Ministerio de Defensa fijará nuevos puestos de control en las fronteras

Tras los incidentes entre Bolivia y Chile por la detención de tres soldados bolivianos el pasado 25 de enero en el norte de Chile, el ministro de Defensa, Rubén Saavedra, informó que se fijarán nuevos puestos de control y se reubicará a otros en las fronteras.

En conferencia de prensa, la autoridad dijo que disputó un redespliegue de las unidades militares del país, “unidades que estaban habilitadas, por ejemplo, en el centro de nuestro territorio, esa unidades van a ser desplegadas hacia el sector fronterizo”, dijo.

Además explicó que también se determinó la fijación de “nuevos puesto militares de control fronterizo”.

En criterio de la autoridad la decisión fue asumida en el marco del mandato de la Constitución Política del Estado (CPE), con el fin de la defensa del territorio boliviano.

“Así lo manda la Constitución, nosotros no tenemos ningún ánimo de buscar conflictos somos un país pacifistas, practicamos la cultura de La Paz, el diálogo, la negociación”, aclaró.

También se prevé dotar a las unidades militares que sean desplazadas a las fronteras con el equipo necesario para efectuar el control.

El miércoles, el senador del Movimiento Al Socialismo (MAS), Eduardo Maldonado, anunció que una comisión legislativa se dirigirá hacia la frontera con Chile para verificar las denuncias de comunarios y de la Gobernación de Potosí sobre una supuesta remoción de hitos fronterizos realizada por Chile.

“El Gobernador del departamento de Potosí y una comisión legislativa se estarían constituyendo en el sureste del departamento para verificar si hubo esa remoción de hitos y para ver en qué medida se pueden tomar acciones firmes para defender el territorio, no puede haber miedo y se debe actuar con soberanía y respeto a nuestro territorio”, declaró.

Chile tiene temas pendientes con Bolivia, entre ellos la delimitación fronteriza, que constantemente es denunciada por los comunarios de Oruro y Potosí, además de mantener en algunas regiones las minas antipersonales, que el propio gobierno chileno se ha comprometido a desactivar hace un par de años, dilatando, sin embargo, este cumplimiento establecido por la Organización de naciones Unidas (ONU).