28 octubre 2011

El embajador del Brasil afirma que su Gobierno espera la propuesta boliviana sobre las modificaciones al tramo II

El embajador de Brasil en Bolivia, Marcel Biato, ratificó el viernes que su gobierno espera la propuesta boliviana sobre las modificaciones al trayecto del tramo II de la carretera Villa Tunari-San Ignacio, después de que el Ejecutivo determinó que esa vía no atravesará el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Sécure (TIPNIS).

El diplomático sostuvo que su gobierno mantiene permanente contacto con las autoridades bolivianas para analizar los aspectos que impactan en el financiamiento de 332 millones de dólares otorgado por el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) de Brasil para la construcción de esa carretera que vinculará los departamentos de Beni y Cochabamba.

"Estamos en discusiones y lo que Bolivia venga a proponer formalmente como resultado de una decisión del Legislativo vamos a analizar. No es el momento de adelantar detalles sobre una negociación que recién se está iniciando, pero el proceso avanza y el diálogo es excelente", manifestó.

Biato indicó que la administración de Brasil está pendiente de la determinación que asuma la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) boliviana sobre el financiamiento de ese proyecto carretero.

"El Legislativo boliviano nos propondrá una línea de acción que tiene que ver con administrar los diferentes elementos involucrados, entre ellas las gestiones económicas financieras", dijo.

Reiteró que la administración brasileña espera con "tranquilidad" la presentación de una propuesta de Bolivia para luego debatir los aspectos técnicos y de impacto ambiental de la propuesta.

"El financiamiento que Brasil ofreció dentro de una agenda de Estado es un compromiso con Bolivia y así sigue, de manera que examinaremos con absoluto interés y atención todo lo que nos puedan proponer, pero no es el momento de discutir algo que no es concreto", afirmó.

El Embajador de Brasil adelantó que el financiamiento brasileño "sufrirá cambios" en función de la adecuación técnica de la propuesta boliviana, debido a que el desvío del tramo carretero registrará un costo adicional.

La Asamblea Legislativa Plurinacional sancionó en mayo pasado el contrato de préstamo entre el Estado de Bolivia y el BNDES de Brasil para la construcción de los tres tramos de la carretera entre Villa Tunari y San Ignacio de Moxos.

Los tramos I y III de esa vía tienen licencia ambiental y están en proceso de construcción.

El tramo I, de 47 kilómetros, vincula Villa Tunari e Isinuta; el tramo III, de 82 kilómetros de longitud, une Monte Grande con San Ignacio de Moxos.

La construcción del tramo II, de 177 kilómetros, que según el diseño inicial debía atravesar el TIPNIS, fue rechazado por los pobladores de esa región que marcharon 65 días desde Trinidad a La Paz para exigir el respeto a su territorio.

El Gobierno y los marchistas acordaron un documento que atiende las 16 demandas de los pueblos del TIPNIS, entre ellas el rechazo a la construcción del tramo II de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos por el TIPNIS.

Ese punto fue resuelto con la promulgación de la Ley Corta que prohíbe la construcción de esa carretera o de cualquier otra por esa reserva nacional, y declara al TIPNIS como intangible.

La Paz, 28 Oct. (ANF).- Dirigentes del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) viajaran la tercera semana de noviembre a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con sede en Washington, D.C, para presentar la denuncia formal en contra del Estado boliviano, por la violenta intervención policial el 25 de septiembre en San Lorenzo Yucumo.

Hasta la fecha autoridades gubernamentales guardan en recelo el nombre de las autoridades que ordenaron el accionar de la policía, sin embargo este silencio tuvo un costo político para el gobierno de Evo Morales pues renunciaron a su cargo el Ministro de Gobierno Sacha LLorenti, el Viceministro de Gobierno Marcos Farfán, la directora del Servicio Nacional de Migración, María René Quiroga y la suspensión del sub comandante de la Policía, Oscar Muñoz.

"La denuncia es contra el Estado en su conjunto, las autoridades que van a responder a esto son el presidente y sus ministros que hayan sido responsables y también los que ya no están, se lleva documentación, declaraciones y audios de víctimas de la intervención policial", manifestó Miguel Chapura dirigente del TIPNIS.

En la misma línea, el presidente del Consejo Nacional de Ayllus y Marcas del Qullasuyu (CONAMAQ), Rafael Quispe, sostuvo que presentará una denuncia por genocidio en contra de los ministros del presidente Evo Morales a causa de la represión en Yucumo, por lo que también exige al gobierno reparar los daños físicos y psicológicos a los indígenas que fueron afectados por la policía, cuyos efectivos los maniataron y amordazaron con cinta adhesiva.

La dirigencia indígena viajara a los Estados Unidos la tercera semana de noviembre una vez que solucionen sus trámites de visa, entre otros documentos que son preparados por la parte legal de los dirigentes.

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