La imputación fue presentada por la Fiscalía ante el juez séptimo de materia en lo penal cautelar de El Alto, Héctor Quilla el pasado 21 de septiembre, cuando Salazar fue imputado por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes y denegación de auxilio.
IMPUTACIÓN
En la relación de hechos descritos por la Fiscalía en la imputación, primero se señala que los efectivos de bajo rango “desobedecieron” las supuestas órdenes de repliegue que habían emitido.
Pero más adelante, en la redacción menciona que el general Salazar junto al comandante departamental, coronel José Luis Aranibar, presentes en el lugar de los hechos, parecen pasivos a las acciones de represión que el contingente de 1.500 efectivos había iniciado contra los cerca de 5.000 cooperativistas que bloqueaban la carretera La Paz – Oruro.
Que pese a las súplicas de Illanes, que pedía que los uniformados dejen de lanzar gases porque había enardecido el ánimo de los mineros y su vida corría riesgo, los jefes policiales no actuaron de inmediato.
“Sin embargo, (la policía) no solo utilizó gas lacrimógeno sino también habría utilizado balines de color plomo, azul y rojo así como granadas de gas, como también se tiene el presunto uso de armas de fuego”, señala el documento.
También se menciona que producto de las acciones policiales, se produjo la muerte por arma de fuego del minero Rubén Aparaya Pillco, lo que derivó en una violenta reacción de los mineros que a golpes quitaron la vida a Illanes.
En contacto con nuestro medio, miembros de la familia Illanes que por temor a represalias pide no ser individualizada, manifiesta que de una revisión del documento observan contradicciones sobre el nivel de responsabilidad que las autoridades policiales tenían el día del hecho.
A más de un año de su muerte, los familiares señalan que en la relación de hechos como otros elementos mencionados en la imputación, pueden ser utilizados por la defensa de los cooperativistas mineros que fueron imputados como autores materiales del hecho, para deslindar responsabilidades o aseverar que el brutal asesinato fue cometido en defensa propia.
DETENCIÓN PREVENTIVA
“La comisión de fiscales solicita la detención preventiva del imputado (Rino Salazar), primero porque, tal como antecede del fundamento expuesto, se tiene que el imputado es con probabilidad autor del hecho”, señala el documento.
En esa fecha, Illanes se había dirigió a Panduro para dialogar con los movilizados, pero fue tomado como rehén, en ese momento.
Según las declaraciones de José Luis Quiroga, actual viceministro y sucesor de Illanes, tanto Aranibar como Salazar fueron informados, primero de la orden de repliegue que había dado Illanes y luego de las “súplicas” para ordenar que cese el enfrentamiento.
SIN FECHA
En ese contexto, la audiencia aún no se conoce si el juez ya ha fijado fecha y hora para la audiencia de medidas cautelares en contra de Salazar a la que los familiares han anunciado su presencia para verificar que no incurra en favorecimientos a ninguno de los implicados.
No hay comentarios:
Publicar un comentario