Bolivia contará a fin de año, no solamente con nuevas autoridades judiciales elegidas por sufragio universal, sino también un paquete de leyes que pondrán en vigencia nuevos procedimientos judiciales y una ley de transición del antiguo al nuevo sistema.
El anuncio lo hizo a OPINIÓN el viceministro de Justicia Marcelo Cox al explicar que se trata de los nuevos códigos Procesal, Penal, Civil, Laboral y un Código de Procedimientos Constitucionales. Esas normativas irán de la mano con una Ley de Transición porque el manejo administrativo es pesado y la transición de un viejo Poder Judicial a un nuevo Órgano Judicial, con un nuevo manejo fiscalizador del Consejo de la Magistratura debe merecer cambios administrativos que no generen traumas en la nueva institucionalidad”.
“La nueva ley del Órgano Judicial es la ley orgánica que va a permitir ingresar en el manejo normativo, sustantivo y adjetivo. Tenemos que ingresar en una fase de transición necesaria, con nuevas autoridades electas con el voto popular y con nueva normativa”.
Cox dijo que es imperioso elaborar las nuevas normas para cumplir con las disposiciones transitorias de la Ley del Órgano Judicial que da plazo de dos años para ese fin. Explicó que con la Asamblea Legislativa, el próximo año se trabajará la nueva normativa sustantiva como los códigos Penal, Civil, nueva Ley General del Trabajo, de Familia, nuevo Código Niño, Niña, Adolescente y nuevo Código Contencioso Administrativo.
Y este año, a partir de agosto, mediante comisiones del Legislativo, Poder Judicial y Legislativo, se trabajará la normativa procesal que pondrán en práctica las nuevas autoridades que serán elegidas en octubre.
Explicó que es urgente contar con los nuevos procedimientos porque son “los instrumentos que van a poder agilizar la justicia. Los reclamos más profundos de cambio pasan no sólo por los instituto del derecho en los códigos sustantivos sino por corregir los procedimientos como son plazos, audiencias, aminorar la brecha entre el conocimiento de un proceso cuando ingresa la demanda hasta que llega a sentencia.
“Se debe aminorar esa brecha, reducir la carga pesada del manejo de fojas, foliaciones, expedientes, carátulas. También habrá un nuevo sistema oral, con el manejo de notificaciones de forma informática, por correos electrónicos para que los formalismos sean dejados de lado. El manejo pesado está entre los expedientes, entre las cargas, notificaciones, resoluciones que son sólo un cúmulo de hojas que no ponen fin al conflicto. Con la oralidad se va a ingresar a nuevos mecanismos de aproximación de las partes con una conciliación que no será escrita sino oral. Por eso es procedimental el primer cambio que debe efectuarse”.
CORTE SUPREMA Otra innovación inmediata es que se restringirán los casos de apelación ante la Corte Suprema de Justicia con sede en Sucre, trámites en casación o nulidad. “Se va a garantizar el sistema de doble instancia pero también habrán sentencias que queden en los Tribunales Departamentales para acortar plazos”.
Explicó que procesos según su cuantía podrán o no llegar a Sucre. “Los de mínima cuantía en materia civil se quedarán en los Tribunales Departamentales, lo propio en materia social, se tomará en cuenta un mínimo de unos 7.000 bolivianos para que quede en Tribunales Departamentales. Se debe filtrar, y lo que sea de mayor facilitad en su manejo procesal se queda en los Tribunales Departamentales de Justicia y aquello que tenga mayor daño social como violación, asesinato, daño económico al Estado, tiene que caer en el Tribunal Supremo de Justicia”.
“Se garantizará la doble instancia que deviene del Pacto de San José de Costa Rica pero a la par de los nuevos cambios que demanda la población, del nuevo procedimiento que demanda el Estado plurinacional y la descolonización de la justicia que debe traducirse de forma clara en la nueva normativa”.
El Viceministro Cox señaló que habrá transición para que las Cortes Superiores de Justicia se conviertan en Tribunales Departamentales de Justicia y afirmó que el año 2012, con seguridad, empezará la descongestión procesal.
Agregó que según la posibilidad económica del Estado, la Ley de Transición del Sistema Judicial definirá el presupuesto administrativo, qué juzgados se mantendrán, cuáles otros merecen transformación y qué otros serán liquidados. “Esto tiene que estar concluido hasta noviembre, lo más antes posible”, puntualizó el Viceministro de Justicia.
Datos.
Sistema judicial.
Con la elección de los 56
magistrados, mediante el voto universal, el 16 de octubre próximo, la estructura del sistema judicial cambiará por completo.
Nueva estructura
El nuevo Órgano Judicial del país (antes Poder Judicial) diseñado en la nueva Constitución Política del Estado, ahora se encuentra compuesto por el Tribunal Constitucional Plurinacional, el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Agroambiental y el Consejo de la Magistratura y las demás autoridades de estas instancias serán elegidas el 16 de octubre.
La Corte Suprema de Justicia con sede en Sucre, será la máxima instancia con Tribunales Departamentales en cada departamento
Transición
Cumplidas las elecciones de magistrados, una ley de Transición del Sistema Judicial definirá el presupuesto administrativo, qué juzgados se mantendrán, cuáles otros merecen transformación y qué otros serán liquidados.
Morales defiende el proceso
El presidente Evo Morales, pidió ayer a la población no dejarse confundir en las elecciones judiciales del 16 de octubre con acciones de los partidos de la oposición que rechazan ese proceso inédito, en el que el pueblo elegirá en las urnas a las principales autoridades del Órgano Judicial.
El Jefe de Estado destacó el proceso de selección de la Asamblea Legislativa Plurinacional que eligió 118 postulantes, entre ellos "50 por ciento de mujeres y 45 candidatos indígenas, abogados de apellidos Condori, Mamani".
"Hay que organizarse y garantizar el voto. Cada uno elegirá, pero cómo desconocer la nueva Constitución Política del Estado", reflexionó.
El Presidente, aseguró en anteriores declaraciones que el proceso de preselección de candidatos en la Asamblea Legislativa, fue totalmente independiente, sin ninguna injerencia y cumpliendo las leyes y reglamentos que guían este proceso.
La oposición denunció que el MAS, que domina la Asamblea Legislativa, encamina las elecciones judiciales para controlar el Órgano Judicial, con la elecciones de gente del partido.
Los medios de comunicación deben convocar públicamente a todos los candidatos
Los medios de comunicación, sobre todo radio y televisión, podrán invitar públicamente a los candidatos a los máximos puestos del Poder Judicial, para ser entrevistados. Y quienes deseen participar en la entrevista acudirán y quienes no, no están obligados a hacerlo.
Esa es la metodología que ha definido el Tribunal Supremo Electoral en la relación medios de comunicación-candidatos, un tema complejo y polémico debido a la característica de este proceso que prohíbe expresamente cualquier tipo de proselitismo.
“Los primeros 45 días los medios de comunicación pueden planificar, organizar y convocar principalmente a los candidatos a programas de entrevistas, siempre guardando el principio de igualdad de oportunidades”, dijo a OPINION Juan Carlos Pinto, director del Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (SIFDE).
Recordó que según reglamento, el medio de comunicación debe cumplir “con la convocatoria pública a los candidatos de una determinada franja a participar de un determinado programa y el candidato es libre de asistir o no”.
Pinto aclaró que si uno o más candidatos se niegan a participar del programa de entrevistas al que fueron convocados, el medio de comunicación podrá continuar con lo planificado, entrevistando a quienes asistieron a su llamado.
“El programa planificado se realiza con la gente que asista. No se genera la posibilidad de que no se realice el programa por ausencia de alguno de los candidatos”, agregó.
Se explicó que ya no está vigente el requisito del que se habló inicialmente en sentido de los medios deberían enviar una carta de invitación a cada candidato, 48 horas antes de la entrevista. “No es necesario, medio y candidatos pueden ponerse de acuerdo para que cada uno participe por sorteo hasta el primero de agosto, cuando por sorteo, el Tribunal Supremo definirá la ubicación de cada candidato en la papeleta”.
A menos de 90 días de la elección de autoridades del Poder Judicial, hasta el momento no pudo implementarse el complicado sistema de difusión de imagen de los candidatos. En el proceso de preselección, en las entrevistas con las comisiones legislativas, no se cumplió lo que señala el reglamento respecto a que los medios estatales debían difundir, equitativamente, la participación de todos.
Por cuestiones logísticas y de programación, los medios estatales no difundieron la participación de ninguno y no hubo medio privado que se interesara por lo que fue una maratón de disertaciones de los candidatos. Hasta ahora, tampoco hubo interés de medios privados o estatales de entrevistar a los candidatos con las restricciones impuestas por el Tribunal Supremo Electoral.
Las sanciones para los medios que no cumplan el reglamento van desde llamados de atención hasta la suspención de propaganda en las dos próximas elecciones.
El Tribunal contrarrestará el voto nulo con campañas de información
La campaña por el voto nulo, en blanco o plebiscitario que desde la oposición política se propugna contra las elecciones judiciales del 16 de octubre, será contrarrestada con una masiva campaña de información desde el Tribunal Supremo Electoral.
Juan Carlos Pinto, director del Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (SIFDE), dijo que la ley y la Constitución reconocen el derecho individual de cada ciudadano a elegir la forma en que va a votar, pero en la medida que el voto nulo se convierta en campaña, “la mejor forma de contrarrestarla será que la gente esté informada y movilizada para defender su derecho a elegir, a decidir lo que va a ocurrir en el futuro con la justicia”.
Señaló que no se debe crear una sobre expectativa ya que se va a elegir a “los operadores de justicia para que inicien un proceso de renovación y rindan cuentas a la gente sobre un trabajo duro que será transformar instituciones, el Órgano Judicial y la noción de que el pueblo está eligiendo es fundamental”.
“La población no informada es la que puede ser presa de comentarios o campañas. El ciudadano debe tener conciencia del poder que tiene su voto para transformar la realidad que vivimos”, añadió.
“Técnicamente vamos a cumplir esta labor de movilizar a la gente e informarla para que tome la decisión adecuada”, enfatizó.
La oposición política, liderada por Juan del Granado del Movimiento Sin Miedo, propugna el voto nulo o pifiado con la palabra “no” en la papeleta, como un rechazo a este proceso electoral, impusaldo por el gobierno de Evo Morales. En los últimos varios días los comités cívicos del país tambien se sumaron a esta oposición convocando a la población anular la papeleta de sufragio con la palabra “rechazo”. Todas esas iniciativas fueron calificadas de “antidemocráticas”, de “ultraderecha” y “desesperadas” por el partido de Gobierno, el Movimiento Al Socialismo (MAS).
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