La expresidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Wilma Velasco solicitó a sus colegas el 25 de mayo —día en que renunció a su cargo— iniciar procesos disciplinarios contra los vocales del Tribunal Electoral de Chuquisaca por haber permitido que ciudadanos que no fueron elegidos por voto popular figuraran como candidatos electos y les fueran entregadas sus credenciales.
La carta 103/2015 firmada por Velasco, y a la que accedió ANF, señala que en la última reunión de sala plena del TSE se consideró la nota TED-PRES 158/2015, enviada el 13 de mayo por la presidenta del Tribunal de Chuquisaca, María Elizabeth Quispe, quien solicitó la apertura de la “solución informática” (base de datos de candidatos) para “corregir e incluir en la misma datos de ciudadanos que no emergieron como producto de la manifestación de la voluntad popular”.
Velasco mostró su disconformidad con ese pedido y advirtió la ilegalidad en la que incurrieron los vocales. “(Esta) situación, independientemente de las responsabilidades penales que podrían existir, se encuentra configurada como faltas muy graves, concretamente en el numeral 2 del artículo 91 de la Ley 018 del Órgano Electoral Plurinacional, pido se inicie el respectivo proceso disciplinario”, dice. Se habría beneficiado a un alcalde y a un concejal, según fuentes del TSE.
02 agosto 2015
Autonomía no solucionará la conflictividad en Potosí
El estatuto que avalará la plena vigencia de las autonomías departamentales no solucionará el conflicto entre el Comité Cívico Potosinista (Comcipo) y el Gobierno central. Éste fue uno de los temas que se abordó en el programa Estamos a tiempo.
“El modelo de autonomías se ha ido convirtiendo en autonomías tuteladas por el centro, es por eso que si el estatuto autonómico se aprueba o no, la situación no va a cambiar mucho”, dijo la exparlamentaria Érika Brockmann.
Agregó que la mayoría de las leyes del estatuto autonómico son un “copy-paste” de la Constitución Política del Estado (CPE), máximo indicador de que están con una directriz del Gobierno central.
Al politólogo Marcelo Silva le “asusta” que la politización se dé en el marco inadecuado y no cree que ocurra fuera de lo político, porque el Gobierno ha asumido la bandera autonómica. “En Potosí, los votos para la autonomía van a ser en favor o en contra del Gobierno y no por el proceso. Es muy probable que esto adquiera un carácter plebiscitario”, advirtió.
Para el exdiputado del desaparecido Movimiento Sin Miedo (MSM) Fabián Yaksic puede ser una oportunidad perdida, porque no se podrá debatir el modelo autonómico, ni entender que los estatutos no hacen a la autonomía. “El debate de fondo sobre lo que necesita Potosí son tres pactos urgentes para resolver problemas estructurales en Potosí: el territorial Quillacas-Coroma, el competencial y el fiscal”, dijo.
Estamos a tiempo es una iniciativa de La Razón, el Instituto Prisma y Cadena A. Se emite los sábados a las 16.30 y los domingos a las 23.00.
“El modelo de autonomías se ha ido convirtiendo en autonomías tuteladas por el centro, es por eso que si el estatuto autonómico se aprueba o no, la situación no va a cambiar mucho”, dijo la exparlamentaria Érika Brockmann.
Agregó que la mayoría de las leyes del estatuto autonómico son un “copy-paste” de la Constitución Política del Estado (CPE), máximo indicador de que están con una directriz del Gobierno central.
Al politólogo Marcelo Silva le “asusta” que la politización se dé en el marco inadecuado y no cree que ocurra fuera de lo político, porque el Gobierno ha asumido la bandera autonómica. “En Potosí, los votos para la autonomía van a ser en favor o en contra del Gobierno y no por el proceso. Es muy probable que esto adquiera un carácter plebiscitario”, advirtió.
Para el exdiputado del desaparecido Movimiento Sin Miedo (MSM) Fabián Yaksic puede ser una oportunidad perdida, porque no se podrá debatir el modelo autonómico, ni entender que los estatutos no hacen a la autonomía. “El debate de fondo sobre lo que necesita Potosí son tres pactos urgentes para resolver problemas estructurales en Potosí: el territorial Quillacas-Coroma, el competencial y el fiscal”, dijo.
Estamos a tiempo es una iniciativa de La Razón, el Instituto Prisma y Cadena A. Se emite los sábados a las 16.30 y los domingos a las 23.00.
Comcipo declara cuarto intermedio indefinido en el paro cívico
En reunión de Consejo Consultivo, esta madrugada el Comité Cívico Potosinista (Comcipo) decidió declarar en cuarto intermedio indefinido el paro que había iniciado hace casi un mes en atención a 26 demandas regionales y declaró personas no gratas al presidente Evo Morales, al vicepresidente Álvaro García Linera y al gabinete ministerial.
La determinación fue asumida aproximadamente a la 01:00 de hoy por representantes de 29 de las 49 instituciones reunidas en Potosí, donde además se ratificó el pedido de “renuncia moral, por ética” del gobernador Juan Carlos Cejas y del alcalde William Fernandez.
El Consejo Consultivo transcurrió en medio de anuncios de bloqueo político al oficialista Movimiento Al Solcialismo (MAS) y decidió además preparar un cabildo junto a las 16 provincias, para lo cual fue nombrado un equipo jurídico responsable.
Otra de las decisiones aprobadas en el Consejo Consultivo de Comcipo fue la ratificación de la directiva del Comité Cívico a la cabeza de Jhonny Llally y el pedido de garantías para estos dirigentes y para los tres potosinos que fueron detenidos en La Paz y luego liberados tras una de las protestas que se produjo en esta capital.
También se determinó convocar a una “marcha por la dignidad potosina” para el 6 de agosto, en lugar de los desfiles que suelen realizarse en esa fecha por el aniversario patrio.
Ayer , tras 12 horas de reabastecimiento, los potosinos habían reanudado su paro cívico, aunque en la noche la mayoría de los sectores del Comité Cívico Potosinista ingresó al Consejo Ampliado apoyando la idea de suspender la medida que cumplió 27 días.
Los 26 compromisos exigidos por los potosinos forman parte de un acuerdo con el Ejecutivo que data de 2010, entre los que se encuentran la construcción de un hospital, un aeropuerto internacional y una fábrica de cemento.
La determinación fue asumida aproximadamente a la 01:00 de hoy por representantes de 29 de las 49 instituciones reunidas en Potosí, donde además se ratificó el pedido de “renuncia moral, por ética” del gobernador Juan Carlos Cejas y del alcalde William Fernandez.
El Consejo Consultivo transcurrió en medio de anuncios de bloqueo político al oficialista Movimiento Al Solcialismo (MAS) y decidió además preparar un cabildo junto a las 16 provincias, para lo cual fue nombrado un equipo jurídico responsable.
Otra de las decisiones aprobadas en el Consejo Consultivo de Comcipo fue la ratificación de la directiva del Comité Cívico a la cabeza de Jhonny Llally y el pedido de garantías para estos dirigentes y para los tres potosinos que fueron detenidos en La Paz y luego liberados tras una de las protestas que se produjo en esta capital.
También se determinó convocar a una “marcha por la dignidad potosina” para el 6 de agosto, en lugar de los desfiles que suelen realizarse en esa fecha por el aniversario patrio.
Ayer , tras 12 horas de reabastecimiento, los potosinos habían reanudado su paro cívico, aunque en la noche la mayoría de los sectores del Comité Cívico Potosinista ingresó al Consejo Ampliado apoyando la idea de suspender la medida que cumplió 27 días.
Los 26 compromisos exigidos por los potosinos forman parte de un acuerdo con el Ejecutivo que data de 2010, entre los que se encuentran la construcción de un hospital, un aeropuerto internacional y una fábrica de cemento.
Tapia Valencia ratificado como líder del katarismo
Una asamblea general katarista ratificó en el cargo a su líder, Toribio Tapia Valencia, con el propósito de que continúe con la lucha emprendida por Túpac Katari y concrete objetivos por una Bolivia justa, democrática y equitativa.
El acto efectuado, a comienzos de año en Ayo Ayo, contó con la presencia de Clemente Ramos, Teodomiro Rengel, Mauricio Mamani Pocoata, Quintin Apaza, Maximiliano Flores, Felipe Villca, Constantino Lima, Dionicio Siñani, René Llave y otros intelectuales que forman parte del katarismo.
En la ocasión, Tapia Valencia, recordó que desde la década del 70, las organizaciones aymaras iniciaron la lucha social política, agrupados en distintas organizaciones políticas, todos con un solo ideal, luchar en pro de los pueblos indígenas campesinos, asimismo, mencionó que en democracia fueron partícipes del bloqueo de caminos en contra la Ley INRA.
Por otro lado, cuestionó la actual política del Gobierno. “El voto castigo en las últimas elecciones en el departamento de La Paz y El Alto no fue del agrado del presidente Morales”, enfatizó.
Finalmente, dejó en claro que el katarismo propone superar el comunitarismo anacrónico, un Estado democrático descentralizado, con verdaderas autonomías regionales para acabar con el centralismo “secante” que en su criterio, está asfixiando el desarrollo del país. Agregó que ese hecho se demostró últimamente con el conflicto en Potosí.
El acto efectuado, a comienzos de año en Ayo Ayo, contó con la presencia de Clemente Ramos, Teodomiro Rengel, Mauricio Mamani Pocoata, Quintin Apaza, Maximiliano Flores, Felipe Villca, Constantino Lima, Dionicio Siñani, René Llave y otros intelectuales que forman parte del katarismo.
En la ocasión, Tapia Valencia, recordó que desde la década del 70, las organizaciones aymaras iniciaron la lucha social política, agrupados en distintas organizaciones políticas, todos con un solo ideal, luchar en pro de los pueblos indígenas campesinos, asimismo, mencionó que en democracia fueron partícipes del bloqueo de caminos en contra la Ley INRA.
Por otro lado, cuestionó la actual política del Gobierno. “El voto castigo en las últimas elecciones en el departamento de La Paz y El Alto no fue del agrado del presidente Morales”, enfatizó.
Finalmente, dejó en claro que el katarismo propone superar el comunitarismo anacrónico, un Estado democrático descentralizado, con verdaderas autonomías regionales para acabar con el centralismo “secante” que en su criterio, está asfixiando el desarrollo del país. Agregó que ese hecho se demostró últimamente con el conflicto en Potosí.
Katherine Grigsby: Expulsión de Usaid e Ibis preocupó a la NNUU
La representante residente del sistema de Naciones Unidas en Bolivia, Katherine Grigsby, en una entrevista con la Agencia de Noticias Fides (ANF), consideró como un momento preocupante para las relaciones con el Gobierno Nacional, la expulsión de ONG Usaid e Ibis. No obstante, aclaró que nunca se cuestionó el legítimo derecho del Estado boliviano.
Grigsby, representante residente del sistema de Naciones Unidas en Bolivia, está a punto de dejar el país. Después de dos años de intensa labor en La Paz, prepara su cambio de destino, probablemente rumbo a París, la sede de la Unesco, donde trabajó hace una década.
“Hay un momento preocupante en esta dinámica (de relacionamiento con el Gobierno) que es cuando se da la expulsión de Usaid, que es un derecho legítimo del Gobierno, no estamos cuestionando eso, y luego también la expulsión de IBIS Dinamarca”, dijo la representante saliente.
Tras la salida de ambas organizaciones no gubernamentales la representante internacional contó que muchos creían que ellos (NNUU) serían los próximos, “portémonos bien, ya nos vamos (ríe)”, decían.
“Pero ciertamente hay una preocupación muy importante, porque el mensaje es muy fuerte. El mensaje en aquel momento era: ‘si la cooperación internacional no necesariamente coincide con todo lo que nosotros estamos planeando, pues a lo mejor no tiene cabida en este país’”, sostuvo. ¿Así se les dijo?, preguntamos. “No se dijo así, pero algunos podíamos haber interpretado que eso estaba pasando”, respondió.
Grigsby, en un balance de su estadía en Bolivia, se refirió a su relación con la administración de Evo Morales, dijo: “Muchas veces hemos tenido que ser incómodos para el Gobierno. Bolivia tiene una forma de hacer política con una hegemonía muy fuerte del MAS. Prácticamente los espacios políticos están copados, hay una predominante presencia del partido de gobierno, del MAS, en todos los estratos y todas las formas de hacer política y eso va dejando un margen más estrecho a la cooperación para opinar”.
La nicaragüense, con muchos años de residencia en México, está casada con un boliviano distinguido, columnista, cineasta y experto en comunicación para el desarrollo, Alfonso Gumucio Dagrón. Por ello, pero también por su condición de latinoamericana, Bolivia no le resultaba ajena antes de asumir la representación en este país del organismo multilateral más grande del planeta. Ahora le resulta aún más familiar y por eso habla con solvencia sobre todos los temas.
La representante lamenta que tras la expulsión de ambas entidades no haya habido un posicionamiento claro de parte del Gobierno con respecto a la cooperación. Señala que faltó claridad y orientación estratégica en cuanto a qué esperan las autoridades de los cooperantes. “Uno puede intuir, el Ggobierno marca una pauta, pero no ha habido un posicionamiento claro en el sentido de decir nos vamos a relacionar de esta manera”, explicó.
El mayor foco de tensión entre Naciones Unidas y el Gobierno habría sido, en estos dos años, la defensa de los derechos humanos. Grigsby afirmó que en Bolivia “hay problemas en materia de derechos humanos” y que varias veces las declaraciones del Alto Comisionado de Naciones Unidas, con residencia en La Paz, generaron cierta molestia en las autoridades.
El segundo foco de tensión entre el gobierno de Evo Morales y las Naciones Unidas pudo haber sido la elaboración del proyecto de ley de la consulta previa, libre e informada. El proceso fue liderado por los ministerios de Gobierno y el de Autonomías y duró tres años, contó con la participación de los pueblos indígenas, los directos interesados, pero al final quedó archivado y no ingresó para su consideración a la Asamblea Legislativa.
En contrapartida, la mayor virtud del actual Gobierno, de acuerdo a la entrevistada, es que a diferencia del pasado, marca con claridad cuál es su agenda de desarrollo. Recordó que antes, el 62% del financiamiento de las políticas sociales estaba a cargo de las agencias internacionales.
Ello era, en los hechos, “una sustitución del Estado” por los cooperantes. Ahora eso ha cambiado. “Se decía que quien marcaba la agenda era la cooperación porque era ella la que ponía la plata, eso se terminó, yo encuentro otro panorama, yo encuentro a un gobierno que dice vamos por aquí y donde Bolivia obviamente tiene todos los recursos para financiar su política social”, subrayó.
Grigsby, representante residente del sistema de Naciones Unidas en Bolivia, está a punto de dejar el país. Después de dos años de intensa labor en La Paz, prepara su cambio de destino, probablemente rumbo a París, la sede de la Unesco, donde trabajó hace una década.
“Hay un momento preocupante en esta dinámica (de relacionamiento con el Gobierno) que es cuando se da la expulsión de Usaid, que es un derecho legítimo del Gobierno, no estamos cuestionando eso, y luego también la expulsión de IBIS Dinamarca”, dijo la representante saliente.
Tras la salida de ambas organizaciones no gubernamentales la representante internacional contó que muchos creían que ellos (NNUU) serían los próximos, “portémonos bien, ya nos vamos (ríe)”, decían.
“Pero ciertamente hay una preocupación muy importante, porque el mensaje es muy fuerte. El mensaje en aquel momento era: ‘si la cooperación internacional no necesariamente coincide con todo lo que nosotros estamos planeando, pues a lo mejor no tiene cabida en este país’”, sostuvo. ¿Así se les dijo?, preguntamos. “No se dijo así, pero algunos podíamos haber interpretado que eso estaba pasando”, respondió.
Grigsby, en un balance de su estadía en Bolivia, se refirió a su relación con la administración de Evo Morales, dijo: “Muchas veces hemos tenido que ser incómodos para el Gobierno. Bolivia tiene una forma de hacer política con una hegemonía muy fuerte del MAS. Prácticamente los espacios políticos están copados, hay una predominante presencia del partido de gobierno, del MAS, en todos los estratos y todas las formas de hacer política y eso va dejando un margen más estrecho a la cooperación para opinar”.
La nicaragüense, con muchos años de residencia en México, está casada con un boliviano distinguido, columnista, cineasta y experto en comunicación para el desarrollo, Alfonso Gumucio Dagrón. Por ello, pero también por su condición de latinoamericana, Bolivia no le resultaba ajena antes de asumir la representación en este país del organismo multilateral más grande del planeta. Ahora le resulta aún más familiar y por eso habla con solvencia sobre todos los temas.
La representante lamenta que tras la expulsión de ambas entidades no haya habido un posicionamiento claro de parte del Gobierno con respecto a la cooperación. Señala que faltó claridad y orientación estratégica en cuanto a qué esperan las autoridades de los cooperantes. “Uno puede intuir, el Ggobierno marca una pauta, pero no ha habido un posicionamiento claro en el sentido de decir nos vamos a relacionar de esta manera”, explicó.
El mayor foco de tensión entre Naciones Unidas y el Gobierno habría sido, en estos dos años, la defensa de los derechos humanos. Grigsby afirmó que en Bolivia “hay problemas en materia de derechos humanos” y que varias veces las declaraciones del Alto Comisionado de Naciones Unidas, con residencia en La Paz, generaron cierta molestia en las autoridades.
El segundo foco de tensión entre el gobierno de Evo Morales y las Naciones Unidas pudo haber sido la elaboración del proyecto de ley de la consulta previa, libre e informada. El proceso fue liderado por los ministerios de Gobierno y el de Autonomías y duró tres años, contó con la participación de los pueblos indígenas, los directos interesados, pero al final quedó archivado y no ingresó para su consideración a la Asamblea Legislativa.
En contrapartida, la mayor virtud del actual Gobierno, de acuerdo a la entrevistada, es que a diferencia del pasado, marca con claridad cuál es su agenda de desarrollo. Recordó que antes, el 62% del financiamiento de las políticas sociales estaba a cargo de las agencias internacionales.
Ello era, en los hechos, “una sustitución del Estado” por los cooperantes. Ahora eso ha cambiado. “Se decía que quien marcaba la agenda era la cooperación porque era ella la que ponía la plata, eso se terminó, yo encuentro otro panorama, yo encuentro a un gobierno que dice vamos por aquí y donde Bolivia obviamente tiene todos los recursos para financiar su política social”, subrayó.
Potosi Departamento amaneció nuevamente bloqueado
Luego de una jornada de tregua y abastecimiento, ayer en Potosí se volvieron a bloquear algunas vías en distintas partes de la ciudad, reportó radio Aclo de la Red Erbol.
Según el informe, la tranca de San Antonio, que es el ingreso desde Uyuni y Oruro está bloqueada, mientras que la salida por Karachipampa al mediodía aún estaba expedita.
Asimismo, gremiales son las encargadas de bloquear algunas calles de la urbe, sin embargo, aún había cierta circulación de vehículos.
El Comité Cívico Potosinista (Comcipo) decidió que durante 12 horas del viernes la población pueda abastecerse para encarar el paro indefinido, que aún está vigente.
Los potosinos exigen al Gobierno implemente proyectos de inversión en su región.
Ayer en horas de la mañana, los mercados volvieron a cerrar sus puertas y había largas filas en bancos y en estaciones de servicio.
Según el informe, la tranca de San Antonio, que es el ingreso desde Uyuni y Oruro está bloqueada, mientras que la salida por Karachipampa al mediodía aún estaba expedita.
Asimismo, gremiales son las encargadas de bloquear algunas calles de la urbe, sin embargo, aún había cierta circulación de vehículos.
El Comité Cívico Potosinista (Comcipo) decidió que durante 12 horas del viernes la población pueda abastecerse para encarar el paro indefinido, que aún está vigente.
Los potosinos exigen al Gobierno implemente proyectos de inversión en su región.
Ayer en horas de la mañana, los mercados volvieron a cerrar sus puertas y había largas filas en bancos y en estaciones de servicio.
Tras restablecimiento de embajadas EEUU-Cuba Bolivia y Chile, únicos países sin relaciones en América
Las relaciones interrumpidas entre Bolivia y Chile, después de la Guerra del Pacífico (1879), se convierte en el conflicto más antiguo y sin resolver en el continente americano, tras el acercamiento oficial entre los gobiernos de Estados Unidos y Cuba con la designación de embajadores el pasado 20 de julio.
La situación actual se hace más dificultosa, con la demanda marítima que presentó Bolivia en contra de Chile ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, además del enfrentamiento mediático entre ambos gobiernos, lo que imposibilita por el momento una posible solución, a pesar de los recientes anuncios a través de los medios de comunicación en torno a la intención de reanudar relaciones entre ambos países.
La primera señal –a consecuencia del pedido del papa Francisco para que ambos países puedan lograr una solución pacífica y mediante el diálogo– la dio el gobierno de Michelle Bachelet, que mostró su interés en restablecer relaciones de forma “inmediata y sin condiciones”. Posteriormente, el canciller David Choquehuanca respondió que ese paso se daría sólo cuando Chile restituya a Bolivia el acceso soberano al océano Pacífico.
Posteriormente, la semana pasada, y de forma sorpresiva, el presidente Evo Morales respondió a través de un comunicado que Bolivia acepta el restablecimiento de las relaciones oficiales con Chile, pero que para ello, ambos mandatarios acudan a el Vaticano para pedirle al Sumo Pontífice sea garante, además que en el transcurso de cinco años se resuelva el diferendo marítimo.
Autoridades trasandinas respondieron mediáticamente que Chile siempre estuvo abierto a entablar relaciones pero sin ningún tipo de condiciones, postura que confirma nuevamente que la situación entre ambos estados está trunca.
En ese contexto, con el anunciado restablecimiento de relaciones entre Estados Unidos y Cuba, las diferencias entre Chile y Bolivia por la demanda marítima pasan a ser el conflicto más enconado en América, sin que se aviste una solución concreta y real en el horizonte.
CONFLICTO
El conflicto boliviano-chileno es mucho más antiguo que el de Estados Unidos y Cuba. Se remonta al siglo XIX, en una guerra en la que Bolivia perdió una vasta extensión de territorio (cerca de 120.000 kilómetros cuadrados). Hasta 1879, cuando las tropas chilenas invadieron territorio boliviano sin una declaración previa de guerra, Bolivia tenía 400 kilómetros de costa.
Ciento treinta y cuatro años después, el Gobierno boliviano continúa reclamando una salida soberana al mar y desde 2013, este pedido tuvo un viraje histórico porque el país presentó una demanda ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya en busca de un fallo que “obligue” a Chile a negociar de buena fe una solución.
CUBA-ESTADOS UNIDOS
Aunque persistirá la fricción entre Washington y La Habana mientras esté vigente el embargo estadounidense a Cuba, la reapertura de embajadas, prevista para el 20 de julio, es vista como un paso decisivo hacia la normalización de las relaciones, algo que Bolivia y Chile están por ahora lejos de emular.
Los lazos cubano-estadounidenses, reforzados por la ayuda que la potencia norteamericana prestó a Cuba para independizarse de España en 1898, quedaron rotos en 1961 a causa del alineamiento cubano con el bloque soviético, en plena “guerra fría”. Al año siguiente, por motivos muy distintos, Bolivia y Chile suspendieron sus relaciones diplomáticas a nivel de embajadores y, salvo por un paréntesis de tres años (1975-1978), se han mantenido así hasta la fecha.
Según la opinión generalizada, el proceso de deshielo cubano-estadounidense va a permitir una nueva era en las relaciones de EEUU con América Latina, en las que el antagonismo de la superpotencia con el único país comunista del continente ha gravitado de manera notoria.
OBSTÁCULO
Para La Moneda, el litigio que presentó Bolivia contra Chile ante La Haya significó un obstáculo para la normalización de las relaciones entre ambos, pero, con el pedido del Papa, la postura cambió pero no cedió ni un ápice la posibilidad de otorgar soberanía marítima a Bolivia.
Para el expresidente y portavoz oficial de la demanda marítima ante la CIJ, Carlos Mesa, el principal obstáculo para el restablecimiento de las relaciones es precisamente el conflicto marítimo sin solución.
“Si hay una piedra que está entorpeciendo el proceso pleno de integración suramericana es el tema del enclaustramiento forzado de Bolivia”, afirmó la autoridad, quien también recordó que lo único que pide Bolivia con la demanda es el cumplimiento de los compromisos chilenos ofrecidos al país a lo largo de la historia.
NO ES INAMISTOSO
Mesa no cree que haber recurrido a la Corte Internacional sea un acto “inamistoso” hacia Chile y apuesta a resolver las cosas por la vía pacífica del diálogo y la negociación.
El regreso a la presidencia de Chile de la socialista Michelle Bachelet en 2014 no ha supuesto una mejora del clima entre los dos países, pese a que ideológicamente ella está más cerca del presidente boliviano, Evo Morales, que su antecesor en La Moneda, el conservador Sebastián Piñera.
Durante su primer gobierno, de 2006 a 2010, Bachelet acordó una agenda con Evo Morales para mejorar las relaciones entre los dos países en la que se mencionaba la necesidad de mantener un diálogo bilateral sobre el tema marítimo desde una perspectiva constructiva.
Sin embargo, no hubo grandes avances en esta iniciativa y en 2013 las autoridades de Bolivia decidieron elevar este conflicto ante la Corte de La Haya. Tras subrayar que “lo que demanda Bolivia es justicia”.
INCIERTO
Tras ese escenario donde prevaleció un intercambio mediáticos de mensajes entre ambos gobiernos, la situación continúa incierta con lo único claro: Bolivia busca que Chile le restituya un acceso soberano al océano Pacífico, mientras que el vecino país muchas veces reiteró que no cederá ni un milímetro de “su territorio”.
En tanto, ambos países esperan que los jueces de La Haya emitan el fallo sobre su competencia o no ante la demanda que presentó Bolivia. En caso que el hecho resulte favorable a Bolivia se instalará la demanda judicial ante La Haya, proceso que tendrá una duración de cuatro a cinco años.
El resultado del fallo por los alegatos orales será público los últimos meses de este año. En tanto, Bolivia con su Consejo Marítimo reforzado continúa con el lobby internacional para difundir su causa marítima.
La situación actual se hace más dificultosa, con la demanda marítima que presentó Bolivia en contra de Chile ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, además del enfrentamiento mediático entre ambos gobiernos, lo que imposibilita por el momento una posible solución, a pesar de los recientes anuncios a través de los medios de comunicación en torno a la intención de reanudar relaciones entre ambos países.
La primera señal –a consecuencia del pedido del papa Francisco para que ambos países puedan lograr una solución pacífica y mediante el diálogo– la dio el gobierno de Michelle Bachelet, que mostró su interés en restablecer relaciones de forma “inmediata y sin condiciones”. Posteriormente, el canciller David Choquehuanca respondió que ese paso se daría sólo cuando Chile restituya a Bolivia el acceso soberano al océano Pacífico.
Posteriormente, la semana pasada, y de forma sorpresiva, el presidente Evo Morales respondió a través de un comunicado que Bolivia acepta el restablecimiento de las relaciones oficiales con Chile, pero que para ello, ambos mandatarios acudan a el Vaticano para pedirle al Sumo Pontífice sea garante, además que en el transcurso de cinco años se resuelva el diferendo marítimo.
Autoridades trasandinas respondieron mediáticamente que Chile siempre estuvo abierto a entablar relaciones pero sin ningún tipo de condiciones, postura que confirma nuevamente que la situación entre ambos estados está trunca.
En ese contexto, con el anunciado restablecimiento de relaciones entre Estados Unidos y Cuba, las diferencias entre Chile y Bolivia por la demanda marítima pasan a ser el conflicto más enconado en América, sin que se aviste una solución concreta y real en el horizonte.
CONFLICTO
El conflicto boliviano-chileno es mucho más antiguo que el de Estados Unidos y Cuba. Se remonta al siglo XIX, en una guerra en la que Bolivia perdió una vasta extensión de territorio (cerca de 120.000 kilómetros cuadrados). Hasta 1879, cuando las tropas chilenas invadieron territorio boliviano sin una declaración previa de guerra, Bolivia tenía 400 kilómetros de costa.
Ciento treinta y cuatro años después, el Gobierno boliviano continúa reclamando una salida soberana al mar y desde 2013, este pedido tuvo un viraje histórico porque el país presentó una demanda ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya en busca de un fallo que “obligue” a Chile a negociar de buena fe una solución.
CUBA-ESTADOS UNIDOS
Aunque persistirá la fricción entre Washington y La Habana mientras esté vigente el embargo estadounidense a Cuba, la reapertura de embajadas, prevista para el 20 de julio, es vista como un paso decisivo hacia la normalización de las relaciones, algo que Bolivia y Chile están por ahora lejos de emular.
Los lazos cubano-estadounidenses, reforzados por la ayuda que la potencia norteamericana prestó a Cuba para independizarse de España en 1898, quedaron rotos en 1961 a causa del alineamiento cubano con el bloque soviético, en plena “guerra fría”. Al año siguiente, por motivos muy distintos, Bolivia y Chile suspendieron sus relaciones diplomáticas a nivel de embajadores y, salvo por un paréntesis de tres años (1975-1978), se han mantenido así hasta la fecha.
Según la opinión generalizada, el proceso de deshielo cubano-estadounidense va a permitir una nueva era en las relaciones de EEUU con América Latina, en las que el antagonismo de la superpotencia con el único país comunista del continente ha gravitado de manera notoria.
OBSTÁCULO
Para La Moneda, el litigio que presentó Bolivia contra Chile ante La Haya significó un obstáculo para la normalización de las relaciones entre ambos, pero, con el pedido del Papa, la postura cambió pero no cedió ni un ápice la posibilidad de otorgar soberanía marítima a Bolivia.
Para el expresidente y portavoz oficial de la demanda marítima ante la CIJ, Carlos Mesa, el principal obstáculo para el restablecimiento de las relaciones es precisamente el conflicto marítimo sin solución.
“Si hay una piedra que está entorpeciendo el proceso pleno de integración suramericana es el tema del enclaustramiento forzado de Bolivia”, afirmó la autoridad, quien también recordó que lo único que pide Bolivia con la demanda es el cumplimiento de los compromisos chilenos ofrecidos al país a lo largo de la historia.
NO ES INAMISTOSO
Mesa no cree que haber recurrido a la Corte Internacional sea un acto “inamistoso” hacia Chile y apuesta a resolver las cosas por la vía pacífica del diálogo y la negociación.
El regreso a la presidencia de Chile de la socialista Michelle Bachelet en 2014 no ha supuesto una mejora del clima entre los dos países, pese a que ideológicamente ella está más cerca del presidente boliviano, Evo Morales, que su antecesor en La Moneda, el conservador Sebastián Piñera.
Durante su primer gobierno, de 2006 a 2010, Bachelet acordó una agenda con Evo Morales para mejorar las relaciones entre los dos países en la que se mencionaba la necesidad de mantener un diálogo bilateral sobre el tema marítimo desde una perspectiva constructiva.
Sin embargo, no hubo grandes avances en esta iniciativa y en 2013 las autoridades de Bolivia decidieron elevar este conflicto ante la Corte de La Haya. Tras subrayar que “lo que demanda Bolivia es justicia”.
INCIERTO
Tras ese escenario donde prevaleció un intercambio mediáticos de mensajes entre ambos gobiernos, la situación continúa incierta con lo único claro: Bolivia busca que Chile le restituya un acceso soberano al océano Pacífico, mientras que el vecino país muchas veces reiteró que no cederá ni un milímetro de “su territorio”.
En tanto, ambos países esperan que los jueces de La Haya emitan el fallo sobre su competencia o no ante la demanda que presentó Bolivia. En caso que el hecho resulte favorable a Bolivia se instalará la demanda judicial ante La Haya, proceso que tendrá una duración de cuatro a cinco años.
El resultado del fallo por los alegatos orales será público los últimos meses de este año. En tanto, Bolivia con su Consejo Marítimo reforzado continúa con el lobby internacional para difundir su causa marítima.
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