Evo Morales cumple 12 años en el Gobierno con aprobación del 34%

La factura de la sentencia del Tribunal Constitucional se cobró 24 puntos de respaldo a la gestión de Evo Morales. El presidente del Estado termina su duodécimo año de gestión con un respaldo del 34%, 24 puntos menos de los que tenía en enero de 2017. Así lo evidencia el estudio de Equipos Mori para EL DEBER, realizado en las cuatro ciudades del eje troncal entre el 15 y el 18 de enero, con un margen de error de 3,4%. Así, la gestión del mandatario entra en su año 13 con una desaprobación del 59%, que tiene su pico más alto en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra (64%) y que divide aguas en El Alto (50%). Algo muy parecido sucede con la sentencia constitucional que le permite repostularse a la Presidencia en 2019. Un 70% está en contra frente a un 28% a favor. Cuando se les pregunta a los habitantes del eje si están a favor de que Morales haga uso de esa sentencia para presentarse en los comicios, solo un 30% está de acuerdo, frente a una oposición de un 68%. No hay muchas diferencias por clases sociales. En el estrato de ingresos bajos el apoyo a la candidatura de morales sube al 39%, pero aún tiene un rechazo del 59%, que sube al 75 en la clase media y trepa hasta el 91% entre los encuestados de ingresos altos. La encuesta también refleja un alto apoyo a las protestas sociales y un pesimismo sobre el rumbo del país (ver pág 6 y 7), con lo que el año 13 se presenta complejo para el presidente, tanto o más como el que tuvo que enfrentar luego del gasolinazo de 2010, cuando tuvo cifras similares de aprobación de gestión y lo obligó a un cambio de timón en su Gobierno, apegándose al nacionalismo en detrimento de la línea indigenista que había marcado su primera gestión. El contrato social Jorge Komadina, sociólogo y catedrático de la Universidad de San Simón, considera que la encuesta constata “la caída libre del capital simbólico del presidente Evo Morales”, algo que fue una de las claves del proceso de cambio y una palanca que le permitió ganar elecciones. Encuentra una explicación a este fenómeno en los “errores estratégicos como la rerereelección del presidente a través de un fallo del Tribunal Constitucional”, que en su opinión es vista como ilegítima e ilegal por la población. “Sin duda alguna es lo que ha generado frustración, no solo entre las clases medias, sino también entre las clases populares, hay un rechazo agregado ahí”, añade. Daniel Valverde, director del Observatorio Político Nacional de la Universidad Gabriel René Moreno, dice que la sentencia del 28 de noviembre generó una gran fisura en la sociedad, que se ha vuelto grieta y que amenaza con tornarse terremoto. Cree que el voto nulo de las elecciones judiciales fue una réplica de fisura y la pérdida de popularidad de la gestión es un ahondamiento de esta crisis. Cree que falta en el Gobierno autocrítica para medir el costo político de insistir con la reelección del presidente. La consecuencia de esta falta de análisis, según Valverde, es que Morales se está quedando apenas con ese 30% de voto duro, complicando lo que le queda de gestión, porque la lectura de la población es que, con el fallo del TCP, hubo una ruptura de las reglas democráticas. “En la cultura política boliviana, los resultados electorales son sagrados. El no acatamiento genera que la población se movilice”, dice. Yerko Ilijic, abogado y politólogo, dijo que el bajón de aprobación del Gobierno se debe a que en el referendo del 21-F se perdió “la excepcionalidad del presidente”. En su opinión, lo que está en crisis es el poder discursivo del presidente, que ha construido su poder básicamente sobre su palabra. Ilijic cree que a Evo le ha bastado hablar para gobernar, y al romperse ese ‘encanto’ en el 21-F y confirmarse en la votación judicial, la población ha dejado de juzgar a Morales por lo que dice y se fija más en lo que hace. “La palabra de Evo apelaba a las emociones. Gobernaba, lograba modificar el comportamiento del electorado, del soberano, del pueblo constituyente a través de las emociones, a través de la empatía. Eso se rompió”, dice Ilijic. Y no parece que se pueda arreglar fácilmente. Komadina, de hecho, habla de un momento poshegemónico en el que se está transformando la correlación de fuerza en el campo político, lo que provoca que Morales tenga un contrapeso imprevisto, la ciudadanía. Esto, sumado a los propios errores del Gobierno, según Valverde, puede “motivar que una oposición sin norte y sin proyecto encuentre la posibilidad de cuajar un proyecto alternativo”. Para Ilijic, el mayor problema del Gobierno es que Morales siempre utilizó el recurso de la voluntad popular como elemento para transformar la realidad y, al irrespetar el voto, se vuelve electoralmente vulnerable y abre la posibilidad de que aun yendo como candidato pierda el poder. Así también lo calcula la oposición, lo dijo el senador Óscar Ortiz en diciembre, que ve a Morales vulnerable en una hipotética segunda vuelta electoral. Así entra el presidente a su año 13 en Palacio Quemado, ya sin el aura de invencibilidad que lo rodeaba hace dos años Tres de cada cuatro habitantes del eje troncal del país, de las cuatro ciudades que nuclean la mayor parte de la población, aprueban las movilizaciones en defensa del voto del 21-F. Incluso en El Alto uno de los bastiones de Evo Morales, las protestas tienen un respaldo de dos tercios y llega a un 80% en Santa Cruz de la Sierra. Sin embargo, esto es el apoyo a la defensa del voto en el referendo. Cuando se le pregunta a la población qué hay que hacer con el Código Penal, un 47% de los consultados cree que hay que cambiar algunos artículos y un 35% dice que hay que anular todo su contenido. Eso podría constatar que la fuerza de las movilizaciones, que comenzaron con una demanda de los médicos contra el artículo que penalizaba la negligencia, en realidad se debe al descontento generado por la sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional que permite a Evo Morales y otras autoridades presentarse a otra reelección. Es más, hay coincidencia, el 35% que quiere anular todo el código y la base de rechazo histórica de Evo Morales. Para el sociólogo Jorge Komadina, lo más complicado para Morales es que para calmar las protestas no bastará con abrogar todo el Código Penal, sino que su contrapeso, la ciudadanía que se moviliza y autoconvoca a través de redes sociales, exige que no se presente como candidato a las elecciones de 2019. El analista Yerko Ilijic no cree que Morales renuncie a su repostulación. Dice que el siguiente paso del Gobierno será presionar a sus bases, a sus grupos corporativos (movimientos sociales) y sus aliados económicos (empresariado cruceño) para que demuestren su respaldo. Ve señales de ellos en los discursos del vicepresidente, Álvaro García Linera, que tratan de llevar a su electorado duro a la crispación social, aprovechando los mensajes racistas contra Evo en las redes sociales. La corrupción tampoco es un parteaguas. Hay un 47% que cree que hay más corrupción que antes, pero el 50% piensa que hay menos o igual desfalco al Estado que en los gobiernos anteriores. Incluso en sectores de ingresos bajos se percibe a este régimen como menos corrupto que los anteriores, pero aun así el 62% de esos mismos electores, la mayor parte del país, está en contra del fallo del TCP que le permite a Morales ser candidato en 2019.