22 agosto 2017

TSE reportó 12.000 empadronados

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) registró 12.000 ciudadanos empadronados desde el jueves 17 hasta el domingo 20 del presente mes. “Hasta el 6 de septiembre se prevé alcanzar a unos 180.000 nuevos votantes”, informó el vocal Antonio Costas.

Señaló que de los 12.095 registros, 4.789 son nuevos empadronados, mientras que 7.306 son cambios de domicilio.

Recordó que el único requisito para las personas que quieren empadronarse es haber cumplido 18 años hasta el 3 de diciembre y portar carnet de identidad.

El 17 de agosto inició el empadronamiento y concluirá el 6 de septiembre, el TSE prevé alcanzar a 180.000 nuevos votantes.

Según información de Fuente Directa, el OEP habilitó las líneas telefónicas 2-422338 y 2-424221 (Int. 9404), además de la aplicación Yo Participo, para que las y los ciudadanos consulten si se encuentran o no registrados en el Padrón Electoral Biométrico para las Elecciones Judiciales del 3 de diciembre.

En ambas líneas telefónicas, los ciudadanos podrán consultar sobre las direcciones de los centros de empadronamiento, donde el único requisito para el registro es portar la cédula de identidad vigente.

Comisión de la Verdad Restringieron ingreso al Palacio a sobrevivientes en dictaduras

Mientras se desarrollaba el acto de posesión de la Comisión de la Verdad, que será la responsable de esclarecer los delitos cometidos por las dictaduras de hace 46 años atrás, como los denunciados en el Golpe de Estado de 1971, encabezado por el general Hugo Banzer Suárez, los sobrevivientes de aquellos hechos luctuosos fueron impedidos de ingresar a Palacio Quemado, con recursos represivos.

Al promediar las 10.00 horas de ayer, diferentes representantes de los movimientos sociales, familiares de las víctimas de las dictaduras y otros sectores sociales se dieron cita en Palacio de Gobierno para presenciar el acto de posesión de la Comisión de la Verdad.

Mientras se desarrollaba la actividad, personas que se encuentran en vigilia frente al Ministerio de Justicia, en el paseo de El Prado, intentaron ingresar al Palacio de Gobierno para asistir al acto de posesión. Sin embargo, la policía les impidió, alejándoles de la puerta principal.

“Hemos sido reprimidos, arrastrados hasta aquí. Las otras compañeras no pueden pararse. El acto es un homenaje a quienes hemos luchado contra la dictadura de Banzer, un 21 de agosto de 1971 en el cerro de Laikacota (…). Pero este es el trato que recibimos hoy día de un Gobierno que se dice socialista (…), nosotros queríamos simplemente entrar para ver la posesión del Comité de la Verdad, porque es lo que hemos pedido desde hace cinco meses y medio”, dijo a EL DIARIO Julio Llanos Rojas, presidente de la Plataforma de Sobrevivientes de las Dictaduras.

Esas personas se quedaron a pocos metros de la puerta principal de Palacio en gesto de protesta, porque no se les permitió presenciar el acto de posesión del Comité de la Frontera, aspecto que el sector demandó al Gobierno hace un tiempo.

A 46 AÑOS

De ese modo, lamentaron que un 21 de agosto de 2017, cuando se recuerdan 46 años de las dictaduras militares, el Gobierno de Evo Morales actúe de forma casi similar a los regímenes autoritarios de ese tiempo.

“21 de agosto de 1971 y hoy día 21 de agosto de 2017, a 46 años de esa represión, quienes hemos reconquistado la democracia para nuestro país recibimos nuevamente represión de parte de este Gobierno”, dijo Victoria López, secretaria general de la plataforma.

“Nunca nos escuchan, siempre hemos recibido represión, no nos toman en cuenta, nos ignoran”, añadió Llanos.

Por su parte, otra persona, Mery Escobar, con lágrimas de desesperación e impotencia, pidió al Gobierno no olvidarlos y darles un resarcimiento, además de atención médica para quienes enfrentaron hace 46 años a los gobiernos dictatoriales.

“Estamos enfermas, el Ministro de Justicia nos ha ofrecido médicos, ahora no hay, se hizo la burla, igual la ministra anterior, nos han venido a decir ustedes son abuelos, tatarabuelos (…). Yo soy víctima de García Meza”, dijo Escobar, al mostrar un tumor en el pie. Señaló también que su hija tampoco tiene parte del hueso en la cabeza. “No hacen nada, hemos dejado todos nuestros documentos”.

Los integrantes de la Plataforma de Sobrevivientes de las Dictaduras se quedaron apostados afueras del Palacio, rodeados de efectivos policiales antimotines.

COMISIÓN POSESIONADA

La mañana de ayer, el Presidente posesionó a los integrantes de la Comisión de la Verdad, conforme la Ley 879, del 23 de diciembre de 2016.

Los posesionados son: Nila Heredia (exministra de Saud), Isabel Viscarra (activista en derechos humanos y temas culturales), Teodoro Barrientos (fundador de la Csutcb en Chuquisaca y presidente del Tribunal de Ética del MAS), Edgar Ramírez (exdirigente minero) y Eusebio Gironda (exasesor del presidente Morales).

La Comisión tiene el objetivo de esclarecer los asesinatos, desapariciones forzadas, torturas, detenciones arbitrarias y violencia sexual, entendidas como violaciones graves de derechos humanos, fundados en motivos políticos e ideológicos, acontecidos en Bolivia del 4 de noviembre de 1964 al 10 de octubre 1982. Ningún integrante percibirá una remuneración.

DESCONFIANZA

Para los integrantes de la Plataforma de Sobrevivientes de las Dictaduras, la Comisión de la Verdad no es imparcial, conforme lo establece la Ley 879, por lo cual manifestaron su desconfianza en el trabajo que realizará.

“Para nosotros no, no es confiable. Es una comisión afin al Gobierno, como dice la Ley de la Comisión de la Verdad, tiene que ser imparcial, pero no, esta comisión no es imparcial, todos sus integrantes son afines al Gobierno”, dijo Escobar.

PARA RECORDAR

El 23 de diciembre del año pasado, el Presidente Morales promulgó la Ley 879, que crea la Comisión de la Verdad. Dispone que sea integrada por cinco personalidades, que trabajarán ad honorem durante dos años, para “esclarecer los asesinatos, desapariciones forzadas, torturas, detenciones arbitrarias, entre otros delitos.

Asamblea Legislativa Comisión aprueba proyecto de ley de modificación PGE

La comisión de Planificación de la Asamblea Legislativa aprobó en grande y detalle el proyecto de ley de modificación del Presupuesto General del Estado 2017, que autoriza el incremento de Bs 2.080 millones para los gastos corrientes e inversión pública.

“Es una modificación al presupuesto que es un incremento de Bs 2.080 millones aproximadamente, el proyecto de ley fue remitido al pleno de la Cámara de Diputados para su tratamiento”, precisó el presidente de esa instancia legislativa, Javier Zabaleta.

El 50 por ciento de los recursos serán designados coadyuvar a la gestión de las entidades del sector público, a través de la asignación de mayores recursos “para el cumplimiento de sus objetivos plasmados en sus planes, programas y proyectos”, según señala el documento.

Zabaleta indicó que el restante del incremento será designado para el gasto corriente, que es el pago de salarios y otros. El Presupuesto General del Estado que el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas anunció es de Bs 210.347 millones.

De acuerdo con el proyecto del PGE, que fue anunciado por el entonces ministro de Economía, Luis Arce Catacora, la administración central registrará ingresos por Bs 94.165 millones y tendrá un gasto de Bs 57.930 millones durante este año.

Los ingresos de las empresas públicas serán de Bs 81.440 millones y se estima un gasto por Bs 76.771 millones en 2017.

Las entidades desconcentradas, como la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), tendrán ingresos de Bs 8.898 millones y su gasto será por Bs 31.584 millones, según el proyecto del PGE.

De igual forma, se menciona que los municipios tendrán ingresos por Bs 8.030 millones y el gasto se incrementará a Bs 18.236 millones. Las gobernaciones tendrán ingresos por Bs 2.541 millones y sus gastos subirán a Bs 8.514 millones, entre los sectores más importantes de la administración pública.

Por otra parte Zavaleta señaló que el ingreso de estos recursos son de diferentes fuetes, tal es el caso de la de venta de activos y servicios, incluso de la recaudación de impuestos no previstos.