El exdirector jurídico de la alcaldía de La Paz, Fernando Velásquez, planteó este miércoles que el alcalde interino, Omar Rocha, no otorgó oportunamente los respectivos poderes a su equipo jurídico para que prosiga la defensa legal de los intereses del municipio en el conflicto judicial que sostiene con la familia Brun desde hace más de una década.
Estos actos de negligencia habrían ayudado a que el fallo sea desfavorable para la alcaldía. Actualmente el municipio de La Paz ya da por perdido un monto de 2,8 millones de dólares, que ha sido retenido de los fondos ediles este martes.
"Rocha está cuatro meses en la administración y no ha otorgado poderes para la defensa (?) dijo que deberíamos negociar, pero ¿qué vamos a negociar si son intereses del Estado?", preguntó Velásquez en una entrevista matutina en Cadena A.
Velásquez lamentó que la jueza del caso envió a un perito, de profesión arquitecto, para determinar el valor del derecho propietario y con base en ello, precisar la cifra que adeudaría el municipio por haber demolido un inmueble construido en un terreno, que, como se demostró, no le pertenecía.
Este perito concluyó, según Velásquez, en que el valor del predio, ubicado en el barrio de Següencoma, tiene un valor de 67 mil dólares. Según la determinación del experto, el "lucro cesante", es decir la pérdida de un incremento patrimonial que se dejó de obtener como consecuencia de la demolición, determinó que los alquileres que Brun debía percibir hubiesen sido de 14 mil dólares mensuales.
Este cálculo incrementó el monto exigido a un millón 237 mil dólares. La suma de la indemnización llegaría entonces a los 2,8 millones de dólares. Velásquez recordó que después de conocer la determinación del perito, se cuestionó el precio estimado de los alquileres y adjuntaron pruebas de valores catastrales e informes de valoración de otras casas colindantes.
Sin embargo, la jueza de Partido Civil y Comercial, Consuelo Chacón, notificó el reciente 15 de abril al alcalde interino, Omar Rocha, para poner la sentencia en ejecución, es decir que se pague la indeminización a Juan Brun y a su esposa Margarita Andrade en un plazo de 3 días.El dinero ha sido retenido de los fondos ediles.
Según Velásquez, a raíz de estos hechos, el departamento jurídico de la alcaldía instauró dos procesos de prevaricato, uno contra la juez y otro contra el perito. "Él (Rocha) tiene la responsabilidad institucional frente a un conjunto de acciones legales que no hay, no aceptar una suma sin oposición si hay elementos de discusión", expresó. Velásquez indicó que mientras le tocó fungir como autoridad, veló por los intereses del Estado y recomendó que siga avanzando en la observación de los rasgos de este juicio.
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