Los expresidentes del país y jefes de partidos políticos resolvieron acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar la intención del actual Gobierno de anular cuatro artículos de la Constitución Política del Estado (CPE) y desconocer la voluntad popular del 21 de febrero de 2016.
“Vamos a recurrir de manera conjunta con el expresidente Carlos Mesa, Samuel Doria Medina, Víctor Hugo Cárdenas, con todos, a estas instancias internacionales para que se pronuncien como lo hizo Almagro que ha dicho que no puede ser cambiada la voluntad del pueblo con una maniobra jurídica y pero anular la Constitución”, declaró el exmandatario, Jorge Quiroga.
El senador Yerko Núñez, de la agrupación Movimiento Demócrata Social del gobernador Rubén Costas, se manifestó en esta misma línea. “Vamos a presentar una denuncia ante la CIDH porque se está atropellando la Constitución y se está pisoteando el voto del pueblo”, sostuvo, según la agencia noticiosa ANF.
Además de Quiroga, el expresidente Mesa; el exvicepresidente, Víctor Hugo Cárdenas y los jefes políticos de Unidad Nacional, Samuel Doria Medina; del Movimiento Demócrata Social, Rubén Costas, y de Soberanía y Libertad, Luis Revilla, conforman la mesa de unidad en defensa de la democracia.
Las acciones que se plantean después que el Tribunal Constitucional Plurinacional admitió la acción de inconstitucionalidad abstracta del MAS, para que declare inconstitucional artículos de la Ley del Régimen Electoral e inaplicable artículos de la Carta Magna.
Lo que plantean los legisladores del oficialismo es que no exista “límites” ni “restricciones” a la reelección del presidente, vicepresidente y otras autoridades electas, argumentan que en este tema la Constitución no es concordante con el Pacto de San José de Costa Rica.
Para Quiroga, el TCP debió rechazar la acción y declararse incompetente para resolver el tema, porque cinco magistrados no pueden decidir la “anulación” de artículos de la Constitución que fue aprobada por una mayoría del pueblo en 2009.
Asimismo, sostiene que más de 2,5 millones de bolivianos votaron, el 21 de febrero de 2016, por el No a la repostulación del presidente Evo Morales y vicepresidente, Álvaro García Linera, cuando rechazaron que el artículo 168 sea modificado.
“La admisión del Tribunal Constitucional es un paso en el golpe de Estado que están perpetrando Evo Morales y sus autoridades contra la democracia boliviana, anular la Constitución es un golpe a la democracia”, sostuvo Quiroga.
Mencionó que de acuerdo con la Ley 026 de Régimen Electoral existe un principio de “preclusión”, lo que significa que el referéndum y sus resultados “no se pueden revisar ni se pueden repetir”; además de su carácter vinculante y obligatorio en su cumplimiento.
Quiroga dijo que los magistrados Efren Choque, Zenón Bacarrezaa y Ruddy Flores están incurriendo en un “prevaricato delincuencial”, al arrogarse una facultad que no les corresponde, porque su misión es resguardar el cumplimiento de la Constitución y no anular artículos.
Por su parte, el senador Núñez dijo que existe un “malestar” generalizado entre la población que rechaza la actitud del MAS de buscar a toda costa que al margen de las normas insistan en una “reelección indefinida” del presidente, vicepresidente y otras autoridades.
EL PODER A TODA COSTA
“Nunca he visto desde mi nacimiento hasta hoy día a ninguna persona sea mujer u hombre, de sufrir tanto por quedarse en el poder, por lo menos en Bolivia. Yo lo veo ya un sufrimiento demasiado de Evo Morales y de sus diputados”, afirmó el gobernador de La Paz, Félix Patzi, sobre la intención del MAS que busca habilitar la cuarta postulación del actual mandatario.
Recordó que el primer sufrimiento fue el referendo del 21 de febrero cuyo resultado fue adverso para Evo Morales, luego en el congreso de Montero analizaron cuatro vías y hacer otro referendo que fue presentado oficialmente al Tribunal Supremo Electoral, “otro sufrimiento; ahora están intento con el recurso abstracto de nulidad que también es otro sufrimiento”, acotó.
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