Resulta prácticamente imposible revertir los polémicos resultados de la elección de altos magistrados del pasado 16 de octubre, pese a los reclamos y denuncias de irregular conteo de votos que realizan partidos de oposición. Los recursos legales para plantear reclamos o revisiones son escasos y pueden ser rechazados, sin mayor trámite, por el Tribunal Supremo Electoral.
Expertos en procesos electorales consultados por OPINIÓN coincidieron con ese criterio y explicaron que sólo una gran movilización o descontento de la población podría obligar a las autoridades electorales a revisar las actas de sufragio que han sido cuestionadas (un 20 ó 25 por ciento tendrían errores de número de votantes y votos emitidos según la oposición política), situación considerada improbable.
La única posibilidad que determina la ley para revisar actas de escrutinio, es el reclamo de los delegados de partidos políticos en las mesas de sufragio, pero por decisión del Tribunal Supremo Electoral para la elección judicial fueron anulados esos delegados, bajo el razonamiento de que no era una elección en la que participaban partidos políticos. El Tribunal Electoral hizo saber que en sustitución de esos delegados estaban los ciudadanos que podían observar actas, pero no se produjo ningún caso en ese sentido.
Sin delegados de partidos políticos, la ley sólo prevé la eventualidad de una auditoría de las actas de escrutinio, lo que puede ser solicitado por los partidos políticos o también, por “cualquier ciudadano”. Sin embargo, el partido o el ciudadano sólo pueden formular la solicitud, pero el Tribunal Electoral, en Sala Plena debe considerar la demanda y puede rechazarla y ordenar su archivo, situación que los expertos consultados consideran podrá presentarse en caso de que se formalice la demanda.
Con esos antecedentes los expertos consultados coinciden en que la elección del domingo 16 de octubre y sus resultados parecen consolidados, a favor del Gobierno, pese a una serie de pruebas que demuestran grandes diferencias entre número de votantes y el número de votos emitidos que, en los casos hasta ahora conocidos, el número de votos supera a los votantes, excedente irregular que luego se contabiliza como votos válidos, lo que favorece a la posición del Gobierno.
Los expertos explicaron que un problema evidente, para que se hubiera producido esa situación, es el hecho de que el acta de cómputo fue excesivamente defectuosa por el mal diseño que debían llenar los jurados de mesa. El mal diseño habría inducido a un alto margen de error en el llenado de esa acta.
“Ese es un problema técnico que se podría ir resolviendo caso por caso, pero el problema de fondo es que como no ha habido representación política en la elección, no hay sujeto que impugne”, dijo uno de los expertos consultados.
Explicaron que es complicado sugerir que hubo manipulación de los resultados, pero sí se pudo verificar que el proceso de cómputo oficial fue poco transparente ya que la página web del Tribunal Supremo Electoral demoró en actualizarse e incluso durante varios días los datos estuvieron estáticos, en comparación con anteriores procesos cuando la página web se actualizaba automáticamente varias veces al día y todos los días.
“Ha habido mucho hermetismo, la información ha sido regateada y muy parcial, lo que no ha permitido hacer un seguimiento”. “Es casi imposible dar marcha atrás. El proceso de elección de autoridades del Poder Judicial está consumado”, agregó enfático otro de los expertos consultados.
La elección está consumada
La elección de autoridades del Poder Judicial, mediante sufragio ciudadano, es un hecho consumado y éstas recibirán credenciales en noviembre próximo y serán posesionadas el 3 de enero del próximo año.
Juan Carlos Pinto, director del Servicio de Información Pluricultural del Tribunal Supremo Electoral dijo enfático que ese proceso está consumado y ha resultado exitoso. “Sin duda, creemos que legalmente esto está definido porque aunque sea con un solo voto adicional, el candidato y la candidata han sido elegidos y van a asumir su responsabilidad”.
Recordó que hay candidatos que han sumado medio millón de votos y otros un cuarto de millón, “un respaldo importante y un cambio sustancial respecto a todo el proceso histórico que ha tenido la justicia en el país”.
“Lo que queda es cómo van a cumplir estos elegidos la enorme responsabilidad que les ha dado el pueblo. Se trata de transformar la justicia y todos debemos participar, no sólo las instituciones para generarle una agenda a estos elegidos. El pueblo debe controlar de forma permanente el funcionamiento de la justicia y sus cambios trascendentales”.
Ante las críticas y denuncias de la oposición política Pinto dijo que todo quien quiera analizar las actas de escrutinio y todo el proceso electoral puede hacerlo de forma permanente y se les facilitará ese material a quienes lo soliciten, pero además están expuestas en la página web del Tribunal Electoral como muestra de transparencia y de democracia.
Se intentará liquidar actual sistema judicial entre tres o seis meses
En la Asamblea Legislativa se debate si la liquidación del actual sistema judicial se producirá en tres o seis meses, aunque también se plantearon sugerencias para que ese proceso pudiera ejecutarse en uno a dos años. El presidente de la Cámara de Senadores, René Martínez, plantea el menor tiempo posible.
Explicó que se trabaja en las Comisiones Codificadoras creadas por el Gobierno con participación de autoridades del Órgano Judicial para elaborar la serie de disposiciones legales que permitan la transición del actual al nuevo sistema judicial “y compatibilizar toda nuestra economía jurídica con la actual Constitución”.
“Conocida la voluntad soberana del pueblo de elegir autoridades judiciales, se discute ahora la parte vital de la transición mediante una ley de transición que nos determine tiempos, plazos, la modalidad y mecanismos de cierre definitivo de algunas entidades que desaparecen con esta nueva realidad constitucional y dan paso a la emergencia de una nueva institucionalidad legislativa”.
Martínez dijo que eso supone hablar de atribuciones, facultades, de liquidación de tareas que tienen cada una de las cuatro instancias del Órgano Judicial. La Ley de Transición debe garantizar certidumbre de continuidad institucional “porque el Estado no puede quedarse un solo minuto sin la tarea de administrar justicia”.
Añadió que un segundo desafío es que quienes están en la estructura, como recursos humanos, tengan continuidad pero sujetos a una evaluación permanente para determinar si se ajustan a la nueva situación.
“Este control y fiscalización de evaluación permanente del comportamiento del administrador de justicia es otro de los temas, los plazos definitivos de cierre de gestión en materia contable, de activos, cierres administrativos que tienen que tener cada una de las instancias, también están en la ley”, explicó Martínez.
Otro proyecto de ley ya en debate se refiere a recursos constitucionales ante el Tribunal Constitucional y una nueva ley del Ministerio Público, “porque al haber nuevas autoridades judiciales, la Constitución faculta a la Asamblea Legislativa para elegir al futuro Fiscal General, además de aprobar un bloque de normas que permitirán desarrollar las tareas básicas a las futuras autoridades. Todo este proceso, incluida la elección del Fiscal General, se pretende concluir hasta diciembre próximo.
Respecto de la liquidación de los actuales procesos que se tramitan en los juzgados, el presidente del Senado dijo que hay dos criterios. Uno es que se determine entre uno a dos años el tiempo para la liquidación de esas causas y el otro, propuesto por su autoridad, es que se realice en plazos cortos y muy breves para evitar que se repita la actual aplicación del procedimiento penal que tras más de diez años, sigue abierta.
“Deberíamos definir plazos perentorios y si hay necesidad de tiempos adicionales se debe discutir, pero el desafío debe ser cerrar en corto plazo. Estamos hablando de no más de 3 a 6 meses”, señaló Martínez. Explicó que para lograr el objetivo en plazos tan cortos, se debería ampliar el periodo de algunos magistrados en funciones y los suplentes, elegidos el 16 de octubre, deberían sumarse a esa tarea mediante una distribución planificada de causas.
Donde existe mayor acumulación de causas es en los procesos sociales, laborales y de familia a diferencia de los procesos civiles, añadió el presidente de la Cámara Alta.
El punto crítico de la elección fue la propaganda
El punto crítico de la elección de autoridades judiciales fue la difusión de méritos de los candidatos y la prohibición de propaganda por parte de éstos y particulares, tarea encomendada en exclusiva al Tribunal Supremo Electoral por la ley.
Juan Carlos Pinto, director del Servicio de Información Pluricultural del Tribunal Supremo Electoral, advirtió, sin embargo, que el trabajo de difusión pese a la limitación de la propaganda por parte de los candidatos, fue la adecuada, porque una campaña mayor hubiese generado saturación y rechazo en los electores.
Señaló que se hicieron “todos los esfuerzos con los recursos que hemos tenido para cumplir esta misión. Hemos estado, según nuestros cálculos, más o menos viendo en todas las estaciones de televisión como 60 veces por mes a cada candidato y se ha escuchado a cada candidato como 120 veces al mes por cada estación de radio, además de los temas escritos que se han publicado y difundido”.
“Creemos que el esfuerzo que hemos podido hacer se ha cumplido. Ha sido una elección sui géneris con 116 candidatos no conocidos por la población antes de la elección, con perfil profesional más que político. Son características distintas y las expectativas también distintas”, añadió.
DIFUSION Sin embargo, dijo Pinto, el tema en boga después de la elección fue la crítica a la supuesta falta de difusión. “El tema no va por ahí, no es cuestión de hipersaturar los medios de comunicación para que sean más conocidos los candidatos. Tuvimos importante difusión, pero más allá, una saturación iba a implicar los mismos resultados, incluso de rechazo de la población frente a esta ofensiva comunicacional.
Pinto señaló que además, el Tribunal Electoral cargó con un contexto político adverso. “No ha sido una elección donde el objetivo fundamental, que era transformar la justicia haya sido claramente visualizado por el conjunto de la población. Ha habido sectores que han cargado la balanza en torno al contexto político, en contra del Gobierno”.
La alta cantidad de votos nulos y blancos fueron interpretados por Pinto como consecuencia de un Órgano Electoral nuevo, con personal nuevo y que contó con recursos limitados que asumen la responsabilidad de conducir el proceso con una población acostumbrada a procesos electorales distintos al último.
“El tema de la cercanía del candidato a la gente. La gente necesitó verlo, ver su comportamiento humano.
Son características que han hecho a la democracia representativa y que la gente exige”.
“En este proceso de igualdad de oportunidades se ha limitado de alguna forma a los candidatos los espacios públicos de representación decididos por el Órgano Electoral y los espacios de invitación de los medios de comunicación”, añadió.
Pinto destacó, sin embargo, que “ha habido limitación casi política en ese sentido.
Muchos medios de comunicación decidieron no participar de este proceso de entrevistas a candidatas y candidatos porque han asumido que el Órgano, a través de la parte comercial, iba a cubrir ese espacio y han limitado su responsabilidad de ser un medio de información para la gente sobre lo que se iba a elegir”.
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