El Gobierno Municipal de Santa Cruz de la Sierra lidia con cerca de 380 procesos legales que datan de hace décadas. A esta larga lista, hace poco se sumaron dos imputaciones formales contra el alcalde Percy Fernández.
La mayoría de los casos son procesos coactivos en los que el demandante es la Alcaldía, a partir de notas de cargos emitidas por la Contraloría General de la República, contra personas particulares y ex servidores públicos.
“Tenemos que recuperar Bs 43 millones de personas que no rindieron cuentas, percibieron remuneración indebida del Gobierno Municipal u ocasionaron daño al Estado por mala administración o dispusieron de recursos indebidamente”, explicó el secretario de asuntos jurídicos del municipio, José Negrete.
El resto de los procesos son demandas laborales presentadas en contra de la Alcaldía por ex funcionarios municipales retirados o que estaban trabajando antes de 1999, año en el que entró en vigencia la Ley de Municipalidades.
Según Negrete, la deuda laboral para pagar a los supuestos beneficiarios asciende a Bs 17 millones; sin embargo, el resultado de los procesos aún es incierto, porque muchos de los casos se encuentran en la Corte Suprema de Justicia.
Con relación a la gestión del alcalde Percy Fernández, confirmó que se tienen dos procesos activos, uno por las supuestas carencias no subsanadas en la maternidad Percy Boland y el hospital San Juan de Dios, y otro por presuntas irregularidades en la limpieza del canal Isuto.
En ambos casos, los fiscales a cargo, Gomer Padilla y Javier Cordero, respectativamente, ya presentaron imputación formal contra cuatro funcionarios municipales, el propietario de una empresa adjudicataria y el alcalde Percy Fernández por incumplimiento de deberes, conducta antieconómica, incumplimiento de contratos y enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado.
Aunque Negrete admitió que el hecho es preocupante por la atención que demanda cada caso, considera que ambas denuncias no tienen fundamentos legales y solo son “argucias para tratar de defenestrar y sacar del cargo al alcalde Fernández”.
“Lo que pasa es que a (Hugo) Siles no le gustó que el alcalde le diga advenedizo, que entró al Concejo de cuatro pies por la ventana y que es un alcahuete”, dijo refiriéndose al concejal suplente del Movimiento Al Socialismo (MAS), que sentó la denuncia sobre la maternidad junto al senador masista Isaac Ávalos.
La Alcaldía ya presentó recursos legales en ambos procesos. En el primero, plantea la falta de competencia de la jueza y en el segundo, que el caso debe investigarse a través de una auditoría técnica y no en los estrados judiciales. Además, aduce que la supuesta irregularidad se dio durante la época en que Fernández había renunciado a su cargo de alcalde, para habilitarse como candidato en las elecciones del 4 de abril de 2010.
Negrete advirtió que llegado el momento, la Alcaldía también iniciará acciones legales contra Siles, por supuesta compra irregular de uniformes para funcionarios cuando trabajó en la gestión del exalcalde Roberto Fernández.
A su vez, Siles asegura que las denuncias presentadas por él y por la viceministra de Lucha Contra la Corrupción, Gabriela Veizaga (en el caso del canal Isuto) tienen sustento y pruebas, y que los recursos planteados por el municipio son una “chicana que solo alarga los procesos, pero no exime de las responsabilidades a los acusados”.
En la imputación formal, los fiscales solicitaron a los jueces la aplicación de medidas cautelares, entre ellas congelamiento de cuentas bancarias e hipoteca legal de sus bienes, contra el alcalde y los funcionarios acusados.
Luego de la imputación, los fiscales tienen hasta seis meses para presentar la acusación formal. Si esto sucede, de acuerdo al artículo 144 de la Ley Marco de Autonomías, promulgada en 2010, el alcalde deberá ser suspendido temporalmente.
La Contraloría y el Ministerio de Lucha anticorrupción también investigan supuestas irregularidades en el viaducto del cuarto anillo y avenida Cristo Redentor.
La Fiscalía aplica una ley más dura
Gomer Padilla Jaro / Coord. Unidad Anticorrup.
Con la aprobación de la Ley Marcelo Santa Cruz, en marzo de 2010, se creó la Unidad Anticorrupción del Ministerio Público, dirigida a investigar todos los delitos de corrupción o los vinculados a esta.
Los casos del ámbito municipal son de los más recurrentes. Por ejemplo, estamos investigando al exalcalde de Warnes, Nils Carmona; al de Puerto Suárez, Romualdo Hurtado; a la exalcaldesa de Portachuelo, Susana Salek; al exmunícipe de Puerto Quijarro, Aldo Clavijo; al de San Ramón, Ismael Villca y hoy se investiga al alcalde de Santa Cruz, Percy Fernández y un grupo de funcionarios. Ya se presentaron imputaciones formales y tenemos un máximo de seis meses para presentar una acusación formal, pero puede salir antes.
Con la persecución seria y firme de los funcionarios municipales, estamos tratando de dar una señal para que sepan que estar en ese tipo de función no es para enriquecerse ilícitamente, sino para servir.
Ya hay quienes dicen que no vale la pena ser funcionario público, porque la ley es más dura, implacable y perseguidora. Se busca que la gente, por temor o por responsabilidad, no cometa delitos.
Al margen de nuestro trabajo, la Contraloría sigue haciendo lo suyo, pero son auditorías posgestión. Sin embargo, sabemos que por muchas limitaciones de personal, muchos casos quedaron impunes; por esa misma razón nació la Ley Marcelo Santa Cruz.
Esta ley también endurece las penas. Por ejemplo, la sanción por incumplimiento de deberes que era de un mes a un año de cárcel, ahora es de uno a cuatro años.
Hoy somos siete fiscales en la Unidad Anticorrupción y aún tenemos muchas limitaciones de medios, pero tenemos la esperanza de que con el cambio que habrá de la Ley del Ministerio Público, designen más fiscales. También necesitamos un auditor y un ingeniero civil, por las características de los delitos.
DATOS
- Ley de Autonomías. El Art. 144 dice: Gobernadores (as), alcaldes (as), máxima autoridad ejecutiva regional, asambleístas departamentales y regionales, concejales (as), podrán ser suspendidos (as) de manera temporal en el ejercicio de su cargo cuando se dicte en su contra acusación formal.
- Imputados. En el caso de la Maternidad y el hospital San Juan de Dios: Percy Fernández, Ana María Encinas, Carmen Rosa Peña y María Paula Muñoz. En el caso del canal Isuto: Percy Fernández, Luis Fernando Vaca Díez, Edil Aponte, Wilson Barriga, Oscar Paniagua y Aida Avendaño.
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