El Tribunal Supremo de Electoral (TSE) proporcionó a Página Siete la lista de las autoridades a quienes se busca destituir de sus cargos, y este medio la contrastó con el acta de cómputo de las elecciones departamentales, municipales y regionales de 2010, emitida por la entonces Corte Nacional Electoral, ahora TSE. La constatación se realizó con ocho departamentos, excepto Oruro, por la falta de datos de esta región.
De un total de unas 245 autoridades, al menos el 40% (99) corresponden al partido gubernamental, un 5,7 % (14) pertenecen al opositor Movimiento Sin Miedo (MSM), y el resto a frentes políticos como AS, CP, FPV, MAR, Genupol, MPS, FA, entre otros.
En días pasados, el presidente Evo Morales dijo que los revocatorios son “perjudiciales” y van contra el desarrollo de los pueblos.
Fabián Yaksic, diputado del MSM , afirma que esta “reivindicación democrática” debe ser llevada adelante como manda la Constitución. “Que a nadie le sorprenda que es hora que la democracia directa participativa se empiece a ejercer en todos sus alcances”, afirma.
Soledad Chapetón, dirigente de Unidad Nacional, sostiene que la cantidad de autoridades cuestionadas debería ser una llamada de atención a la dirigencia máxima del MAS, que es la que marca la línea política.
Desde el oficialismo, el diputado Carlos Aparicio afirma que en las solicitudes de revocatorio “existe más una mala utilización”, dado que ve que algunos la están impulsando ya sea por venganza o envidia. Además no cree que “sea un tema en contra del MAS”, puesto que es la primera fuerza a nivel nacional y local.
Aparicio menciona que el diputado Juan Carlos Sejas es un legislador “íntegro”, siempre preocupado por su circunscripción, pero pese a ello piden revocatorio en su contra. No obstante, aseguró que “hay que asumir la situación y ver en el resultado del voto del pueblo si evidentemente existe un descontento hacia las autoridades del MAS”.
La viabilización de la revocatoria de mandato se origina sólo a través de la “iniciativa popular”, según el artículo 25 de la Ley del Régimen Electoral.
El TSE, según informó su presidenta Vilma Velasco, autorizó ya a los impulsores de los revocatorios recolectar firmas y huellas dactilares para viabilizar los respectivos referendos. Este proceso debe durar 90 días.
En este espacio de tiempo, quienes impulsan revocatorios deben recabar las firmas y huellas dactilares del 25% del padrón electoral, actualizado. Este porcentaje –según la norma- debe incluir el 20% del padrón de cada departamento. Si se trata de una diputación uninominal, el porcentaje “aplicará para la circunscripción en la que se realizó su elección”.
En el caso de autoridades departamentales, se debe recabar las firmas y huellas dactilares del 25% del padrón departamental, porcentaje que debe incluir al menos el 20% del padrón de cada provincia. Para autoridades municipales, el porcentaje es del 30% de inscritos en el padrón del municipio.
Tras esta etapa, el Órgano Electoral tiene 60 días para verificar el cumplimiento de este requisito. Según Velasco, en esta fase se contrastarán los datos con el padrón electoral. Luego de que los tribunales electorales departamentales hagan la revisión que corresponde, deberán remitir al TSE las resoluciones para que éste envíe a la Asamblea la información de quienes cumplieron todos los requisitos y se llame a referéndum.
Puntos de vista
CARLOS APARICIO Diputado del MASHay distintas posiciones de parte de los que piden el revocatorio. Unos responden evidentemente a solicitudes de ciudadanos de oposición, otros ciudadanos son resentidos del propio MAS, o fruto de envidias, pugnas que hayan surgido en algún momento y hayan quedado descontentos al no haber sido electos, como autoridades. No hay un criterio de poder evaluar la gestión de las autoridades.
Fabián YaksicDiputado del MSM El que muchas autoridades provengan del MAS marca sin duda una de las fragilidades enormes que tiene este partido, que tiene la mayor conducción en términos de cantidad, de municipios y gobernaciones, y es lógico que esa gran debilidad tiene que ver con gestión, improvisación, corrupción, y con un manejo poco democrático de las conducciones locales, departamentales y que también se ven a nivel nacional. Por tanto no nos sorprende.
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