El candidato a diputado por la circunscripción 12 del Movimiento Al Socialismo (MAS), Simón Sergio Choque Siñani, fue sentenciado por el Juzgado Cuarto de Partido y de Sentencia de El Alto a seis años de cárcel en 2004, por los delitos de falsificación de sellos, papel sellado, timbres, falsedad ideológica, estafa y uso de instrumento falsificado, al suplantar a un abogado sin serlo.
El proceso fue seguido desde el 2000 en contra del candidato masista y otras personas por parte del Gobierno Municipal de El Alto. El fallo emitido por dicha instancia judicial fue incorporado al Registro Judicial de Antecedentes Penales (REJAP) el 2 de junio de 2010.
"El juez Cuarto de Partido y de Sentencia en lo Penal de la ciudad de El Alto (…) falla: declarando a los procesados Simón Sergio Choque Siñani, declarado rebelde y contumaz a la ley, autor de los delitos previstos sancionados en los artículos 175 (abogacía y mandato indebidos), 19 (falsificación de sellos, papel sellado y timbres), 199 (falsedad ideológica), 203 (uso de instrumento falsificado), 335 (estafa) del Código Penal, condenándole a sufrir la pena de privación de libertas de 6 (seis) años en reclusión, la misma que deberá cumplir en la Penitenciaria Distrital de San Pedro de La Paz", señala el fallo judicial.
La denuncia fue realizada por el candidato a diputado por Unidad Demócrata (UD), Amilcar Barral, quien con documentación en mano pidió a los alteños tener cuidado con Sergio Choque, al haber sido declarado rebelde y contumaz.
"Sergio Choque ha sido condenado a seis años de cárcel, pero nunca cumplió la sentencia. ¡Por qué tanta injusticia! ¡Por la ley es benévola con unos que son masistas e injusta con los pobres¡", manifestó.
En respuesta, Sergio Choque señaló que está tranquilo porque no tiene ningún proceso judicial en su contra y por ello es candidato uninominal por la circunscripción 12 de El Alto. Además mencionó que no hay motivo para seguir hablando sobre el tema y pidió que su caso sea verificado en el REJAP.
"Si fuese así yo no estaría en campaña, no hubiese aprobado el Tribunal Supremo Electoral que es la máxima instancia que revisa estos procesos. Lo único que yo sé es que es una campaña sucia de la señora Karina Carvajal (candidata uninominal de El Alto por Unidad Demócrata). Yo soy un hombre de ley (y) un hombre de derecho", respondió y luego cortó de forma abrupta la comunicación que sostuvo con la ANF.
En las fojas del proceso iniciado contra Sergio Choque y otras personas se indica que el caso se
inició el 12 de diciembre de 2000, cuando una mujer de nombre Adela Alvares se apersonó junto a Eulogio Pizza Romero a la oficina de Catastro para retirar un plano, pero la responsable de dicha unidad identificó que las firmas y sellos del plano no correspondían.
A partir de ese momento la Alcaldía alteña sentó la denuncia en la ex Policía Técnica Judicial (PTJ) y al día siguiente se realizó una investigación ocular en la oficina 114 del Shoping El Alto, de propiedad de Sergio Choque y otros, donde se incautó hojas de papel en blanco con membrete de la Alcaldía alteña y tarjetas profesionales que deberían permanecer en oficinas públicas y no privadas.
"La mencionada oficina estaba montada con cuadros de títulos profesionales de abogados de los señores Adolfo Luis Argani Argani y del coprocesado Simón Sergio Choque Siñani, allí tenían acceso los coprocesados Eulogio (Iván) Pizza Romero, Mery Itusaca que fungía como secretaria y
René Luis Huayllas Villca quien fue detenido", señala una parte de las fojas del expediente judicial.
En el proceso legal se evidenció que Sergio Choque no era abogado, aunque fungía como tal para realizar los trámites municipales. La oficina que fue allanada servía a este grupo para dirigir a las personas que realizaban sus trámites como si fuera una "oficina dependiente de la Alcaldía de El Alto, utilizando formularios, membretes y haciendo planos".
Según los requisitos establecidos por el Tribunal Supremo Electoral para las elecciones del 12 de octubre, los candidatos a diputados plurinominales y uninominales no deben tener pliego de cargo ejecutoriado ni sentencia judicial y para ello debieron haber presentado un informe de antecedentes penales emitido por el REJAP.
De acuerdo al artículo 234 inciso 4 de la Constitución Política del Estado (CPE) los candidatos a diputados uninominales y plurinominales: "No (deben) tener pliego de cargo ejecutoriado, ni sentencia condenatoria ejecutoriada en materia penal, pendientes de cumplimiento". El incumplimiento a este requisito es causal para que el Órgano Electoral inhabilite al candidato de forma inmediata.
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