Las personas con capacidades diferentes tienen varias dudas sobre la efectividad de la Ley de Inserción Laboral y de Ayuda Económica para Personas con Discapacidad que promulgó el Gobierno central. Para el sector, la norma no establece sanciones por incumplimiento de inserción laboral y no cuenta con un presupuesto propio para el pago del bono, por lo que se observa a la norma como inviable.
“Esta ley es general, pero ya tenemos indicios de que va a ser todo un fracaso. La ley no cuenta con un recurso propio para la aplicación”, adelantó a la agencia ANF, Carlos Mariaca, persona con discapacidad que lleva décadas luchando por los derechos de esa población.
Mariaca observó que se estén utilizando Bs 15 millones provenientes del Fondo Nacional de Solidaridad y Equidad (FNSE) como colchón para que los municipios realicen el pago de un bono mensual de Bs 250.
Dicho monto representa el 22,4% de los Bs 66.768.000 que se requieren para pagar el bono mensual a 22.256 personas con discapacidad grave y muy grave, según datos del Siprun-PCD. La preocupación del sector es cómo se garantizarán los 25 mil restantes.
Sobre las sanciones en caso de que las empresas no cumplan con la inserción laboral, Mariaca aclaró que la norma no habla de sanciones a las empresas.
“La inserción laboral ya estaba establecida en dos decretos, no es nada nuevo. Cuál es el hecho coercitivo de esta ley, no tiene hecho coercitivo, solo dice que obliga al 4% en empresas públicas y el 2% en empresas privadas, pero no sanciona”, detalló Mariaca.
También consultó respecto a la norma, si “¿se va a cubrir el bono con la inserción laboral? Si el Gobierno está pensando que por el hecho de dar inamovilidad laboral a la madre y al tutor, no va a dar el bono, está equivocado, ahí nos movilizamos”.
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