Los alcaldes de los municipios cochabambinos de Quillacollo y Punata, Héctor Cartagena (UNE) y Víctor Balderrama (IMU), respectivamente, dejaron sus cargos, presionados por los procesos judiciales que les sigue la Fiscalía. Entretanto, otras dos autoridades ediles, de Potosí, René Joaquino, y de Sucre, Jaime Barrón, están en la cuerda floja.
Según el diario Los Tiempos, Cartagena presentó su renuncia en momentos en que sus seguidores protestaban y ocupaban la sala de sesiones del Concejo. Los manifestantes subieron a las mesas y destrozaron documentos. Incluso uno de ellos llegó a arrojar un zapato al presidente del Concejo, Lorenzo Flores (UNE), ahora aliado del MAS.
La concejal de UNE Cinthia Fernández explicó que el Alcalde decidió renunciar irrevocablemente por motivos de salud y familiares.
Sin embargo, los concejales del MAS lo presionaron para que se defienda de los procesos judiciales que le fueron iniciados por presunto incumplimiento de deberes y desfalco de 105.000 bolivianos cuando era autoridad de ese municipio en la década de 1990.
Con su dimisión se abrió un dilema jurídico, pues el MAS pretende que se aplique la Ley de Municipalidades, que señala que la nueva autoridad debe ser elegida por el Concejo Municipal, mientras que los correligionarios de Cartagena demandan nuevas elecciones, conforme al artículo 286 de la Constitución Política del Estado.
El presidente de la Corte Departamental Electoral de Cochabamba, Joaquín Pérez Mercado, explicó que el texto constitucional es el que tiene prioridad y está muy claro, por lo que, si el alcalde no cumplió más del 50 por ciento de su mandato, debe emitirse una nueva convocatoria en un plazo de 150 días.
Sin embargo, el ex vocal electoral Jorge Lazarte hizo notar que el mencionado artículo constitucional se remite a la Carta Orgánica o Estatuto Autonómico, con los cuales los municipios aún no cuentan. Sostuvo que ese vacío jurídico debe ser resuelto por el Tribunal Constitucional, que tampoco funciona.
Entretanto, el alcalde de Punata, Víctor Balderrama, de la agrupación Insurgente Martín Uchu (IMU), solicitó licencia temporal el martes, pedido que fue aprobado en el Concejo el miércoles.
Balderrama afronta dos pliegos de cargo en su contra por los supuestos delitos de violación sexual, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes e incumplimiento de deberes, tipificados en los artículos 153 y 154 del Código Penal.
Otros dos casos
En Potosí, los procesos judiciales no sólo buscan la inhabilitación del alcalde René Joaquino (AS), sino también de dos de sus concejales y de Iver Córdova, del Frente Cívico Regional Potosinista (FCRP).
En el caso del Alcalde potosino, según el diario El Potosí, ayer en la sesión del Concejo Municipal, se conoció que al juicio que fue iniciado a esa autoridad por la compra de los autos usados se suma un segundo proceso penal, que le sigue Cecilio Marcos Vaquera Tacuri, por la expropiación de unos terrenos para la construcción del coliseo.
La suspensión de Joaquino será considerada por el Concejo Municipal la próxima semana.
La otra autoridad en la cuerda floja es el alcalde de Sucre, Jaime Barrón. Ayer se celebró un cabildo en la Plaza de Armas, en el que participaron estudiantes y funcionarios universitarios, gremiales, juntas vecinales, ciudadanos y militantes de la agrupación PAIS, quienes resolvieron defender el voto por esa autoridad edil. La congregación determinó instalar una vigilia hoy desde las 08.00 en la Alcaldía, a la espera del desenlace de la sesión del Concejo Municipal.
Si bien no está en agenda tratar el caso de Barrón, sus seguidores temen que el MAS introduzca ese tema.
La autoridad edil es investigada por la agresión que sufrieron los campesinos de Chuquisaca el 24 de mayo de 2008 en la plaza 25 de Mayo. El hecho fue tildado de clasista y humillante.
Cossío vaticina nuevos procesos
El gobernador de Tarija, Mario Cossío, fue sometido ayer a una audiencia de medidas cautelares por el caso Imbolsur, un proceso que fue abierto por el Ministerio Público y del que ayer salió sin ninguna complicación. Al término de la audiencia aseveró que el proceso iniciado en su contra tiene un trasfondo político, por lo que prevé que no será el único en su contra.
Según el diario Nuevo Sur, el juez Heby Ponce prohibió a los imputados acercarse a los testigos o las personas que estén implicadas en este caso.
La autoridad responsabilizó al ex jefe de la Unidad Jurídica de la retardación en la adquisición de cemento asfáltico para la construcción de la carretera Canaletas-Puerta del Chaco, lo que originó el vencimiento de los plazos para el cobro de la póliza de garantía.
En la audiencia, Cossío cuestionó las acciones de la Fiscalía y afirmó que hay una querella contra la empresa Imbolsur.
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