La ministra Anticorrupción, Nardi Suxo, se presentó ante la Comisión de Economía Plural, Producción e Industria de Diputados para informar sobre los procesos judiciales contra el gobernador de Tarija, Mario Cossío y recordó que existen tres pendientes de presunta corrupción pública por malversación de recursos del Estado que, según la autoridad del Ejecutivo, serán autorizados por la Asamblea Legislativa Plurinacional para dar inicio a la acción penal.
“Esta Comisión solicitó un informe sobre nuestras acciones desde el Ministerio de Transparencia con relación a los hechos de corrupción que existen en contra del gobernador Mario Cossío y se ha informado todo lo que hemos hecho, tenemos tres procesos que están a la espera de su autorización en la Asamblea Plurinacional para el juicio y tenemos otros casos que están en el Ministerio Público”, declaró al salir de esta Comisión de la Cámara Baja.
Con el informe de la Ministra Anticorrupción, la Comisión presidida por el diputado Luis Alfaro (MAS) podría coordinar las acciones legales contra el gobernador de Tarija, Mario Cossío, sobre supuestos actos de corrupción, malversación de fondos públicos y daño económico al Estado, que habría cometido cuando era Prefecto.
CHICANA JURÍDICA
Consultada sobre este presunto proceso que se establecería contra el Gobernador de Tarija, la vocera del frente Camino al Cambio, Sara Cuevas, afirmó desconocer cualquier proceso que se encuentre en la Asamblea Legislativa. “Nosotros tenemos conocimiento que no hay acusaciones, pero las denuncias que ellos han hecho procedieron y fueron desestimadas”, acotó.
“Este es una conducta no de ahora, en toda la gestión como Prefecto ha recibido acusaciones con el fin de debilitar la gestión y su imagen, anunciábamos que con el punto ocho de la Ley Transitoria para la suspensión temporal de gobernadores tenía nombres y apellidos, está muy claro que lo que quiere el Gobierno es que lo que no ha logrado obtener con el voto popular lo quiere a través de esto que los abogados denominan ‘chicana jurídica’ ”, dijo.
Sostuvo que esta es una acción destinada a atacar a las autoridades opositoras al régimen oficialista. “Está claro que el Gobierno quiere planear esto a largo y ancho del país con la judicialización de la política y quieren deshacerse de los adversarios políticos”, afirmó.
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