Ante la admisión de la acción abstracta de inconstitucionalidad por parte del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que abre una vía para la repostulación de Evo Morales en 2019, el partido político Bolivia Somos Todos (BST), ha emitido un pronunciamiento en el que rechazan de forma contundente el accionar de los magistrados y convocan al soberano a movilizarse y defender el voto del 21 de febrero de 2016 cuando en un referéndum la opción del NO se impuso en el referéndum constitucional modificatorio.
El documento fue firmado por los principales dirigentes del partido político opositor al gobierno, entre ellos el ejecutivo del altiplano Edgar Sánchez, todos ellos realizaron una vigilia en la ciudad de Sucre a la espera del fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional, ante la admisión del recurso han manifestado de forma pública que defenderán la democracia y el respeto a la decisión de la población que en 2016 determinó que la Constitución Política del Estado no se modificaría para buscar una nueva reelección de Morales.
"La democracia no es solo un sistema de gobierno, es ante todo una forma de vida y en esencial la libertad ciudadana plena, por lo que no respetar la voluntad del soberano boliviano expresado el 21 de febrero de 2016 es una franca vulneración al régimen democrático boliviano, establecido claramente en la Constitución Política del Estado; ningún juez o magistrado puede reformar o declarar inaplicable ningún artículo de la CPE, ya que ella emana de la voluntad del soberano y no de la voluntad de un magistrado o juez", indica la primera parte del texto emitido por el comité ejecutivo nacional de Bolivia Somos Todos (BST).
En la parte central del documento se expresa que el Tribunal Constitucional Plurinacional habría perdido toda independencia y credibilidad ante el pueblo boliviano, y la admisión del recurso de inconstitucionalidad es un funesto antecedente, ya que quien debía ser el guardián de la Constitución es quien le habría "herido de muerte".
El texto finaliza con un llamado al pueblo boliviano para restablecer la democracia plena y organizarse activamente para la defensa de la misma y de la Constitución Política.
01 octubre 2017
Discapacitados consideran inviable norma a su favor
Las personas con capacidades diferentes tienen varias dudas sobre la efectividad de la Ley de Inserción Laboral y de Ayuda Económica para Personas con Discapacidad que promulgó el Gobierno central. Para el sector, la norma no establece sanciones por incumplimiento de inserción laboral y no cuenta con un presupuesto propio para el pago del bono, por lo que se observa a la norma como inviable.
“Esta ley es general, pero ya tenemos indicios de que va a ser todo un fracaso. La ley no cuenta con un recurso propio para la aplicación”, adelantó a la agencia ANF, Carlos Mariaca, persona con discapacidad que lleva décadas luchando por los derechos de esa población.
Mariaca observó que se estén utilizando Bs 15 millones provenientes del Fondo Nacional de Solidaridad y Equidad (FNSE) como colchón para que los municipios realicen el pago de un bono mensual de Bs 250.
Dicho monto representa el 22,4% de los Bs 66.768.000 que se requieren para pagar el bono mensual a 22.256 personas con discapacidad grave y muy grave, según datos del Siprun-PCD. La preocupación del sector es cómo se garantizarán los 25 mil restantes.
Sobre las sanciones en caso de que las empresas no cumplan con la inserción laboral, Mariaca aclaró que la norma no habla de sanciones a las empresas.
“La inserción laboral ya estaba establecida en dos decretos, no es nada nuevo. Cuál es el hecho coercitivo de esta ley, no tiene hecho coercitivo, solo dice que obliga al 4% en empresas públicas y el 2% en empresas privadas, pero no sanciona”, detalló Mariaca.
También consultó respecto a la norma, si “¿se va a cubrir el bono con la inserción laboral? Si el Gobierno está pensando que por el hecho de dar inamovilidad laboral a la madre y al tutor, no va a dar el bono, está equivocado, ahí nos movilizamos”.
“Esta ley es general, pero ya tenemos indicios de que va a ser todo un fracaso. La ley no cuenta con un recurso propio para la aplicación”, adelantó a la agencia ANF, Carlos Mariaca, persona con discapacidad que lleva décadas luchando por los derechos de esa población.
Mariaca observó que se estén utilizando Bs 15 millones provenientes del Fondo Nacional de Solidaridad y Equidad (FNSE) como colchón para que los municipios realicen el pago de un bono mensual de Bs 250.
Dicho monto representa el 22,4% de los Bs 66.768.000 que se requieren para pagar el bono mensual a 22.256 personas con discapacidad grave y muy grave, según datos del Siprun-PCD. La preocupación del sector es cómo se garantizarán los 25 mil restantes.
Sobre las sanciones en caso de que las empresas no cumplan con la inserción laboral, Mariaca aclaró que la norma no habla de sanciones a las empresas.
“La inserción laboral ya estaba establecida en dos decretos, no es nada nuevo. Cuál es el hecho coercitivo de esta ley, no tiene hecho coercitivo, solo dice que obliga al 4% en empresas públicas y el 2% en empresas privadas, pero no sanciona”, detalló Mariaca.
También consultó respecto a la norma, si “¿se va a cubrir el bono con la inserción laboral? Si el Gobierno está pensando que por el hecho de dar inamovilidad laboral a la madre y al tutor, no va a dar el bono, está equivocado, ahí nos movilizamos”.
Familiares de la víctima Imputación favorece a asesinos de Illanes
Familiares del exviceministro de Régimen Interior, Rodolfo Illanes, observan la imputación que el Ministerio Público presentó contra el excomandante de la Policía, general Rino Salazar, debido a que en su criterio la relación de hechos planteada en el documento al que tuvo acceso EL DIARIO, abre falencias que libran de responsabilidad a los cooperativistas mineros, autores materiales del crimen el 25 de agosto de 2016, en la localidad de Panduro.
La imputación fue presentada por la Fiscalía ante el juez séptimo de materia en lo penal cautelar de El Alto, Héctor Quilla el pasado 21 de septiembre, cuando Salazar fue imputado por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes y denegación de auxilio.
IMPUTACIÓN
En la relación de hechos descritos por la Fiscalía en la imputación, primero se señala que los efectivos de bajo rango “desobedecieron” las supuestas órdenes de repliegue que habían emitido.
Pero más adelante, en la redacción menciona que el general Salazar junto al comandante departamental, coronel José Luis Aranibar, presentes en el lugar de los hechos, parecen pasivos a las acciones de represión que el contingente de 1.500 efectivos había iniciado contra los cerca de 5.000 cooperativistas que bloqueaban la carretera La Paz – Oruro.
Que pese a las súplicas de Illanes, que pedía que los uniformados dejen de lanzar gases porque había enardecido el ánimo de los mineros y su vida corría riesgo, los jefes policiales no actuaron de inmediato.
“Sin embargo, (la policía) no solo utilizó gas lacrimógeno sino también habría utilizado balines de color plomo, azul y rojo así como granadas de gas, como también se tiene el presunto uso de armas de fuego”, señala el documento.
También se menciona que producto de las acciones policiales, se produjo la muerte por arma de fuego del minero Rubén Aparaya Pillco, lo que derivó en una violenta reacción de los mineros que a golpes quitaron la vida a Illanes.
En contacto con nuestro medio, miembros de la familia Illanes que por temor a represalias pide no ser individualizada, manifiesta que de una revisión del documento observan contradicciones sobre el nivel de responsabilidad que las autoridades policiales tenían el día del hecho.
A más de un año de su muerte, los familiares señalan que en la relación de hechos como otros elementos mencionados en la imputación, pueden ser utilizados por la defensa de los cooperativistas mineros que fueron imputados como autores materiales del hecho, para deslindar responsabilidades o aseverar que el brutal asesinato fue cometido en defensa propia.
DETENCIÓN PREVENTIVA
“La comisión de fiscales solicita la detención preventiva del imputado (Rino Salazar), primero porque, tal como antecede del fundamento expuesto, se tiene que el imputado es con probabilidad autor del hecho”, señala el documento.
En esa fecha, Illanes se había dirigió a Panduro para dialogar con los movilizados, pero fue tomado como rehén, en ese momento.
Según las declaraciones de José Luis Quiroga, actual viceministro y sucesor de Illanes, tanto Aranibar como Salazar fueron informados, primero de la orden de repliegue que había dado Illanes y luego de las “súplicas” para ordenar que cese el enfrentamiento.
SIN FECHA
En ese contexto, la audiencia aún no se conoce si el juez ya ha fijado fecha y hora para la audiencia de medidas cautelares en contra de Salazar a la que los familiares han anunciado su presencia para verificar que no incurra en favorecimientos a ninguno de los implicados.
La imputación fue presentada por la Fiscalía ante el juez séptimo de materia en lo penal cautelar de El Alto, Héctor Quilla el pasado 21 de septiembre, cuando Salazar fue imputado por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes y denegación de auxilio.
IMPUTACIÓN
En la relación de hechos descritos por la Fiscalía en la imputación, primero se señala que los efectivos de bajo rango “desobedecieron” las supuestas órdenes de repliegue que habían emitido.
Pero más adelante, en la redacción menciona que el general Salazar junto al comandante departamental, coronel José Luis Aranibar, presentes en el lugar de los hechos, parecen pasivos a las acciones de represión que el contingente de 1.500 efectivos había iniciado contra los cerca de 5.000 cooperativistas que bloqueaban la carretera La Paz – Oruro.
Que pese a las súplicas de Illanes, que pedía que los uniformados dejen de lanzar gases porque había enardecido el ánimo de los mineros y su vida corría riesgo, los jefes policiales no actuaron de inmediato.
“Sin embargo, (la policía) no solo utilizó gas lacrimógeno sino también habría utilizado balines de color plomo, azul y rojo así como granadas de gas, como también se tiene el presunto uso de armas de fuego”, señala el documento.
También se menciona que producto de las acciones policiales, se produjo la muerte por arma de fuego del minero Rubén Aparaya Pillco, lo que derivó en una violenta reacción de los mineros que a golpes quitaron la vida a Illanes.
En contacto con nuestro medio, miembros de la familia Illanes que por temor a represalias pide no ser individualizada, manifiesta que de una revisión del documento observan contradicciones sobre el nivel de responsabilidad que las autoridades policiales tenían el día del hecho.
A más de un año de su muerte, los familiares señalan que en la relación de hechos como otros elementos mencionados en la imputación, pueden ser utilizados por la defensa de los cooperativistas mineros que fueron imputados como autores materiales del hecho, para deslindar responsabilidades o aseverar que el brutal asesinato fue cometido en defensa propia.
DETENCIÓN PREVENTIVA
“La comisión de fiscales solicita la detención preventiva del imputado (Rino Salazar), primero porque, tal como antecede del fundamento expuesto, se tiene que el imputado es con probabilidad autor del hecho”, señala el documento.
En esa fecha, Illanes se había dirigió a Panduro para dialogar con los movilizados, pero fue tomado como rehén, en ese momento.
Según las declaraciones de José Luis Quiroga, actual viceministro y sucesor de Illanes, tanto Aranibar como Salazar fueron informados, primero de la orden de repliegue que había dado Illanes y luego de las “súplicas” para ordenar que cese el enfrentamiento.
SIN FECHA
En ese contexto, la audiencia aún no se conoce si el juez ya ha fijado fecha y hora para la audiencia de medidas cautelares en contra de Salazar a la que los familiares han anunciado su presencia para verificar que no incurra en favorecimientos a ninguno de los implicados.
Kataristas no aceptan intención del oficialismo Piden “voto castigo” en elecciones judiciales
El Movimiento Revolucionario Túpac Katari (MRTC) Andino Amazónico expresó su rechazo a una nueva repostulación del presidente Evo Morales y convocó a la ciudadanía a castigar aquel intento a través del voto nulo o blanco en las elecciones de magistrados del 3 de diciembre.
“Nosotros los kollaymaras – bolivianos, los kataristas (…) no queremos ideas y menos estructuras políticas foráneas procedentes del Viejo Mundo y el Asia, por ello, convocamos a todos los habitantes del mundo andino amazónico a desterrar, con el voto castigo, a los masistas que pretenden mantenerse en el poder y, por lo tanto, todos los kollasuyanos bolivianos debemos votar por el nulo, blanco o ninguno en las elecciones judiciales del 3 de diciembre”, señalan en su pronunciamiento.
El 18 de septiembre los asambleístas del Movimiento al Socialismo (MAS) presentaron ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) un una acción de inconstitucionalidad, con el propósito de habilitar al presidente Morales en las elecciones de 2019.
Aquello generó reacciones a favor y en contra, quienes se opusieron fueron principalmente expresidentes como Jorge Tuto Quiroga y Carlos Mesa, este último arguyó que postular al actual mandatario de Estado es ilegal porque vulnera la Constitución Política del Estado (CPE).
Sin embargo, el TCP aceptó el viernes el recurso de inconstitucionalidad abstracta que planteó el MAS señalando que se cumplió con los requisitos que son exigidos en los artículos 24 y 74 del Código Procesal Constitucional establecidos.
En ese sentido, el Movimiento Tupac Katari, en su pronunciamiento (donde firman Toribio Tapia, Quintin Apaz, Mauricio Mamani y Freddy Illanes) señalan su lucha irá en contra cualquier intento de repostulación del actual mandatario boliviano.
“Dura batalla a la derecha colonial y neoliberal, como a la izquierda ambiciosa y corrupta (…). Los kataristas kollasuyanos planteamos el desafío al pueblo boliviano. ‘No a la reelección de Evo Morales ni de Álvaro García Linera’ ni sus magistrados masistas corruptos”, indican.
“LEALTAD REVOLUCIONARIA”
El Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) y el Katarista Nacionalistas Revolucionario (KNR) conmemorará con una misa el 2 de octubre el día de la “Lealtad revolucionaria”. La ceremonia será a horas 10.00 de la mañana en la Catedral Metropolitana “Nuestra Señora de La Paz”.
“Nosotros los kollaymaras – bolivianos, los kataristas (…) no queremos ideas y menos estructuras políticas foráneas procedentes del Viejo Mundo y el Asia, por ello, convocamos a todos los habitantes del mundo andino amazónico a desterrar, con el voto castigo, a los masistas que pretenden mantenerse en el poder y, por lo tanto, todos los kollasuyanos bolivianos debemos votar por el nulo, blanco o ninguno en las elecciones judiciales del 3 de diciembre”, señalan en su pronunciamiento.
El 18 de septiembre los asambleístas del Movimiento al Socialismo (MAS) presentaron ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) un una acción de inconstitucionalidad, con el propósito de habilitar al presidente Morales en las elecciones de 2019.
Aquello generó reacciones a favor y en contra, quienes se opusieron fueron principalmente expresidentes como Jorge Tuto Quiroga y Carlos Mesa, este último arguyó que postular al actual mandatario de Estado es ilegal porque vulnera la Constitución Política del Estado (CPE).
Sin embargo, el TCP aceptó el viernes el recurso de inconstitucionalidad abstracta que planteó el MAS señalando que se cumplió con los requisitos que son exigidos en los artículos 24 y 74 del Código Procesal Constitucional establecidos.
En ese sentido, el Movimiento Tupac Katari, en su pronunciamiento (donde firman Toribio Tapia, Quintin Apaz, Mauricio Mamani y Freddy Illanes) señalan su lucha irá en contra cualquier intento de repostulación del actual mandatario boliviano.
“Dura batalla a la derecha colonial y neoliberal, como a la izquierda ambiciosa y corrupta (…). Los kataristas kollasuyanos planteamos el desafío al pueblo boliviano. ‘No a la reelección de Evo Morales ni de Álvaro García Linera’ ni sus magistrados masistas corruptos”, indican.
“LEALTAD REVOLUCIONARIA”
El Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) y el Katarista Nacionalistas Revolucionario (KNR) conmemorará con una misa el 2 de octubre el día de la “Lealtad revolucionaria”. La ceremonia será a horas 10.00 de la mañana en la Catedral Metropolitana “Nuestra Señora de La Paz”.
Contra pretensión del MAS Cívicos de Santa Cruz recolectarán firmas
El presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Fernando Cuellar, convocó para mañana a la ciudadanía cruceña, que no está de acuerdo con una nueva repostulación del presidente Morales, a firmar un pronunciamiento conjunto.
Asimismo, anunció que se dirigirán hasta las puertas del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para rechazar la última acción que realizó esta instancia de aceptar el recurso de inconstitucionalidad planeado por el MAS.
“Nosotros los bolivianos dijimos No el 21 de febrero (de 2016), por lo tanto, hay una norma y hay jurisprudencia institucional, que las personas que tengan interés legítimo”, sostuvo.
Por su parte, el gobernador de La Paz, Félix Patzi, criticó que el MAS está forzando una nueva respostulación del presidente Morales, lo cual no es favorable para la democracia.
“Veo un sufrimiento de Evo Morales y de los diputados que intentaron de todo (…) al fin y al cabo se va imponer la fuerza y a la fuerza va salir a recandidatear”, declaró.
Mientras que la senadora oficialista, Adriana Salvatierra, señaló que la oposición se muestra desesperada y fragmentada porque no reconocen como líderes nacionales a los regionales como Rubén Costas.
“Veo una oposición fragmentada, una oposición que intenta un proyecto de país y una oposición que intenta a resquebrajarse. Esta desesperada”, añadió.
Asimismo, anunció que se dirigirán hasta las puertas del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para rechazar la última acción que realizó esta instancia de aceptar el recurso de inconstitucionalidad planeado por el MAS.
“Nosotros los bolivianos dijimos No el 21 de febrero (de 2016), por lo tanto, hay una norma y hay jurisprudencia institucional, que las personas que tengan interés legítimo”, sostuvo.
Por su parte, el gobernador de La Paz, Félix Patzi, criticó que el MAS está forzando una nueva respostulación del presidente Morales, lo cual no es favorable para la democracia.
“Veo un sufrimiento de Evo Morales y de los diputados que intentaron de todo (…) al fin y al cabo se va imponer la fuerza y a la fuerza va salir a recandidatear”, declaró.
Mientras que la senadora oficialista, Adriana Salvatierra, señaló que la oposición se muestra desesperada y fragmentada porque no reconocen como líderes nacionales a los regionales como Rubén Costas.
“Veo una oposición fragmentada, una oposición que intenta un proyecto de país y una oposición que intenta a resquebrajarse. Esta desesperada”, añadió.
Denuncia ante CIDH por intento de repostulación indefinida de Morales
Los expresidentes del país y jefes de partidos políticos resolvieron acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar la intención del actual Gobierno de anular cuatro artículos de la Constitución Política del Estado (CPE) y desconocer la voluntad popular del 21 de febrero de 2016.
“Vamos a recurrir de manera conjunta con el expresidente Carlos Mesa, Samuel Doria Medina, Víctor Hugo Cárdenas, con todos, a estas instancias internacionales para que se pronuncien como lo hizo Almagro que ha dicho que no puede ser cambiada la voluntad del pueblo con una maniobra jurídica y pero anular la Constitución”, declaró el exmandatario, Jorge Quiroga.
El senador Yerko Núñez, de la agrupación Movimiento Demócrata Social del gobernador Rubén Costas, se manifestó en esta misma línea. “Vamos a presentar una denuncia ante la CIDH porque se está atropellando la Constitución y se está pisoteando el voto del pueblo”, sostuvo, según la agencia noticiosa ANF.
Además de Quiroga, el expresidente Mesa; el exvicepresidente, Víctor Hugo Cárdenas y los jefes políticos de Unidad Nacional, Samuel Doria Medina; del Movimiento Demócrata Social, Rubén Costas, y de Soberanía y Libertad, Luis Revilla, conforman la mesa de unidad en defensa de la democracia.
Las acciones que se plantean después que el Tribunal Constitucional Plurinacional admitió la acción de inconstitucionalidad abstracta del MAS, para que declare inconstitucional artículos de la Ley del Régimen Electoral e inaplicable artículos de la Carta Magna.
Lo que plantean los legisladores del oficialismo es que no exista “límites” ni “restricciones” a la reelección del presidente, vicepresidente y otras autoridades electas, argumentan que en este tema la Constitución no es concordante con el Pacto de San José de Costa Rica.
Para Quiroga, el TCP debió rechazar la acción y declararse incompetente para resolver el tema, porque cinco magistrados no pueden decidir la “anulación” de artículos de la Constitución que fue aprobada por una mayoría del pueblo en 2009.
Asimismo, sostiene que más de 2,5 millones de bolivianos votaron, el 21 de febrero de 2016, por el No a la repostulación del presidente Evo Morales y vicepresidente, Álvaro García Linera, cuando rechazaron que el artículo 168 sea modificado.
“La admisión del Tribunal Constitucional es un paso en el golpe de Estado que están perpetrando Evo Morales y sus autoridades contra la democracia boliviana, anular la Constitución es un golpe a la democracia”, sostuvo Quiroga.
Mencionó que de acuerdo con la Ley 026 de Régimen Electoral existe un principio de “preclusión”, lo que significa que el referéndum y sus resultados “no se pueden revisar ni se pueden repetir”; además de su carácter vinculante y obligatorio en su cumplimiento.
Quiroga dijo que los magistrados Efren Choque, Zenón Bacarrezaa y Ruddy Flores están incurriendo en un “prevaricato delincuencial”, al arrogarse una facultad que no les corresponde, porque su misión es resguardar el cumplimiento de la Constitución y no anular artículos.
Por su parte, el senador Núñez dijo que existe un “malestar” generalizado entre la población que rechaza la actitud del MAS de buscar a toda costa que al margen de las normas insistan en una “reelección indefinida” del presidente, vicepresidente y otras autoridades.
EL PODER A TODA COSTA
“Nunca he visto desde mi nacimiento hasta hoy día a ninguna persona sea mujer u hombre, de sufrir tanto por quedarse en el poder, por lo menos en Bolivia. Yo lo veo ya un sufrimiento demasiado de Evo Morales y de sus diputados”, afirmó el gobernador de La Paz, Félix Patzi, sobre la intención del MAS que busca habilitar la cuarta postulación del actual mandatario.
Recordó que el primer sufrimiento fue el referendo del 21 de febrero cuyo resultado fue adverso para Evo Morales, luego en el congreso de Montero analizaron cuatro vías y hacer otro referendo que fue presentado oficialmente al Tribunal Supremo Electoral, “otro sufrimiento; ahora están intento con el recurso abstracto de nulidad que también es otro sufrimiento”, acotó.
“Vamos a recurrir de manera conjunta con el expresidente Carlos Mesa, Samuel Doria Medina, Víctor Hugo Cárdenas, con todos, a estas instancias internacionales para que se pronuncien como lo hizo Almagro que ha dicho que no puede ser cambiada la voluntad del pueblo con una maniobra jurídica y pero anular la Constitución”, declaró el exmandatario, Jorge Quiroga.
El senador Yerko Núñez, de la agrupación Movimiento Demócrata Social del gobernador Rubén Costas, se manifestó en esta misma línea. “Vamos a presentar una denuncia ante la CIDH porque se está atropellando la Constitución y se está pisoteando el voto del pueblo”, sostuvo, según la agencia noticiosa ANF.
Además de Quiroga, el expresidente Mesa; el exvicepresidente, Víctor Hugo Cárdenas y los jefes políticos de Unidad Nacional, Samuel Doria Medina; del Movimiento Demócrata Social, Rubén Costas, y de Soberanía y Libertad, Luis Revilla, conforman la mesa de unidad en defensa de la democracia.
Las acciones que se plantean después que el Tribunal Constitucional Plurinacional admitió la acción de inconstitucionalidad abstracta del MAS, para que declare inconstitucional artículos de la Ley del Régimen Electoral e inaplicable artículos de la Carta Magna.
Lo que plantean los legisladores del oficialismo es que no exista “límites” ni “restricciones” a la reelección del presidente, vicepresidente y otras autoridades electas, argumentan que en este tema la Constitución no es concordante con el Pacto de San José de Costa Rica.
Para Quiroga, el TCP debió rechazar la acción y declararse incompetente para resolver el tema, porque cinco magistrados no pueden decidir la “anulación” de artículos de la Constitución que fue aprobada por una mayoría del pueblo en 2009.
Asimismo, sostiene que más de 2,5 millones de bolivianos votaron, el 21 de febrero de 2016, por el No a la repostulación del presidente Evo Morales y vicepresidente, Álvaro García Linera, cuando rechazaron que el artículo 168 sea modificado.
“La admisión del Tribunal Constitucional es un paso en el golpe de Estado que están perpetrando Evo Morales y sus autoridades contra la democracia boliviana, anular la Constitución es un golpe a la democracia”, sostuvo Quiroga.
Mencionó que de acuerdo con la Ley 026 de Régimen Electoral existe un principio de “preclusión”, lo que significa que el referéndum y sus resultados “no se pueden revisar ni se pueden repetir”; además de su carácter vinculante y obligatorio en su cumplimiento.
Quiroga dijo que los magistrados Efren Choque, Zenón Bacarrezaa y Ruddy Flores están incurriendo en un “prevaricato delincuencial”, al arrogarse una facultad que no les corresponde, porque su misión es resguardar el cumplimiento de la Constitución y no anular artículos.
Por su parte, el senador Núñez dijo que existe un “malestar” generalizado entre la población que rechaza la actitud del MAS de buscar a toda costa que al margen de las normas insistan en una “reelección indefinida” del presidente, vicepresidente y otras autoridades.
EL PODER A TODA COSTA
“Nunca he visto desde mi nacimiento hasta hoy día a ninguna persona sea mujer u hombre, de sufrir tanto por quedarse en el poder, por lo menos en Bolivia. Yo lo veo ya un sufrimiento demasiado de Evo Morales y de sus diputados”, afirmó el gobernador de La Paz, Félix Patzi, sobre la intención del MAS que busca habilitar la cuarta postulación del actual mandatario.
Recordó que el primer sufrimiento fue el referendo del 21 de febrero cuyo resultado fue adverso para Evo Morales, luego en el congreso de Montero analizaron cuatro vías y hacer otro referendo que fue presentado oficialmente al Tribunal Supremo Electoral, “otro sufrimiento; ahora están intento con el recurso abstracto de nulidad que también es otro sufrimiento”, acotó.
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