pereda salía del poder tras el golpe de Estado de David Padilla Arancibia.
Padilla tuvo mayor apertura en el plano político y convocó a elecciones en 1979, los principales candidatos de ese entonces, fueron Hernán Siles Suazo de la Unidad Democrática y Popular (UDP), Víctor Paz Estenssoro del MNR, Hugo Banzer que participaba por primera vez en comicios con el reciente partido fundado en enero de 1979, Acción Democrática Nacionalista (ADN). El otro líder visible era Marcelo Quiroga Santa Cruz del Partido Socialista 1 (PS – 1).
El resultado de esas elecciones reflejó un virtual empate entre la UDP de Siles y el MNR de Paz. La UDP obtuvo 528.696 votos que representaba un 35,99 por ciento. Mientras que el MNR logró 527.184 votos que en porcentaje representaba 35,89. La diferencia era de 1.512 votos, lo que originó un empantanamiento en el Congreso Nacional para elegir al próximo Presidente de Bolivia.
Como no había entendimiento en el Congreso, los adenistas propusieron nombrar como presidente interino de Bolivia a Walter Guevara Arze, quien era presidente del Congreso Nacional. Al final, esa propuesta tuvo resonancia y fue elegido como Primer Mandatario de la República.
Guevara dijo que un año era muy poco para hacer gestión administrativa, por lo que tuvo el rechazo de los políticos, quienes afirmaban que quería prorrogarse por más de un año.
En el gobierno de Guevara, el parlamentario Marcelo Quiroga Santa Cruz intentó instaurar un juicio de responsabilidades en contra de Hugo Banzer Suárez, sin embargo, no prosperó y quedó en la nada. Un aspecto que influyó fue la obtención del tercer puesto en la votación de las elecciones de 1979.
Por otro lado, en 1979 se recordaban los cien años de enclaustramiento marítimo de Bolivia y por ello Guevara tomó como bandera la reivindicación marítima y logró organizar por primera vez en Bolivia, la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA).
La finalidad de ese encuentro era conseguir el mayor apoyo posible de los países del continente para que Bolivia tenga una salida al mar. Como nunca antes la OEA se pronunció a favor de Bolivia y conminó a Chile a que encuentre una solución al enclaustramiento marítimo del país vecino.
Horas después de clausurada la Asamblea de la OEA, Alberto Natusch Busch se hacía del poder a través de las armas, con metrallas y tanques asumió las riendas del país. Ese hecho significó la celebración de Chile, que a través de su representante en la OEA le permitió indicar que Bolivia no era un interlocutor válido para tratar ni el tema del mar ni tema alguno.
Bolivia una vez más era mellada en su orgullo, por culpa, y lo dice la historia, de Alberto Natusch Busch, que para colmo ingresó con una irracionalidad total que manchó las páginas de su corta gestión de 16 días, con sangre, muerte y luto. Precisamente cuando en Bolivia se celebraba la tradicional fiesta de Todos Santos. Un hecho bochornoso que se realizó fue que los representantes de la OEA tuvieron que ser escoltados hasta el aeropuerto con tanquetas.
El gobierno de Natusch fue el tercer más corto de la historia del país, ya dijimos sólo duró 16 días en el poder, ante los diez días del presidente Eusebio Guilarte cuya gestión se inició el 23 de diciembre de 1847 y terminó el 2 de enero de 1948; y los seis días de Pedro Blanco, cuyo gobierno duró entre el 26 de diciembre de 1828 y terminó el 1 de enero de 1929.
Como ocurrió casi en todos los golpes de Estado en Bolivia, el MNR siempre estuvo detrás de todas esas conspiraciones. En aquella oportunidad, nos referimos al golpe de Todos Santos, participaron entre los civiles, Guillermo Bedregal y José Fellman Velarde, ambos del MNR; mientras que del Movimiento Nacionalista Revolucionario de Izquierda (MNRI) estuvieron presentes Edil y Willy Sandóval Morón y Abel Ayoroa Argandoña.
Los militares que participaron fueron: El Cnl. Alberto Natusch Busch, el Gral. Edén Castillo Galarza, el Gral. Luis García Meza, el Gral. Oscar Larraín, el Gral. Jaime Niño de Guzmán, el Cnl. Carlos Mena Burgos y el contralmirante Walter Núñez.
El argumento del golpe de Estado de Busch fue que se quiso detener la prórroga de Guevara Arze y de plantear una idea revolucionaria similar a la de 1952.
Los militares obligaron al Parlamento a apoyar el golpe de Estado. Otro detalle es que nunca se pudo probar que Víctor Paz estuvo detrás de ese hecho.
Como ocurrió casi siempre en la época dictatorial, la Central Obrera Boliviana (COB) convocó a la huelga general indefinida, mientras que la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb) paralizó el país con el bloqueo nacional de caminos.
Tras esas medidas de presión, Natusch Busch se vio acorralado y el Congreso Nacional convocó a un debate para encontrar una solución al conflicto. Fueron invitados los dirigentes de la COB y los representantes de las Fuerzas Armadas.
Mientras se llevaban adelante las negociaciones, en las calles de La Paz moriría casi un centenar de bolivianos y más de medio millar resultaría herido por la incursión del Regimiento Tarapacá al mando del Cnl. Arturo Doria Medina.
Los soldados como los tanques que circulaban por la ciudad dispararon a mansalva en contra de los civiles desarmados. Ese episodio fue conocido como la masacre de Todos Santos.
Al mismo tiempo se realizó un robo sin precedentes, cuando el ministro de Finanzas, Feliciano Agapito Monzón, ordenó a personeros del Banco Central de Bolivia, la entrega de 64 millones de pesos bolivianos, de los que a la fecha nunca se supo su destino.
La historia de esos 16 días negros terminó con el retiro de la COB de las negociaciones en el Congreso Nacional, mientras que las Fuerzas Armadas aceptaron la renuncia de Alberto Natusch Busch, a cambio de que Guevara no vuelva al poder. Ante esa situación, los congresistas eligieron a la presidenta de la Cámara de Diputados, Lidia Gueiler Tejada, como presidenta de Bolivia, siendo la primera mujer en asumir tan alto cargo.
Gueiler siempre estuvo asediada por las armas de los militares y condicionada por los caprichos de Luis García Meza, quien se encargó de bajarle del poder a través de la intolerancia y designios de la bota militar, constituyéndose en otra página de la historia del país, que debe quedar en el olvido por la forma en la que se vivió, más con pena que con gloria, debido a la ambición de poder sin tener capacidad para comandar las riendas del país.
ALBERTO NATUSCH BUSCH
El dictador Alberto Natusch Busch fue el quincuagésimo quinto Presidente de Bolivia. Nació en la población de Riberalta el 23 de mayo de 1933. Fue hijo de Alberto Natusch y Elisa Busch. Desde joven tuvo habilidades militares por ello se graduó como oficial del Colegio Militar de Ejército.
Posteriormente, realizó estudios de especialización en la Escuela de Armas y de Infantería de Montaña en Alemania Federal y en la Escuela Superior de Guerra de Argentina.
También tuvo aptitudes para la enseñanza y fue profesor del Colegio Militar y de la Escuela de Ingeniería "Mariscal Sucre", de la Escuela de Armas, y de la Escuela de Comando y Estado Mayor. Con el paso de los años fue comandante del Colegio Militar de Ejército.
Durante la presidencia de Hugo Banzer Suárez (1970 – 1978) fue presidente del Banco Agrícola; también fue por cuatro años y medio, ministro de Agricultura, Ganadería, de Asuntos Campesinos y Agropecuarios. De acuerdo a las estadísticas, fue uno de los ministros cuya gestión fue una de las más largas en la historia del país.
Su gobierno duró 16 días, tenía en ese entonces 46 años. Fue uno de los gobiernos dictatoriales más duros, ya que murieron casi cien personas y más de quinientas personas resultaron heridas.
En 1981 volvió a ser partícipe de otro golpe de Estado, esta vez en contra del García Meza, quien fue obligado a renunciar a la Presidencia. El destino se encargaría de hacerle pagar todo el daño que hizo a los bolivianos, tras una penosa enfermedad. Falleció el 23 de noviembre de 1994 en Santa Cruz, tenía 61 años.
Es casi imposible revisar los resultados de elección
Resulta prácticamente imposible revertir los polémicos resultados de la elección de altos magistrados del pasado 16 de octubre, pese a los reclamos y denuncias de irregular conteo de votos que realizan partidos de oposición. Los recursos legales para plantear reclamos o revisiones son escasos y pueden ser rechazados, sin mayor trámite, por el Tribunal Supremo Electoral.
Expertos en procesos electorales consultados por OPINIÓN coincidieron con ese criterio y explicaron que sólo una gran movilización o descontento de la población podría obligar a las autoridades electorales a revisar las actas de sufragio que han sido cuestionadas (un 20 ó 25 por ciento tendrían errores de número de votantes y votos emitidos según la oposición política), situación considerada improbable.
La única posibilidad que determina la ley para revisar actas de escrutinio, es el reclamo de los delegados de partidos políticos en las mesas de sufragio, pero por decisión del Tribunal Supremo Electoral para la elección judicial fueron anulados esos delegados, bajo el razonamiento de que no era una elección en la que participaban partidos políticos. El Tribunal Electoral hizo saber que en sustitución de esos delegados estaban los ciudadanos que podían observar actas, pero no se produjo ningún caso en ese sentido.
Sin delegados de partidos políticos, la ley sólo prevé la eventualidad de una auditoría de las actas de escrutinio, lo que puede ser solicitado por los partidos políticos o también, por “cualquier ciudadano”. Sin embargo, el partido o el ciudadano sólo pueden formular la solicitud, pero el Tribunal Electoral, en Sala Plena debe considerar la demanda y puede rechazarla y ordenar su archivo, situación que los expertos consultados consideran podrá presentarse en caso de que se formalice la demanda.
Con esos antecedentes los expertos consultados coinciden en que la elección del domingo 16 de octubre y sus resultados parecen consolidados, a favor del Gobierno, pese a una serie de pruebas que demuestran grandes diferencias entre número de votantes y el número de votos emitidos que, en los casos hasta ahora conocidos, el número de votos supera a los votantes, excedente irregular que luego se contabiliza como votos válidos, lo que favorece a la posición del Gobierno.
Los expertos explicaron que un problema evidente, para que se hubiera producido esa situación, es el hecho de que el acta de cómputo fue excesivamente defectuosa por el mal diseño que debían llenar los jurados de mesa. El mal diseño habría inducido a un alto margen de error en el llenado de esa acta.
“Ese es un problema técnico que se podría ir resolviendo caso por caso, pero el problema de fondo es que como no ha habido representación política en la elección, no hay sujeto que impugne”, dijo uno de los expertos consultados.
Explicaron que es complicado sugerir que hubo manipulación de los resultados, pero sí se pudo verificar que el proceso de cómputo oficial fue poco transparente ya que la página web del Tribunal Supremo Electoral demoró en actualizarse e incluso durante varios días los datos estuvieron estáticos, en comparación con anteriores procesos cuando la página web se actualizaba automáticamente varias veces al día y todos los días.
“Ha habido mucho hermetismo, la información ha sido regateada y muy parcial, lo que no ha permitido hacer un seguimiento”. “Es casi imposible dar marcha atrás. El proceso de elección de autoridades del Poder Judicial está consumado”, agregó enfático otro de los expertos consultados.
La elección está consumada
La elección de autoridades del Poder Judicial, mediante sufragio ciudadano, es un hecho consumado y éstas recibirán credenciales en noviembre próximo y serán posesionadas el 3 de enero del próximo año.
Juan Carlos Pinto, director del Servicio de Información Pluricultural del Tribunal Supremo Electoral dijo enfático que ese proceso está consumado y ha resultado exitoso. “Sin duda, creemos que legalmente esto está definido porque aunque sea con un solo voto adicional, el candidato y la candidata han sido elegidos y van a asumir su responsabilidad”.
Recordó que hay candidatos que han sumado medio millón de votos y otros un cuarto de millón, “un respaldo importante y un cambio sustancial respecto a todo el proceso histórico que ha tenido la justicia en el país”.
“Lo que queda es cómo van a cumplir estos elegidos la enorme responsabilidad que les ha dado el pueblo. Se trata de transformar la justicia y todos debemos participar, no sólo las instituciones para generarle una agenda a estos elegidos. El pueblo debe controlar de forma permanente el funcionamiento de la justicia y sus cambios trascendentales”.
Ante las críticas y denuncias de la oposición política Pinto dijo que todo quien quiera analizar las actas de escrutinio y todo el proceso electoral puede hacerlo de forma permanente y se les facilitará ese material a quienes lo soliciten, pero además están expuestas en la página web del Tribunal Electoral como muestra de transparencia y de democracia.
Se intentará liquidar actual sistema judicial entre tres o seis meses
En la Asamblea Legislativa se debate si la liquidación del actual sistema judicial se producirá en tres o seis meses, aunque también se plantearon sugerencias para que ese proceso pudiera ejecutarse en uno a dos años. El presidente de la Cámara de Senadores, René Martínez, plantea el menor tiempo posible.
Explicó que se trabaja en las Comisiones Codificadoras creadas por el Gobierno con participación de autoridades del Órgano Judicial para elaborar la serie de disposiciones legales que permitan la transición del actual al nuevo sistema judicial “y compatibilizar toda nuestra economía jurídica con la actual Constitución”.
“Conocida la voluntad soberana del pueblo de elegir autoridades judiciales, se discute ahora la parte vital de la transición mediante una ley de transición que nos determine tiempos, plazos, la modalidad y mecanismos de cierre definitivo de algunas entidades que desaparecen con esta nueva realidad constitucional y dan paso a la emergencia de una nueva institucionalidad legislativa”.
Martínez dijo que eso supone hablar de atribuciones, facultades, de liquidación de tareas que tienen cada una de las cuatro instancias del Órgano Judicial. La Ley de Transición debe garantizar certidumbre de continuidad institucional “porque el Estado no puede quedarse un solo minuto sin la tarea de administrar justicia”.
Añadió que un segundo desafío es que quienes están en la estructura, como recursos humanos, tengan continuidad pero sujetos a una evaluación permanente para determinar si se ajustan a la nueva situación.
“Este control y fiscalización de evaluación permanente del comportamiento del administrador de justicia es otro de los temas, los plazos definitivos de cierre de gestión en materia contable, de activos, cierres administrativos que tienen que tener cada una de las instancias, también están en la ley”, explicó Martínez.
Otro proyecto de ley ya en debate se refiere a recursos constitucionales ante el Tribunal Constitucional y una nueva ley del Ministerio Público, “porque al haber nuevas autoridades judiciales, la Constitución faculta a la Asamblea Legislativa para elegir al futuro Fiscal General, además de aprobar un bloque de normas que permitirán desarrollar las tareas básicas a las futuras autoridades. Todo este proceso, incluida la elección del Fiscal General, se pretende concluir hasta diciembre próximo.
Respecto de la liquidación de los actuales procesos que se tramitan en los juzgados, el presidente del Senado dijo que hay dos criterios. Uno es que se determine entre uno a dos años el tiempo para la liquidación de esas causas y el otro, propuesto por su autoridad, es que se realice en plazos cortos y muy breves para evitar que se repita la actual aplicación del procedimiento penal que tras más de diez años, sigue abierta.
“Deberíamos definir plazos perentorios y si hay necesidad de tiempos adicionales se debe discutir, pero el desafío debe ser cerrar en corto plazo. Estamos hablando de no más de 3 a 6 meses”, señaló Martínez. Explicó que para lograr el objetivo en plazos tan cortos, se debería ampliar el periodo de algunos magistrados en funciones y los suplentes, elegidos el 16 de octubre, deberían sumarse a esa tarea mediante una distribución planificada de causas.
Donde existe mayor acumulación de causas es en los procesos sociales, laborales y de familia a diferencia de los procesos civiles, añadió el presidente de la Cámara Alta.
El punto crítico de la elección fue la propaganda
El punto crítico de la elección de autoridades judiciales fue la difusión de méritos de los candidatos y la prohibición de propaganda por parte de éstos y particulares, tarea encomendada en exclusiva al Tribunal Supremo Electoral por la ley.
Juan Carlos Pinto, director del Servicio de Información Pluricultural del Tribunal Supremo Electoral, advirtió, sin embargo, que el trabajo de difusión pese a la limitación de la propaganda por parte de los candidatos, fue la adecuada, porque una campaña mayor hubiese generado saturación y rechazo en los electores.
Señaló que se hicieron “todos los esfuerzos con los recursos que hemos tenido para cumplir esta misión. Hemos estado, según nuestros cálculos, más o menos viendo en todas las estaciones de televisión como 60 veces por mes a cada candidato y se ha escuchado a cada candidato como 120 veces al mes por cada estación de radio, además de los temas escritos que se han publicado y difundido”.
“Creemos que el esfuerzo que hemos podido hacer se ha cumplido. Ha sido una elección sui géneris con 116 candidatos no conocidos por la población antes de la elección, con perfil profesional más que político. Son características distintas y las expectativas también distintas”, añadió.
DIFUSION Sin embargo, dijo Pinto, el tema en boga después de la elección fue la crítica a la supuesta falta de difusión. “El tema no va por ahí, no es cuestión de hipersaturar los medios de comunicación para que sean más conocidos los candidatos. Tuvimos importante difusión, pero más allá, una saturación iba a implicar los mismos resultados, incluso de rechazo de la población frente a esta ofensiva comunicacional.
Pinto señaló que además, el Tribunal Electoral cargó con un contexto político adverso. “No ha sido una elección donde el objetivo fundamental, que era transformar la justicia haya sido claramente visualizado por el conjunto de la población. Ha habido sectores que han cargado la balanza en torno al contexto político, en contra del Gobierno”.
La alta cantidad de votos nulos y blancos fueron interpretados por Pinto como consecuencia de un Órgano Electoral nuevo, con personal nuevo y que contó con recursos limitados que asumen la responsabilidad de conducir el proceso con una población acostumbrada a procesos electorales distintos al último.
“El tema de la cercanía del candidato a la gente. La gente necesitó verlo, ver su comportamiento humano.
Son características que han hecho a la democracia representativa y que la gente exige”.
“En este proceso de igualdad de oportunidades se ha limitado de alguna forma a los candidatos los espacios públicos de representación decididos por el Órgano Electoral y los espacios de invitación de los medios de comunicación”, añadió.
Pinto destacó, sin embargo, que “ha habido limitación casi política en ese sentido.
Muchos medios de comunicación decidieron no participar de este proceso de entrevistas a candidatas y candidatos porque han asumido que el Órgano, a través de la parte comercial, iba a cubrir ese espacio y han limitado su responsabilidad de ser un medio de información para la gente sobre lo que se iba a elegir”.
Expertos en procesos electorales consultados por OPINIÓN coincidieron con ese criterio y explicaron que sólo una gran movilización o descontento de la población podría obligar a las autoridades electorales a revisar las actas de sufragio que han sido cuestionadas (un 20 ó 25 por ciento tendrían errores de número de votantes y votos emitidos según la oposición política), situación considerada improbable.
La única posibilidad que determina la ley para revisar actas de escrutinio, es el reclamo de los delegados de partidos políticos en las mesas de sufragio, pero por decisión del Tribunal Supremo Electoral para la elección judicial fueron anulados esos delegados, bajo el razonamiento de que no era una elección en la que participaban partidos políticos. El Tribunal Electoral hizo saber que en sustitución de esos delegados estaban los ciudadanos que podían observar actas, pero no se produjo ningún caso en ese sentido.
Sin delegados de partidos políticos, la ley sólo prevé la eventualidad de una auditoría de las actas de escrutinio, lo que puede ser solicitado por los partidos políticos o también, por “cualquier ciudadano”. Sin embargo, el partido o el ciudadano sólo pueden formular la solicitud, pero el Tribunal Electoral, en Sala Plena debe considerar la demanda y puede rechazarla y ordenar su archivo, situación que los expertos consultados consideran podrá presentarse en caso de que se formalice la demanda.
Con esos antecedentes los expertos consultados coinciden en que la elección del domingo 16 de octubre y sus resultados parecen consolidados, a favor del Gobierno, pese a una serie de pruebas que demuestran grandes diferencias entre número de votantes y el número de votos emitidos que, en los casos hasta ahora conocidos, el número de votos supera a los votantes, excedente irregular que luego se contabiliza como votos válidos, lo que favorece a la posición del Gobierno.
Los expertos explicaron que un problema evidente, para que se hubiera producido esa situación, es el hecho de que el acta de cómputo fue excesivamente defectuosa por el mal diseño que debían llenar los jurados de mesa. El mal diseño habría inducido a un alto margen de error en el llenado de esa acta.
“Ese es un problema técnico que se podría ir resolviendo caso por caso, pero el problema de fondo es que como no ha habido representación política en la elección, no hay sujeto que impugne”, dijo uno de los expertos consultados.
Explicaron que es complicado sugerir que hubo manipulación de los resultados, pero sí se pudo verificar que el proceso de cómputo oficial fue poco transparente ya que la página web del Tribunal Supremo Electoral demoró en actualizarse e incluso durante varios días los datos estuvieron estáticos, en comparación con anteriores procesos cuando la página web se actualizaba automáticamente varias veces al día y todos los días.
“Ha habido mucho hermetismo, la información ha sido regateada y muy parcial, lo que no ha permitido hacer un seguimiento”. “Es casi imposible dar marcha atrás. El proceso de elección de autoridades del Poder Judicial está consumado”, agregó enfático otro de los expertos consultados.
La elección está consumada
La elección de autoridades del Poder Judicial, mediante sufragio ciudadano, es un hecho consumado y éstas recibirán credenciales en noviembre próximo y serán posesionadas el 3 de enero del próximo año.
Juan Carlos Pinto, director del Servicio de Información Pluricultural del Tribunal Supremo Electoral dijo enfático que ese proceso está consumado y ha resultado exitoso. “Sin duda, creemos que legalmente esto está definido porque aunque sea con un solo voto adicional, el candidato y la candidata han sido elegidos y van a asumir su responsabilidad”.
Recordó que hay candidatos que han sumado medio millón de votos y otros un cuarto de millón, “un respaldo importante y un cambio sustancial respecto a todo el proceso histórico que ha tenido la justicia en el país”.
“Lo que queda es cómo van a cumplir estos elegidos la enorme responsabilidad que les ha dado el pueblo. Se trata de transformar la justicia y todos debemos participar, no sólo las instituciones para generarle una agenda a estos elegidos. El pueblo debe controlar de forma permanente el funcionamiento de la justicia y sus cambios trascendentales”.
Ante las críticas y denuncias de la oposición política Pinto dijo que todo quien quiera analizar las actas de escrutinio y todo el proceso electoral puede hacerlo de forma permanente y se les facilitará ese material a quienes lo soliciten, pero además están expuestas en la página web del Tribunal Electoral como muestra de transparencia y de democracia.
Se intentará liquidar actual sistema judicial entre tres o seis meses
En la Asamblea Legislativa se debate si la liquidación del actual sistema judicial se producirá en tres o seis meses, aunque también se plantearon sugerencias para que ese proceso pudiera ejecutarse en uno a dos años. El presidente de la Cámara de Senadores, René Martínez, plantea el menor tiempo posible.
Explicó que se trabaja en las Comisiones Codificadoras creadas por el Gobierno con participación de autoridades del Órgano Judicial para elaborar la serie de disposiciones legales que permitan la transición del actual al nuevo sistema judicial “y compatibilizar toda nuestra economía jurídica con la actual Constitución”.
“Conocida la voluntad soberana del pueblo de elegir autoridades judiciales, se discute ahora la parte vital de la transición mediante una ley de transición que nos determine tiempos, plazos, la modalidad y mecanismos de cierre definitivo de algunas entidades que desaparecen con esta nueva realidad constitucional y dan paso a la emergencia de una nueva institucionalidad legislativa”.
Martínez dijo que eso supone hablar de atribuciones, facultades, de liquidación de tareas que tienen cada una de las cuatro instancias del Órgano Judicial. La Ley de Transición debe garantizar certidumbre de continuidad institucional “porque el Estado no puede quedarse un solo minuto sin la tarea de administrar justicia”.
Añadió que un segundo desafío es que quienes están en la estructura, como recursos humanos, tengan continuidad pero sujetos a una evaluación permanente para determinar si se ajustan a la nueva situación.
“Este control y fiscalización de evaluación permanente del comportamiento del administrador de justicia es otro de los temas, los plazos definitivos de cierre de gestión en materia contable, de activos, cierres administrativos que tienen que tener cada una de las instancias, también están en la ley”, explicó Martínez.
Otro proyecto de ley ya en debate se refiere a recursos constitucionales ante el Tribunal Constitucional y una nueva ley del Ministerio Público, “porque al haber nuevas autoridades judiciales, la Constitución faculta a la Asamblea Legislativa para elegir al futuro Fiscal General, además de aprobar un bloque de normas que permitirán desarrollar las tareas básicas a las futuras autoridades. Todo este proceso, incluida la elección del Fiscal General, se pretende concluir hasta diciembre próximo.
Respecto de la liquidación de los actuales procesos que se tramitan en los juzgados, el presidente del Senado dijo que hay dos criterios. Uno es que se determine entre uno a dos años el tiempo para la liquidación de esas causas y el otro, propuesto por su autoridad, es que se realice en plazos cortos y muy breves para evitar que se repita la actual aplicación del procedimiento penal que tras más de diez años, sigue abierta.
“Deberíamos definir plazos perentorios y si hay necesidad de tiempos adicionales se debe discutir, pero el desafío debe ser cerrar en corto plazo. Estamos hablando de no más de 3 a 6 meses”, señaló Martínez. Explicó que para lograr el objetivo en plazos tan cortos, se debería ampliar el periodo de algunos magistrados en funciones y los suplentes, elegidos el 16 de octubre, deberían sumarse a esa tarea mediante una distribución planificada de causas.
Donde existe mayor acumulación de causas es en los procesos sociales, laborales y de familia a diferencia de los procesos civiles, añadió el presidente de la Cámara Alta.
El punto crítico de la elección fue la propaganda
El punto crítico de la elección de autoridades judiciales fue la difusión de méritos de los candidatos y la prohibición de propaganda por parte de éstos y particulares, tarea encomendada en exclusiva al Tribunal Supremo Electoral por la ley.
Juan Carlos Pinto, director del Servicio de Información Pluricultural del Tribunal Supremo Electoral, advirtió, sin embargo, que el trabajo de difusión pese a la limitación de la propaganda por parte de los candidatos, fue la adecuada, porque una campaña mayor hubiese generado saturación y rechazo en los electores.
Señaló que se hicieron “todos los esfuerzos con los recursos que hemos tenido para cumplir esta misión. Hemos estado, según nuestros cálculos, más o menos viendo en todas las estaciones de televisión como 60 veces por mes a cada candidato y se ha escuchado a cada candidato como 120 veces al mes por cada estación de radio, además de los temas escritos que se han publicado y difundido”.
“Creemos que el esfuerzo que hemos podido hacer se ha cumplido. Ha sido una elección sui géneris con 116 candidatos no conocidos por la población antes de la elección, con perfil profesional más que político. Son características distintas y las expectativas también distintas”, añadió.
DIFUSION Sin embargo, dijo Pinto, el tema en boga después de la elección fue la crítica a la supuesta falta de difusión. “El tema no va por ahí, no es cuestión de hipersaturar los medios de comunicación para que sean más conocidos los candidatos. Tuvimos importante difusión, pero más allá, una saturación iba a implicar los mismos resultados, incluso de rechazo de la población frente a esta ofensiva comunicacional.
Pinto señaló que además, el Tribunal Electoral cargó con un contexto político adverso. “No ha sido una elección donde el objetivo fundamental, que era transformar la justicia haya sido claramente visualizado por el conjunto de la población. Ha habido sectores que han cargado la balanza en torno al contexto político, en contra del Gobierno”.
La alta cantidad de votos nulos y blancos fueron interpretados por Pinto como consecuencia de un Órgano Electoral nuevo, con personal nuevo y que contó con recursos limitados que asumen la responsabilidad de conducir el proceso con una población acostumbrada a procesos electorales distintos al último.
“El tema de la cercanía del candidato a la gente. La gente necesitó verlo, ver su comportamiento humano.
Son características que han hecho a la democracia representativa y que la gente exige”.
“En este proceso de igualdad de oportunidades se ha limitado de alguna forma a los candidatos los espacios públicos de representación decididos por el Órgano Electoral y los espacios de invitación de los medios de comunicación”, añadió.
Pinto destacó, sin embargo, que “ha habido limitación casi política en ese sentido.
Muchos medios de comunicación decidieron no participar de este proceso de entrevistas a candidatas y candidatos porque han asumido que el Órgano, a través de la parte comercial, iba a cubrir ese espacio y han limitado su responsabilidad de ser un medio de información para la gente sobre lo que se iba a elegir”.
Habilitarán portal para verificación de datos
El director del Segip, Antonio Costas, informó que en diez días se habilitará un portal para que cada persona tenga la posibilidad en forma gratuita de verificar el registro de sus datos por Internet.
Sostuvo que el lanzamiento del sistema estará acompañado de una campaña informativa intensiva, a partir de un encuentro explicativo que se tendrá la próxima semana.
Dijo que cada boliviano podrá ver en el portal sus datos de identificación personal, incluso sus registros de licencia de conducir. Dijo que con el portal se pretenderá eliminar una de las falencias del Segip referida a la falta de exposición de los resultados de su trabajo y a cubrir sus necesidades.
Sostuvo que el lanzamiento del sistema estará acompañado de una campaña informativa intensiva, a partir de un encuentro explicativo que se tendrá la próxima semana.
Dijo que cada boliviano podrá ver en el portal sus datos de identificación personal, incluso sus registros de licencia de conducir. Dijo que con el portal se pretenderá eliminar una de las falencias del Segip referida a la falta de exposición de los resultados de su trabajo y a cubrir sus necesidades.
Doria Medina asegura no tener miedo a amenazas
Al líder de Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina, y máximo ejecutivo de Soboce le tiene sin cuidado las amenazas de algunos vocales del Tribunal Supremo Electoral respecto a las denuncias que realizó sobre el cómputo de las actas, asegura que no hay materia justiciable para este tipo de amedrentamientos. "No me preocupa lo que están hablando, yo he sido muy cuidadoso en mis declaraciones, he denunciado que hay errores, he dicho de buena fe son errores, si no es buen fe ya será un proceso técnico o legal el que defina, entonces creo que es una indicación de que algo huele mal si me responden con juicios", subrayó el líder máximo de UN.
Doria Medina una vez más ratificó sus denuncias sobe el cómputo de las actas en más de 40 mesas del departamento de La Paz que fueron publicadas en la página web del TSE.
Doria Medina una vez más ratificó sus denuncias sobe el cómputo de las actas en más de 40 mesas del departamento de La Paz que fueron publicadas en la página web del TSE.
Hoy se repetirán las judiciales en 35 mesas electorales
Hoy volverán a repetirse las elecciones judiciales en 35 mesas electorales que fueron anuladas, en la capital cruceña, se tiene registrado a 18 colegios que volverán a convertirse en los escenarios de la votación. Además de las mesas de sufragios anuladas en la capital cruceña, también se anularon a 11 mesas en los municipios, en los mismos que también las personas tendrán que volver a sufragar.
El 16 de octubre los bolivianos asistieron a las urnas, para elegir a las nuevas autoridades del Órgano Judicial, en esta jornada se registraron algunos inconvenientes en algunas mesas, por lo que las autoridades del Tribunal Supremo Electoral (TSE) determinaron ésta acción que es respaldada por el reglamento electoral.
Electores cruceños. La vocal supremo electoral, Fanny Rivas, informó ayer que en Santa Cruz volverán a votar 8.003 personas. "Esperamos que sea una jornada tranquila, ya todo el material está distribuido", expresó la autoridad. Así también aseguró que los resultados de esta votación, estarán listos en los próximos 5 días.
Rivas, lamentó que en 6 municipios se hayan anulado las mesas por falta de firmas de los jurados.
Control de la jornada. La autoridad electoral, indicó que para evitar enfrentamiento o cualquier tipo de violencia que se genere durante la jornada de hoy, habrán 2 policías en cada recinto, además de la presencia y vigilancia de un fiscal. En total se han desplazado más de 50 policías y un número de 4 fiscales para que se desplacen a todo os colegios donde se efectuará la votación.
Válidos sobre nulos. El Tribunal Departamental Electoral de La Paz publicó ayer en medios escritos los resultados de la votación del 16 de octubre al 100 por ciento de las mesas escrutadas. En el cual se evidencia que los votos validos superaron a los nulos y blancos en los cuatro cargos referidos al Órgano Judicial. Tribunal Agroambiental: validos 47.96%, nulos 38.29% y blancos 13.76%. Consejo de La Magistratura: validos 50.01%, nulos 38.49% y blancos 11.51%. Tribunal Constitucional Plurinacional: validos 48.93%, nulos 40.07%, blancos 11%. Tribunal Supremo de Justicia Departamental: validos 41.79%, nulos 35.10% y blancos 23.11%.
El TSE prevé que el 7 de noviembre se conozcan los resultados finales, los mismos que serán publicados el 13 de noviembre.
El 25 de noviembre se entregarán en Sucre, credenciales a los candidatos elegidos.
MESAS ELECTORALES
Municipios y colegios donde volverán a votar
CAPITAL COLEGIOS 24 MESAS:
Nina Centella Mesa #1
Primavera #1
Villa Rosario #3
Unzaga de la Vega #27, 29 y 34
Castillo La Mancha #16
Domingo Savio Don Bosco #1, 2 y 13
Villa Gladis #15
Fe y Alegría La Merced #2
Hernando Siles #6
San Jorge #16
Naciones Unidas #4
Ismael Montes #5
El Retoño #2 y 15
Sor María Cristhina Pérez #9
Félix Bascopé #15
Central Obrera Boliviana #10
Interno Boliviano Alemán #21
MUNICIPIOS Y COLEGIOS:
Montero (Víctor Salvatierra y Elvira Frías)
Camiri (Abel Iturralde y UAGRM)
San Julián (Ciro Mealla)
San Pedro (Fe y Alegría)
Charagua (Rancho Nuevo)
Ascensión de Guarayos (Esteban Gebar)
Revisarán actas y citarán a jurados
EL DIPUTADO LUIS FELIPE DORADO, ANUNCIÓ UNA PROFUNDA INDAGACIÓN A LOS JURADOS EN LOS RESULTADOS DE LOS VOTOS POR MEDIO DE LAS ACTAS, ADEMÁS CITARÁN A LOS JURADOS PARA VERIFICAR LA LEGALIDAD DE ESTAS.
5 Días Se esperará para que las autoridades den los resultados de ésta elección.
18 Colegios Están señalados para que vuelvan a albergar a los votantes donde se anularon las mesas electorales
El 16 de octubre los bolivianos asistieron a las urnas, para elegir a las nuevas autoridades del Órgano Judicial, en esta jornada se registraron algunos inconvenientes en algunas mesas, por lo que las autoridades del Tribunal Supremo Electoral (TSE) determinaron ésta acción que es respaldada por el reglamento electoral.
Electores cruceños. La vocal supremo electoral, Fanny Rivas, informó ayer que en Santa Cruz volverán a votar 8.003 personas. "Esperamos que sea una jornada tranquila, ya todo el material está distribuido", expresó la autoridad. Así también aseguró que los resultados de esta votación, estarán listos en los próximos 5 días.
Rivas, lamentó que en 6 municipios se hayan anulado las mesas por falta de firmas de los jurados.
Control de la jornada. La autoridad electoral, indicó que para evitar enfrentamiento o cualquier tipo de violencia que se genere durante la jornada de hoy, habrán 2 policías en cada recinto, además de la presencia y vigilancia de un fiscal. En total se han desplazado más de 50 policías y un número de 4 fiscales para que se desplacen a todo os colegios donde se efectuará la votación.
Válidos sobre nulos. El Tribunal Departamental Electoral de La Paz publicó ayer en medios escritos los resultados de la votación del 16 de octubre al 100 por ciento de las mesas escrutadas. En el cual se evidencia que los votos validos superaron a los nulos y blancos en los cuatro cargos referidos al Órgano Judicial. Tribunal Agroambiental: validos 47.96%, nulos 38.29% y blancos 13.76%. Consejo de La Magistratura: validos 50.01%, nulos 38.49% y blancos 11.51%. Tribunal Constitucional Plurinacional: validos 48.93%, nulos 40.07%, blancos 11%. Tribunal Supremo de Justicia Departamental: validos 41.79%, nulos 35.10% y blancos 23.11%.
El TSE prevé que el 7 de noviembre se conozcan los resultados finales, los mismos que serán publicados el 13 de noviembre.
El 25 de noviembre se entregarán en Sucre, credenciales a los candidatos elegidos.
MESAS ELECTORALES
Municipios y colegios donde volverán a votar
CAPITAL COLEGIOS 24 MESAS:
Nina Centella Mesa #1
Primavera #1
Villa Rosario #3
Unzaga de la Vega #27, 29 y 34
Castillo La Mancha #16
Domingo Savio Don Bosco #1, 2 y 13
Villa Gladis #15
Fe y Alegría La Merced #2
Hernando Siles #6
San Jorge #16
Naciones Unidas #4
Ismael Montes #5
El Retoño #2 y 15
Sor María Cristhina Pérez #9
Félix Bascopé #15
Central Obrera Boliviana #10
Interno Boliviano Alemán #21
MUNICIPIOS Y COLEGIOS:
Montero (Víctor Salvatierra y Elvira Frías)
Camiri (Abel Iturralde y UAGRM)
San Julián (Ciro Mealla)
San Pedro (Fe y Alegría)
Charagua (Rancho Nuevo)
Ascensión de Guarayos (Esteban Gebar)
Revisarán actas y citarán a jurados
EL DIPUTADO LUIS FELIPE DORADO, ANUNCIÓ UNA PROFUNDA INDAGACIÓN A LOS JURADOS EN LOS RESULTADOS DE LOS VOTOS POR MEDIO DE LAS ACTAS, ADEMÁS CITARÁN A LOS JURADOS PARA VERIFICAR LA LEGALIDAD DE ESTAS.
5 Días Se esperará para que las autoridades den los resultados de ésta elección.
18 Colegios Están señalados para que vuelvan a albergar a los votantes donde se anularon las mesas electorales
Corte Suprema de Justicia autoriza investigación de Evo Morales
La Sala Penal Primera de la Corte Suprema de Justicia autorizó a la Fiscalía General el inicio de una investigación sobre la acusación de parlamentarios de oposición en contra del presidente Evo Morales, por la supuesta comisión del delito de genocidio y violación a los derechos fundamentales en la intervención policial a los marchistas el 15 septiembre pasado.
El ministro de la Sala Penal Primera, Jorge Monasterios, informó que junto al también ministro José Luis Baptista, firmaron un decreto haciendo conocer que dispusieron la radicatoria del caso denominado Tipnis y que esta sala se encargará del control jurisdiccional de la investigación.
"Hemos radicado la causa, hemos asumido el conocimiento del caso de la Fiscalía respecto al inicio de la investigación y lo que corresponde es notificar a las partes y fiscalizar los actos investigativos que se desarrollen", dijo Monasterios.
La autoridad informó que la "radicatoria" se encuentra en proceso de notificación para que las partes tomen conocimiento de la resolución judicial, y la Fiscalía comience a desarrollar los actos investigativos.
El fiscal General, Mario Uribe, en días pasados, dijo que esperaba la radicatoria del caso en la Corte Suprema para dar inicio con las tareas de recolección y acumulación de antecedentes, y sobre la base de éstos y la proposición acusatoria emitir el requerimiento que corresponda en un plazo de 30 días hábiles.
El abogado de los denunciantes, Luis Ayllón, pidió al Fiscal se pronuncie tomando en cuenta que la proposición acusatoria fue planteada el 28 de septiembre y los treinta días hábiles ya se habrían cumplido.
Baptista manifestó que a partir de la radicatoria del caso en la Suprema hay que esperar la investigación de la Fiscalía.
CITARÁN A MINISTROS
• La Comisión de Gobierno y Fuerzas Armadas de la Cámara de Diputados anunció que convocará a partir del 10 de noviembre próximo a cuatro ministros de Estado, dentro las investigaciones que seguirá esa instancia, de la violenta intervención policial contra los marchistas del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis).
• El presidente de esta instancia legislativa (MAS), Irineo Condori, dijo que la demora en la convocatoria de las autoridades se debe a que las autoridades solicitaron la reprogramación de las peticiones, debido a la extensión del conflicto con los indígenas, que recién fue resuelto por el Gobierno mediante la aprobación de la nueva ley corta que prohíbe la construcción de carreteras por esa área protegida.
El ministro de la Sala Penal Primera, Jorge Monasterios, informó que junto al también ministro José Luis Baptista, firmaron un decreto haciendo conocer que dispusieron la radicatoria del caso denominado Tipnis y que esta sala se encargará del control jurisdiccional de la investigación.
"Hemos radicado la causa, hemos asumido el conocimiento del caso de la Fiscalía respecto al inicio de la investigación y lo que corresponde es notificar a las partes y fiscalizar los actos investigativos que se desarrollen", dijo Monasterios.
La autoridad informó que la "radicatoria" se encuentra en proceso de notificación para que las partes tomen conocimiento de la resolución judicial, y la Fiscalía comience a desarrollar los actos investigativos.
El fiscal General, Mario Uribe, en días pasados, dijo que esperaba la radicatoria del caso en la Corte Suprema para dar inicio con las tareas de recolección y acumulación de antecedentes, y sobre la base de éstos y la proposición acusatoria emitir el requerimiento que corresponda en un plazo de 30 días hábiles.
El abogado de los denunciantes, Luis Ayllón, pidió al Fiscal se pronuncie tomando en cuenta que la proposición acusatoria fue planteada el 28 de septiembre y los treinta días hábiles ya se habrían cumplido.
Baptista manifestó que a partir de la radicatoria del caso en la Suprema hay que esperar la investigación de la Fiscalía.
CITARÁN A MINISTROS
• La Comisión de Gobierno y Fuerzas Armadas de la Cámara de Diputados anunció que convocará a partir del 10 de noviembre próximo a cuatro ministros de Estado, dentro las investigaciones que seguirá esa instancia, de la violenta intervención policial contra los marchistas del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis).
• El presidente de esta instancia legislativa (MAS), Irineo Condori, dijo que la demora en la convocatoria de las autoridades se debe a que las autoridades solicitaron la reprogramación de las peticiones, debido a la extensión del conflicto con los indígenas, que recién fue resuelto por el Gobierno mediante la aprobación de la nueva ley corta que prohíbe la construcción de carreteras por esa área protegida.
Conteo oficial: Votos válidos superaron a nulos y blancos en La Paz
El Tribunal Departamental Electoral de La Paz publicó este sábado en medios escritos los resultados de la votación del 16 de octubre pasado, referido a las elecciones judiciales al 100 por ciento de las mesas escrutadas. En el cual se evidencia que los votos válidos superaron a los votos nulos y blancos en los cuatro cargos referidos al Órgano Judicial.
En el departamento de La Paz estuvieron habilitados 1.539.906 ciudadanos para votar, se computaron 6.941 mesas en el área rural y urbana del departamento.
Tribunal Agroambiental: Votos válidos 6.18.113 (47.96 por ciento); Votos nulos 493,457 (38.29 por ciento); Votos blancos 177.333 (13.76 por ciento); Candidato con mayor votación Bernardo Huarachi Tola con 156.164 votos equivalente al 25.26 por ciento.
Consejo de La Magistratura: Votos Válidos 6.44.261 (50.01 por ciento); Votos Nulos 495.834 (38.49 por ciento); Votos blancos 148.270 (11.51 por ciento); Candidata con mayor votación Cristina Mamani Aguilar con 305.332 votos equivalente al 47.39 por ciento.
Tribunal Constitucional Plurinacional: Votos válidos 630.535 (48.93 por ciento); Votos nulos 516.427 (40.07 por ciento); Votos blancos 141.712 (11.00 por ciento); Candidato con mayor votación Gualberto Cusi Mamani con 173.263 votos equivalente al 27.48 por ciento.
Tribunal Supremo de Justicia Departamental: Votos para varones, Validos 536.614 (41.79 por ciento); Votos nulos 450.652 (35.10 por ciento); Votos blancos 296.758 (23.11 por ciento); Candidato con mayor votación William Eduardo Alave Laura con 197.218 votos equivalente al 36.75 por ciento.
Votos para mujeres, Válidos 536.289 (41.75 por ciento); Votos nulos 442.879 (34.48 por ciento); Votos blancos 305.288 (23.77 por ciento); Candidata con mayor votación Maritza Suntura Juaniquina con 260.935 votos equivalente al 48.66 por ciento.
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) prevé que hasta el 7 de noviembre se darán a conocer los resultados finales y oficiales de todo el país, el domingo 13 de noviembre se publicaran los resultados en diarios de circulación nacional, el 25 de noviembre se entregaran credenciales a los candidatos elegidos en un acto que se realizará en Sucre capital del estado y los primeros días del mes de enero serán posesionados por el presidente Evo Morales.
Según el TSE, el promedio del cómputo de los resultados para el Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura y el Tribunal Constitucional Plurinacional muestra que al 99.3 por ciento de mesas computadas, 1.759.657 son votos válidos (42,3 por ciento); 619.351 son votos blancos (14.9 por ciento) y 1.784.491 son votos nulos (42,9 por ciento), con una participación ciudadana del 79.4 por ciento.
En el departamento de La Paz estuvieron habilitados 1.539.906 ciudadanos para votar, se computaron 6.941 mesas en el área rural y urbana del departamento.
Tribunal Agroambiental: Votos válidos 6.18.113 (47.96 por ciento); Votos nulos 493,457 (38.29 por ciento); Votos blancos 177.333 (13.76 por ciento); Candidato con mayor votación Bernardo Huarachi Tola con 156.164 votos equivalente al 25.26 por ciento.
Consejo de La Magistratura: Votos Válidos 6.44.261 (50.01 por ciento); Votos Nulos 495.834 (38.49 por ciento); Votos blancos 148.270 (11.51 por ciento); Candidata con mayor votación Cristina Mamani Aguilar con 305.332 votos equivalente al 47.39 por ciento.
Tribunal Constitucional Plurinacional: Votos válidos 630.535 (48.93 por ciento); Votos nulos 516.427 (40.07 por ciento); Votos blancos 141.712 (11.00 por ciento); Candidato con mayor votación Gualberto Cusi Mamani con 173.263 votos equivalente al 27.48 por ciento.
Tribunal Supremo de Justicia Departamental: Votos para varones, Validos 536.614 (41.79 por ciento); Votos nulos 450.652 (35.10 por ciento); Votos blancos 296.758 (23.11 por ciento); Candidato con mayor votación William Eduardo Alave Laura con 197.218 votos equivalente al 36.75 por ciento.
Votos para mujeres, Válidos 536.289 (41.75 por ciento); Votos nulos 442.879 (34.48 por ciento); Votos blancos 305.288 (23.77 por ciento); Candidata con mayor votación Maritza Suntura Juaniquina con 260.935 votos equivalente al 48.66 por ciento.
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) prevé que hasta el 7 de noviembre se darán a conocer los resultados finales y oficiales de todo el país, el domingo 13 de noviembre se publicaran los resultados en diarios de circulación nacional, el 25 de noviembre se entregaran credenciales a los candidatos elegidos en un acto que se realizará en Sucre capital del estado y los primeros días del mes de enero serán posesionados por el presidente Evo Morales.
Según el TSE, el promedio del cómputo de los resultados para el Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura y el Tribunal Constitucional Plurinacional muestra que al 99.3 por ciento de mesas computadas, 1.759.657 son votos válidos (42,3 por ciento); 619.351 son votos blancos (14.9 por ciento) y 1.784.491 son votos nulos (42,9 por ciento), con una participación ciudadana del 79.4 por ciento.
Autonomías convoca a Oruro y Potosí para resolver el conflicto de límites
La ministra de Autonomías, Claudia Peña, convocó ayer a los representantes de los departamentos de Oruro y Potosí a una reunión, el lunes 31 próximo a las 14:30 en ese Ministerio, para trabajar acuerdos básicos sobre el tema limítrofe pendiente, entre esas regiones.
"Ayer (jueves) hemos mandado la convocatoria para la reunión de este lunes a las 14:30 para trabajar acuerdos básicos entre Oruro y Potosí", anunció la Ministra.
Los dos departamentos dieron plazo al Gobierno hasta la próxima semana para que dé una salida al conflicto limítrofe existente entre las comunidades de Quillacas (Oruro) y Coroma (Potosí). Ambos departamentos coinciden que la solución pasa por la aprobación de una nueva ley de Unidades Territoriales en la que se defina el procedimiento para la resolución de estos diferendos.
Los cívicos de Oruro amenazaron con declarar paro indefinido y bloqueos a partir del 3 de noviembre, mientras los comunarios de Coroma advirtieron con la toma de las tierras de la zona en disputa.
Peña, anticipó que atendiendo esa invitación que se les hizo llegar a los dos departamentos el jueves pasado, las gobernaciones designarán a 10 representantes para debatir el proyecto de Ley de Unidades Territoriales.
"Trataremos de consolidar acuerdos para trabajar en la materia del proyecto de desarrollo regional", sustentó.
El presidente en ejercicio del Estado, Álvaro García Linera, aseguró ayer que se acelerará el tratamiento del proyecto de Ley de Unidades Territoriales para solucionar los conflictos limítrofes existentes entre los departamentos del país.
"Tenemos en la Cámara de Senadores el proyecto de Ley de Unidades Territoriales, y hemos pedido que se acelere su tratamiento para incorporar las correcciones que sean necesarias", informó.
Dijo que las correcciones se las hará los siguientes días para dar a los bolivianos una Ley de regularización, tratamiento y resolución para estos conflictos limítrofes.
"Ayer (jueves) hemos mandado la convocatoria para la reunión de este lunes a las 14:30 para trabajar acuerdos básicos entre Oruro y Potosí", anunció la Ministra.
Los dos departamentos dieron plazo al Gobierno hasta la próxima semana para que dé una salida al conflicto limítrofe existente entre las comunidades de Quillacas (Oruro) y Coroma (Potosí). Ambos departamentos coinciden que la solución pasa por la aprobación de una nueva ley de Unidades Territoriales en la que se defina el procedimiento para la resolución de estos diferendos.
Los cívicos de Oruro amenazaron con declarar paro indefinido y bloqueos a partir del 3 de noviembre, mientras los comunarios de Coroma advirtieron con la toma de las tierras de la zona en disputa.
Peña, anticipó que atendiendo esa invitación que se les hizo llegar a los dos departamentos el jueves pasado, las gobernaciones designarán a 10 representantes para debatir el proyecto de Ley de Unidades Territoriales.
"Trataremos de consolidar acuerdos para trabajar en la materia del proyecto de desarrollo regional", sustentó.
El presidente en ejercicio del Estado, Álvaro García Linera, aseguró ayer que se acelerará el tratamiento del proyecto de Ley de Unidades Territoriales para solucionar los conflictos limítrofes existentes entre los departamentos del país.
"Tenemos en la Cámara de Senadores el proyecto de Ley de Unidades Territoriales, y hemos pedido que se acelere su tratamiento para incorporar las correcciones que sean necesarias", informó.
Dijo que las correcciones se las hará los siguientes días para dar a los bolivianos una Ley de regularización, tratamiento y resolución para estos conflictos limítrofes.
29 octubre 2011
Bolivianos podrán acceder al "sueño americano" con lotería de visas 2013
El Departamento de Estado de Estados Unidos convocó este sábado al sorteo anual de permisos de residencia (visas) a ese país, al que los ciudadanos bolivianos podrán optar desde el 4 de octubre y el 5 de noviembre para realizar el "sueño americano".
Para ser seleccionado en la lotería los candidatos deben que cumplir con una serie de requisitos de educación y acreditar experiencia laboral en algún área. Las visas permiten entrar o permanecer en el país de manera legal a ciudadanos de países que hayan tenido bajas tasas de inmigración hacia EEUU y deja fuera a los países que durante los últimos cinco años hayan enviado más de 50.000 inmigrantes, Bolivia aún está dentro de la lista.
Las personas interesadas deben llenar un formulario gratuito a través de Internet llamado Electronic Diversity Visa Entry (E-DV Entry Form), en la página www.dvlottery.state.gov.
El sorteo se realiza con un programa informático que selecciona al azar entre aquellas solicitudes que cumplen los requisitos y los interesados deben esperar hasta el 30 de junio del 2013.
Este programa está aprobado por el Congreso de EEUU y concede cada año un máximo de 55.000 visas anuales, aunque ningún país participante puede acaparar más del 7 por ciento del total disponible.
Para ser seleccionado en la lotería los candidatos deben que cumplir con una serie de requisitos de educación y acreditar experiencia laboral en algún área. Las visas permiten entrar o permanecer en el país de manera legal a ciudadanos de países que hayan tenido bajas tasas de inmigración hacia EEUU y deja fuera a los países que durante los últimos cinco años hayan enviado más de 50.000 inmigrantes, Bolivia aún está dentro de la lista.
Las personas interesadas deben llenar un formulario gratuito a través de Internet llamado Electronic Diversity Visa Entry (E-DV Entry Form), en la página www.dvlottery.state.gov.
El sorteo se realiza con un programa informático que selecciona al azar entre aquellas solicitudes que cumplen los requisitos y los interesados deben esperar hasta el 30 de junio del 2013.
Este programa está aprobado por el Congreso de EEUU y concede cada año un máximo de 55.000 visas anuales, aunque ningún país participante puede acaparar más del 7 por ciento del total disponible.
Excomandante de la policía 'El Gobierno montó complot para sacarme del cargo'
l excomandante general de la Policía, Óscar Ciro Farfán Mancilla, en declaraciones a Radio Fides señaló que las manos de autoridades gubernamentales estuvieron detrás de su destitución en mayo pasado, para lo que se planificó un complot en su contra implicándolo en el caso de las placas clonadas, lo que finalmente provocó que el presidente Evo Morales lo aleje del cargo.
"Yo me siento libre de toda culpa, mi conciencia está también limpia", dijo Farfán, quien asegura que se le pidió subordinarse al Gobierno, a lo que el se negó tajantemente, motivo por el cual se habría precipitado su salida del Comando General de la Policía.
"Las investigaciones darán con los resultados y ustedes mismos se darán cuenta y sacarán sus conclusiones", dijo Farfán.
Se querellará contra quienes lo acusaron. El exjefe policial dijo que nunca cometió un delito y menos infringió en la clonación de placas. "Hoy que estoy fuera de función, estoy gozando de mis derechos y privilegios que me otorga la ley como a cualquier ciudadano, porque ya no estoy en el servicio y voy a mantenerme desde el primer día que me intentaron calumniar de la comisión de un delito, de la posible clonación (de la placa) de un vehículo", puntualizó.
La exautoridad anunció que se querellará contra quienes lo sindicaron de haber cometido el delito de la clonación de placas, entre ellos el exministro de Gobierno, Sacha Llorentty.
El Gobierno debe encontrar a los verdaderos culpables. Farfán espera que de las investigaciones que surjan del Ministerio Público se hallen a los verdaderos responsables de la clonación.
"Esperemos que se de con los autores del hecho denunciado", dijo.
Acusa al exministro de Gobierno
Ciro farfán aseguró que el exministro de gobierno sacha llorentty habría planificado un complot en su contra para involucrarlo en el caso de placas clonadas.
5 Meses
Hace que el excomandante Farfán fue retirado de la Policía.
"Yo me siento libre de toda culpa, mi conciencia está también limpia", dijo Farfán, quien asegura que se le pidió subordinarse al Gobierno, a lo que el se negó tajantemente, motivo por el cual se habría precipitado su salida del Comando General de la Policía.
"Las investigaciones darán con los resultados y ustedes mismos se darán cuenta y sacarán sus conclusiones", dijo Farfán.
Se querellará contra quienes lo acusaron. El exjefe policial dijo que nunca cometió un delito y menos infringió en la clonación de placas. "Hoy que estoy fuera de función, estoy gozando de mis derechos y privilegios que me otorga la ley como a cualquier ciudadano, porque ya no estoy en el servicio y voy a mantenerme desde el primer día que me intentaron calumniar de la comisión de un delito, de la posible clonación (de la placa) de un vehículo", puntualizó.
La exautoridad anunció que se querellará contra quienes lo sindicaron de haber cometido el delito de la clonación de placas, entre ellos el exministro de Gobierno, Sacha Llorentty.
El Gobierno debe encontrar a los verdaderos culpables. Farfán espera que de las investigaciones que surjan del Ministerio Público se hallen a los verdaderos responsables de la clonación.
"Esperemos que se de con los autores del hecho denunciado", dijo.
Acusa al exministro de Gobierno
Ciro farfán aseguró que el exministro de gobierno sacha llorentty habría planificado un complot en su contra para involucrarlo en el caso de placas clonadas.
5 Meses
Hace que el excomandante Farfán fue retirado de la Policía.
Porongo y Buena Vista contra ediles del mas Exigen la renuncia de alcaldes
Comunarios del municipio de Buena Vista, han iniciado una vigilia desde ayer en las puertas de la Alcaldía de esta localidad, exigiendo la renuncia inmediata del burgomaestre René Vega Tarifa, argumentando actos irregulares que se observan en la baja ejecución de obras en todas las comunidades.
El pasado jueves, un grupo de comunarios intentó agredir físicamente al alcalde, el mismo que fue defendido y ayudado a escapar del lugar en una motocicleta.
Pugna en el MAS. Vega ha mencionado que todo el conflicto se debe a la pugna que hay en el interior del Movimiento Al Socialismo (MAS), que supuestamente está alentado por el concejal de la agrupación ASIP, Ramón Darío Cabruja; sin embargo, este niega todas las acusaciones en su contra. Por su parte, la concejal masista, Victoria Campo, asegura que esta movilización es solo un pedido del pueblo en el marco de la legalidad.
Los comunarios piden la renuncia de Vega, la presidenta del Concejo, Nancy Santos y del secretario general de la Alcaldía, Ever Justiniano. Ante ello, el edil que se encuentra resguardado por temor a las agresiones en contra, asegura que no dejará su cargo.
Procesos en Porongo. El alcalde Julio César Carrillo, del municipio de Porongo, también enfrenta una situación similar a la de Buena Vista, ya que los pobladores de ahí también quieren que el edil renuncie. "La próxima semana vamos a tomar medidas más drásticas para que nos escuchen y estas autoridades que tienen obras fantasmas se vayan de su cargo", expresó Beiser Medellín, dirigente comunario.
5 Concejales
hay en Buena Vista, de ellos 2 son del MAS, 1 de ASIP, agrupación aliada con el MAS, y el resto de la oposición.
El pasado jueves, un grupo de comunarios intentó agredir físicamente al alcalde, el mismo que fue defendido y ayudado a escapar del lugar en una motocicleta.
Pugna en el MAS. Vega ha mencionado que todo el conflicto se debe a la pugna que hay en el interior del Movimiento Al Socialismo (MAS), que supuestamente está alentado por el concejal de la agrupación ASIP, Ramón Darío Cabruja; sin embargo, este niega todas las acusaciones en su contra. Por su parte, la concejal masista, Victoria Campo, asegura que esta movilización es solo un pedido del pueblo en el marco de la legalidad.
Los comunarios piden la renuncia de Vega, la presidenta del Concejo, Nancy Santos y del secretario general de la Alcaldía, Ever Justiniano. Ante ello, el edil que se encuentra resguardado por temor a las agresiones en contra, asegura que no dejará su cargo.
Procesos en Porongo. El alcalde Julio César Carrillo, del municipio de Porongo, también enfrenta una situación similar a la de Buena Vista, ya que los pobladores de ahí también quieren que el edil renuncie. "La próxima semana vamos a tomar medidas más drásticas para que nos escuchen y estas autoridades que tienen obras fantasmas se vayan de su cargo", expresó Beiser Medellín, dirigente comunario.
5 Concejales
hay en Buena Vista, de ellos 2 son del MAS, 1 de ASIP, agrupación aliada con el MAS, y el resto de la oposición.
Mañana habilitarán 35 mesas para sufragio Más de 7 mil personas vuelven a las urnas
Después de que se registraran las irregularidades en algunas mesas de sufragio por la ausencia de jurados electorales, que se encargarían de ser las autoridades en cada mesa y fueran anuladas por este motivo, mañana volverán a elegir a las nuevas autoridades del Órgano Judicial, más de 7 mil personas que pertenecen al departamento cruceño. La vocal electoral de Santa Cruz, Ida Olender, señaló que de las 35 mesas, 24 pertenecen a la capital y 11 a provincias.
La ley del Órgano electoral, establece que en una mesa de sufragio deben haber por lo menos 6 jurados electorales, pero que ésta puede ser aperturada por lo menos con 3 firmas, sin embargo esta cantidad no se logró, el pasado 16 de octubre, día de las elecciones judiciales del país.
Pasos de acuerdo a ley. Olender destacó que en esta semana que transcurrió, se ha capacitado a todos los jurados y al personal que volverá a participar de los comicios de mañana. "Toda la jornada será la misma, será 8 horas el proceso de votación y se les entregarán el certificado de sufragio, no variará en nada", dijo.
200 listos para votar. La localidad de Ocotavi, a 37 kilómetros de Oruro, está lista para sufragar mañana, ya que ésta tiene una mesa que fue anulada y que por ello deberá complementar los resultados de la votación general de este departamento. En este lugar solo 200 personas votarán.
Conflictos por votos. Después de que se dieran a conocer los resultados de la votación, los opositores han denunciado que las autoridades electorales hicieron fraude en el recuento, que dio con mayor porcentaje al voto válido. El jefe del Movimiento Sin Miedo (MSM), Juan del Granado, denunció ayer que 5 de 10 candidatos al Órgano Judicial que fueron impugnados resultaron elegidos, por lo que se presentó una nueva denuncia penal en contra del Tribunal Supremo Electoral (TSE) por los delitos de incumplimiento de deberes, retardación de justicia, falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado. Unidad Nacional, también lo hizo, por supuestos fraudes.
Por otro lado, el presidente del TSE, Wilfredo Ovando, informó que los Tribunales Departamentales Electorales (TDE) deben "corregir" las actas electorales de escrutinio y cómputo que se encuentran con fallas o errores.
35 Mesas
estarán habilitadas en Santa Cruz, para las personas que no lograron votar el 16 de octubre.
200 Personas
Volverán a las urnas en el departamento de Oruro, porque una mesa fue anulada.
Resultado final para el mes de noviembre
El presidente del tse, wilfredo ovando, informó que en el mes de noviembre se darán a conocer los resultados finales de las elecciones judiciales y en enero se posesionarán a los nuevos jueces.
TSE
Procesos para quienes cometieron fraudes electorales en conteo
Acciones. El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Ramiro Paredes, descartó este viernes la posibilidad de que se haya generado algún tipo de fraude en el escrutinio de las elecciones judiciales. Pero advirtió con procesar algún jurado electoral si es que se evidencia que actuó de mala fe al momento de llenar las actas de votación que fueron remitidas a los Tribunales Departamentales Electorales. "Es probable que alguno u otro ciudadano haya pretendido actuar de mala fe, para empañar este proceso que fue concebido limpio, pero la Ley establece determinadas acciones contra aquellos jurados", dijo.
La ley del Órgano electoral, establece que en una mesa de sufragio deben haber por lo menos 6 jurados electorales, pero que ésta puede ser aperturada por lo menos con 3 firmas, sin embargo esta cantidad no se logró, el pasado 16 de octubre, día de las elecciones judiciales del país.
Pasos de acuerdo a ley. Olender destacó que en esta semana que transcurrió, se ha capacitado a todos los jurados y al personal que volverá a participar de los comicios de mañana. "Toda la jornada será la misma, será 8 horas el proceso de votación y se les entregarán el certificado de sufragio, no variará en nada", dijo.
200 listos para votar. La localidad de Ocotavi, a 37 kilómetros de Oruro, está lista para sufragar mañana, ya que ésta tiene una mesa que fue anulada y que por ello deberá complementar los resultados de la votación general de este departamento. En este lugar solo 200 personas votarán.
Conflictos por votos. Después de que se dieran a conocer los resultados de la votación, los opositores han denunciado que las autoridades electorales hicieron fraude en el recuento, que dio con mayor porcentaje al voto válido. El jefe del Movimiento Sin Miedo (MSM), Juan del Granado, denunció ayer que 5 de 10 candidatos al Órgano Judicial que fueron impugnados resultaron elegidos, por lo que se presentó una nueva denuncia penal en contra del Tribunal Supremo Electoral (TSE) por los delitos de incumplimiento de deberes, retardación de justicia, falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado. Unidad Nacional, también lo hizo, por supuestos fraudes.
Por otro lado, el presidente del TSE, Wilfredo Ovando, informó que los Tribunales Departamentales Electorales (TDE) deben "corregir" las actas electorales de escrutinio y cómputo que se encuentran con fallas o errores.
35 Mesas
estarán habilitadas en Santa Cruz, para las personas que no lograron votar el 16 de octubre.
200 Personas
Volverán a las urnas en el departamento de Oruro, porque una mesa fue anulada.
Resultado final para el mes de noviembre
El presidente del tse, wilfredo ovando, informó que en el mes de noviembre se darán a conocer los resultados finales de las elecciones judiciales y en enero se posesionarán a los nuevos jueces.
TSE
Procesos para quienes cometieron fraudes electorales en conteo
Acciones. El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Ramiro Paredes, descartó este viernes la posibilidad de que se haya generado algún tipo de fraude en el escrutinio de las elecciones judiciales. Pero advirtió con procesar algún jurado electoral si es que se evidencia que actuó de mala fe al momento de llenar las actas de votación que fueron remitidas a los Tribunales Departamentales Electorales. "Es probable que alguno u otro ciudadano haya pretendido actuar de mala fe, para empañar este proceso que fue concebido limpio, pero la Ley establece determinadas acciones contra aquellos jurados", dijo.
Sueño americano: EEUU convoca a sorteo anual de visas en Bolivia
El Departamento de Estado de Estados Unidos convocó este sábado al sorteo anual de permisos de residencia (visas) a ese país, al que los ciudadanos bolivianos podrán optar desde el 4 de octubre y el 5 de noviembre para realizar el “sueño americano”.
Para ser seleccionado en la lotería los candidatos deben que cumplir con una serie de requisitos de educación y acreditar experiencia laboral en algún área.
Las visas permiten entrar o permanecer en el país de manera legal a ciudadanos de países que hayan tenido bajas tasas de inmigración hacia EEUU y deja fuera a los países que durante los últimos cinco años hayan enviado más de 50.000 inmigrantes, Bolivia aún está dentro de la lista. Las personas interesadas deben llenar un formulario gratuito a través de Internet llamado Electronic Diversity Visa Entry (E-DV Entry Form), en la página www.dvlottery.state.gov.
El sorteo se realiza con un programa informático que selecciona al azar entre aquellas solicitudes que cumplen los requisitos y los interesados deben esperar hasta el 30 de junio del 2013. Este programa está aprobado por el Congreso de EEUU y concede cada año un máximo de 55.000 visas anuales, aunque ningún país participante puede acaparar más del 7 por ciento del total disponible.
Para ser seleccionado en la lotería los candidatos deben que cumplir con una serie de requisitos de educación y acreditar experiencia laboral en algún área.
Las visas permiten entrar o permanecer en el país de manera legal a ciudadanos de países que hayan tenido bajas tasas de inmigración hacia EEUU y deja fuera a los países que durante los últimos cinco años hayan enviado más de 50.000 inmigrantes, Bolivia aún está dentro de la lista. Las personas interesadas deben llenar un formulario gratuito a través de Internet llamado Electronic Diversity Visa Entry (E-DV Entry Form), en la página www.dvlottery.state.gov.
El sorteo se realiza con un programa informático que selecciona al azar entre aquellas solicitudes que cumplen los requisitos y los interesados deben esperar hasta el 30 de junio del 2013. Este programa está aprobado por el Congreso de EEUU y concede cada año un máximo de 55.000 visas anuales, aunque ningún país participante puede acaparar más del 7 por ciento del total disponible.
Evo: Voto alteño y del campo hizo prevalecer el 'Sí' en comicios judiciales
El presidente Evo Morales destacó este viernes la participación de la ciudad de El Alto en las elecciones judiciales, atribuyendo el voto de esta urbe junto a la del área rural para el triunfo del Sí por encima del voto nulo y blanco que era mayoritario en el conteo rápido en boca de urna. No obstante, Morales dijo que al ser esta una primera experiencia en todo el mundo, hubo errores como la falta de socialización, información y desconocimiento de los candidatos judiciales.
"Finalmente en la ciudad de El Alto el sí se ha impuesto ha ganado el sí, felicidades compañeros, compañeras (…); la voluntad democrática boliviana del pueblo se ha impuesto, menos del 20 por ciento de ausentismo y con resultados tan importantes y El Alto nuevamente primero con esta posición democrática apostando para cambiar la justicia", dijo Morales en ocasión de la entrega de 1.178.604 bolivianos a cuatro circunscripciones de esta urbe para la ejecución de obras, mediante el programa Bolivia, cambia Evo cumple.
El mandatario contó las dificultades que experimentó en el momento de emitir su voto en los comicios del 16 de octubre pasado: "Yo mismo en el trópico de Cochabamba cuando he visto la papeleta buscaba algunos nombres y no podía encontrar, igualmente algunos compañeros parlamentarios me preguntaban y no podían encontrar a la persona que tenían que apoyar mediante su voto buscaban y no encontraban".
Sin embargo y a pasar de todas las dificultades que se presentaron en el proceso electoral, el Jefe de Estado dijo que los resultados de la votación se constituyen en "un duro golpe para los opositores" que apostaban por el voto nulo y ahora denuncian fraude electoral tras conocer los datos casi finales del escrutinio.
"Algunos opositores festejaron el triunfo del voto nulo el día domingo en la noche… pasa el tiempo van llegando votos de El Alto del campo y el sí gana; ahora dicen: Hay fraude es la fuerza del campo, de la ciudad de El Alto, los vecinos de la ciudad de La Paz", sostuvo Morales.
Finalmente destacó que las próximas autoridades judiciales apellidarán: Mamani, Quispe, Alarcón entre otros nombres de origen campesino, "siendo este un triunfo de los aymaras y los quechuas".
"Finalmente en la ciudad de El Alto el sí se ha impuesto ha ganado el sí, felicidades compañeros, compañeras (…); la voluntad democrática boliviana del pueblo se ha impuesto, menos del 20 por ciento de ausentismo y con resultados tan importantes y El Alto nuevamente primero con esta posición democrática apostando para cambiar la justicia", dijo Morales en ocasión de la entrega de 1.178.604 bolivianos a cuatro circunscripciones de esta urbe para la ejecución de obras, mediante el programa Bolivia, cambia Evo cumple.
El mandatario contó las dificultades que experimentó en el momento de emitir su voto en los comicios del 16 de octubre pasado: "Yo mismo en el trópico de Cochabamba cuando he visto la papeleta buscaba algunos nombres y no podía encontrar, igualmente algunos compañeros parlamentarios me preguntaban y no podían encontrar a la persona que tenían que apoyar mediante su voto buscaban y no encontraban".
Sin embargo y a pasar de todas las dificultades que se presentaron en el proceso electoral, el Jefe de Estado dijo que los resultados de la votación se constituyen en "un duro golpe para los opositores" que apostaban por el voto nulo y ahora denuncian fraude electoral tras conocer los datos casi finales del escrutinio.
"Algunos opositores festejaron el triunfo del voto nulo el día domingo en la noche… pasa el tiempo van llegando votos de El Alto del campo y el sí gana; ahora dicen: Hay fraude es la fuerza del campo, de la ciudad de El Alto, los vecinos de la ciudad de La Paz", sostuvo Morales.
Finalmente destacó que las próximas autoridades judiciales apellidarán: Mamani, Quispe, Alarcón entre otros nombres de origen campesino, "siendo este un triunfo de los aymaras y los quechuas".
Cochabamba: presentan nueva bandera de color rojo con un sol al medio
La historiadora e investigadora social Ítala de Mamán puso hoy a consideración de la ciudadanía y de las instituciones la nueva bandera de Cochabamba, que fue presentado hoy en la plaza 14 de Septiembre en sustitución de la bandera celeste con un escudo.
El nuevo emblema del valle es de color rojo entero y tiene un sol amarillo al centro.
Mamán recordó que varias investigaciones establecieron que el caudillo cochabambino, Alejo Calatayud, quien participó de la revolución de la independencia, utilizó una bandera roja con un sol amarillo en las batallas contra la corona española.
El nuevo emblema del valle es de color rojo entero y tiene un sol amarillo al centro.
Mamán recordó que varias investigaciones establecieron que el caudillo cochabambino, Alejo Calatayud, quien participó de la revolución de la independencia, utilizó una bandera roja con un sol amarillo en las batallas contra la corona española.
Cierran padrón en Quillacollo
Pocas personas asistieron a inscribirse al padrón biométrico que se habilitó durante cinco días en el municipio de Quillacollo, rumbo a las elecciones del 18 de diciembre.
Las filas en los once puntos de empadronamiento no fueron extensas y no superaban las 10 personas.
Sin embargo, hubo quejas de parte de los ciudadanos que aseguraron que los encargados del registro demoraban demasiado en hacer la inscripción.
El director del Servicio de Registro Civil (Sereci), Pablo Ortuño, anunció que hoy tendrá el número de inscritos de los mil que esperaban que se registren. Hasta el jueves se registraron a 300 personas que cumplen años hasta el 18 de diciembre y aquellas que se trasladaron de domicilio luego de la elección judicial del 16 de octubre.
Se esperaba que ayer se inscriban unas 400 personas más.
Advirtió que las personas que no estén registradas en el padrón y no voten en las elecciones municipales, no podrán realizar trámites dentro de la jurisdicción de Quillacollo.
Las filas en los once puntos de empadronamiento no fueron extensas y no superaban las 10 personas.
Sin embargo, hubo quejas de parte de los ciudadanos que aseguraron que los encargados del registro demoraban demasiado en hacer la inscripción.
El director del Servicio de Registro Civil (Sereci), Pablo Ortuño, anunció que hoy tendrá el número de inscritos de los mil que esperaban que se registren. Hasta el jueves se registraron a 300 personas que cumplen años hasta el 18 de diciembre y aquellas que se trasladaron de domicilio luego de la elección judicial del 16 de octubre.
Se esperaba que ayer se inscriban unas 400 personas más.
Advirtió que las personas que no estén registradas en el padrón y no voten en las elecciones municipales, no podrán realizar trámites dentro de la jurisdicción de Quillacollo.
MSM advierte sobreprecio y riesgos contractuales
El jefe nacional del Movimiento Sin Miedo (MSM) Juan del Granado, manifestó que existen riesgos en el manejo de las arcas del Estado con las modificaciones que deberán existir en el contrato con la empresa OAS ahora que la vía por el TIPNIS no será construida y ese segundo tramo deberá tener otro diseño.
Además amplió detalles en las denuncias presentadas anteriormente respecto al sobreprecio de la carretera Villa Tunari - San Ignacio de Moxos en comparación a proyectos de varias vías en el país, también la ilegalidad de la adjudicación a la empresa OAS y la subordinación de la obra al banco del Brasil.
Luego de lo que se consideró como una victoria los resultados de la marcha indígena sobre la intención de imponer la construcción de la carretera por el TIPNIS por parte del Gobierno, Del Granado señaló que la Fiscalía recibió por parte de este frente opositor las observaciones por los riesgos a la modificación del contrato.
CLAÚSULA CONTRACTUAL
De acuerdo a la cláusula 13 serán considerados como casos de incumplimiento, alteraciones en los términos y condiciones del contrato comercial, establecido entre OAS y ABC sin previa y expresa anuencia del BANDES.
“Cómo se va modificar, el Gobierno tiene que ir al banco de Brasil en Rio de Janeiro para lograr su anuencia y su aprobación porque si no lo logra vamos a ser enjuiciados con leyes brasileras y jueces brasileros. Además de que el contrato establece multas económicas en caso de modificación, las cuales tendrán que ser saldadas por el Estado boliviano”, puntualizó.
Añadió que los procesos penales continuarán y se adjuntarán más pruebas, además de solicitar a todas las instituciones del Estado que remitan los documentos originales para establecer responsabilidades.
RATIFICA DENUNCIAS
Del Granado explicó que las denuncias documentadas fueron presentadas ante la Fiscalía General del Estado que advierten la violación a los derechos humanos como los contratos lesivos al Estado y la contratación de la empresa OAS.
Un primer aspecto está referido al sobreprecio de la carretera, de acuerdo al informe propuesto por la Consultoría de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), la cual establece la suma de 436 millones de dólares como precio referencial.
“Están los tres componentes que suponen 18 millones de dólares, 37 millones y 9 millones que corresponden a riesgos extraordinarios como hacen a la mitigación ambiental. En cuanto a los servicios de consultoría, y entre ambos costos de obra y de consolatoria da la suma de 335 .5 millones de dólares”, citó.
En segundo lugar, el costo propuesto por OAS de 1,3 millones por Km resulta elevado con referencia a otras carreteras. Según informes del VIFPE el promedio de otras carreteras como la que une los departamentos de Potosí y Tarija, el costo por kilómetro es de 718.000 dólares. Un segundo tramo entre estos dos departamentos es de 491.500 dólares con pavimento rígido. En el caso de Rurenabaque – Riberalta se trata de una carretera asfáltica, la cual no establece en el contrato con OAS una carpeta asfáltica y los costos llegan hasta 700.000 dólares por kilómetro.
“En ningún caso superior a 1 millón recordemos que 1 millón 400 mil dólares es lo que nos cuesta por kilómetro la carretera en cuestión”, manifestó.
OFICIALISMO
Mientras tanto el diputado por el Movimiento Al Socialismo (MAS), Irineo Condori evitó referirse al tema aduciendo que no tenía conocimiento de las denuncias presentadas por Del Granado, sin embargo admitió que es el Ejecutivo quien debe tomar cartas en el asunto y establecer soluciones.
BRASIL CONDICIONA FINANCIAMIENTO
En la edición de ayer, el medio de prensa brasilero presenta una nota del corresponsal Mario Murakawa titula “Brasil espera ‘boa vontade’ em troca de financiamento”.
Según citas de la nota, Brasil admite aprobar un aumento el financiamiento a la obra dependiendo de los resultados en las negociaciones finales entre indígenas y el gobierno de Evo Morales. Al menos 250 millones de dólares estarían en debate, pero todo dependerá de las autoridades bolivianas que logren garantizar que no existan mayores afectaciones a la obra.
“Bolivia tiene que establecer un calendario, un curso de acción, para definir con precisión la solución técnica a los parámetros ambientales, financieros, económicos y políticos de este proceso”, dijo una fuente oficial brasileña cuyo nombre no fue citado por Valor Económico.
Además amplió detalles en las denuncias presentadas anteriormente respecto al sobreprecio de la carretera Villa Tunari - San Ignacio de Moxos en comparación a proyectos de varias vías en el país, también la ilegalidad de la adjudicación a la empresa OAS y la subordinación de la obra al banco del Brasil.
Luego de lo que se consideró como una victoria los resultados de la marcha indígena sobre la intención de imponer la construcción de la carretera por el TIPNIS por parte del Gobierno, Del Granado señaló que la Fiscalía recibió por parte de este frente opositor las observaciones por los riesgos a la modificación del contrato.
CLAÚSULA CONTRACTUAL
De acuerdo a la cláusula 13 serán considerados como casos de incumplimiento, alteraciones en los términos y condiciones del contrato comercial, establecido entre OAS y ABC sin previa y expresa anuencia del BANDES.
“Cómo se va modificar, el Gobierno tiene que ir al banco de Brasil en Rio de Janeiro para lograr su anuencia y su aprobación porque si no lo logra vamos a ser enjuiciados con leyes brasileras y jueces brasileros. Además de que el contrato establece multas económicas en caso de modificación, las cuales tendrán que ser saldadas por el Estado boliviano”, puntualizó.
Añadió que los procesos penales continuarán y se adjuntarán más pruebas, además de solicitar a todas las instituciones del Estado que remitan los documentos originales para establecer responsabilidades.
RATIFICA DENUNCIAS
Del Granado explicó que las denuncias documentadas fueron presentadas ante la Fiscalía General del Estado que advierten la violación a los derechos humanos como los contratos lesivos al Estado y la contratación de la empresa OAS.
Un primer aspecto está referido al sobreprecio de la carretera, de acuerdo al informe propuesto por la Consultoría de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), la cual establece la suma de 436 millones de dólares como precio referencial.
“Están los tres componentes que suponen 18 millones de dólares, 37 millones y 9 millones que corresponden a riesgos extraordinarios como hacen a la mitigación ambiental. En cuanto a los servicios de consultoría, y entre ambos costos de obra y de consolatoria da la suma de 335 .5 millones de dólares”, citó.
En segundo lugar, el costo propuesto por OAS de 1,3 millones por Km resulta elevado con referencia a otras carreteras. Según informes del VIFPE el promedio de otras carreteras como la que une los departamentos de Potosí y Tarija, el costo por kilómetro es de 718.000 dólares. Un segundo tramo entre estos dos departamentos es de 491.500 dólares con pavimento rígido. En el caso de Rurenabaque – Riberalta se trata de una carretera asfáltica, la cual no establece en el contrato con OAS una carpeta asfáltica y los costos llegan hasta 700.000 dólares por kilómetro.
“En ningún caso superior a 1 millón recordemos que 1 millón 400 mil dólares es lo que nos cuesta por kilómetro la carretera en cuestión”, manifestó.
OFICIALISMO
Mientras tanto el diputado por el Movimiento Al Socialismo (MAS), Irineo Condori evitó referirse al tema aduciendo que no tenía conocimiento de las denuncias presentadas por Del Granado, sin embargo admitió que es el Ejecutivo quien debe tomar cartas en el asunto y establecer soluciones.
BRASIL CONDICIONA FINANCIAMIENTO
En la edición de ayer, el medio de prensa brasilero presenta una nota del corresponsal Mario Murakawa titula “Brasil espera ‘boa vontade’ em troca de financiamento”.
Según citas de la nota, Brasil admite aprobar un aumento el financiamiento a la obra dependiendo de los resultados en las negociaciones finales entre indígenas y el gobierno de Evo Morales. Al menos 250 millones de dólares estarían en debate, pero todo dependerá de las autoridades bolivianas que logren garantizar que no existan mayores afectaciones a la obra.
“Bolivia tiene que establecer un calendario, un curso de acción, para definir con precisión la solución técnica a los parámetros ambientales, financieros, económicos y políticos de este proceso”, dijo una fuente oficial brasileña cuyo nombre no fue citado por Valor Económico.
28 octubre 2011
La justicia será gratuita y oral desde 2012
La comisión de transición del Órgano Judicial está compuesta por la Asamblea Legislativa, el Ministerio de Justicia y el actual Poder Judicial.
Los procesos judiciales a partir del 3 de enero serán gratuitos en todas sus instancias y comenzará la reforma para que, en plazo de dos años, todos los juicios serán orales, y en los casos civiles y familiares, se creará la instancia de conciliación previa.
Las reformas judiciales son el paso previo para transformar el Poder Judicial en el Órgano Judicial Plurinacional, anunciado en la Constitución aprobada en enero de 2009 por voto popular.
“La gratuidad de todos los procesos judiciales significa que ya no existirá ningún timbre, formulario o carátula en ninguna de las instancias que siga un litigante en los tribunales”, explicó el componente del Tribunal Constitucional Félix Mur
Mur es parte de la comisión que planifica la transición del Órgano Judicial, indicó que esta reforma comenzará el 3 de enero de 2012 en todo el sistema judicial de Bolivia, sin excepciones.
La oralidad. La parte central del actual sistema judicial boliviano en las áreas de los procesos civiles, familiares y laborales es realizada de forma escrita, en otras palabras, todo el juicio se realiza mediante memoriales, resoluciones y sentencias, todo en papel.
El presidente de la Cámara de Diputados, Héctor Arce, explicó que la parte central de los procesos judiciales será oral, reduciendo el tiempo de los litigios y favoreciendo a las personas que inician un juicio.
Destacó que la oralidad es una forma de mayor democracia de la justicia boliviana.
Los procesos penales tienen desde 2000 el sistema oral en la parte resolutiva, y son tres jurados ciudadanos y dos jueces técnicos los que determinan la sentencia de los acusados en este tipo de procesos.
Reformas a los códigos. El presidente de la Cámara de Senadores, René Martínez, informó que la Asamblea prepara para los próximos tres meses un grupo de reformas en el área judicial que comprenderían a los códigos Civil, de Familia y la Ley General del Trabajo y sus respectivas normas de procedimientos.
También indicó que la nueva norma que regirá el Ministerio Público será aprobada hasta fin de año por la Asamblea y adelantó que el Fiscal General del Estado será elegido por dos tercios de la Asamblea Legislativa.
La conciliación. Con la nueva reforma también se creará la figura judicial de la conciliación, que consistirá en reunir a las partes en conflicto y tratar de llegar a un acuerdo antes de ingresar en juicio, en las áreas del derecho civil y familiar, las otras ramas tienen procedimientos distintos.
14.000 procesos judiciales están en las instancias de la Corte Suprema, Tribunal Constitucional y Tribunal Agrario.
La comisión de coordinación del órgano Judicial analiza abrir una pausa procesal. Este periodo, que puede prolongarse entre tres meses y un año, se dedicará a adecuar la nueva estructura jurídica surgida del voto popular el 16 de octubre.
En el paréntesis, comenzaría la liquidación de algunas instituciones del actual Poder Judicial y la creación de los nuevos procedimientos internos de Órgano Judicial y en todas sus instancias.
También se efectuará una nueva estructura de escalafón de los funcionarios que prestan servicios en el Poder Judicial, entre los que se incluirán nuevas instancias de evaluación permanente y de régimen disciplinario.
Los procesos judiciales a partir del 3 de enero serán gratuitos en todas sus instancias y comenzará la reforma para que, en plazo de dos años, todos los juicios serán orales, y en los casos civiles y familiares, se creará la instancia de conciliación previa.
Las reformas judiciales son el paso previo para transformar el Poder Judicial en el Órgano Judicial Plurinacional, anunciado en la Constitución aprobada en enero de 2009 por voto popular.
“La gratuidad de todos los procesos judiciales significa que ya no existirá ningún timbre, formulario o carátula en ninguna de las instancias que siga un litigante en los tribunales”, explicó el componente del Tribunal Constitucional Félix Mur
Mur es parte de la comisión que planifica la transición del Órgano Judicial, indicó que esta reforma comenzará el 3 de enero de 2012 en todo el sistema judicial de Bolivia, sin excepciones.
La oralidad. La parte central del actual sistema judicial boliviano en las áreas de los procesos civiles, familiares y laborales es realizada de forma escrita, en otras palabras, todo el juicio se realiza mediante memoriales, resoluciones y sentencias, todo en papel.
El presidente de la Cámara de Diputados, Héctor Arce, explicó que la parte central de los procesos judiciales será oral, reduciendo el tiempo de los litigios y favoreciendo a las personas que inician un juicio.
Destacó que la oralidad es una forma de mayor democracia de la justicia boliviana.
Los procesos penales tienen desde 2000 el sistema oral en la parte resolutiva, y son tres jurados ciudadanos y dos jueces técnicos los que determinan la sentencia de los acusados en este tipo de procesos.
Reformas a los códigos. El presidente de la Cámara de Senadores, René Martínez, informó que la Asamblea prepara para los próximos tres meses un grupo de reformas en el área judicial que comprenderían a los códigos Civil, de Familia y la Ley General del Trabajo y sus respectivas normas de procedimientos.
También indicó que la nueva norma que regirá el Ministerio Público será aprobada hasta fin de año por la Asamblea y adelantó que el Fiscal General del Estado será elegido por dos tercios de la Asamblea Legislativa.
La conciliación. Con la nueva reforma también se creará la figura judicial de la conciliación, que consistirá en reunir a las partes en conflicto y tratar de llegar a un acuerdo antes de ingresar en juicio, en las áreas del derecho civil y familiar, las otras ramas tienen procedimientos distintos.
14.000 procesos judiciales están en las instancias de la Corte Suprema, Tribunal Constitucional y Tribunal Agrario.
La comisión de coordinación del órgano Judicial analiza abrir una pausa procesal. Este periodo, que puede prolongarse entre tres meses y un año, se dedicará a adecuar la nueva estructura jurídica surgida del voto popular el 16 de octubre.
En el paréntesis, comenzaría la liquidación de algunas instituciones del actual Poder Judicial y la creación de los nuevos procedimientos internos de Órgano Judicial y en todas sus instancias.
También se efectuará una nueva estructura de escalafón de los funcionarios que prestan servicios en el Poder Judicial, entre los que se incluirán nuevas instancias de evaluación permanente y de régimen disciplinario.
TDE admite “errores humanos” y UN pide revisar datos de elección
Luego de las denuncias presentadas por Unidad Nacional (UN) acerca del incorrecto conteo de votos de los comicios de octubre, el oficialismo insiste en que se trata de un “acto desesperado” de la oposición. En tanto el Tribunal Departamental Electoral (TDE) de La Paz admite “errores” en el llenado de las actas electorales.
En la víspera, el jefe nacional de Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina ratificó las denuncias presentadas respecto al conteo “inflado” de votos válidos en algunas actas electorales de escrutinio, esta vez en otros departamentos del país.
“Desde ayer hemos venido trabajando y hemos encontrado revisando 100 actas, unas 20 más con el mismo error, creo que es mucha casualidad. Pero no es solamente en La Paz, Potosí, hay un porcentaje importante de actas donde se ha inflado votos válidos”, señaló.
SUBE PORCENTAJE DE OBSERVADOS
De acuerdo a la primera denuncia, el índice de errores era del 20%, con la suma de estas anomalías el porcentaje de la muestra asciende a 22% de actas con “errores”.
“Esto demuestra que hay un problema serio, muy claramente la ley establece que nadie puede cambiar un acta y si se encuentra un error tiene que ser sala plena la que corrige y tiene que establecerse y aclararse esa corrección, y no ha sucedido eso”, citó.
AMENAZAS DE PROCESO
En la víspera surgieron advertencias desde el Tribunal Departamental de La Paz, en sentido de “procesar” al líder opositor, porque estaría desprestigiando a la institución. Ante esas palabras, Doria Medina aclaró que no pretende acusar las autoridades electorales de la Sede de Gobierno, ya que estas irregularidades se extienden a otras regiones en el territorio nacional.
“Sólo pido que se aclaren estas irregularidades, no puede ser que se considere como resultado y que el Gobierno empieza a hablar de los votos válidos ha aumentado, no es un error ni es la denuncia de tres actas, es un problema serio”, expresó.
Añadió que en los departamentos de Cochabamba y Santa Cruz aún no existen informes de las actas electorales en las páginas de internet del Órgano Electoral Plurinacional.
TDE
En tanto, la presidente del Tribunal Departamental Electoral (TDE), Ana María Benavides, admitió que podrían existir errores “humanos” por parte de los jurados electorales.
“Es posible que hayan existido errores humanos en las actas de sumatoria que han podido cometer los jurados y vocales”, expresó.
Benavides también añadió que la entidad está a disposición de someterse a la auditoría correspondiente para poner en evidencia la “transparencia” del proceso, pero aseguró que informáticamente no se registraron irregularidades, por lo que aseguró que la ciudadanía tiene plenas garantías sobre el proceso eleccionario.
OFICIALISMO
Por otro lado, el presidente de la Cámara de Senadores, René Martínez reiteró las aseveraciones anteriores, cuando afirmó que este frente opositor sólo lleva adelante un “acto desesperado de susceptibilidad política”
“No sé qué autoridad moral tendrá una autoridad que no ha logrado más del 20%, ante esa decisión del soberano al cual todos los bolivianos estamos obligados a respetar, es un proceso eleccionario que por los resultados en ninguna sociedad del mundo se acepta ningún cuestionamiento, menos de anulabilidad como es el que está planteando Doria Medina”, citó.
SUPUESTOS VÁLIDOS
Algunos datos verificados por EL DIARIO advertían el erróneo llenado de datos en la casilla de votos válidos.
La mesa 20520 del recinto Instituto Simón Rodríguez, departamento de La Paz muestra para el Tribunal Agroambiental 215 votos válidos, 13 votos blancos y 116 votos nulos. Sin embargo, la sumatoria de los sufragios para las candidaturas sólo llega a 85 votos válidos. En el Consejo de la Magistratura se anotaron 215 “válidos”, 14 blancos y 115 nulos; para el Tribunal Constitucional 215 supuestos válidos, 13 blancos y 112 nulos.
Para el Tribunal Supremo de Justicia: 215 “válidos”, 35 blancos y 103 nulos, similar para la franja femenina, aunque los nulos suben a 106.
En la víspera, el jefe nacional de Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina ratificó las denuncias presentadas respecto al conteo “inflado” de votos válidos en algunas actas electorales de escrutinio, esta vez en otros departamentos del país.
“Desde ayer hemos venido trabajando y hemos encontrado revisando 100 actas, unas 20 más con el mismo error, creo que es mucha casualidad. Pero no es solamente en La Paz, Potosí, hay un porcentaje importante de actas donde se ha inflado votos válidos”, señaló.
SUBE PORCENTAJE DE OBSERVADOS
De acuerdo a la primera denuncia, el índice de errores era del 20%, con la suma de estas anomalías el porcentaje de la muestra asciende a 22% de actas con “errores”.
“Esto demuestra que hay un problema serio, muy claramente la ley establece que nadie puede cambiar un acta y si se encuentra un error tiene que ser sala plena la que corrige y tiene que establecerse y aclararse esa corrección, y no ha sucedido eso”, citó.
AMENAZAS DE PROCESO
En la víspera surgieron advertencias desde el Tribunal Departamental de La Paz, en sentido de “procesar” al líder opositor, porque estaría desprestigiando a la institución. Ante esas palabras, Doria Medina aclaró que no pretende acusar las autoridades electorales de la Sede de Gobierno, ya que estas irregularidades se extienden a otras regiones en el territorio nacional.
“Sólo pido que se aclaren estas irregularidades, no puede ser que se considere como resultado y que el Gobierno empieza a hablar de los votos válidos ha aumentado, no es un error ni es la denuncia de tres actas, es un problema serio”, expresó.
Añadió que en los departamentos de Cochabamba y Santa Cruz aún no existen informes de las actas electorales en las páginas de internet del Órgano Electoral Plurinacional.
TDE
En tanto, la presidente del Tribunal Departamental Electoral (TDE), Ana María Benavides, admitió que podrían existir errores “humanos” por parte de los jurados electorales.
“Es posible que hayan existido errores humanos en las actas de sumatoria que han podido cometer los jurados y vocales”, expresó.
Benavides también añadió que la entidad está a disposición de someterse a la auditoría correspondiente para poner en evidencia la “transparencia” del proceso, pero aseguró que informáticamente no se registraron irregularidades, por lo que aseguró que la ciudadanía tiene plenas garantías sobre el proceso eleccionario.
OFICIALISMO
Por otro lado, el presidente de la Cámara de Senadores, René Martínez reiteró las aseveraciones anteriores, cuando afirmó que este frente opositor sólo lleva adelante un “acto desesperado de susceptibilidad política”
“No sé qué autoridad moral tendrá una autoridad que no ha logrado más del 20%, ante esa decisión del soberano al cual todos los bolivianos estamos obligados a respetar, es un proceso eleccionario que por los resultados en ninguna sociedad del mundo se acepta ningún cuestionamiento, menos de anulabilidad como es el que está planteando Doria Medina”, citó.
SUPUESTOS VÁLIDOS
Algunos datos verificados por EL DIARIO advertían el erróneo llenado de datos en la casilla de votos válidos.
La mesa 20520 del recinto Instituto Simón Rodríguez, departamento de La Paz muestra para el Tribunal Agroambiental 215 votos válidos, 13 votos blancos y 116 votos nulos. Sin embargo, la sumatoria de los sufragios para las candidaturas sólo llega a 85 votos válidos. En el Consejo de la Magistratura se anotaron 215 “válidos”, 14 blancos y 115 nulos; para el Tribunal Constitucional 215 supuestos válidos, 13 blancos y 112 nulos.
Para el Tribunal Supremo de Justicia: 215 “válidos”, 35 blancos y 103 nulos, similar para la franja femenina, aunque los nulos suben a 106.
El embajador del Brasil afirma que su Gobierno espera la propuesta boliviana sobre las modificaciones al tramo II
El embajador de Brasil en Bolivia, Marcel Biato, ratificó el viernes que su gobierno espera la propuesta boliviana sobre las modificaciones al trayecto del tramo II de la carretera Villa Tunari-San Ignacio, después de que el Ejecutivo determinó que esa vía no atravesará el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Sécure (TIPNIS).
El diplomático sostuvo que su gobierno mantiene permanente contacto con las autoridades bolivianas para analizar los aspectos que impactan en el financiamiento de 332 millones de dólares otorgado por el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) de Brasil para la construcción de esa carretera que vinculará los departamentos de Beni y Cochabamba.
"Estamos en discusiones y lo que Bolivia venga a proponer formalmente como resultado de una decisión del Legislativo vamos a analizar. No es el momento de adelantar detalles sobre una negociación que recién se está iniciando, pero el proceso avanza y el diálogo es excelente", manifestó.
Biato indicó que la administración de Brasil está pendiente de la determinación que asuma la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) boliviana sobre el financiamiento de ese proyecto carretero.
"El Legislativo boliviano nos propondrá una línea de acción que tiene que ver con administrar los diferentes elementos involucrados, entre ellas las gestiones económicas financieras", dijo.
Reiteró que la administración brasileña espera con "tranquilidad" la presentación de una propuesta de Bolivia para luego debatir los aspectos técnicos y de impacto ambiental de la propuesta.
"El financiamiento que Brasil ofreció dentro de una agenda de Estado es un compromiso con Bolivia y así sigue, de manera que examinaremos con absoluto interés y atención todo lo que nos puedan proponer, pero no es el momento de discutir algo que no es concreto", afirmó.
El Embajador de Brasil adelantó que el financiamiento brasileño "sufrirá cambios" en función de la adecuación técnica de la propuesta boliviana, debido a que el desvío del tramo carretero registrará un costo adicional.
La Asamblea Legislativa Plurinacional sancionó en mayo pasado el contrato de préstamo entre el Estado de Bolivia y el BNDES de Brasil para la construcción de los tres tramos de la carretera entre Villa Tunari y San Ignacio de Moxos.
Los tramos I y III de esa vía tienen licencia ambiental y están en proceso de construcción.
El tramo I, de 47 kilómetros, vincula Villa Tunari e Isinuta; el tramo III, de 82 kilómetros de longitud, une Monte Grande con San Ignacio de Moxos.
La construcción del tramo II, de 177 kilómetros, que según el diseño inicial debía atravesar el TIPNIS, fue rechazado por los pobladores de esa región que marcharon 65 días desde Trinidad a La Paz para exigir el respeto a su territorio.
El Gobierno y los marchistas acordaron un documento que atiende las 16 demandas de los pueblos del TIPNIS, entre ellas el rechazo a la construcción del tramo II de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos por el TIPNIS.
Ese punto fue resuelto con la promulgación de la Ley Corta que prohíbe la construcción de esa carretera o de cualquier otra por esa reserva nacional, y declara al TIPNIS como intangible.
La Paz, 28 Oct. (ANF).- Dirigentes del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) viajaran la tercera semana de noviembre a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con sede en Washington, D.C, para presentar la denuncia formal en contra del Estado boliviano, por la violenta intervención policial el 25 de septiembre en San Lorenzo Yucumo.
Hasta la fecha autoridades gubernamentales guardan en recelo el nombre de las autoridades que ordenaron el accionar de la policía, sin embargo este silencio tuvo un costo político para el gobierno de Evo Morales pues renunciaron a su cargo el Ministro de Gobierno Sacha LLorenti, el Viceministro de Gobierno Marcos Farfán, la directora del Servicio Nacional de Migración, María René Quiroga y la suspensión del sub comandante de la Policía, Oscar Muñoz.
"La denuncia es contra el Estado en su conjunto, las autoridades que van a responder a esto son el presidente y sus ministros que hayan sido responsables y también los que ya no están, se lleva documentación, declaraciones y audios de víctimas de la intervención policial", manifestó Miguel Chapura dirigente del TIPNIS.
En la misma línea, el presidente del Consejo Nacional de Ayllus y Marcas del Qullasuyu (CONAMAQ), Rafael Quispe, sostuvo que presentará una denuncia por genocidio en contra de los ministros del presidente Evo Morales a causa de la represión en Yucumo, por lo que también exige al gobierno reparar los daños físicos y psicológicos a los indígenas que fueron afectados por la policía, cuyos efectivos los maniataron y amordazaron con cinta adhesiva.
La dirigencia indígena viajara a los Estados Unidos la tercera semana de noviembre una vez que solucionen sus trámites de visa, entre otros documentos que son preparados por la parte legal de los dirigentes.
El diplomático sostuvo que su gobierno mantiene permanente contacto con las autoridades bolivianas para analizar los aspectos que impactan en el financiamiento de 332 millones de dólares otorgado por el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) de Brasil para la construcción de esa carretera que vinculará los departamentos de Beni y Cochabamba.
"Estamos en discusiones y lo que Bolivia venga a proponer formalmente como resultado de una decisión del Legislativo vamos a analizar. No es el momento de adelantar detalles sobre una negociación que recién se está iniciando, pero el proceso avanza y el diálogo es excelente", manifestó.
Biato indicó que la administración de Brasil está pendiente de la determinación que asuma la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) boliviana sobre el financiamiento de ese proyecto carretero.
"El Legislativo boliviano nos propondrá una línea de acción que tiene que ver con administrar los diferentes elementos involucrados, entre ellas las gestiones económicas financieras", dijo.
Reiteró que la administración brasileña espera con "tranquilidad" la presentación de una propuesta de Bolivia para luego debatir los aspectos técnicos y de impacto ambiental de la propuesta.
"El financiamiento que Brasil ofreció dentro de una agenda de Estado es un compromiso con Bolivia y así sigue, de manera que examinaremos con absoluto interés y atención todo lo que nos puedan proponer, pero no es el momento de discutir algo que no es concreto", afirmó.
El Embajador de Brasil adelantó que el financiamiento brasileño "sufrirá cambios" en función de la adecuación técnica de la propuesta boliviana, debido a que el desvío del tramo carretero registrará un costo adicional.
La Asamblea Legislativa Plurinacional sancionó en mayo pasado el contrato de préstamo entre el Estado de Bolivia y el BNDES de Brasil para la construcción de los tres tramos de la carretera entre Villa Tunari y San Ignacio de Moxos.
Los tramos I y III de esa vía tienen licencia ambiental y están en proceso de construcción.
El tramo I, de 47 kilómetros, vincula Villa Tunari e Isinuta; el tramo III, de 82 kilómetros de longitud, une Monte Grande con San Ignacio de Moxos.
La construcción del tramo II, de 177 kilómetros, que según el diseño inicial debía atravesar el TIPNIS, fue rechazado por los pobladores de esa región que marcharon 65 días desde Trinidad a La Paz para exigir el respeto a su territorio.
El Gobierno y los marchistas acordaron un documento que atiende las 16 demandas de los pueblos del TIPNIS, entre ellas el rechazo a la construcción del tramo II de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos por el TIPNIS.
Ese punto fue resuelto con la promulgación de la Ley Corta que prohíbe la construcción de esa carretera o de cualquier otra por esa reserva nacional, y declara al TIPNIS como intangible.
La Paz, 28 Oct. (ANF).- Dirigentes del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) viajaran la tercera semana de noviembre a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con sede en Washington, D.C, para presentar la denuncia formal en contra del Estado boliviano, por la violenta intervención policial el 25 de septiembre en San Lorenzo Yucumo.
Hasta la fecha autoridades gubernamentales guardan en recelo el nombre de las autoridades que ordenaron el accionar de la policía, sin embargo este silencio tuvo un costo político para el gobierno de Evo Morales pues renunciaron a su cargo el Ministro de Gobierno Sacha LLorenti, el Viceministro de Gobierno Marcos Farfán, la directora del Servicio Nacional de Migración, María René Quiroga y la suspensión del sub comandante de la Policía, Oscar Muñoz.
"La denuncia es contra el Estado en su conjunto, las autoridades que van a responder a esto son el presidente y sus ministros que hayan sido responsables y también los que ya no están, se lleva documentación, declaraciones y audios de víctimas de la intervención policial", manifestó Miguel Chapura dirigente del TIPNIS.
En la misma línea, el presidente del Consejo Nacional de Ayllus y Marcas del Qullasuyu (CONAMAQ), Rafael Quispe, sostuvo que presentará una denuncia por genocidio en contra de los ministros del presidente Evo Morales a causa de la represión en Yucumo, por lo que también exige al gobierno reparar los daños físicos y psicológicos a los indígenas que fueron afectados por la policía, cuyos efectivos los maniataron y amordazaron con cinta adhesiva.
La dirigencia indígena viajara a los Estados Unidos la tercera semana de noviembre una vez que solucionen sus trámites de visa, entre otros documentos que son preparados por la parte legal de los dirigentes.
Casilla de voto válido fue inflada en actas de escrutinio electoral
El jefe de Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina, ayer en conferencia de prensa presentó una denuncia respecto a las actas de escrutinio de los comicios judiciales donde el voto válido fue inflado en relación a su verdadero valor y porcentaje.
Esta acción respondería a una falla en el diseño de las actas que fueron llenadas por los jurados ciudadanos, quienes anotaron erróneamente las cifras del total de votos en la casilla de votos válidos y no respetaron la sumatoria de cada franja de cómputo.
“Hemos encontrado la explicación de porqué se están inflando los votos válidos, hay un error de diseño en el acta electoral de escrutinio y cómputo, porque no contempla el total de votos emitidos y hemos encontrado en varias actas que se está poniendo ese total de votos por mesa en la casilla de votos válidos”, citó Doria Medina.
Agregó que las autoridades del Tribunal Supremo Electoral deben dar una explicación acerca de estos hechos irregulares y que evidenciarían un fraude en el conteo de votos que al parecer tiene la intención de modificar las cifras finales de la elección judicial.
VERIFICATIVO
EL DIARIO corroboró las denuncias mediante una revisión aleatoria de actas del Órgano Electoral. En otras tres mesas se evidenció esta irregularidad, donde las cifras de votos válidos no corresponden a la realidad y demuestran un margen elevado de error.
La mesa 20520 del recinto Instituto Simón Rodríguez, departamento de La Paz muestra para el Tribunal Agroambiental 215 votos válidos, 13 votos blancos y 116 votos nulos. Sin embargo, la sumatoria de los sufragios para las candidaturas sólo llega a 85 votos válidos: candidato 1 (3 votos); 2 (4); 3 (4); 4 (3); 5 (6); 6 (3); 7 (3); 8 (6); 9 (4); 10 (3); 11(0); 12 (14); 13 (2); 14 (1); 15 (1); 16 (4); 17 (12); 18 (2); 19 (0); 20 (1); 21 (5); 22 (3); 23 (2); 24 (0); 25 (0); 26 (0).
En el Consejo de la Magistratura se anotaron 215 “válidos”, 14 blancos y 115 nulos; para el Tribunal Constitucional 215 supuestos válidos, 13 blancos y 112 nulos.
Para el Tribunal Supremo de Justicia: 215 “válidos”, 35 blancos y 103 nulos, similar para la franja femenina, aunque los nulos suben a 106.
OTRAS CIFRAS
Pero estos casos no sólo se dan en La Paz, sino en el interior del país, como verificó EL DIARIO. En Sucre, la mesa 10101 de la Escuela Guzmán presenta para el Tribunal Agroambiental 201 votos “válidos”, cuando son en realidad 34. En el Consejo de la Magistratura 201 “válidos”, siendo 41 reales; en el Tribunal Constitucional 201 “válidos”, pero comprobados sólo llegan a 36.
En la mesa 10257, también de Sucre se tiene, por ejemplo en el Tribunal Agroambiental 202 “válidos” frente a 23 blancos y 132 nulos. La sumatoria de los sufragios de esa franja empero resulta 47 válidos reales. En esta mesa además de registran como papeletas escrutadas 196, es decir que 8 papeletas serían “fantasmas”.
En otras actas, los jurados hicieron notar estos hechos dentro las observaciones, indicando “error en la sumatoria”, pero las anteriormente citadas no presentan esa aclaración.
OFICIALISMO
Por su lado, el presidente de la Cámara de Senadores, René Martínez desacreditó el alto porcentaje que alcanzó el rechazo ciudadano y afirmó que se debe respetar el “voto soberano”, es decir los votos válidos, ya que los informes de los observadores internacionales demuestran la participación masiva de la población y la transparencia del proceso.
“Esta es una lectura más de una susceptibilidad política, en función al veredicto del pueblo boliviano, del soberano, tanto la oposición como el oficialismo, correspondemos a ese mandato, de ahí para adelante la discusión de ilegitimidad es un absurdo”, dijo Martínez.
ENTE ELECTORAL
El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Ramiro Paredes, por su lado, declaró que en caso de existir errores en la sumatoria aritmética, corresponde a los Tribunales Departamentales Electorales hacer la rectificación correspondiente.
Antes de las denuncias de UN, el director del Servicio de Fortalecimiento Democrático, Juan Carlos Pinto, aseguró que se tomaron todas las medidas de seguridad para garantizar este proceso democrático.
“En el proceso del conteo de los votos, no hemos constatado ningún tipo de observación que puede ser ajustado en el conteo a nivel de los tribunales departamentales, por lo que no ha existido ninguna anormalidad mayor el día de las elecciones”, dijo.
Esta acción respondería a una falla en el diseño de las actas que fueron llenadas por los jurados ciudadanos, quienes anotaron erróneamente las cifras del total de votos en la casilla de votos válidos y no respetaron la sumatoria de cada franja de cómputo.
“Hemos encontrado la explicación de porqué se están inflando los votos válidos, hay un error de diseño en el acta electoral de escrutinio y cómputo, porque no contempla el total de votos emitidos y hemos encontrado en varias actas que se está poniendo ese total de votos por mesa en la casilla de votos válidos”, citó Doria Medina.
Agregó que las autoridades del Tribunal Supremo Electoral deben dar una explicación acerca de estos hechos irregulares y que evidenciarían un fraude en el conteo de votos que al parecer tiene la intención de modificar las cifras finales de la elección judicial.
VERIFICATIVO
EL DIARIO corroboró las denuncias mediante una revisión aleatoria de actas del Órgano Electoral. En otras tres mesas se evidenció esta irregularidad, donde las cifras de votos válidos no corresponden a la realidad y demuestran un margen elevado de error.
La mesa 20520 del recinto Instituto Simón Rodríguez, departamento de La Paz muestra para el Tribunal Agroambiental 215 votos válidos, 13 votos blancos y 116 votos nulos. Sin embargo, la sumatoria de los sufragios para las candidaturas sólo llega a 85 votos válidos: candidato 1 (3 votos); 2 (4); 3 (4); 4 (3); 5 (6); 6 (3); 7 (3); 8 (6); 9 (4); 10 (3); 11(0); 12 (14); 13 (2); 14 (1); 15 (1); 16 (4); 17 (12); 18 (2); 19 (0); 20 (1); 21 (5); 22 (3); 23 (2); 24 (0); 25 (0); 26 (0).
En el Consejo de la Magistratura se anotaron 215 “válidos”, 14 blancos y 115 nulos; para el Tribunal Constitucional 215 supuestos válidos, 13 blancos y 112 nulos.
Para el Tribunal Supremo de Justicia: 215 “válidos”, 35 blancos y 103 nulos, similar para la franja femenina, aunque los nulos suben a 106.
OTRAS CIFRAS
Pero estos casos no sólo se dan en La Paz, sino en el interior del país, como verificó EL DIARIO. En Sucre, la mesa 10101 de la Escuela Guzmán presenta para el Tribunal Agroambiental 201 votos “válidos”, cuando son en realidad 34. En el Consejo de la Magistratura 201 “válidos”, siendo 41 reales; en el Tribunal Constitucional 201 “válidos”, pero comprobados sólo llegan a 36.
En la mesa 10257, también de Sucre se tiene, por ejemplo en el Tribunal Agroambiental 202 “válidos” frente a 23 blancos y 132 nulos. La sumatoria de los sufragios de esa franja empero resulta 47 válidos reales. En esta mesa además de registran como papeletas escrutadas 196, es decir que 8 papeletas serían “fantasmas”.
En otras actas, los jurados hicieron notar estos hechos dentro las observaciones, indicando “error en la sumatoria”, pero las anteriormente citadas no presentan esa aclaración.
OFICIALISMO
Por su lado, el presidente de la Cámara de Senadores, René Martínez desacreditó el alto porcentaje que alcanzó el rechazo ciudadano y afirmó que se debe respetar el “voto soberano”, es decir los votos válidos, ya que los informes de los observadores internacionales demuestran la participación masiva de la población y la transparencia del proceso.
“Esta es una lectura más de una susceptibilidad política, en función al veredicto del pueblo boliviano, del soberano, tanto la oposición como el oficialismo, correspondemos a ese mandato, de ahí para adelante la discusión de ilegitimidad es un absurdo”, dijo Martínez.
ENTE ELECTORAL
El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Ramiro Paredes, por su lado, declaró que en caso de existir errores en la sumatoria aritmética, corresponde a los Tribunales Departamentales Electorales hacer la rectificación correspondiente.
Antes de las denuncias de UN, el director del Servicio de Fortalecimiento Democrático, Juan Carlos Pinto, aseguró que se tomaron todas las medidas de seguridad para garantizar este proceso democrático.
“En el proceso del conteo de los votos, no hemos constatado ningún tipo de observación que puede ser ajustado en el conteo a nivel de los tribunales departamentales, por lo que no ha existido ninguna anormalidad mayor el día de las elecciones”, dijo.
El oficialismo apura la Ley de Transición Judicial
El documento dispondrá que cada ente de la justicia ordinaria administre su propio presupuesto.
El oficialismo acelera el ritmo para aprobar la Ley de Organización del Órgano Judicial y la simplifica para que la transición sea más rápida. La norma contemplará tres puntos fundamentales: los funcionarios, la liquidación de las actuales causas y su organización administrativa y financiera.
La Constitución Política del Estado determina la creación de un sistema judicial con base en la elección por voto popular de las autoridades para el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Agroambiental, el Tribunal Constitucional y el Consejo de la Magistratura. El proyecto de ley fue elaborado por las autoridades judiciales y las presidencias de las dos cámaras.
El ministro Ramiro Guerrero, representante de la Corte Suprema en las reuniones de coordinación, dijo que “se ha logrado elaborar un anteproyecto de ley de transición que regulará todo este proceso en el tema jurisdiccional, respeto al despacho de causas, y causas que queden para su liquidación, así como en el tema administrativo y financiero del funcionamiento de la nueva dirección, que hoy es manejado por el Consejo de la Judicatura y pasará a esa entidad desconcentrada a partir de enero próximo”.
El magistrado se reunió ayer con los presidentes del Senado, René Martínez, de Diputados, Héctor Arce, y el ministro de Gobierno, Wilfredo Chávez por más de tres horas en la Asamblea Legislativa.
Los funcionarios. Guerrero indicó que los cerca de cuatro mil funcionarios judiciales del país serán evaluados por las nuevas autoridades que serán posesionadas en enero. Previamente no serán sometidos a tipo alguno de calificación o reestructuración en el Poder Judicial.
“Estamos previendo los tiempos y plazos para la liquidación, el funcionamiento de la nueva carrera judicial para otorgar la estabilidad y garantías en el Órgano Judicial, además se implementará un proceso de evaluación de desempeño a fin de iniciar la nueva carrera judicial”.
Por su parte, el Presidente del Senado aseveró que el proyecto es prioritario para la Asamblea Legislativa y anticipó que será tratado de manera inmediata.
La organización. Guerrero indicó que en la parte administrativa y financiera se acordó la creación de unidades independientes para cada una de las nuevas instancias judiciales.
Recordó que hasta el 31 de diciembre el manejo económico y administrativo seguirá a cargo del Consejo de la Judicatura, pero ya existirá un sistema para facilitar la transición.
“El proyecto contempla que el Ministerio de Economía y Finanzas facilite y otorgue los recursos necesarios” para llevar adelante el proceso de transición.
Por el momento se espera la emisión de los resultados de los comicios judiciales para conocer a las autoridades electas.
56 autoridades electas recibirán sus credenciales el 25 de noviembre de parte del Tribunal Supremo Electoral.
En la actualidad, las cuatro instancias judiciales tienen 11.400 expedientes para resolución. El magistrado Ramiro Guerrero indicó que en los dos próximos meses, esa cantidad no disminuirá y más bien se prevé su crecimiento vegetativo, porque a la fecha no se declaró una pausa judicial que impediría el ingreso de nuevas causas a la justicia ordinaria.
El oficialismo acelera el ritmo para aprobar la Ley de Organización del Órgano Judicial y la simplifica para que la transición sea más rápida. La norma contemplará tres puntos fundamentales: los funcionarios, la liquidación de las actuales causas y su organización administrativa y financiera.
La Constitución Política del Estado determina la creación de un sistema judicial con base en la elección por voto popular de las autoridades para el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Agroambiental, el Tribunal Constitucional y el Consejo de la Magistratura. El proyecto de ley fue elaborado por las autoridades judiciales y las presidencias de las dos cámaras.
El ministro Ramiro Guerrero, representante de la Corte Suprema en las reuniones de coordinación, dijo que “se ha logrado elaborar un anteproyecto de ley de transición que regulará todo este proceso en el tema jurisdiccional, respeto al despacho de causas, y causas que queden para su liquidación, así como en el tema administrativo y financiero del funcionamiento de la nueva dirección, que hoy es manejado por el Consejo de la Judicatura y pasará a esa entidad desconcentrada a partir de enero próximo”.
El magistrado se reunió ayer con los presidentes del Senado, René Martínez, de Diputados, Héctor Arce, y el ministro de Gobierno, Wilfredo Chávez por más de tres horas en la Asamblea Legislativa.
Los funcionarios. Guerrero indicó que los cerca de cuatro mil funcionarios judiciales del país serán evaluados por las nuevas autoridades que serán posesionadas en enero. Previamente no serán sometidos a tipo alguno de calificación o reestructuración en el Poder Judicial.
“Estamos previendo los tiempos y plazos para la liquidación, el funcionamiento de la nueva carrera judicial para otorgar la estabilidad y garantías en el Órgano Judicial, además se implementará un proceso de evaluación de desempeño a fin de iniciar la nueva carrera judicial”.
Por su parte, el Presidente del Senado aseveró que el proyecto es prioritario para la Asamblea Legislativa y anticipó que será tratado de manera inmediata.
La organización. Guerrero indicó que en la parte administrativa y financiera se acordó la creación de unidades independientes para cada una de las nuevas instancias judiciales.
Recordó que hasta el 31 de diciembre el manejo económico y administrativo seguirá a cargo del Consejo de la Judicatura, pero ya existirá un sistema para facilitar la transición.
“El proyecto contempla que el Ministerio de Economía y Finanzas facilite y otorgue los recursos necesarios” para llevar adelante el proceso de transición.
Por el momento se espera la emisión de los resultados de los comicios judiciales para conocer a las autoridades electas.
56 autoridades electas recibirán sus credenciales el 25 de noviembre de parte del Tribunal Supremo Electoral.
En la actualidad, las cuatro instancias judiciales tienen 11.400 expedientes para resolución. El magistrado Ramiro Guerrero indicó que en los dos próximos meses, esa cantidad no disminuirá y más bien se prevé su crecimiento vegetativo, porque a la fecha no se declaró una pausa judicial que impediría el ingreso de nuevas causas a la justicia ordinaria.
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