La exministra de Aguas y Medioambiente Alexandra Moreira, quien fue imputada por la Fiscalía en el caso de la crisis del agua que afectó a más der un centenar de barrios de La Paz y El Alto en noviembre pasado, retornó a la labor diplomática.
Así lo consigna el portal de la Contraloría General del Estado (CGE) que en sus archivos tiene una reciente Declaración Jurada de Bienes y Rentas del Servidor Público de la exautoridad fechada el 25 de agosto de este año.
El 8 de noviembre de 2016, y de manera sorpresiva, la estatal Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento (EPSAS) que dota del líquido a La Paz, El Alto y otros municipios aledaños, impuso un plan de racionamiento del servicio debido a la reducción del embalse de Hampaturi.
Al principio fueron afectados 94 barrios de la ladera este y el Macrodistrito Sur, pero en los días posteriores la medida se extendió a otras zonas de la sede de gobierno y El Alto.
Vecinos tomaron las calles y las protestas se masificaron. El gobierno dispuso un plan de contingencia para dotar de agua a los afectados a través de cisternas y tanques fijos.
Su despacho fue uno de los más cuestionados por los sectores afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) y la oposición política, además de la población, por la falta de previsión que derivó en los cortes del servicio.
Así, Moreira dejó el cargo a horas de la interpelación que la oposición había activado en la Asamblea Legislativa por la crisis. En su misiva de renuncia, le informó al Jefe del Estado que “se ha cumplido con las acciones de emergencia”.
Empero, en junio, la Fiscalía la imputó formalmente por ese suceso por el delito de atentados a los servicios públicos.
Trabajó durante la gestión 2007- 2008 en el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, posteriormente se desempeñó como Jefa de la Unidad de la Madre Tierra y Agua en la misma entidad y después ejerció como Jefa de Gabinete del Ministro de Relaciones Exteriores, David Choquehuanca.
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