A poco más de un mes para que los bolivianos y bolivianas asistan a las urnas para depositar su voto, denuncias van, denuncias vienen, tanto de la oposición como del oficialismo por una variedad de cargos.
Haciendo un recuento de la semana, entre las acusaciones que causaron mayores reacciones está la del candidato a primer senador del Movimiento Sin Miedo (MSM) por Cochabamba, Mario Orellana, que difundió el martes un audio en el que, supuestamente, se escucha la voz del presidente Evo Morales asegurando que el haber organizado la cumbre del G77 fue la “mejor campaña” que hizo el MAS en Santa Cruz.
En la misma línea, el presidenciable del MSM, Juan del Granado, arremetió contra el empresariado cruceño al indicar que “una casta empresarial camba” que conspiró contra Evo Morales “ahora come de la mano del Gobierno masista” y apostó por él.
“Tenemos una casta empresarial camba que mira sus bolsillos y que cuando vieron que esto iba para largo, le tumbaron sus conspiraciones. Claro, por supuesto pues, ahora le apostaron al Gobierno porque ahora están comiendo de su mano y el Gobierno les está comiendo sus conciencias”, dijo Del Granado según la Edición Impresa de EL DEBER.
El candidato a senador de la misma agrupación, Ramiro Núñez, dijo: “Queremos denunciar ante el pueblo boliviano que el presidente, Evo Morales, está aceptando que compró la conciencia de los empresarios cruceños con la Cumbre G77”, de acuerdo a la conferencia difundido en la Red Uno.
La ola de denuncias continuó. Este jueves el candidato a diputado por el Partido Demócrata Cristiano (PDC) Ariel Hurtado denunció que “Samuel Doria Medida y Rubén Costas hacen campaña con brigadas médicas de la Gobernación”. La denuncia fue contra Luis Felipe Dorado, de UD, por hacer “campaña con recursos de la Gobernación en una feria de salud en el barrio La Chacarilla”.
En su defensa, Dorado explicó que él no organizó el evento, sino que se acercó a un acto organizado por una universidad y la Alcaldía y repartió material de propaganda. “Era un acto abierto y yo estaba en un vehículo de uso personal, un vehículo Nissan rojo con placa 2912ZOE”.
El candidato presidencial de Unidad Demócrata, Samuel Doria Medina, también fue denunciado por la ex representante de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de La Paz Teresa Zubieta por amenazar a la esposa del candidato, de su mismo partido, el diputado Jaime Navarro por una denuncia de violencia intrafamiliar presentada contra el ex legislador.
"Si vos no quieres, no te puedo decir que no vas a trabajar conmigo, pero te voy a mandar a trabajar a Trinidad. Así de Claro. Si no quieres, si insistes con tus abogados, tus huevadas, vas a ser destinada a Trinidad", amenazó Doria Medina, aparentemente, según el audio facilitado por Zubieta y publicado en YouTube.
Ante las denuncias, algunos candidatos pidieron las cabezas de sus oponentes. El aspirante a diputado de Unidad Demócrata (UD) Luis Felipe Dorado exigió que se “saque de las listas” al candidato a senador Jaime Santa Cruz porque trabajó entre 2008 y 2011 como gerente general de la empresa Jindal Steel Bolivia, subsidiaria de la multinacional JindalSteel&Power.
Jaime Santa Cruz, acusó a Dorado de pasarse de partido en partido y dijo que le iba “a regalar una polerita” del MAS si se lo llegaba a encontrar.
Desde La Paz, el postulante a diputado por UD Jaime Navarro denunció que personeros del Ministerio de Gobierno salieron en las dos últimas madrugadas para retirar gigantografías de Doria Medina que estaban en distintas zonas de la ciudad. “Vehículos y personeros del Ministerio de Gobierno, en complicidad con el Tribunal Supremo Electoral, han salido al amparo de la noche a destrozar y retirar las vallas y gigantografías del candidato Samuel Doria Medina”, aseveró Navarro, según presenta EL DEBER en su Edición Impresa.
Horas después de la denuncia, dos policías del Ministerio de Gobierno retuvieron al fotógrafo de ANF Diego Herculano y lo obligaron a borrar el material gráfico que obtuvo en las afueras de ese ministerio.
Con este panorama, es muy probable que la campaña electoral de las diferentes tiendas políticas se intensifique, al parecer más con denuncias que con propuestas, sobre todo porque 30 días antes del día de la votación está permitida la propaganda electoral en los medios de comunicación que, por ahora, está prohibido por el Tribunal Supremo Electoral.
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