Gobierno lamenta que dirigentes estén vinculados al caso ex Fondo Indígena y dice fueron ‘inducidos al error’

El Gobierno lamentó que dirigentes y exdirigentes de los movimientos sociales estén vinculados con los manejos irregulares de los dineros del ex Fondo Indígena porque son “la base social” de la administración del presidente Evo Morales. La “mala administración” indujo “en error a los beneficiarios”, aseguró la ministra de Transparencia, Lenny Valdivia.

“¿Por qué decimos lamentamos?, porque son pues la base social de nuestro Gobierno. Este es un Gobierno del pueblo, de los que antes no eran escuchados, de los que antes no merecían la atención de le Estado, de las grandes mayorías”, afirmó y aseguró en el programa Levántate Bolivia de Cadena A que uno de los factores de lo sucedido en el liquidado fondo se debe a una “mala administración”.

El Gobierno intervino y luego inició un proceso de liquidación del hoy ex Fondo Indígena, que tiene como fuente de ingresos parte de los dineros del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH). La entidad tiene como función central financiar proyectos de desarrollo social y productivo en el área rural para sectores indígena originario campesinos.

Hasta el momento fueron recuperados Bs 17 millones de los proyectos observados y aún está en investigación el destino de otros Bs 100 millones. Fueron vinculados dirigentes como la exministra Julia Ramos, los senadores Jorge Choque y Felipa Merino, la indígena Melva Hurtado, Damián Condori y ayer fue detenido el Teodosio Jampuri.

“Las causas que originaron todo este problema del ex Fondo Indígena han sido problemas de administración que sin duda han inducido en error a los beneficiarios. Una inadecuada normativa para poder incluso efectivizar la transferencia público-privada, la falta de acompañamiento en la ejecución de los proyectos, que no era una obligación de los beneficiarios”, sostuvo.

Valdivia insistió en “lamentar que se vean involucradas” personas ligadas a los movimientos sociales y anunció que una vez concluidos los procesos penales deben iniciarse los civiles contra los acusados para recuperar el dinero del Estado.