El jefe nacional del Movimiento Sin Miedo (MSM) Juan del Granado, manifestó que existen riesgos en el manejo de las arcas del Estado con las modificaciones que deberán existir en el contrato con la empresa OAS ahora que la vía por el TIPNIS no será construida y ese segundo tramo deberá tener otro diseño.
Además amplió detalles en las denuncias presentadas anteriormente respecto al sobreprecio de la carretera Villa Tunari - San Ignacio de Moxos en comparación a proyectos de varias vías en el país, también la ilegalidad de la adjudicación a la empresa OAS y la subordinación de la obra al banco del Brasil.
Luego de lo que se consideró como una victoria los resultados de la marcha indígena sobre la intención de imponer la construcción de la carretera por el TIPNIS por parte del Gobierno, Del Granado señaló que la Fiscalía recibió por parte de este frente opositor las observaciones por los riesgos a la modificación del contrato.
CLAÚSULA CONTRACTUAL
De acuerdo a la cláusula 13 serán considerados como casos de incumplimiento, alteraciones en los términos y condiciones del contrato comercial, establecido entre OAS y ABC sin previa y expresa anuencia del BANDES.
“Cómo se va modificar, el Gobierno tiene que ir al banco de Brasil en Rio de Janeiro para lograr su anuencia y su aprobación porque si no lo logra vamos a ser enjuiciados con leyes brasileras y jueces brasileros. Además de que el contrato establece multas económicas en caso de modificación, las cuales tendrán que ser saldadas por el Estado boliviano”, puntualizó.
Añadió que los procesos penales continuarán y se adjuntarán más pruebas, además de solicitar a todas las instituciones del Estado que remitan los documentos originales para establecer responsabilidades.
RATIFICA DENUNCIAS
Del Granado explicó que las denuncias documentadas fueron presentadas ante la Fiscalía General del Estado que advierten la violación a los derechos humanos como los contratos lesivos al Estado y la contratación de la empresa OAS.
Un primer aspecto está referido al sobreprecio de la carretera, de acuerdo al informe propuesto por la Consultoría de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), la cual establece la suma de 436 millones de dólares como precio referencial.
“Están los tres componentes que suponen 18 millones de dólares, 37 millones y 9 millones que corresponden a riesgos extraordinarios como hacen a la mitigación ambiental. En cuanto a los servicios de consultoría, y entre ambos costos de obra y de consolatoria da la suma de 335 .5 millones de dólares”, citó.
En segundo lugar, el costo propuesto por OAS de 1,3 millones por Km resulta elevado con referencia a otras carreteras. Según informes del VIFPE el promedio de otras carreteras como la que une los departamentos de Potosí y Tarija, el costo por kilómetro es de 718.000 dólares. Un segundo tramo entre estos dos departamentos es de 491.500 dólares con pavimento rígido. En el caso de Rurenabaque – Riberalta se trata de una carretera asfáltica, la cual no establece en el contrato con OAS una carpeta asfáltica y los costos llegan hasta 700.000 dólares por kilómetro.
“En ningún caso superior a 1 millón recordemos que 1 millón 400 mil dólares es lo que nos cuesta por kilómetro la carretera en cuestión”, manifestó.
OFICIALISMO
Mientras tanto el diputado por el Movimiento Al Socialismo (MAS), Irineo Condori evitó referirse al tema aduciendo que no tenía conocimiento de las denuncias presentadas por Del Granado, sin embargo admitió que es el Ejecutivo quien debe tomar cartas en el asunto y establecer soluciones.
BRASIL CONDICIONA FINANCIAMIENTO
En la edición de ayer, el medio de prensa brasilero presenta una nota del corresponsal Mario Murakawa titula “Brasil espera ‘boa vontade’ em troca de financiamento”.
Según citas de la nota, Brasil admite aprobar un aumento el financiamiento a la obra dependiendo de los resultados en las negociaciones finales entre indígenas y el gobierno de Evo Morales. Al menos 250 millones de dólares estarían en debate, pero todo dependerá de las autoridades bolivianas que logren garantizar que no existan mayores afectaciones a la obra.
“Bolivia tiene que establecer un calendario, un curso de acción, para definir con precisión la solución técnica a los parámetros ambientales, financieros, económicos y políticos de este proceso”, dijo una fuente oficial brasileña cuyo nombre no fue citado por Valor Económico.
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