El pecado que cometieron, explican los afectados, es haber protagonizado el 20 de septiembre una protesta en contra de los datos del censo y posterior intento de contactar al presidente Evo Morales cuando se encontraba en el acto de inauguración de la trigesimoctava versión de la Expocruz. El objetivo, dijeron, era pedirle al mandatario la realización de un nuevo censo de población y vivienda en 2015, la institucionalización del Instituto Nacional de Estadística (INE) y la participación de las alcaldías y las gobernaciones. Pero en el intento fueron retenidos por el equipo de seguridad. Después vino lo peor. Ellos creyeron que iban a recibir palmadas en el hombro, como cuando los cruceños pelearon por las reivindicaciones regionales y la última batalla épica de la autonomía departamental.
En el Concejo, les dijeron off the record (fuera de micrófono), que había presiones desde el MAS, a los ejecutivos del municipio, para que los tres sean despedidos. “Sabemos que el Gobierno tiene amenazados con procesos judiciales al alcalde Percy Fernández y a otros funcionarios, y que desde arriba advirtieron que si no nos despedían, ellos activarían esos procesos”, coinciden los tres, que se encuentran con su memorándum en la mano.
Esos memorándums fueron firmados por el alcalde Fernández, y en los tres se establece que se procede a tal situación en cumplimiento al artículo 44 numeral 6 de la Ley de Municipalidades 2028, en la que se señala que el alcalde municipal tiene la atribución de designar y retirar a los oficiales mayores y personal administrativo.
EL DEBER buscó una versión del ejecutivo, pero en el Departamento de Comunicación se afirmó que los tres jóvenes eran funcionarios del Concejo y que es ahí donde debe haber un pronunciamiento.
José Quiroz Tapia, vicepresidente del Concejo Municipal, sostuvo que sobre el caso se enteró solo por los medios de información, pero cree que solo ameritaba una llamada de atención o un proceso administrativo, puesto que como funcionarios municipales no pueden faltar el respeto al presidente en un acto importante para Santa Cruz.
Ariel Hurtado, uno de los echados, sostiene que al acto de apertura de Expocruz no fueron como funcionarios, sino como miembros de la Juventud Cívica de Santa Cruz. Fernando Castedo, presidente del Comité Cívico, fue la única autoridad relacionada con las luchas regionales que se manifestó, por escrito, frente al desenlace de la acción de Hurtado, Bustillos y Rodríguez. “El derecho a disentir, la libre expresión y el derecho de asociarse están garantizados por la Constitución”, se señala en parte de la carta.
El experto municipalista José Luis Santisteban explicó que tanto el estatuto del Funcionario Público como la Ley de Municipalidades le dan al alcalde la libertad para contratar y despedir a funcionarios del Concejo y del Ejecutivo, sin dar ninguna explicación, pues que ellos no son regidos por la Ley General del Trabajo.
Hernán Cabrera, defensor del pueblo en Santa Cruz, considera que ellos tenían derecho a expresarse y que la Alcaldía cometió arbitrariedad e injusticia al despedirlos, quizá ante presión proveniente de otro lado. “Nosotros hemos pedido un requerimiento al municipio, para que informe sobre la medida porque considero que hay una situación abusiva y violación a los derechos humanos y laborales”, enfatizó Cabrera.
Los tres jóvenes están buscando trabajo y mientras lo consiguen, adelantaron que no bajarán los brazos en sus luchas regionales. El primer paso que darán será convocar a los cruceños para que firmen en unos libros el pedido de la realización de un nuevo censo. “Si las instituciones no están con nosotros, sabemos que el pueblo sí lo está”, dijeron
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