Asamblea Legislativa Comisión aprueba proyecto de ley de modificación PGE

La comisión de Planificación de la Asamblea Legislativa aprobó en grande y detalle el proyecto de ley de modificación del Presupuesto General del Estado 2017, que autoriza el incremento de Bs 2.080 millones para los gastos corrientes e inversión pública.

“Es una modificación al presupuesto que es un incremento de Bs 2.080 millones aproximadamente, el proyecto de ley fue remitido al pleno de la Cámara de Diputados para su tratamiento”, precisó el presidente de esa instancia legislativa, Javier Zabaleta.

El 50 por ciento de los recursos serán designados coadyuvar a la gestión de las entidades del sector público, a través de la asignación de mayores recursos “para el cumplimiento de sus objetivos plasmados en sus planes, programas y proyectos”, según señala el documento.

Zabaleta indicó que el restante del incremento será designado para el gasto corriente, que es el pago de salarios y otros. El Presupuesto General del Estado que el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas anunció es de Bs 210.347 millones.

De acuerdo con el proyecto del PGE, que fue anunciado por el entonces ministro de Economía, Luis Arce Catacora, la administración central registrará ingresos por Bs 94.165 millones y tendrá un gasto de Bs 57.930 millones durante este año.

Los ingresos de las empresas públicas serán de Bs 81.440 millones y se estima un gasto por Bs 76.771 millones en 2017.

Las entidades desconcentradas, como la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), tendrán ingresos de Bs 8.898 millones y su gasto será por Bs 31.584 millones, según el proyecto del PGE.

De igual forma, se menciona que los municipios tendrán ingresos por Bs 8.030 millones y el gasto se incrementará a Bs 18.236 millones. Las gobernaciones tendrán ingresos por Bs 2.541 millones y sus gastos subirán a Bs 8.514 millones, entre los sectores más importantes de la administración pública.

Por otra parte Zavaleta señaló que el ingreso de estos recursos son de diferentes fuetes, tal es el caso de la de venta de activos y servicios, incluso de la recaudación de impuestos no previstos.