El Ministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción objetó la decisión de la fiscal Varinia Gonzales de rechazar la denuncia contra la exalcaldesa de Quillacollo Carla Lorena Pinto Bustamante, sobre la expropiación de un terreno de su familia durante la gestión del alcalde y ahora viceministro de Autonomías, Marcelo Galindo, ambos del Movimiento Al Socialismo (MAS).
Según la documentación enviada al fiscal de Distrito, Camilo Medina, la resolución de la fiscal emitida el 22 de agosto contiene varias observaciones.
Transparencia pide al máximo representante del Ministerio Público pronunciarse en los plazos legales, rechazando la decisión de Varinia Gonzales.
Según la misma fuente, la representación del Ministerio de Transparencia objetó la falta de una investigación que la fiscal debió haber requerido a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), así como otras diligencias para profundizar si las autoridades y funcionarios implicados en el caso FIS-CBBA1200191 incurrieron o no en el delito de incumplimiento de deberes.
A pesar de las dos denuncias interpuestas, una por el exconcejal Lorenzo Flores y otra por el Ministerio de Transparencia, no existe una investigación sobre la expropiación de un terreno en la zona de Sierra Mokho por más de 2 millones de bolivianos, así como de dónde se obtuvieron los recursos para pagar a la propietaria.
Según la primera denuncia, el alcalde Marcelo Galindo expropió un terreno de dotación que pudo ser revertido a través de un trámite ante del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA). Sin embargo, la expropiación fue canalizada por Carla Lorena Pinto, cuando trabajaba como abogada externa.
De acuerdo con la documentación, el Ministerio de Transparencia mostró su inconformidad sobre los argumentos que expone la fiscal Gonzales para rechazar la denuncia que implica a dos exalcaldes de Quillacollo.
Transparencia observó que la fiscal considere que existe un “procesamiento ilegal” por existir dos denuncias (la primera del concejal Flores que fue rechazada y la segunda de Transparencia), porque se trata de dos actores distintos y no son idénticas.
Finalmente, expresan que no es razonable el argumento de la fiscal que concluye que el caso es rechazado para “descongestionar las causas y labor del Ministerio Público”.
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