04 octubre 2012

Denuncian que hay candidatos a fiscal que invitan parrilladas

Asambleístas del oficialismo y la oposición denunciaron que algunos postulantes a Fiscal General del Estado intentan influir en el voto de los legisladores al invitarles a parrilladas o agasajos, y haciendo lobby a través de terceras personas.

Además, advirtieron que no todos los candidatos están en igualdad de condiciones para acceder al cargo, porque algunos supuestamente están usando su condición de autoridades para influir y ser favorecidos en la designación que se efectuará mediante el voto de dos tercios de la Asamblea Legislativa, donde no pesará ningún criterio técnico.

Con respecto a las invitaciones a parrilladas, el diputado Luis Alfaro (MAS) dijo: “No puedo decir que no es cierto, pueden ser parrilladas o cualquier agasajo que se pueda hacer”, así como la visita de los postulantes a las brigadas y a las bancadas,aseveró.

Su colega de Convergencia Nacional (CN) Jeanine Áñez reconoció: “Nosotros sabemos que ellos (los candidatos) están ejerciendo presión”, aunque no entró en detalles.

Asambleístas consideran que un vacío en la Constitución facilitó que algunos aspirantes al Ministerio Público no tengan que renunciar a sus cargos para presentarse a la convocatoria.

El diputado de Alianza Social Willman Cardozo consideró que “los 33 (postulantes) no están entrando en las mismas condiciones” porque, en su criterio, aún hay candidatos que están en el ejercicio público y tienen “mejor chance” en este proceso.

El asambleísta responsabilizó al oficialismo de no obligar a que los aspirantes que ocupan cargos renuncien a éstos.

Se conoció por fuentes legislativas que algunos postulantes están ofreciendo cuotas en las fiscalías departamentales a cambio de ser favorecidos en la designación que se realizará en los próximos días en la Asamblea.

El diputado Alfaro declaró: “Hay otras cosas que no puedo decir ni sí, ni no; pero eso se dice, se comenta” en los pasillos del Legislativo. Anunció que averiguará junto a otros parlamentarios estas denuncias.

El presidente de la Comisión de Justicia Plural, Juan Carlos Cejas, del Movimiento Al Socialismo, aseveró que no puede garantizar por la honestidad de sus colegas ante la supuesta presión de postulantes.

“Cada uno de ellos debe responder (por sus actos)”, comentó Cejas.

En el ejercicio
Ministerio Público En la lista de preseleccionados hay al menos nueve fiscales que siguen en sus cargos: Mario Uribe, Marcelo Soza, Brígida Sagredo, Genaro Quenta, Iván Montellano, Gonzalo Martínez, Sandra García, Sandro Fuertes y Gregorio Blanco.


Órgano Judicial Son funcionarios de esta instancia: William Alave, magistrado suplente del Tribunal de Justicia, aunque en la comisión dijo que era abogado libre. También están en funciones Iván Sandoval, Julio Huarachi y Teresa Tito.



Comisión presume la inocencia
La Comisión Mixta de Justicia Plural, que estuvo a cargo de la preselección de los postulantes a Fiscal General del Estado, hizo prevalecer el criterio de que los aspirantes observados no tienen una sentencia condenatoria, por lo que fueron habilitados junto a quienes no tienen observaciones, reconoció ayer el presidente de la comisión, Juan Carlos Cejas (MAS).

“Para nosotros, lo que vale es que tengan sentencias condenatorias penales, o que tengan alguna resolución de destitución de sus funciones”, sostuvo Cejas.

La autoridad refirió que sólo en dos casos de impugnación se identificaron que los aspirantes tenían una “imputación” formal, por lo que fueron apartados del proceso de preselección.

Si no existe causal de inhabilitación, los aspirantes al cargo de Fiscal General pueden continuar en la carrera, explicó Cejas.

Con relación a la denuncia de que el 90% de los postulantes tiene procesos judiciales, dijo que este dato fue manejado políticamente por algunos opositores.

Consultado sobre el supuesto involucramiento del magistrado suplente del Tribunal Supremo de Justicia William Alave en el hurto de joyas en el caso Prosegur, Cejas no quiso referirse al caso en particular, aunque sostuvo que si no existe sentencia ejecutoriada, ninguno de los candidatos al cargo puede ser inhabilitado.

Se aguarda la sesión plenaria para la designación.

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