La pareja del presidente de Yacimientos Petrolíferos Bolivianos (YPFB), Carlos Villegas es jefe de gabinete en el Ministerio de Culturas, según confirmó el propio ministro del área, Pablo Gruox.
La información fue dada a conocer luego que el periodista cruceño Carlos Valverde publicara un mensaje en su cuenta de la red social de internet, Twitter dirigido al ministro de Culturas Pablo Groux. "Aclárame lo siguiente: ¿Iris Villegas es la esposa de Carlos Villegas? Ella trabaja en tu ministerio. Gracias por responder".
Groux mediante la misma plataforma tecnológica respondió: "Sí Carlos, es su compañera y trabaja en el Ministerio. Es jefa de gabinete, muy profesional y tiene mi total confianza", publicó como respuesta la autoridad de Estado.
Valverde cuestionó, posteriormente, sobre el manejo de fondos en eventos festivos de YPFB y acuerdos entre ambas instituciones. "No se trata de atacarte a vos que dicen tenés buenas intenciones, es asunto de una transparencia que no existe", dijo el polémico comunicador.
En tanto, Groux respondió: "No Carlos, los recursos de YPFB los administra la empresa de acuerdo a los proyectos que aprueba su directorio".
24 mayo 2013
ELECCIONES 2014 MSM garantiza candidata para la vicepresidencia
La diputada Marcela Revollo anunció ayer que será una mujer la que ocupe el puesto como candidata a la vicepresidencia del Estado por el Movimiento Sin Miedo (MSM), con el propósito de respetar la equidad de género en las elecciones generales de 2014.
“(El MSM) buscará que se respeten los principios de alternancia, de equidad pero además está el diálogo en el encuentro profundo, serio entre el oriente y occidente. Parte de esa construcción es el dato que muestra el fracaso del Movimiento Al Socialismo (MAS) en lo que ha sido ese proceso de encuentro entre bolivianos y bolivianas”, dijo la legisladora.
Asimismo, la parlamentaria informó que con miras a las siguientes elecciones, en todas las listas de posibles candidatos del MSM, de manera interna, se mantendrá la equidad de género.
“Las compañeras mujeres somos custodias, lo primero que hemos hecho es poner una veedora en cada una de las listas, en cada una de las propuestas para verificar el cumplimiento de la equidad y alternancia”, dijo.
Entretanto, la diputada cruceña por Unidad Nacional, Cristina Viscarra reveló que por lo general la alternancia sólo figura en los cargos de presidente y vicepresidente según los estatutos internos de cada partido político.
“(El MSM) buscará que se respeten los principios de alternancia, de equidad pero además está el diálogo en el encuentro profundo, serio entre el oriente y occidente. Parte de esa construcción es el dato que muestra el fracaso del Movimiento Al Socialismo (MAS) en lo que ha sido ese proceso de encuentro entre bolivianos y bolivianas”, dijo la legisladora.
Asimismo, la parlamentaria informó que con miras a las siguientes elecciones, en todas las listas de posibles candidatos del MSM, de manera interna, se mantendrá la equidad de género.
“Las compañeras mujeres somos custodias, lo primero que hemos hecho es poner una veedora en cada una de las listas, en cada una de las propuestas para verificar el cumplimiento de la equidad y alternancia”, dijo.
Entretanto, la diputada cruceña por Unidad Nacional, Cristina Viscarra reveló que por lo general la alternancia sólo figura en los cargos de presidente y vicepresidente según los estatutos internos de cada partido político.
Gobierno ve con apatía la ley sobre visas en EEUU
El ministro Carlos Romero afirmó ayer que al Gobierno no le preocupa la ley que se está gestando en el Congreso de Estados Unidos para negar las visas de ingreso a autoridades bolivianas que vulneran los derechos humanos, porque según dijo en Bolivia no se están violando los derechos humanos.
“Hipotéticamente que en el caso de Ostreicher se estarían vulnerando sus derechos humanos no lo hace una regla, por lo menos se necesita un 5% de muestra. En el caso Ostreicher hay una acusación de legitimización de ganancias ilícitas y la justicia se tiene que encargar de esclarecer eso. En Bolivia no se están violando los derechos de nadie y no le veo la iniciativa de un senador (congresista) porque carece de fundamentos y coherencia”, manifestó Romero.
La propuesta de ley para negar visas, que es patrocinada por los congresistas Christopher Smith y Velazquez, pasó ayer al pleno del Congreso de Estados Unidos, desde ahí sólo quedan cuatro pasos para que se apruebe.
La ley Ostreicher, como fue bautizada, prohibirá el ingreso y revocará visas de autoridades que han vulnerado los derechos humanos en cualquier forma y será válida para sus subalternos directos. Esta norma no sólo será aplicada para gobiernos que encarcelen “injustamente” a ciudadanos americanos, sino de cualquier nacionalidad.
El senador de Convergencia Nacional Germán Antelo aplaudió el proyecto de ley del Congreso norteamericano porque según dijo defiende los derechos humanos y protege la democracia.
El diputado oficialista Galo Bonifaz, por su parte, indicó que esa ley es una forma de amedrentamiento y chantaje para países que no formar parte de la corriente capitalista.
“Hipotéticamente que en el caso de Ostreicher se estarían vulnerando sus derechos humanos no lo hace una regla, por lo menos se necesita un 5% de muestra. En el caso Ostreicher hay una acusación de legitimización de ganancias ilícitas y la justicia se tiene que encargar de esclarecer eso. En Bolivia no se están violando los derechos de nadie y no le veo la iniciativa de un senador (congresista) porque carece de fundamentos y coherencia”, manifestó Romero.
La propuesta de ley para negar visas, que es patrocinada por los congresistas Christopher Smith y Velazquez, pasó ayer al pleno del Congreso de Estados Unidos, desde ahí sólo quedan cuatro pasos para que se apruebe.
La ley Ostreicher, como fue bautizada, prohibirá el ingreso y revocará visas de autoridades que han vulnerado los derechos humanos en cualquier forma y será válida para sus subalternos directos. Esta norma no sólo será aplicada para gobiernos que encarcelen “injustamente” a ciudadanos americanos, sino de cualquier nacionalidad.
El senador de Convergencia Nacional Germán Antelo aplaudió el proyecto de ley del Congreso norteamericano porque según dijo defiende los derechos humanos y protege la democracia.
El diputado oficialista Galo Bonifaz, por su parte, indicó que esa ley es una forma de amedrentamiento y chantaje para países que no formar parte de la corriente capitalista.
Revisarán los 50 años de cooperación de Usaid
La ministra de Planificación, Viviana Caro, anunció que se revisarán los 50 años de cooperación de la Agencia Estadounidense de Cooperación (Usaid) en el país y se buscará que su salida tenga un impacto menor en los proyectos que estaba ejecutando en Bolivia.
“Hay que ir (revisando) proyecto por proyecto, esto implica revisar los 50 años de cooperación de Usaid como agencia de cooperación en Bolivia para que estemos seguros de que no queden temas sin resolverse. Hay temas de transferencia de vehículos, de equipamiento, en especial a las entidades beneficiarias”, informó ayer la autoridad.
Para ello, representantes del Gobierno boliviano y la Embajada de Estados Unidos con sus respectivos equipos de trabajo analizan las formas legales para la salida de ese organismo.
Aunque el Gobierno sostuvo que se tomaron las previsiones para cerrar las actividades de Usaid, la ministra Caro dijo que se está analizando que el impacto en los proyectos que estaba ejecutando sea el menor.
“(Estamos) viendo de tener el menor impacto en los proyectos que están en curso, (hay) que asegurar la continuidad necesaria y tomar en cuenta el cambio de fuente de financiamiento”, indicó.
La autoridad manifestó que se están definiendo con personeros de la embajada de EEUU los lineamientos necesarios para que los programas y los beneficiarios no se vean afectados.
El presidente Evo Morales anunció el 1 de mayo que iba a echar a Usaid. La acusa de conspirar en su contra, así como la DEA, que fue echada en septiembre de 2008.
“Hay que ir (revisando) proyecto por proyecto, esto implica revisar los 50 años de cooperación de Usaid como agencia de cooperación en Bolivia para que estemos seguros de que no queden temas sin resolverse. Hay temas de transferencia de vehículos, de equipamiento, en especial a las entidades beneficiarias”, informó ayer la autoridad.
Para ello, representantes del Gobierno boliviano y la Embajada de Estados Unidos con sus respectivos equipos de trabajo analizan las formas legales para la salida de ese organismo.
Aunque el Gobierno sostuvo que se tomaron las previsiones para cerrar las actividades de Usaid, la ministra Caro dijo que se está analizando que el impacto en los proyectos que estaba ejecutando sea el menor.
“(Estamos) viendo de tener el menor impacto en los proyectos que están en curso, (hay) que asegurar la continuidad necesaria y tomar en cuenta el cambio de fuente de financiamiento”, indicó.
La autoridad manifestó que se están definiendo con personeros de la embajada de EEUU los lineamientos necesarios para que los programas y los beneficiarios no se vean afectados.
El presidente Evo Morales anunció el 1 de mayo que iba a echar a Usaid. La acusa de conspirar en su contra, así como la DEA, que fue echada en septiembre de 2008.
La deuda con Venezuela crecerá en 5% cada año
La deuda bilateral de Bolivia con la República Bolivariana de Venezuela crecerá a un ritmo de 3% a 5% por año, por las mayores necesidades de importación de diésel, anticipó el ministro de Economía, Luis Arce.
“(La deuda con Venezuela) crecerá al ritmo del consumo del diésel, que será entre un 3% y 5% anual; con la planta de Río Grande (en Santa Cruz) empezaremos a ver la disminución gradual de la subvención a los carburantes”, dijo antes de ingresar a la Comisión de Planificación de la Cámara de Diputados, donde dio un informe oral sobre la deuda con Venezuela.
La autoridad precisó que la deuda comercial con el país bolivariano es de 159,4 millones de dólares hasta el 30 de abril de este año; es el 5% de la deuda bilateral del país. Además, aclaró que el principal acreedor bilateral es China y el multilateral al que más se le debe es la CAF.
Con respecto a la deuda con el país caribeño, explicó que YPFB adeuda el 87% del total (159,4 millones de dólares) por la importación de diésel y el 13% (20 millones de dólares) restante son obligaciones que tiene que cubrir el Tesoro General de la Nación (TGN).
Remarcó que desde hace algunos años el TGN es el que financia el programa Bolivia Cambia, Evo Cumple y que ya no se programan donaciones, que eran destinadas directamente a los municipios.
Si hay una obligación con Venezuela es porque el consumo comercial del país crece, que es normal; se registra un crecimiento vegetativo de la demanda del diésel y eso significa que YPFB comprará cada vez más combustible. “Es una deuda a corto plazo que se incrementará en la medida en que los volúmenes (de diésel) aumenten”, agregó el ministro.
Al 31 de diciembre de 2012, la deuda pública externa total llegó a 4.196 millones de dólares, un 20,2% más que en 2011, cuando se registraron 3.493 millones, según el Banco Central de Bolivia.
“(La deuda con Venezuela) crecerá al ritmo del consumo del diésel, que será entre un 3% y 5% anual; con la planta de Río Grande (en Santa Cruz) empezaremos a ver la disminución gradual de la subvención a los carburantes”, dijo antes de ingresar a la Comisión de Planificación de la Cámara de Diputados, donde dio un informe oral sobre la deuda con Venezuela.
La autoridad precisó que la deuda comercial con el país bolivariano es de 159,4 millones de dólares hasta el 30 de abril de este año; es el 5% de la deuda bilateral del país. Además, aclaró que el principal acreedor bilateral es China y el multilateral al que más se le debe es la CAF.
Con respecto a la deuda con el país caribeño, explicó que YPFB adeuda el 87% del total (159,4 millones de dólares) por la importación de diésel y el 13% (20 millones de dólares) restante son obligaciones que tiene que cubrir el Tesoro General de la Nación (TGN).
Remarcó que desde hace algunos años el TGN es el que financia el programa Bolivia Cambia, Evo Cumple y que ya no se programan donaciones, que eran destinadas directamente a los municipios.
Si hay una obligación con Venezuela es porque el consumo comercial del país crece, que es normal; se registra un crecimiento vegetativo de la demanda del diésel y eso significa que YPFB comprará cada vez más combustible. “Es una deuda a corto plazo que se incrementará en la medida en que los volúmenes (de diésel) aumenten”, agregó el ministro.
Al 31 de diciembre de 2012, la deuda pública externa total llegó a 4.196 millones de dólares, un 20,2% más que en 2011, cuando se registraron 3.493 millones, según el Banco Central de Bolivia.
Proponen bajar de 6 a 3 meses fase de investigación en juicios
El proyecto del nuevo Código de Procedimiento Penal propone reducir la etapa de investigación del Ministerio Público de seis a tres meses para realizar la proposición acusatoria y así darle mayor celeridad a los juicios.
Autoridades del Órgano Judicial, del Ministerio Público y del Ministerio de Justicia se reunieron durante tres días para analizar las reformas al proyecto de ley en un evento auspiciado por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Félix Mur, exmagistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional y actual vocal del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, explicó a Página Siete que en el encuentro se plantearon varios elementos modificatorios al Código que está en vigencia y que el propósito es cumplir el principio de celeridad establecido en la Constitución.
“La etapa preparatoria en la proposición va a durar sólo tres meses -90 días-, ahora dura seis meses, se va a acortar porque el lapso de 90 días creemos” que es suficiente, dijo.
La autoridad también indicó que se incrementarán los tribunales de sentencia de 52 a 104 en todo el país y estarán conformados por un solo juez técnico y no dos como ocurre actualmente. Además serán acompañados por dos jueces ciudadanos y no cinco, como está previsto en la actual norma.
Ello para tener más jueces disponibles y ayudar a darle celeridad a los procesos.
Respecto a los jueces de sentencia que tenían competencia para dictar fallos con penas de hasta cuatro años, de acuerdo con la nueva propuesta tendrán facultad de dictar penas privativas de libertad de hasta ocho años.
“Se están dando tiempos prudenciales para que se concluya con los procesos de los códigos llamados Banzer de 1972, también los juicios pendientes y se dé mayor celeridad”, dijo Mur.
De acuerdo con las últimas estadísticas del Consejo de la Magistratura, existen más de 340 mil causas pendientes de solución, situación que puede llevar a un “colapso”; este problema se agrava por la insuficiente cantidad de jueces.
Para desconcentrar la carga procesal, el vocal sugiere incluir en el proyecto la eliminación de la audiencia conclusiva, “que causaba un embotellamiento”.
También se busca incluir la “justicia restaurativa”, que evite estigmatizar a la persona que ha cometido un delito y permita a la víctima beneficiarse de alguna forma de restitución o reparación del autor del delito.
Punto de vista
paulo peredo Abogado penalistaEl Código de Procedimiento Penal es un sistema garantista, pero lamentablemente algunos querellantes o víctimas utilizan el procedimiento para dilatar los juicios para dar lugar a un favoritismo.Respecto a los plazos, la fase preparatoria no debiera ser reducida a tres meses, sino continuar con seis meses porque se requiere acumular actos investigativos. Comparto en que tienen que existir más juzgados cautelares para eliminar la carga procesal.
Sobre las recusaciones, creo que es positivo que prohíba plantear por más de tres veces, porque lamentablemente la defensa y la víctima utilizan (este recurso) para retardar la administración de justicia.
En el sistema procesal penal hemos tenido varios inconvenientes, (uno de ellos) es la recarga procesal de causa, porque el juez cautelar se ha convertido en un juzgador de causas cuando debiera ser un controlador de las garantías constitucionales. Es positiva la eliminación de la audiencia conclusiva.
Autoridades del Órgano Judicial, del Ministerio Público y del Ministerio de Justicia se reunieron durante tres días para analizar las reformas al proyecto de ley en un evento auspiciado por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Félix Mur, exmagistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional y actual vocal del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, explicó a Página Siete que en el encuentro se plantearon varios elementos modificatorios al Código que está en vigencia y que el propósito es cumplir el principio de celeridad establecido en la Constitución.
“La etapa preparatoria en la proposición va a durar sólo tres meses -90 días-, ahora dura seis meses, se va a acortar porque el lapso de 90 días creemos” que es suficiente, dijo.
La autoridad también indicó que se incrementarán los tribunales de sentencia de 52 a 104 en todo el país y estarán conformados por un solo juez técnico y no dos como ocurre actualmente. Además serán acompañados por dos jueces ciudadanos y no cinco, como está previsto en la actual norma.
Ello para tener más jueces disponibles y ayudar a darle celeridad a los procesos.
Respecto a los jueces de sentencia que tenían competencia para dictar fallos con penas de hasta cuatro años, de acuerdo con la nueva propuesta tendrán facultad de dictar penas privativas de libertad de hasta ocho años.
“Se están dando tiempos prudenciales para que se concluya con los procesos de los códigos llamados Banzer de 1972, también los juicios pendientes y se dé mayor celeridad”, dijo Mur.
De acuerdo con las últimas estadísticas del Consejo de la Magistratura, existen más de 340 mil causas pendientes de solución, situación que puede llevar a un “colapso”; este problema se agrava por la insuficiente cantidad de jueces.
Para desconcentrar la carga procesal, el vocal sugiere incluir en el proyecto la eliminación de la audiencia conclusiva, “que causaba un embotellamiento”.
También se busca incluir la “justicia restaurativa”, que evite estigmatizar a la persona que ha cometido un delito y permita a la víctima beneficiarse de alguna forma de restitución o reparación del autor del delito.
Punto de vista
paulo peredo Abogado penalistaEl Código de Procedimiento Penal es un sistema garantista, pero lamentablemente algunos querellantes o víctimas utilizan el procedimiento para dilatar los juicios para dar lugar a un favoritismo.Respecto a los plazos, la fase preparatoria no debiera ser reducida a tres meses, sino continuar con seis meses porque se requiere acumular actos investigativos. Comparto en que tienen que existir más juzgados cautelares para eliminar la carga procesal.
Sobre las recusaciones, creo que es positivo que prohíba plantear por más de tres veces, porque lamentablemente la defensa y la víctima utilizan (este recurso) para retardar la administración de justicia.
En el sistema procesal penal hemos tenido varios inconvenientes, (uno de ellos) es la recarga procesal de causa, porque el juez cautelar se ha convertido en un juzgador de causas cuando debiera ser un controlador de las garantías constitucionales. Es positiva la eliminación de la audiencia conclusiva.
El Gobierno conmina a la COB a que acepte oferta de jubilación
El Gobierno conminó a la Central Obrera Boliviana (COB) a que acepte su tercera propuesta de jubilación. Hasta que no lo haga, no se modificará la Ley de Pensiones y no mejorará la renta de los trabajadores.
“No hay acuerdo, no corren plazos, porque no recibimos ninguna comunicación de aceptación de nuestros límites solidarios”, afirmó ayer el ministro de Economía, Luis Arce.
La propuesta a la cual Arce hace referencia permite una jubilación de hasta 4.000 bolivianos para los mineros y de 3.200 para el resto de los trabajadores.
El dirigente Óscar Tapia advirtió de que “volverán a las calles en 30 días” si el Gobierno no atiende sus pedidos. “Nosotros ya enviamos una nota, incluso al Presidente, en la cual solicitamos el tratamiento de los artículos de la Ley de Pensiones. Si no se modifican seguiremos con las movilizaciones”, precisó.
Arce aclaró que la nota enviada a la dirigencia de la COB, que suspendió el paro que duró cerca de tres semanas, no incluye ningún compromiso. Acerca de los cinco puntos planteados por la COB, sólo hay la posibilidad de evaluar y analizar.
“Nosotros enviamos una nota en la cual rechazamos la participación de la COB en el directorio de la Gestora (de Pensiones). Ratificamos la propuesta tres para los límites solidarios y decimos que evaluaríamos la posibilidad de modificar algunos artículos”, recalcó.
Agregó que el estudio matemático actuarial para la sostenibilidad del Fondo Solidario, que demandó la COB, se encuentra inscrito en el POA del Viceministerio de Pensiones. El Gobierno también se comprometió a analizar la propuesta de ampliar al 30% el margen para que se computen las 24 papeletas.
El ministro Arce aseguró que mientras la COB no acepte la propuesta, no se la podrá aplicar. “Si hubiera aceptación, el Gobierno enviaría inmediatamente el proyecto de ley a la Asamblea para que una vez aprobado entre en vigencia. Mientras tanto, la propuesta no está en aplicación. Ése es el perjuicio que hace la COB a los trabajadores”, aseveró.
Tercera propuesta
Demanda Los dirigentes de la COB piden que el Estado aporte más al sistema y que el monto de las jubilaciones suba a un mínimo de 8.000 bolivianos para los mineros (con 30 años de aportes) y 5.000 bolivianos para los otros asalariados; el mínimo para no asalariados sería de 1.200 bolivianos.
Propuesta El Gobierno propuso elevar el tope máximo de jubilación de 3.700 a 4.000 bolivianos para los mineros y de 2.600 a 3.200 para el resto de los trabajadores. Esta última oferta del Ejecutivo redujo de 39 a 32 años la sostenibilidad de Fondo Solidario, creado para beneficiar a los trabajadores con sueldos bajos.
“No hay acuerdo, no corren plazos, porque no recibimos ninguna comunicación de aceptación de nuestros límites solidarios”, afirmó ayer el ministro de Economía, Luis Arce.
La propuesta a la cual Arce hace referencia permite una jubilación de hasta 4.000 bolivianos para los mineros y de 3.200 para el resto de los trabajadores.
El dirigente Óscar Tapia advirtió de que “volverán a las calles en 30 días” si el Gobierno no atiende sus pedidos. “Nosotros ya enviamos una nota, incluso al Presidente, en la cual solicitamos el tratamiento de los artículos de la Ley de Pensiones. Si no se modifican seguiremos con las movilizaciones”, precisó.
Arce aclaró que la nota enviada a la dirigencia de la COB, que suspendió el paro que duró cerca de tres semanas, no incluye ningún compromiso. Acerca de los cinco puntos planteados por la COB, sólo hay la posibilidad de evaluar y analizar.
“Nosotros enviamos una nota en la cual rechazamos la participación de la COB en el directorio de la Gestora (de Pensiones). Ratificamos la propuesta tres para los límites solidarios y decimos que evaluaríamos la posibilidad de modificar algunos artículos”, recalcó.
Agregó que el estudio matemático actuarial para la sostenibilidad del Fondo Solidario, que demandó la COB, se encuentra inscrito en el POA del Viceministerio de Pensiones. El Gobierno también se comprometió a analizar la propuesta de ampliar al 30% el margen para que se computen las 24 papeletas.
El ministro Arce aseguró que mientras la COB no acepte la propuesta, no se la podrá aplicar. “Si hubiera aceptación, el Gobierno enviaría inmediatamente el proyecto de ley a la Asamblea para que una vez aprobado entre en vigencia. Mientras tanto, la propuesta no está en aplicación. Ése es el perjuicio que hace la COB a los trabajadores”, aseveró.
Tercera propuesta
Demanda Los dirigentes de la COB piden que el Estado aporte más al sistema y que el monto de las jubilaciones suba a un mínimo de 8.000 bolivianos para los mineros (con 30 años de aportes) y 5.000 bolivianos para los otros asalariados; el mínimo para no asalariados sería de 1.200 bolivianos.
Propuesta El Gobierno propuso elevar el tope máximo de jubilación de 3.700 a 4.000 bolivianos para los mineros y de 2.600 a 3.200 para el resto de los trabajadores. Esta última oferta del Ejecutivo redujo de 39 a 32 años la sostenibilidad de Fondo Solidario, creado para beneficiar a los trabajadores con sueldos bajos.
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