La mayoría de las autoridades judiciales que se postulan a las elecciones judiciales pasó la etapa de preselección y si esto se consolida hasta el 16 de julio, los órganos más afectados serán la Corte Suprema de Justicia, que quedará con cuatro ministros; el Consejo de la Judicatura, sin consejeros; el Tribunal Constitucional, con dos titulares y cuatro suplentes; y el Tribunal Agrario, con tres vocales.
Las autoridades dicen que en el tiempo que les queda antes del plazo para la renuncia, tienen la intención de acelerar el despacho de causas, según las palabras del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Jorge von Borries. Algunos inhabilitados impugnarán porque aseguran que cumplieron con los requisitos.
De acuerdo a la nómina de habilitados e inhabilitados publicada por la Asamblea Legislativa Plurinacional, de las 16 autoridades judiciales en funciones que se postularon a la preselección, 13 pasaron este primer filtro y tres quedaron inhabilitadas, pero estas últimas tienen la posibilidad de impugnar porque aseguran que cumplieron con los requisitos establecidos en el reglamento.
Los ministros de la Corte Suprema de Justicia; Jorge von Borries, Teófilo Tarquino, José Luis Baptista, Ángel Irusta, Ramiro Guerrero, Esteban Miranda y Jorge Monasterios aprobaron esta fase. Lo propio ocurrió con los magistrados Juan Lanchipa, Abigael Burgoa y Ligia Mónica Velásquez y los consejeros de la Judicatura Amalia Morales y Freddy Torrico. En el Tribunal Agrario Nacional fue habilitado el vocal Luis Arratia. De momento quedaron inhabilitados el magistrado Ernesto Félix Mur y los vocales agrarios Iván Gantier Lemoine y David Omar Barrios Montaño.
GARANTIZA FUNCIONAMIENTO
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Jorge von Borries, con la lista en manos, ratificó que los siete ministros y los dos consejeros permanecen en carrera, pero los ministros que quedan garantizarán el funcionamiento de esta Corte, aunque ya no tendrán el quórum necesario.
“Siete ministros de la Corte Suprema podrían salir de funciones, tendríamos que renunciar, pero considero que el número va a ser menor, posiblemente seis, pero de todos modos se garantiza que la Corte Suprema de Justicia va a seguir funcionando; quedarán cinco ministros todavía”, afirmó Von Borries.
Von Borries dijo que con su persona, están habilitados los ministros José Luis Baptista, Ramiro Guerrero y Jorge Monasterios de la Sala Penal; Ángel Irusta de la Sala Civil; Esteban Miranda de la Sala Social y Administrativa y Teófilo Tarquino de la Sala Civil. Si los nombrados renunciaran para entrar a la elección, la Suprema se quedaría con cuatro de 11 ministros actuales.
Asimismo, dijo que en el Consejo de la Judicatura los dos consejeros fueron habilitados y la administración quedaría en sus manos, si continúa en el cargo, o en manos de la decana Beatriz Sandoval, para que siga funcionando en lo administrativo, excepto las causas de régimen disciplinario.
Dijo que los postulantes habilitados todavía pueden ser inhabilitados en las etapas que quedan. “No puedo asegurar que soy candidato (seguro); sobre las etapas que vienen, no puedo asegurar resultados”, enfatizó.
Von Borries admitió que si se confirma la habilitación de los ministros postulantes en las próximas fases, las salas especializadas demorarán en el despacho de causas; por eso, está tratando de acelerar en lo posible el despacho de causas en Sala Plena, “para que los ministros renunciantes no dejen esa carga más y se resuelva aquellas que están sorteadas y con proyecto”.
El magistrado Ernesto Mur dijo a los medios de comunicación que está averiguando los motivos de su inhabilitación y no descartó la impugnación. Algunos abogados chuquisaqueños inhabilitados, como el caso de Jaime Hurtado, dijo que impugnó la decisión de la comisión, aclarando que cuenta con su libreta de servicio militar con serie MP 022117 y fue licenciado cuando cumplió la instrucción militar en el Regimiento II de Infantería, acantonado en Sucre.
Asimismo, aclaró que el hecho de que haya sido ex asambleísta constituyente, al igual que muchos que ahora fueron habilitados, debe ser considerado bajo el principio de equidad y la democratización que establece la Constitución Política del Estado.
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