25 octubre 2012

El Tribunal Constitucional decidió ayer que 'faltar el respeto' a las autoridades en ejercicio no puede ser considerado delito.

El Tribunal Constitucional Plurinacional determinó declarar como inconstitucional el delito de desacato, razón por la que, a partir de la fecha, esta figura queda eliminada del ordenamiento jurídico penal boliviano. "El tribunal ha conocido de una acción concreta, y ha expulsado del ordenamiento penal boliviano el delito de desacato y eso implica que a partir de la fecha ya no existe este delito", informó Rudy Flores, presidente del Tribunal Constitucional.

La expulsión de este delito del Código Penal se debe a que el mismo ha generado una "desproporción" entre el servidor público y la sociedad, la cual ha generado desigualdades respecto al honor de un servidor público y el honor de un ciudadano.

Reacciones ante el fallo. Para Óscar Ortiz, secretario de coordinación de la Gobernación cruceña, indicó que es un hecho importante, porque eran recomendaciones realizadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la ONU. "Pero me parece que hubiera sido mejor que el Tribunal Constitucional diga que todos los casos quedan extinguidos, situación que deja al libre albedrío de los jueces donde se ventilan los casos", dijo Ortiz.

Por su parte la senadora Carmen Gonzales le parece correcta la determinación "porque se han cometido muchos atropellos, de los cuales resaltó mi detención el 26 de enero de este año en plena plaza principal por una denuncia en contra del gobernador de Pando, Adolfo Flores", comenta.

Para el periodista Milton Montero, el eliminar este delito es lo minimo que esta haciendo el Tribunal Constitucional Plurinacional, "porque gracias al desacato han sido detenidos varios periodistas", indica el comunicador.

Los más sonados. El Gobernador cruceño, Ruben Costas, tiene dos juicios por este delito: uno seguido por el fiscal Soza y otro por el vicepresidente Álvaro García. El exgobernador de Pando, Leopoldo Fernández, fue detenido el 16 de septiembre del 2008 por el delito de "desacato" al Estado de sitio decretado por el Gobierno de Evo Morales.

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