Las autoridades municipales de Pando y Chuquisaca, reunidos ayer en el Encuentro de Autonomías, organizado por la Federación de Asociaciones Municipales (FAM), advirtieron de riesgos en la suspensión de alcaldes de Cochabamba y Sucre, a tiempo de asegurar que la Ley de Municipalidades debe ser revisada.
En el evento que se desarrolla en la ciudad de La Paz, los alcaldes de Camargo, Marco Antonio Barrera y de Monteagudo, Ricardo Zárate; además del concejal de Cobija, William Cruz, coincidieron en afirmar que es necesario revisar la Ley de Municipalidades 2028, que será cambiada por las Cartas Orgánicas que regirán la nueva administración autónoma de los municipios del país.
Para el concejal de Cobija por Consenso Popular (CP), William Cruz, existen elementos a destacar. “Por una parte las autoridades se pueden cuidar y trabajar en bienestar de la población sin cometer ninguna falta, pero también es un peligro porque con una simple acusación de una persona a una autoridad se la puede suspender, pero yo no hallo justo eso, ese artículo de la Ley debe ser revisado”.
ILEGITIMIDAD
El alcalde de Monteagudo, Ricardo Zárate, dijo que existe un vacío de legitimidad en la designación de un Alcalde o Alcaldesa temporal que no responda a la voluntad del voto ciudadano, aspecto que no fue tomado en cuenta en la Ley. “Va a haber una suspensión y se puede prorrogar, entonces el Concejo elige una autoridad que puede no ser transitoria porque el proceso puede durar más y mientras no salga una sentencia de absolución va a quedar pendiente el cargo”.
“En el tema actual, da la coincidencia de que los casos recaen en aquellos alcaldes que están en la oposición y no en los que están de acuerdo a las políticas del partido en función de gobierno”, acotó.
Según el alcalde de Camargo, Marco Antonio Barrera (MAS) en el caso de Jaime Barrón, alcalde de Sucre, se debe aclarar su participación en los hechos de violencia y racismo suscitados en la plaza principal de la capital, el 24 de mayo de 2008. “No olvidemos que ha habido una vulneración con nuestros hermanos en esa fecha tan funesta, donde se han vulnerado los derechos humanos y si el ordenamiento jurídico establece responsabilidades se tiene que acatar la norma sin negociarla”, dijo.
Asimismo, Barrera afirmó que la Ley se cambiará con la elaboración de la Carta Orgánica, donde se revisarán los artículos que ahora generan conflicto. “Para eso están justamente las instancias que corresponden, el Alcalde de Sucre tiene todas las instancias para hacer la defensa correspondiente y clarificar su situación”.
LEGALIDAD
Para el senador de Convergencia Nacional, Bernardo Gutiérrez, “el argumento jurídico es inapropiado porque se basa en la Ley de Municipalidades que establece que la suspensión corresponde a la asistencia de un auto de procesamiento y en el ordenamiento procesal penal ya no está vigente esa figura, hoy se tienen las acusaciones formales dentro de la fase preparatoria que lleva esta instancia, pero la Ley de Municipalidades tiene relación con el Código de Procedimiento Penal que fue abrogado”.
Para desarrollar un proceso legal se pasa por etapas, según el Asambleísta, como la fase preparatoria con la imputación y concluye con la acusación formal, en la fase intermedia actúa el Tribunal y el Juzgado de Sentencia, este proceso puede transcurrir fácilmente entre 12 a 15 meses.
“Se debe proceder a la consideración de la suspensión en el Concejo Municipal sólo después de establecer el señalamiento de día y fecha de juicio oral formal y público”, explicó.
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