El 50 por ciento de los procesos judiciales que se atiende en las diferentes provincias del país, está en Cochabamba.
Este departamento ocupa el primer lugar por ser el más litigioso. En segundo lugar se encuentran las provincias del departamento de Santa Cruz seguidas por La Paz, Tarija, Beni, Potosí, Chuquisaca, Oruro y Pando, según los datos del Anuario Estadístico Judicial de la gestión 2010.
El juez del Tribunal de Sentencia de Quillacollo, Fernando Villarroel, lamentó que la mayoría de los casos en las provincias esté relacionada a los delitos de violación a menores de edad. Explicó que en las provincias se registran, con frecuencia, casos de homicidios y asesinatos. En el área civil están los procesos para la nulidad de documentos y prescripción y; en materia familiar, los conflictos por pensiones, la tenencia de menores y otros.
“El termómetro para medir la administración de justicia es la materia penal porque conmueve el sentimiento social, son delitos que salen a la luz pública”, sostuvo.
MORA JUDICIAL En las provincias de Cochabamba, el total de las causas atendidas en los juzgados y tribunales de distrito son 53.486 de 132.384 que hay en el país. De este total, menos de la mitad (23.254) se resuelven, y el restante (30.232) se transfiere como pendiente para la próxima gestión.
Villarroel explicó que la demora en la conclusión de temas se debe a la falta de recursos humanos, principalmente, en provincias donde la población va creciendo.
“Un sólo tribunal atiende a casi medio departamento. Quillacollo abarca el municipio de Tiquipaya, Colcapirhua, Vinto y Sipe Sipe y las causas penales en Valle Bajo”, informó.
En la capital y las provincias, cada año las causas pendientes oscilan entre el 45 y 55 por ciento. Esto se refleja en los juzgados y tribunales desde 2004 y cada vez se amplía más la diferencia.
“Ingresan más causas de las que se resuelven y aquello provoca incremento de casos pendientes de resolución”, dice el informe.
Por otro lado muestra que las causas nuevas ingresadas en la gestión 2010 son 276.070 (77,41 por ciento ) en la capital y 80.538 (22,58 por ciento ) en las provincias.
Esto provoca que la mora judicial que hay en las capitales y también en las provincias del país sea cada vez más evidente en desmedro de las víctimas o quienes tienen un proceso judicial. Es una consecuencia principalmente de una insuficiente asignación presupuestaria que, entre otros, se traduce en la inadecuada infraestructura, escaso equipo, material de trabajo y poco personal.
El informe también muestra que el mayor número de causas judiciales ingresa en los juzgados de Instrucción de las provincias en materia penal. Son 18.547 casos atendidos en la anterior gestión, relacionados con delitos. La menor cantidad de los procesos judiciales se concentra en los juzgados de la Niñez y Adolescencia y en materia de Trabajo y Seguridad Social.
Los delitos más recurrentes y conocidos por la administración de justicia, son los que atentan contra la propiedad con un 63 por ciento , del total de delitos comunes. Con una gran diferencia se encuentran los delitos contra la vida y la integridad corporal (7 por ciento ), contra el honor (6 por ciento ), libertad (6 por ciento ), costumbres (6 por ciento ), familia (5 por ciento ), fe pública (3 por ciento ), seguridad común (2 por ciento ) y otros (2 por ciento ). La información es parte del informe de “Justicia para Todos” de Bolivia.
Datos.
Movimiento procesal
En el país existen 776
juzgados y tribunales que
han tramitado 653.862 causas, haciendo un promedio de
842 causas atendidas por Juzgado.
Cada uno de los jueces del país en promedio resuelve más de una causa por día.
Diez mil denuncias y menos del 50 por ciento con imputación
La Corte Superior de Justicia del Distrito de Cochabamba recibe un promedio de 10 mil denuncias de las que dentro del proceso, hasta llegar a la imputación, avanzan menos de la mitad.
Las estadísticas judiciales muestran que el 75 por ciento de los informes de inicio de investigación atendidos en la gestión 2010, quedó pendiente, el 17 por ciento rechazado y tan sólo el 7 por ciento fue imputado formalmente. Esto se debe a la mora procesal que existe no sólo en los administradores de justicia, sino de los representantes del Ministerio Público.
Los jueces aseguran que gran parte de los hechos delictivos se disipan o desaparecen porque los fiscales abandonan los procesos y cuando se les pide el rechazo o la imputación en un caso, tienen la obligación de informar, pero piden la ampliación del plazo. En el Código de Procecimiento Penal está establecido que una investigación debe realizarse en cinco días y actualmente se prolonga por seis meses. A esto se suma que cuando hay imputación debe durar seis meses, pero ahora se extiende a un año y medio. Aseguran que los procesos que se instalan en la justicia sirven más como métodos de presión, ya sea para devolver un anticrético, el pago de una deuda y otros.
LOS DATOS Las estadísticas revelan que las órdenes judiciales tienen el mayor porcentaje de ingresos en este tipo de juzgados con un 44 por ciento .
“Se observa que son los procesos no contenciosos, los que tienen los porcentajes más altos de causas ingresadas con un 23 por ciento. Se destacan los procesos ejecutivos con un 10 por ciento”, dice el documento.
EN CIUDADES Por otro lado el 80 por ciento de la carga procesal del país se concentra en las ciudades capitales siendo Cochabamba el tercer departamento más litigioso, después de La Paz y Santa Cruz.
El total de las causas atendidas a nivel nacional es de 521.478 de las cuales 89.159 corresponden a Cochabamba, es decir, el 38 por ciento.
LA PAZ El mayor número de causas está en La Paz (166.132) seguido de Santa Cruz (113.239).
Los datos corresponden al resumen ejecutivo del Movimiento Procesal en Bolivia del Consejo de la Judicatura. También muestran que sólo se resolvieron el 42 por ciento de las causas y el resto queda pendiente para la próxima gestión. De estos casos, 227.893 corresponden a ciudades capitales y El Alto, es decir, el 82,59 por ciento y 48.038 a las provincias, o sea el 17,40 por ciento .
La conciliación es una medida alternativa ideal
El representante distrital del Consejo de la Judicatura, Jhonny Ledezma, afirma que los líos por lotes y alquileres traen los mayores conflictos. Sugiere la conciliación para evitar litigios.
P. ¿Cuál es la situación de los conflictos legales?
R. El crecimiento desmedido de la población y el desarrollo abismal supera cualquier expectativa. Los problemas más graves en la justicia son por los lotes de terreno, loteamientos, estafas, alquileres, la presencia de locales clandestinos y bebidas alcohólicas.
P. ¿Qué provoca estos problemas?
R. Que no haya una división equitativa de la inmensa carga laboral para algunos jueces en las provincias y capitales. Es el caso de Quillacollo donde el juez de instrucción atiende dos mil causas al año y en Tapacarí un juez de instrucción recibe 30 al año y ambos ganan lo mismo.
P. ¿Por dónde pasa la solución?
R. Consideramos que es por el lado de la desconcentración. Hay asientos judiciales con movimiento descomunal. Para los litigantes, en el Código de Procedimiento Penal, se prevé la conciliación de todos aquellos casos donde no tenga que ver con la vida o integridad física de las personas. Se aplica desde 1999, pero de manera mínima aunque debería ser obligatorio, en materia civil y familiar.
P. ¿Qué pasa en casos de delitos?
R. En materia penal ahora no sólo se busca la devolución de los bienes sino el resarcimiento de daños. La conciliación depende del fiscal en la etapa preparatoria del juicio. Lo importante es evitar todo el procedimiento legal. La conciliación es una medida alternativa ideal para los litigantes.
P. ¿Los jueces pueden participar de la conciliación?
R. El juez tiene la atribución de convocar a las partes para conciliarlas, pero a veces es una dilación. Consideramos que debe haber conciliación obligatoria y no facultativa, de preferencia sin los abogados.
Violencia, generadora de conflicto
Según el informe “Justicia para Todos”, los delitos contra la vida y la integridad corporal alcanzan niveles altos (7 por ciento ), contra el honor (6 por ciento ), libertad (6 por ciento ), costumbres (6 por ciento ), familia (5 por ciento ), fe pública (3 por ciento ), seguridad común (2 por ciento ) y otros (2 por ciento ).
VIOLENCIA En la revista Lazos, de enero a julio de 2011, UNIR publica la existencia de tres tipos de violencia: la directa, la violencia estructural y la violencia cultural.
La directa, sea física o psicológica, impide el desarrollo pleno del ser humano, dice la investigación.
La violencia estructural, es la pobreza que produce sufrimiento y muerte prematura y es fruto de un determinado modo de oganizar la sociedad y de distribuir recursos y oportunidades, o el recorte de libertades políticas, que no es una fatalidad sino una injusticia. La violencia estructural puede convertirse en un caldo de cultivo de la violencia directa.
La violencia cultural es una forma de daño que se expresa en las creencias, valores, modos de pensar y de dirigir las acciones que suelen convertirse en “sentidos comunes” e invitan a la violencia directa y/o intentan legitimar la violencia estrucutral; es el caso de racismo, del machismo, del etnocentrismo, del odio religioso y otros”.
Esos tres tipos de violencia están interrelacionados, de modo que la violencia puede iniciarse en cualquiera y transitar de uno a otros. Lazos propone “una cultura de paz, como una forma de hacer que se deriva de una forma de ser, que integra un talante y una actitud equilibrada, de encuentro con pares y con la naturaleza, con la adopción moral por la paz como categoría ética que permita la construccion individual y colectiva”.
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