La obligación de manejar un idioma originario del país, que deben tener los funcionarios públicos según la Constitución Política del Estado (CPE), ha generado polémica en los últimos días.
Para algunos analistas políticos, este requisito fundamental para acceder a cargos públicos, no debe ser una exigencia.
La oposición coincide con los politólogos al ver innecesaria la obligación, sin embargo, no minimiza la importancia del habla de un idioma originario del país para funcionarios y estudiantes.
Obligación. Marcio Aranda, politólogo cruceño, asegura que la exigencia de manejar un idioma originario es una figura de más formalismo que de necesidad.
Asegura que si bien la CPE lo exige, no todos los funcionarios públicos tienen un manejo fluido de tal idioma y más al contrario, los funcionarios han optado por cumplir tal requerimiento solo para obtener un respaldo documental a su favor.
"La idea creo que era que los funcionarios conozcan idiomas originarios de su región para poder comunicarse con la población cuando se lo requiere, pero esto no se aplica. Solo tienen ahí su cartón", manifestó Aranda.
Necesidades. A su turno, el analista político, Carlos Cordero, señaló que en el año 1826 se introdujo la necesidad de saber leer y escribir como requisitos esenciales para los funcionarios, pero que para tal efecto se dio un proceso de 10 años, haciendo comparación actualmente se da un plazo de tres años para que se pueda hablar un idioma originario.
Cordero hizo una puntualización específica, señalando que los idiomas originarios pertenecen a las minorías de un país y que por el contrario se debería exigir el manejo oficial del castellano.
Detalles. Pedro Apala, director del Instituto Plurinacional de Estudio de Lenguas y Culturas (IPELC), entidad descentralizada bajo tuición del Ministerio de Educación, destacó la importancia del manejo de idiomas originarios, señalando que como institución han llevado a cabo varios programas de enseñanza y capacitación a la población.
Informó que son tres las instituciones públicas, que han trabajado en la misma dirección de impartir clases sobre los idiomas originarios: la Escuela de Gestión pública Plurinacional, el Viceministerio de Descolonización y por último IPELC, las tres con trabajos divididos sobre las lenguas quechua, aimara, guaraní y otras del país.
El IPELC abrió dos programas: enseñanza de lengua y el de certificación para los hablantes.
De acuerdo a los datos que maneja, esta institución logró impartir clases en su primera categoría a 6.857 personas y en el de personas hablantes a 3.077, dando un total de 9.934 beneficiados con certificados en el país.
En el departamento de Santa Cruz concretamente, se logró dar clases a 800 participantes, aunque se aclaró que no todos fueron funcionarios públicos, sino maestros u otros profesionales individuales.
Políticos. Para la oposición, la medida es importante, sin embargo, Eliane Capobianco de Unidad Demócrata (UD), resalta que no debería ser una exigencia, dado que indicó que dentro de la estructura del órgano ejecutivo del Gobierno central, ni los mandatarios y ni los propios ministros manejan a cabalidad algún idioma originario. "No le resto importancia, pero tenemos que comprender que uno no puede aprender en un par de años otro idioma, no es la misma situación de nuestros hijos, ellos ya están estudiando en los colegios y aprenderán, pero para eso se requiere varios años no solo un par insuficiente", dijo Capobianco.
Medida polémica. El no hablar un idioma originario fue motivo para la inhabilitación de aspirantes a la Defensoría del Pueblo. Se cuestionó que en el proceso de selección de vocales este requisito solo afectaba la puntuación de méritos, pero no era causal de inhabilitación.
John Arandia, uno de los inhabilitados en la carrera por ser Defensor del Pueblo, cuestionó hace unos días que muchos funcionarios no dominan una lengua nativa, pero con un cartón que acredita unos cursos les basta para cumplir este requisito.
Documentos
Normas sobre el habla de un idioma originario del país
Constitución Política del Estado (CPE). ARTÍCULO 5. Inciso II. El Gobierno plurinacional y los gobiernos departamentales deben utilizar al menos dos idiomas oficiales. Uno de ellos debe ser el castellano, y el otro se decidirá tomando en cuenta el uso, la conveniencia, las circunstancias, las necesidades y preferencias de la población en su totalidad o del territorio en cuestión. Los demás gobiernos autónomos deben utilizar los idiomas propios de su territorio, y uno de ellos debe ser el castellano.
Ley general de derechos y políticas lingüísticas. Disposición transitoria tercera. Todo servidor público que no hable un idioma de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, deberá aprender el idioma de la región a nivel comunicativo, de acuerdo al principio de territorialidad, en un plazo máximo de tres (3) años.
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