En una sesión extraordinaria prevista para el próximo martes a las 15:30, la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) llevará adelante el debate para ampliar el calendario de la convocatoria para nombrar al Contralor General del Estado. El hecho surge ante la necesidad de modificar y flexibilizar el requisito número 17 (Convocatoria vigente) que establece que no pueden tener militancia política por los últimos 20 años, dado de que hay una imposibilidad de comprobar esta exigencia, debido a que el Tribunal Supremo Electoral(TSE) comunicó que solo puede certificar desde los últimos 17 años.
Así lo confirmó en contacto con El Día, Gabriela Montaño, Presidente de la Cámara de Diputados. Además dejó entrever que "los ajustes al calendario" inicial, convocatoria a la cual se presentaron 59 postulantes hasta el pasado jueves, permitirá sumar otras nuevos aspirantes.
"Como el TSE nos notificó que no puede certificar a ninguno de los 59 postulantes por 20 años por eso nos hemos visto en la necesidad de modificar ese requisito y por ende en la Asamblea (ASL) del próximo martes se analizará todos esos aspectos y se emitirá otra convocatoria ampliando el plazo entre 10 días y dos semanas", argumentó Montaño.
Debate en la Asamblea. El senador René Joaquino, Presidente de la Comisión Mixta de Planificación, responsable de llevar adelante todo el proceso de recepción, calificación y selección de postulantes a Contralor General del Estado, informó que con la actual convocatoria, no hay ninguna posibilidad de sostener el requisito 17 y mantener habilitados a los postulantes.
Además, Montaño anticipó que la ALP del próximo martes necesariamente emitirá una nueva convocatoria, lo abrirá que los propios 59 ya registrados para participar del proceso revisen y argumenten su documentación.
Al respecto Joaquino, a tiempo de reiterar que ese día específicamente el debate se centrará en la modificación del requisito 17 y ampliación de plazo, anticipó que se abrirá la posibilidad de devolver la documentación para que puedan enriquecer su presentación.
"Todos los postulantes que son 59, de acuerdo a lo sugerido por la Comisión Mixta, tendrán la posibilidad de complementar y adecuar su documentación conforme a la nueva convocatoria que saldrá y se pondrá en conocimiento del país desde el próximo miércoles", informó Joaquino.
Flexibilización. Si bien dicho proceso, a decir de las autoridades legislativas, no requiere de voluntad política alguna, dado que es una reformulación técnica, se prevé reducir el requisito 17 a una certificación de no militancia partidaria del postulante a solo 10 a 15 años a fin de garantizar la credibilidad del nuevo Contralor.
01 mayo 2016
Los discapacitados pintan con sangre carteles contra Gobierno
Las personas con discapacidad procedieron ayer a sacarse sangre para pintar carteles en rechazo a la invitación del Gobierno y a la aprobación de acuerdos con un sector afín. Mantienen su demanda de una renta de Bs 500 al mes.
"Los compañeros con su sangre van a escribir su repudio contra el Gobierno por no tener atención para nosotros, ha llegado una carta del Ministerio de la Presidencia y (el representante de) cada departamento se está sacando sangre para rechazar", manifestó el dirigente nacional del sector David Cayo.
Con algunas consignas como "Renta o muerte", las personas con discapacidad procedieron a pintar los carteles, en el punto de vigilia ubicado en la intersección de las calles Indaburo y Junín, a una cuadra de la plaza Murillo.
Los movilizados se mantienen en la vigilia desde el miércoles sin poder ingresar al Kilómetro Cero (plaza Murillo). Deben afrontar las bajas temperaturas durante las noches del crudo invierno paceño. Sin embargo, personas solidarias les brindan su apoyo con algo de abrigo y comida.
Organizaciones de padres de familia, funcionarios del Colegio Médico, la Federación de Maestros Urbanos de La Paz y el Comité Cívico Pro La Paz expresaron ayer su solidaridad a los discapacitados.
"El día martes vamos a estar con ustedes, movilizándonos", manifestó José Luis Álvarez, dirigente de los maestros.
Hernando Rivero Pabón, presidente de los cívicos paceños sugirió crear un Viceministerio que analice el tema de los discapacitados, además de que "los productores de coca paguen un impuesto que permita sostener la renta" para los demandantes.
Los movilizados insisten en reunirse con el presidente Evo Morales para encontrar una solución a sus demandas, petición que aún no encuentra respuesta.
Pedido
El Ministerio de la Presidencia envió una carta de invitación a los discapacitados. La nota pide elegir un representante para conformar una comisión técnica.
"Los compañeros con su sangre van a escribir su repudio contra el Gobierno por no tener atención para nosotros, ha llegado una carta del Ministerio de la Presidencia y (el representante de) cada departamento se está sacando sangre para rechazar", manifestó el dirigente nacional del sector David Cayo.
Con algunas consignas como "Renta o muerte", las personas con discapacidad procedieron a pintar los carteles, en el punto de vigilia ubicado en la intersección de las calles Indaburo y Junín, a una cuadra de la plaza Murillo.
Los movilizados se mantienen en la vigilia desde el miércoles sin poder ingresar al Kilómetro Cero (plaza Murillo). Deben afrontar las bajas temperaturas durante las noches del crudo invierno paceño. Sin embargo, personas solidarias les brindan su apoyo con algo de abrigo y comida.
Organizaciones de padres de familia, funcionarios del Colegio Médico, la Federación de Maestros Urbanos de La Paz y el Comité Cívico Pro La Paz expresaron ayer su solidaridad a los discapacitados.
"El día martes vamos a estar con ustedes, movilizándonos", manifestó José Luis Álvarez, dirigente de los maestros.
Hernando Rivero Pabón, presidente de los cívicos paceños sugirió crear un Viceministerio que analice el tema de los discapacitados, además de que "los productores de coca paguen un impuesto que permita sostener la renta" para los demandantes.
Los movilizados insisten en reunirse con el presidente Evo Morales para encontrar una solución a sus demandas, petición que aún no encuentra respuesta.
Pedido
El Ministerio de la Presidencia envió una carta de invitación a los discapacitados. La nota pide elegir un representante para conformar una comisión técnica.
Requisito para los funcionarios Ven innecesaria la exigencia de hablar un idioma originario
La obligación de manejar un idioma originario del país, que deben tener los funcionarios públicos según la Constitución Política del Estado (CPE), ha generado polémica en los últimos días.
Para algunos analistas políticos, este requisito fundamental para acceder a cargos públicos, no debe ser una exigencia.
La oposición coincide con los politólogos al ver innecesaria la obligación, sin embargo, no minimiza la importancia del habla de un idioma originario del país para funcionarios y estudiantes.
Obligación. Marcio Aranda, politólogo cruceño, asegura que la exigencia de manejar un idioma originario es una figura de más formalismo que de necesidad.
Asegura que si bien la CPE lo exige, no todos los funcionarios públicos tienen un manejo fluido de tal idioma y más al contrario, los funcionarios han optado por cumplir tal requerimiento solo para obtener un respaldo documental a su favor.
"La idea creo que era que los funcionarios conozcan idiomas originarios de su región para poder comunicarse con la población cuando se lo requiere, pero esto no se aplica. Solo tienen ahí su cartón", manifestó Aranda.
Necesidades. A su turno, el analista político, Carlos Cordero, señaló que en el año 1826 se introdujo la necesidad de saber leer y escribir como requisitos esenciales para los funcionarios, pero que para tal efecto se dio un proceso de 10 años, haciendo comparación actualmente se da un plazo de tres años para que se pueda hablar un idioma originario.
Cordero hizo una puntualización específica, señalando que los idiomas originarios pertenecen a las minorías de un país y que por el contrario se debería exigir el manejo oficial del castellano.
Detalles. Pedro Apala, director del Instituto Plurinacional de Estudio de Lenguas y Culturas (IPELC), entidad descentralizada bajo tuición del Ministerio de Educación, destacó la importancia del manejo de idiomas originarios, señalando que como institución han llevado a cabo varios programas de enseñanza y capacitación a la población.
Informó que son tres las instituciones públicas, que han trabajado en la misma dirección de impartir clases sobre los idiomas originarios: la Escuela de Gestión pública Plurinacional, el Viceministerio de Descolonización y por último IPELC, las tres con trabajos divididos sobre las lenguas quechua, aimara, guaraní y otras del país.
El IPELC abrió dos programas: enseñanza de lengua y el de certificación para los hablantes.
De acuerdo a los datos que maneja, esta institución logró impartir clases en su primera categoría a 6.857 personas y en el de personas hablantes a 3.077, dando un total de 9.934 beneficiados con certificados en el país.
En el departamento de Santa Cruz concretamente, se logró dar clases a 800 participantes, aunque se aclaró que no todos fueron funcionarios públicos, sino maestros u otros profesionales individuales.
Políticos. Para la oposición, la medida es importante, sin embargo, Eliane Capobianco de Unidad Demócrata (UD), resalta que no debería ser una exigencia, dado que indicó que dentro de la estructura del órgano ejecutivo del Gobierno central, ni los mandatarios y ni los propios ministros manejan a cabalidad algún idioma originario. "No le resto importancia, pero tenemos que comprender que uno no puede aprender en un par de años otro idioma, no es la misma situación de nuestros hijos, ellos ya están estudiando en los colegios y aprenderán, pero para eso se requiere varios años no solo un par insuficiente", dijo Capobianco.
Medida polémica. El no hablar un idioma originario fue motivo para la inhabilitación de aspirantes a la Defensoría del Pueblo. Se cuestionó que en el proceso de selección de vocales este requisito solo afectaba la puntuación de méritos, pero no era causal de inhabilitación.
John Arandia, uno de los inhabilitados en la carrera por ser Defensor del Pueblo, cuestionó hace unos días que muchos funcionarios no dominan una lengua nativa, pero con un cartón que acredita unos cursos les basta para cumplir este requisito.
Documentos
Normas sobre el habla de un idioma originario del país
Constitución Política del Estado (CPE). ARTÍCULO 5. Inciso II. El Gobierno plurinacional y los gobiernos departamentales deben utilizar al menos dos idiomas oficiales. Uno de ellos debe ser el castellano, y el otro se decidirá tomando en cuenta el uso, la conveniencia, las circunstancias, las necesidades y preferencias de la población en su totalidad o del territorio en cuestión. Los demás gobiernos autónomos deben utilizar los idiomas propios de su territorio, y uno de ellos debe ser el castellano.
Ley general de derechos y políticas lingüísticas. Disposición transitoria tercera. Todo servidor público que no hable un idioma de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, deberá aprender el idioma de la región a nivel comunicativo, de acuerdo al principio de territorialidad, en un plazo máximo de tres (3) años.
Para algunos analistas políticos, este requisito fundamental para acceder a cargos públicos, no debe ser una exigencia.
La oposición coincide con los politólogos al ver innecesaria la obligación, sin embargo, no minimiza la importancia del habla de un idioma originario del país para funcionarios y estudiantes.
Obligación. Marcio Aranda, politólogo cruceño, asegura que la exigencia de manejar un idioma originario es una figura de más formalismo que de necesidad.
Asegura que si bien la CPE lo exige, no todos los funcionarios públicos tienen un manejo fluido de tal idioma y más al contrario, los funcionarios han optado por cumplir tal requerimiento solo para obtener un respaldo documental a su favor.
"La idea creo que era que los funcionarios conozcan idiomas originarios de su región para poder comunicarse con la población cuando se lo requiere, pero esto no se aplica. Solo tienen ahí su cartón", manifestó Aranda.
Necesidades. A su turno, el analista político, Carlos Cordero, señaló que en el año 1826 se introdujo la necesidad de saber leer y escribir como requisitos esenciales para los funcionarios, pero que para tal efecto se dio un proceso de 10 años, haciendo comparación actualmente se da un plazo de tres años para que se pueda hablar un idioma originario.
Cordero hizo una puntualización específica, señalando que los idiomas originarios pertenecen a las minorías de un país y que por el contrario se debería exigir el manejo oficial del castellano.
Detalles. Pedro Apala, director del Instituto Plurinacional de Estudio de Lenguas y Culturas (IPELC), entidad descentralizada bajo tuición del Ministerio de Educación, destacó la importancia del manejo de idiomas originarios, señalando que como institución han llevado a cabo varios programas de enseñanza y capacitación a la población.
Informó que son tres las instituciones públicas, que han trabajado en la misma dirección de impartir clases sobre los idiomas originarios: la Escuela de Gestión pública Plurinacional, el Viceministerio de Descolonización y por último IPELC, las tres con trabajos divididos sobre las lenguas quechua, aimara, guaraní y otras del país.
El IPELC abrió dos programas: enseñanza de lengua y el de certificación para los hablantes.
De acuerdo a los datos que maneja, esta institución logró impartir clases en su primera categoría a 6.857 personas y en el de personas hablantes a 3.077, dando un total de 9.934 beneficiados con certificados en el país.
En el departamento de Santa Cruz concretamente, se logró dar clases a 800 participantes, aunque se aclaró que no todos fueron funcionarios públicos, sino maestros u otros profesionales individuales.
Políticos. Para la oposición, la medida es importante, sin embargo, Eliane Capobianco de Unidad Demócrata (UD), resalta que no debería ser una exigencia, dado que indicó que dentro de la estructura del órgano ejecutivo del Gobierno central, ni los mandatarios y ni los propios ministros manejan a cabalidad algún idioma originario. "No le resto importancia, pero tenemos que comprender que uno no puede aprender en un par de años otro idioma, no es la misma situación de nuestros hijos, ellos ya están estudiando en los colegios y aprenderán, pero para eso se requiere varios años no solo un par insuficiente", dijo Capobianco.
Medida polémica. El no hablar un idioma originario fue motivo para la inhabilitación de aspirantes a la Defensoría del Pueblo. Se cuestionó que en el proceso de selección de vocales este requisito solo afectaba la puntuación de méritos, pero no era causal de inhabilitación.
John Arandia, uno de los inhabilitados en la carrera por ser Defensor del Pueblo, cuestionó hace unos días que muchos funcionarios no dominan una lengua nativa, pero con un cartón que acredita unos cursos les basta para cumplir este requisito.
Documentos
Normas sobre el habla de un idioma originario del país
Constitución Política del Estado (CPE). ARTÍCULO 5. Inciso II. El Gobierno plurinacional y los gobiernos departamentales deben utilizar al menos dos idiomas oficiales. Uno de ellos debe ser el castellano, y el otro se decidirá tomando en cuenta el uso, la conveniencia, las circunstancias, las necesidades y preferencias de la población en su totalidad o del territorio en cuestión. Los demás gobiernos autónomos deben utilizar los idiomas propios de su territorio, y uno de ellos debe ser el castellano.
Ley general de derechos y políticas lingüísticas. Disposición transitoria tercera. Todo servidor público que no hable un idioma de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, deberá aprender el idioma de la región a nivel comunicativo, de acuerdo al principio de territorialidad, en un plazo máximo de tres (3) años.
En viajes y publicidad se gastó Bs 5,3 mil millones
estudio que se difundirá próximamente y al que tuvo acceso El Día, sobre el desempeño del Presupuesto General del Estado (PGE) en los últimos cinco años (2011 y 2015), revela que el gasto por concepto de viajes y publicidad del Estado en sus distintos niveles de gobierno fue de Bs 5.341,1 millones (767,4 millones en dólares). De dicha cifra se deduce que el 68% corresponde al Gobierno central, con Bs 3.632,4 millones ($us 521,9 millones). En tanto, el 10,6% fue hecha por las gobernaciones, el 12,1% por los municipios, 3,5% por las universidades y un 5,8% a otras áreas.
"Esta es una muestra de la mala distribución de los recursos. No es un problema de que el país no tenga dinero. A diferencia de los anteriores gobiernos, en estos últimos años se ha tenido ingresos por encima incluso de lo presupuestado. El hecho es que no hay racionalidad en la eficiencia del gasto", señala, Julio Alvarado, economista.
Por su parte, el analista político, Carlos Cordero, señaló que es preocupante esta situación dado que esos gastos en viajes y publicidad denotan ser excesivos cuando hay necesidades en áreas de salud y educación. "Estos gastos parecen suntuarios y excesivos. No creo que sea delito, pero no es ético y moral, cuando se hacen gastos dispendiosos mientras gran parte de la población no tiene resuelto prioridades básicas", dijo.
Entre cifras y realidades. Si bien el gasto total en viajes y publicidad con respecto al total del PGE ejecutado en dicho periodo, que supera los Bs 1,7 billones, es insignificante; no deja de ser dispendioso, señala el estudio. Más aún comparado con otras prioridades como en temas de salud, educación, seguridad ciudadana, entre otros.
Para demostrar ese hecho, el informe describe con ejemplos que solo con los $us 521,9 millones gastados por el Gobierno central en publicidad y viajes, se pudo construir 10 hospitales de tercer nivel incluido el equipamiento correspondiente, tomando en cuenta un costo aproximado de $us 50 millones cada uno.
Argumenta que en educación se pudo "construir 2.088 módulos educativos equipados, para primaria y secundaria con 20 aulas, laboratorios, canchas y otros; con un costo de $us 300.000 dólares cada módulo".
Y por si fuera poco, con el monto gastado por el Gobierno central en esas dos actividades, se podría sostener el pago, por los próximos 15 años, de la renta dignidad o en el caso de la Seguridad Ciudadana, sencillamente se podría duplicar el presupuesto de las gobernaciones y municipalidades.
"Es delicado hacer esas comparaciones a esas cuantiosas sumas. Siempre se cae en la subjetividad. El problema es que en cualquier acontecimiento de la vida, si no se muestra no se conoce. Lo que sí es cierto, es que con la reducción de ingresos que tiene el país es lógico revisar los gastos", señaló el economista Carlos Hugo Vaca.
En cambio, Alvarado señala que visto así un gasto es “desastroso” al no precisar con prioridad el uso de los recursos públicos. "Qué es mejor que el presidente viaje con su equipo de fútbol y juegue con su par Macri (Presidente de Argentina) o haga negocios para generar o traer inversiones millonarias. Eso es lo que está en cuestionamiento", enfatizó.
Respecto a la publicidad. De acuerdo al estudio, la partida 25500 del PGE refleja que el gasto entre el 2011-2015 solo en publicidad del sector público, alcanza a Bs 2.558 millones ($us 367 millones) lo que equivale al 48% respecto al gasto total, incluido viajes.
De ese monto total ejecutado, el Gobierno central concentró el 68% con un despliegue de Bs 1.740 millones ($us 250 millones). En ese contexto, el informe detalla, entre 15 entidades administradas por el órgano ejecutivo, entre ministerios, empresas estratégicas del Estado, entre otros, el Ministerio de Comunicación gastó en publicidad alrededor de Bs 804 millones ($us 115 millones) equivalente al 46,2%. En segundo lugar en gasto publicitario se encuentra Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) con Bs 177 millones ($us 25 millones) representando 10,2% y en tercera ubicación está Servicios de Impuestos Nacionales con Bs 74 millones con 4,3%.
"Ahora sí se explica que el país no tenga dinero", señala el periodista y analista Humberto Vacaflor, al calificar de despilfarro de los recursos públicos. "Han gastado como los príncipes de Arabia Saudita y ahora dicen que no hay plata para salud, educación. Es más, ahora tenemos que cuatro universidades quieren cerrarse y los discapacitados no hallan respuesta a su pedido. Es preocupante todo esto para el país", señaló.
Por su parte el economista, José Antonio Montaño, al hacer referencia a todo este panorama, señala que es un gasto estatal que desnuda lo insulso de la utilización de los recursos. "Yo llamo a esto, el gasto cómplice, porque le gusta a todo el mundo, le gusta este gasto en publicidad. Mientras eso sucede, nadie reclama, incluso un medio de comunicación al ser parte beneficiario de estos gastos publicitarios del Estado, se hace cómplice de todo esto porque de alguna manera se beneficia de esos ingresos", apuntó.
El gasto de los viajes. El monto total destinado entre el 2011-2015, de todo el sector público en viajes fue de Bs 2.783 millones de los cuales Bs 1.447 millones se utilizaron solo en viáticos para traslados al interior del país, lo que equivale a un 52%. En cambio, en pasajes se gastó Bs 847 millones.
En viajes internacionales tanto en pasajes y viáticos se utilizaron Bs 487 millones, representando el 17,5% del gasto total en este rubro.
Por su parte, el Gobierno central utilizó alrededor de Bs 1.891 millones para viajes, ocupando el 68% del total del gasto en dicha partida. En ese ámbito, entre las 163 entidades que controla el Estado, el estudio revela que el mayor gasto se concentró en los ministerios. El de Defensa ocupa el 9,7%, seguido por Salud con 8,0% y Educación con 7,6%.
Pero lo que más resalta en el gasto en viajes del Gobierno central son los viáticos, cuyo monto alcanza a Bs 1.177 millones ($us 271 millones) equivalente al 62%. En tanto el 38% corresponde solo a pasajes para el cual se utilizaron Bs 713 millones.
Según Alvarado, el Gobierno central en los últimos años ha dinamizado los viajes, en esa medida los gastos en pasajes y viáticos se han sobredimensionado. "El Gobierno al trasladar gente, de pronto para eventos simbólicos, está haciendo uso de recursos del Estado para terceros. Bajo ese panorama no se justifica para nada hacer un gasto millonario; solo refleja un despilfarro a la vista, ya que no reportan ningún beneficio", argumentó.
Otras entidades territoriales. En el caso de los 339 municipios del país el gasto solo en viajes alcanzó Bs 238 millones ($us 34,2 millones), de los cuales el municipio de La Paz ocupa el primer lugar con Bs 5.3 millones, seguido por Sucre con 5,0 millones, en tercer lugar está Tarija con Bs 4,6 millones y Santa Cruz con 2,7 millones. Las gobernaciones gastaron alrededor de Bs 294 millones. Tarija ocupa el primer lugar con Bs 10,8 millones, en segundo lugar se encuentra Santa Cruz con Bs 9,3 millones y en tercera ubicación el Beni gastó alrededor de Bs 6,7 millones. Según los expertos, dichos gastos tienen esa incidencia por lo disperso y extenso de su geografía de cada uno de los departamentos.
Matices
EL aparato estatal maneja el 80,23%
Ejecución. De acuerdo al PGE, el Estado boliviano administró, en los últimos cinco años (2011– 2015) un total de Bs 1.089.201 millones (1,0 billones de bolivianos), equivale a $us 156.494 millones. Sin embargo, en términos presupuestarios la cifra llegó a Bs 1,7 billones ($us 244.367 millones).
Participación. El Gobierno central es quien maneja el grueso del PGE compuesto por sus ministerios, entidades descentralizadas, empresas públicas y otros. En cambio, las municipalidades (9,55%) y gobernaciones (5,31%), tan solo administran una pequeña parte de la torta.
Publicidad. Se refieren a gastos por concepto de avisos en radiodifusoras, televisión, periódicos, internet, contratos publicitarios y promociones por algún medio de difusión, incluye material promocional, informativo, gigantografías, imagen institucional y/o comercial, y otros.
Punto de vista
Julio Linares
Analista Económico
"Hay que delimitar vía una Ley el gasto del Gobierno'
"El gasto público, en este caso los referidos a publicidad y viajes hay que ver desde varios ángulos. Lo más importante es que, de acuerdo a la normativa actual solo dos niveles del Estado tienen establecidos porcentajes que fijan el nivel del gasto corriente máximo que deben alcanzar, los mismos son referidos a los municipios y gobernaciones. Además, con la Ley Marco de Autonomías, estos límites se extienden a las entidades territoriales indígenas. Entonces, lo contrario ocurre con el Gobierno central, instancia que no cuenta con esos límites de gasto corriente que en ese ámbito incluyen a uso de recursos que se hace en viajes, publicidad, además de salarios, compras, entre otros.
Esos gastos no están normados para el órgano ejecutivo, lo cual implica que el Gobierno tiene vía libre e incluso a discreción el manejo de los recursos administrativos. Lo preocupante de todo ello es que nadie controla y menos establece la fijación de los límites, por esa razón se gastan los recursos del Estado, que en el fondo son dineros que salen del bolsillo de todos los bolivianos vía impuestos.
Esto también explica cómo cada año fue creciendo en los últimos años estos gastos en publicidad y viajes, que de pronto son suntuarios e innecesarios, haciendo de las cuentas muy dispendiosas. Todo ello amerita, replantearse una nueva normativa que delimite el uso de recursos de gasto corriente del Gobierno central. Hay que hacer una nueva ley. Lo otros es que la discusión se traslade hacia un nuevo Pacto Fiscal. En ambos casos, hay que establecer reglas claras a ese manejo del gasto corriente”.
"Esta es una muestra de la mala distribución de los recursos. No es un problema de que el país no tenga dinero. A diferencia de los anteriores gobiernos, en estos últimos años se ha tenido ingresos por encima incluso de lo presupuestado. El hecho es que no hay racionalidad en la eficiencia del gasto", señala, Julio Alvarado, economista.
Por su parte, el analista político, Carlos Cordero, señaló que es preocupante esta situación dado que esos gastos en viajes y publicidad denotan ser excesivos cuando hay necesidades en áreas de salud y educación. "Estos gastos parecen suntuarios y excesivos. No creo que sea delito, pero no es ético y moral, cuando se hacen gastos dispendiosos mientras gran parte de la población no tiene resuelto prioridades básicas", dijo.
Entre cifras y realidades. Si bien el gasto total en viajes y publicidad con respecto al total del PGE ejecutado en dicho periodo, que supera los Bs 1,7 billones, es insignificante; no deja de ser dispendioso, señala el estudio. Más aún comparado con otras prioridades como en temas de salud, educación, seguridad ciudadana, entre otros.
Para demostrar ese hecho, el informe describe con ejemplos que solo con los $us 521,9 millones gastados por el Gobierno central en publicidad y viajes, se pudo construir 10 hospitales de tercer nivel incluido el equipamiento correspondiente, tomando en cuenta un costo aproximado de $us 50 millones cada uno.
Argumenta que en educación se pudo "construir 2.088 módulos educativos equipados, para primaria y secundaria con 20 aulas, laboratorios, canchas y otros; con un costo de $us 300.000 dólares cada módulo".
Y por si fuera poco, con el monto gastado por el Gobierno central en esas dos actividades, se podría sostener el pago, por los próximos 15 años, de la renta dignidad o en el caso de la Seguridad Ciudadana, sencillamente se podría duplicar el presupuesto de las gobernaciones y municipalidades.
"Es delicado hacer esas comparaciones a esas cuantiosas sumas. Siempre se cae en la subjetividad. El problema es que en cualquier acontecimiento de la vida, si no se muestra no se conoce. Lo que sí es cierto, es que con la reducción de ingresos que tiene el país es lógico revisar los gastos", señaló el economista Carlos Hugo Vaca.
En cambio, Alvarado señala que visto así un gasto es “desastroso” al no precisar con prioridad el uso de los recursos públicos. "Qué es mejor que el presidente viaje con su equipo de fútbol y juegue con su par Macri (Presidente de Argentina) o haga negocios para generar o traer inversiones millonarias. Eso es lo que está en cuestionamiento", enfatizó.
Respecto a la publicidad. De acuerdo al estudio, la partida 25500 del PGE refleja que el gasto entre el 2011-2015 solo en publicidad del sector público, alcanza a Bs 2.558 millones ($us 367 millones) lo que equivale al 48% respecto al gasto total, incluido viajes.
De ese monto total ejecutado, el Gobierno central concentró el 68% con un despliegue de Bs 1.740 millones ($us 250 millones). En ese contexto, el informe detalla, entre 15 entidades administradas por el órgano ejecutivo, entre ministerios, empresas estratégicas del Estado, entre otros, el Ministerio de Comunicación gastó en publicidad alrededor de Bs 804 millones ($us 115 millones) equivalente al 46,2%. En segundo lugar en gasto publicitario se encuentra Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) con Bs 177 millones ($us 25 millones) representando 10,2% y en tercera ubicación está Servicios de Impuestos Nacionales con Bs 74 millones con 4,3%.
"Ahora sí se explica que el país no tenga dinero", señala el periodista y analista Humberto Vacaflor, al calificar de despilfarro de los recursos públicos. "Han gastado como los príncipes de Arabia Saudita y ahora dicen que no hay plata para salud, educación. Es más, ahora tenemos que cuatro universidades quieren cerrarse y los discapacitados no hallan respuesta a su pedido. Es preocupante todo esto para el país", señaló.
Por su parte el economista, José Antonio Montaño, al hacer referencia a todo este panorama, señala que es un gasto estatal que desnuda lo insulso de la utilización de los recursos. "Yo llamo a esto, el gasto cómplice, porque le gusta a todo el mundo, le gusta este gasto en publicidad. Mientras eso sucede, nadie reclama, incluso un medio de comunicación al ser parte beneficiario de estos gastos publicitarios del Estado, se hace cómplice de todo esto porque de alguna manera se beneficia de esos ingresos", apuntó.
El gasto de los viajes. El monto total destinado entre el 2011-2015, de todo el sector público en viajes fue de Bs 2.783 millones de los cuales Bs 1.447 millones se utilizaron solo en viáticos para traslados al interior del país, lo que equivale a un 52%. En cambio, en pasajes se gastó Bs 847 millones.
En viajes internacionales tanto en pasajes y viáticos se utilizaron Bs 487 millones, representando el 17,5% del gasto total en este rubro.
Por su parte, el Gobierno central utilizó alrededor de Bs 1.891 millones para viajes, ocupando el 68% del total del gasto en dicha partida. En ese ámbito, entre las 163 entidades que controla el Estado, el estudio revela que el mayor gasto se concentró en los ministerios. El de Defensa ocupa el 9,7%, seguido por Salud con 8,0% y Educación con 7,6%.
Pero lo que más resalta en el gasto en viajes del Gobierno central son los viáticos, cuyo monto alcanza a Bs 1.177 millones ($us 271 millones) equivalente al 62%. En tanto el 38% corresponde solo a pasajes para el cual se utilizaron Bs 713 millones.
Según Alvarado, el Gobierno central en los últimos años ha dinamizado los viajes, en esa medida los gastos en pasajes y viáticos se han sobredimensionado. "El Gobierno al trasladar gente, de pronto para eventos simbólicos, está haciendo uso de recursos del Estado para terceros. Bajo ese panorama no se justifica para nada hacer un gasto millonario; solo refleja un despilfarro a la vista, ya que no reportan ningún beneficio", argumentó.
Otras entidades territoriales. En el caso de los 339 municipios del país el gasto solo en viajes alcanzó Bs 238 millones ($us 34,2 millones), de los cuales el municipio de La Paz ocupa el primer lugar con Bs 5.3 millones, seguido por Sucre con 5,0 millones, en tercer lugar está Tarija con Bs 4,6 millones y Santa Cruz con 2,7 millones. Las gobernaciones gastaron alrededor de Bs 294 millones. Tarija ocupa el primer lugar con Bs 10,8 millones, en segundo lugar se encuentra Santa Cruz con Bs 9,3 millones y en tercera ubicación el Beni gastó alrededor de Bs 6,7 millones. Según los expertos, dichos gastos tienen esa incidencia por lo disperso y extenso de su geografía de cada uno de los departamentos.
Matices
EL aparato estatal maneja el 80,23%
Ejecución. De acuerdo al PGE, el Estado boliviano administró, en los últimos cinco años (2011– 2015) un total de Bs 1.089.201 millones (1,0 billones de bolivianos), equivale a $us 156.494 millones. Sin embargo, en términos presupuestarios la cifra llegó a Bs 1,7 billones ($us 244.367 millones).
Participación. El Gobierno central es quien maneja el grueso del PGE compuesto por sus ministerios, entidades descentralizadas, empresas públicas y otros. En cambio, las municipalidades (9,55%) y gobernaciones (5,31%), tan solo administran una pequeña parte de la torta.
Publicidad. Se refieren a gastos por concepto de avisos en radiodifusoras, televisión, periódicos, internet, contratos publicitarios y promociones por algún medio de difusión, incluye material promocional, informativo, gigantografías, imagen institucional y/o comercial, y otros.
Punto de vista
Julio Linares
Analista Económico
"Hay que delimitar vía una Ley el gasto del Gobierno'
"El gasto público, en este caso los referidos a publicidad y viajes hay que ver desde varios ángulos. Lo más importante es que, de acuerdo a la normativa actual solo dos niveles del Estado tienen establecidos porcentajes que fijan el nivel del gasto corriente máximo que deben alcanzar, los mismos son referidos a los municipios y gobernaciones. Además, con la Ley Marco de Autonomías, estos límites se extienden a las entidades territoriales indígenas. Entonces, lo contrario ocurre con el Gobierno central, instancia que no cuenta con esos límites de gasto corriente que en ese ámbito incluyen a uso de recursos que se hace en viajes, publicidad, además de salarios, compras, entre otros.
Esos gastos no están normados para el órgano ejecutivo, lo cual implica que el Gobierno tiene vía libre e incluso a discreción el manejo de los recursos administrativos. Lo preocupante de todo ello es que nadie controla y menos establece la fijación de los límites, por esa razón se gastan los recursos del Estado, que en el fondo son dineros que salen del bolsillo de todos los bolivianos vía impuestos.
Esto también explica cómo cada año fue creciendo en los últimos años estos gastos en publicidad y viajes, que de pronto son suntuarios e innecesarios, haciendo de las cuentas muy dispendiosas. Todo ello amerita, replantearse una nueva normativa que delimite el uso de recursos de gasto corriente del Gobierno central. Hay que hacer una nueva ley. Lo otros es que la discusión se traslade hacia un nuevo Pacto Fiscal. En ambos casos, hay que establecer reglas claras a ese manejo del gasto corriente”.
“Renta o muerte” Discapacitados radicalizan protesta en rechazo a propuesta del Gobierno
Los miembros de la caravana de personas con discapacidad, rechazaron ayer una nueva propuesta del Gobierno, por considerar que esta no respeta las necesidades que afronta el sector y radicalizan las protestas, extrayéndose sangre y escribiendo carteles con la consigna “renta o muerte”.
Rechazan propuesta
El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana envió ayer a representantes de la caravana de personas con discapacidad, que instalaron una vigilia en cercanías de la Plaza Murillo, una copia del convenio de 42 puntos firmado en la víspera con supuestos dirigentes afines al Gobierno.
La caravana de personas con discapacidad que llegó el lunes a La Paz está movilizada en demanda de un bono de 500 bolivianos al mes y ayer volvió a rechazar la propuesta del Gobierno que los invitó al diálogo y a participar en la redacción de la Ley de Inserción Laboral.
"Adjunto a la presente remitimos a ustedes el texto completo del acuerdo integral que el Gobierno nacional suscribió en la mañana de este viernes 29 de abril, con las dirigencias orgánicas de las Personas con Discapacidad, tras un arduo trabajo que, felizmente, permitió concertar una serie de acciones que estamos seguros serán altamente beneficiosas para su sector", remarca la carta enviada por Quintana que fue leída ayer a medio día para todos los presentes en el puesto de vigilia ubicado en la calle Indaburo esquina Socabaya.
En este sector, se encuentra ubicado el cuartel de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP), cuyos efectivos detrás de la vallas de metal y con respaldo de los tres camiones Neptuno, impiden el ingreso a Plaza Murillo.
Luego de un breve análisis, los dirigentes emitieron una respuesta con la negativa a aceptar este acuerdo, del que afirman está firmado por funcionarios públicos que hacen propaganda para el Gobierno, como se verificó el día jueves.
“Después de más de 60 días en vigilia, más de 15 días colgados en señal de protesta de los compañeros en Cochabamba, más de 35 días de marcha para mejorar nuestra calidad de vida, queremos una renta para vivir en dignidad y vamos a estar aquí hasta las últimas consecuencias”, afirmó el representante a nivel nacional, David Cayo.
Nuevas medidas
Minutos después, varias personas extrajeron en jeringas, sangre con la que escribieron carteles plasmando el rechazo al acuerdo firmado con afines al Gobierno, con consignas como la de “renta o muerte”.
“Compañeros, con su sangre van a escribir su repudio contra el Gobierno por no tener atención para nosotros, ha llegado una carta del Ministerio de la Presidencia y (el representante de) cada departamento se está sacando sangre para rechazar”, manifestó Cayo.
En la misiva, Quintana les pide revisar "cuidadosamente" cada uno de los puntos acordados, para comprobar "que la totalidad de sus demandas han sido atendidas satisfactoriamente en un compromiso histórico, que supera, con creces, la solicitud de un bono de 500 bolivianos que, además de no ser sostenible económicamente no resuelve de manera estructural los problemas que ustedes atraviesan".
En días anteriores, diferentes sectores de la sociedad civil, han criticado que al margen de la falta de una ley, se justifique la negativa del Gobierno con una supuesta inestabilidad económica, si se da el bono de 500 bolivianos, que el sector pretende.
Esto, debido a que entre otros gastos, que según el empresario Samuel Doria Medina, afirma son dispendiosos, está el millón de bolivianos que gasta por día el Ministerio de Comunicación en propaganda del Gobierno, mostrando la imagen del presidente evo Morales.
"En razón de todos los argumentos ratificamos por décima sexta vez nuestra predisposición a trabajar con ustedes y los invitamos a delegar a un representante del grupo que se ha movilizado, para que forme parte de la Comisión Técnica que se encargará de redactar la ley para garantizar la inserción laboral de personas con discapacidad en instituciones públicas y privadas y otros temas en beneficio del sector y hará seguimiento de cumplimiento de los acuerdos suscritos", señala en otra parte la carta enviada por Quintana
Rechazan propuesta
El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana envió ayer a representantes de la caravana de personas con discapacidad, que instalaron una vigilia en cercanías de la Plaza Murillo, una copia del convenio de 42 puntos firmado en la víspera con supuestos dirigentes afines al Gobierno.
La caravana de personas con discapacidad que llegó el lunes a La Paz está movilizada en demanda de un bono de 500 bolivianos al mes y ayer volvió a rechazar la propuesta del Gobierno que los invitó al diálogo y a participar en la redacción de la Ley de Inserción Laboral.
"Adjunto a la presente remitimos a ustedes el texto completo del acuerdo integral que el Gobierno nacional suscribió en la mañana de este viernes 29 de abril, con las dirigencias orgánicas de las Personas con Discapacidad, tras un arduo trabajo que, felizmente, permitió concertar una serie de acciones que estamos seguros serán altamente beneficiosas para su sector", remarca la carta enviada por Quintana que fue leída ayer a medio día para todos los presentes en el puesto de vigilia ubicado en la calle Indaburo esquina Socabaya.
En este sector, se encuentra ubicado el cuartel de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP), cuyos efectivos detrás de la vallas de metal y con respaldo de los tres camiones Neptuno, impiden el ingreso a Plaza Murillo.
Luego de un breve análisis, los dirigentes emitieron una respuesta con la negativa a aceptar este acuerdo, del que afirman está firmado por funcionarios públicos que hacen propaganda para el Gobierno, como se verificó el día jueves.
“Después de más de 60 días en vigilia, más de 15 días colgados en señal de protesta de los compañeros en Cochabamba, más de 35 días de marcha para mejorar nuestra calidad de vida, queremos una renta para vivir en dignidad y vamos a estar aquí hasta las últimas consecuencias”, afirmó el representante a nivel nacional, David Cayo.
Nuevas medidas
Minutos después, varias personas extrajeron en jeringas, sangre con la que escribieron carteles plasmando el rechazo al acuerdo firmado con afines al Gobierno, con consignas como la de “renta o muerte”.
“Compañeros, con su sangre van a escribir su repudio contra el Gobierno por no tener atención para nosotros, ha llegado una carta del Ministerio de la Presidencia y (el representante de) cada departamento se está sacando sangre para rechazar”, manifestó Cayo.
En la misiva, Quintana les pide revisar "cuidadosamente" cada uno de los puntos acordados, para comprobar "que la totalidad de sus demandas han sido atendidas satisfactoriamente en un compromiso histórico, que supera, con creces, la solicitud de un bono de 500 bolivianos que, además de no ser sostenible económicamente no resuelve de manera estructural los problemas que ustedes atraviesan".
En días anteriores, diferentes sectores de la sociedad civil, han criticado que al margen de la falta de una ley, se justifique la negativa del Gobierno con una supuesta inestabilidad económica, si se da el bono de 500 bolivianos, que el sector pretende.
Esto, debido a que entre otros gastos, que según el empresario Samuel Doria Medina, afirma son dispendiosos, está el millón de bolivianos que gasta por día el Ministerio de Comunicación en propaganda del Gobierno, mostrando la imagen del presidente evo Morales.
"En razón de todos los argumentos ratificamos por décima sexta vez nuestra predisposición a trabajar con ustedes y los invitamos a delegar a un representante del grupo que se ha movilizado, para que forme parte de la Comisión Técnica que se encargará de redactar la ley para garantizar la inserción laboral de personas con discapacidad en instituciones públicas y privadas y otros temas en beneficio del sector y hará seguimiento de cumplimiento de los acuerdos suscritos", señala en otra parte la carta enviada por Quintana
Coinciden expertos y políticos Es “ilegal” uso de niños en spot gubernamentales
Utilizar a niños y niñas en spot propagandístico para promocionar actividades gubernamentales o ensalzar a servidores públicos, como es el caso del presidente Evo Morales, constituye una violación a la ley y a convenciones internacionales, aseguraron especialistas, defensores de los derechos humanos y legisladores.
En el spot, producido por el Ministerio de Comunicación Social, se observa cómo niños y niñas de primaria leen poesías y otros textos que resaltan la figura del Presidente; una de las niñas llora y otra se sienta en sus faldas. Los menores aparecen en actos realizados en sus colegios.
CONSTITUCIÓN
La Constitución Política del Estado, la Convención Internacional de los Derechos de los Niños y el Código Niño, Niña y Adolescente prohíben el uso de menores de edad en piezas de propaganda comercial y manipulación política.
Según el defensor de Pueblo, Rolando Villena, es un uso no ético, condenable y vulnerador de sus derechos”, dijo en consulta a la autoridad. “(En el spot) es obvio que se está haciendo un uso indigno e irresponsable de la imagen de varias niñas y niños, ya que su propósito es promocionar y mejorar la imagen de un adulto a costa de la imagen de las niñas y niños”, agregó.
Para Villena “resulta obvio” también que los eventos en los que aparecen no fueron realizados con el propósito de grabar un producto de propaganda, porque están en eventos realizados en sus colegios. “Es probable que no se les haya informado o consultado que sus imágenes serían usadas de esta manera”, dijo.
ANI
Al respecto, la directora de la Agencia Nacional de la Niñez (ANI) y de Ecojóvenes, Julia Velasco, expresó que “en estas propagandas hay una manipulación del discurso de los niños, además se los expone a una situación de discriminación por razones políticas, incluso a situaciones de violencia, siendo que en su entorno escolar podrían existir padres, maestros, niños que no comulguen con esa tendencia política y reaccionen contra ellos”.
A juicio de Velasco, “se podría haber realizado un trabajo comunicacional similar con los niños proclamado poemas y promocionando sus derechos, pero no para promocionar la imagen del Presidente o la de cualquier otro político o autoridad, sería lo correcto”.
ARTÍCULO 144
DEL CÓDIGO NIÑO,
NIÑA Y ADOLESCENTE
La directora de ANI demandó que el Ministerio de Comunicación ponga en práctica el artículo 144 del Código Niño, Niña y Adolescente, que protege la imagen de los menores de edad.
“Es muy peligroso utilizar la imagen de los niños para este tipo de propagandas. Hay que evitar colocar a los niños en escenarios políticos y de confrontación”, agregó.
Recordó que existe el concepto de “supremacía de derechos”, que hace que “por encima” de la imagen de las autoridades estén los derechos de los niños.
SANTA CRUZ
En Santa Cruz, el director de la Fundación por la Niñez y Adolescencia (Sepa), Guillermo Dávalos, recordó que la Convención de Derechos de los Niños de Naciones Unidas establece que no puede ser utilizada la imagen, voz o identidad de un niño en algún hecho que sea controversial y tampoco en actividades políticas.
Agregó que en caso de que los padres de familia de los menores de edad permitan la difusión de las imágenes, ello debe tener autorización de un juez de Niñez y Adolescencia.
SENADOR ORTIZ
El senador opositor Óscar Ortiz presentó ante la Defensoría de la Niñez, del municipio de La Paz, y ante la Defensoría del Pueblo, una denuncia contra el Ministerio de Comunicación por difundir indebidamente la imagen de niños en un spot gubernamental, violando de esa manera los derechos de la niñez y adolescencia, reconocidos en normativas nacionales vigentes y en tratados internacionales.
“Estoy requiriendo a la Defensoría del Niño que, en el marco de las leyes vigentes, inicie las acciones judiciales contra la ministra de Comunicación (Marianela Paco) por difundir esta publicidad utilizando indebidamente la imagen de menores, violando sus derechos y todas las leyes”, indicó el legislador.
El senador dijo que se promueven esas acciones para alentar “el culto a la personalidad” del presidente Evo Morales. Añadió que su bancada “solicitará la inmediata suspensión de este spot y sobre todo el inicio de un proceso contra los responsables del Ministerio de Comunicación que difundieron este spot y pagaron con recursos públicos, el mismo”.
En el spot, producido por el Ministerio de Comunicación Social, se observa cómo niños y niñas de primaria leen poesías y otros textos que resaltan la figura del Presidente; una de las niñas llora y otra se sienta en sus faldas. Los menores aparecen en actos realizados en sus colegios.
CONSTITUCIÓN
La Constitución Política del Estado, la Convención Internacional de los Derechos de los Niños y el Código Niño, Niña y Adolescente prohíben el uso de menores de edad en piezas de propaganda comercial y manipulación política.
Según el defensor de Pueblo, Rolando Villena, es un uso no ético, condenable y vulnerador de sus derechos”, dijo en consulta a la autoridad. “(En el spot) es obvio que se está haciendo un uso indigno e irresponsable de la imagen de varias niñas y niños, ya que su propósito es promocionar y mejorar la imagen de un adulto a costa de la imagen de las niñas y niños”, agregó.
Para Villena “resulta obvio” también que los eventos en los que aparecen no fueron realizados con el propósito de grabar un producto de propaganda, porque están en eventos realizados en sus colegios. “Es probable que no se les haya informado o consultado que sus imágenes serían usadas de esta manera”, dijo.
ANI
Al respecto, la directora de la Agencia Nacional de la Niñez (ANI) y de Ecojóvenes, Julia Velasco, expresó que “en estas propagandas hay una manipulación del discurso de los niños, además se los expone a una situación de discriminación por razones políticas, incluso a situaciones de violencia, siendo que en su entorno escolar podrían existir padres, maestros, niños que no comulguen con esa tendencia política y reaccionen contra ellos”.
A juicio de Velasco, “se podría haber realizado un trabajo comunicacional similar con los niños proclamado poemas y promocionando sus derechos, pero no para promocionar la imagen del Presidente o la de cualquier otro político o autoridad, sería lo correcto”.
ARTÍCULO 144
DEL CÓDIGO NIÑO,
NIÑA Y ADOLESCENTE
La directora de ANI demandó que el Ministerio de Comunicación ponga en práctica el artículo 144 del Código Niño, Niña y Adolescente, que protege la imagen de los menores de edad.
“Es muy peligroso utilizar la imagen de los niños para este tipo de propagandas. Hay que evitar colocar a los niños en escenarios políticos y de confrontación”, agregó.
Recordó que existe el concepto de “supremacía de derechos”, que hace que “por encima” de la imagen de las autoridades estén los derechos de los niños.
SANTA CRUZ
En Santa Cruz, el director de la Fundación por la Niñez y Adolescencia (Sepa), Guillermo Dávalos, recordó que la Convención de Derechos de los Niños de Naciones Unidas establece que no puede ser utilizada la imagen, voz o identidad de un niño en algún hecho que sea controversial y tampoco en actividades políticas.
Agregó que en caso de que los padres de familia de los menores de edad permitan la difusión de las imágenes, ello debe tener autorización de un juez de Niñez y Adolescencia.
SENADOR ORTIZ
El senador opositor Óscar Ortiz presentó ante la Defensoría de la Niñez, del municipio de La Paz, y ante la Defensoría del Pueblo, una denuncia contra el Ministerio de Comunicación por difundir indebidamente la imagen de niños en un spot gubernamental, violando de esa manera los derechos de la niñez y adolescencia, reconocidos en normativas nacionales vigentes y en tratados internacionales.
“Estoy requiriendo a la Defensoría del Niño que, en el marco de las leyes vigentes, inicie las acciones judiciales contra la ministra de Comunicación (Marianela Paco) por difundir esta publicidad utilizando indebidamente la imagen de menores, violando sus derechos y todas las leyes”, indicó el legislador.
El senador dijo que se promueven esas acciones para alentar “el culto a la personalidad” del presidente Evo Morales. Añadió que su bancada “solicitará la inmediata suspensión de este spot y sobre todo el inicio de un proceso contra los responsables del Ministerio de Comunicación que difundieron este spot y pagaron con recursos públicos, el mismo”.
El martes evaluarán méritos de postulantes a Defensoría
DESDE EL MARTES PRÓXIMO LOS LEGISLADORES EVALUARÁN MÉRITOS DE LOS POSTULANTES A DEFENSOR DEL PUEBLO.
A partir del martes, la Comisión Mixta de Constitución comenzará la evaluación de méritos de los 58 postulantes habilitados para el cargo de Defensor o Defensora del Pueblo, de los cuales 27 son mujeres y 31 varones, anunció el secretario de la comisión, Rodolfo Flores.
En sesión de la Comisión de Constitución del viernes, se terminó de atender las 44 impugnaciones personales en casos de postulantes inhabilitados que pedían se analice nuevamente sus documentos y los de terceras personas referidos a aquellos aspirantes habilitados que fueron objetados por otros ciudadanos.
El presidente de la Comisión, senador Milton Barón, explicó que hasta el momento todas las decisiones fueron tomadas de forma unánime por los miembros de la instancia legislativa y que el proceso cumple con el cronograma establecido.
Entre las cinco impugnaciones declaradas procedentes, se destacó el caso de Juan Gabriel Bautista, por la cantidad de procesos penales en su contra, que van desde procesos económicos hasta imputaciones por homicidio.
De las 24 impugnaciones presentadas por la bancada de Unidad Demócrata, con el argumento de que las currículas presentadas no figuraban suficientes datos respaldatorios de su trayectoria en derechos humanos, a las que después de una segunda lectura de los documentos se comprobó, que en todos los casos, sí tenían la experiencia debida.
En esa línea, EL DIARIO consultó al autor de las impugnaciones, el senador Edwin Rodríguez, quien sostuvo que estas se realizaron sobre la base de la información disponible en la página web de la Comisión, por lo que aparentemente no se habría situado toda la documentación en la misma página electrónica.
Acotó también que su bancada fue la única en presentar este trabajo de fiscalización y que también observó a aquellos aspirantes con filiación política oficialista.
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