Tres personas que ayer comparecieron al juicio oral en calidad de testigos señalaron que el suspendido René Joaquino no cometió delitos al comprar autos usados la gestión 2006.
“Si hubiera habido alguna irregularidad, hubiéramos impedido la adquisición”, dijo el ex presidente del Comité de Vigilancia, Juan de Uzín cuando fue consultado ayer en el juicio oral por el abogado Freddy Paita sobre la compra de motorizados.
Aseveró que existió fiscalización del ente legislativo y un informe jurídico de la asesoría respectiva del municipio para concretizar lo planificado en Plan Operativo Anual (POA) de ese año.
Cuando se le consultó si ¿hubo la consulta al Ministerio de Hacienda para realizar la compra de los vehículos?, el testigo respondió: “para evitar posteriores problemas existía conocimiento. No hubo ninguna prohibición y tampoco hubo alguna determinación que prohibía hacer un beneficio para el pueblo”.
Asimismo habló que con la maquinaria adquirida se mejoró muchas calles con el vaciado de pavimento rígido ya que incluso, según Uzín, existía dificultad para que el transporte llegue a determinadas zonas. “Ahora los del transporte se pelean por entrar a diferentes zonas. Nuestra ciudadanía está más atendida en lo que se refiere al transporte”, acotó.
El ex presidente del Comité de Vigilancia admitió que se compraron doce vehículos, pero no recordó a cuanto ascendió el costo total por la adquisición. Sin embargo, dijo que el presupuesto inicial fue de 649.000 Bolivianos monto que se incrementó y fue de conocimiento de él porque no alcanzaba para adquirir los doce motorizados. Para el efecto se hizo algunos cambios de ítems lo cual habría sido de conocimiento de los diferentes dirigentes de las juntas vecinales.
Por su parte, cuando el juez Jaime Choque consultó a Uzín ¿si en el POA estaba programada la compra de autos usados y el monto respectivo”, el abogado Freddy Paita objetó la pregunta porque, según el profesional, supuestamente era una consulta capciosa por inducir al testigo a responder ya que aparentemente no existen partidas destinadas a compra de autos usados. No obstante a ello, los representantes del Ministerio Público se abstuvieron de hacer preguntas.
Trabajar en las calles
El alcalde suspendido René Joaquino, al hacer uso de su derecho, aclaró que en el 2005 existía la necesidad de trabajar en las calles con el pavimento rígido ya que era una demanda del pueblo potosino.
Es por ello que se suscribió un contrato con la empresa Concretec para realizar ese proyecto con la finalidad de pavimentar medio millón de metros cuadrados en calles de diferentes zonas.
En ese momento, según Joaquino se había recibido en comodato de la Prefectura algunos volquetes y maquinaria, pero cuando hubo cambio de autoridad prefectural, el acuerdo entre la Prefectura y Alcaldía quedó sin efecto.
Esa actitud obligó, por la presión de los vecinos, ha adquirir la maquinaria a medio uso para el compactado y retiro de escombros donde se intervenía el vaciado de pavimento rígido.
Joaquino dijo que era necesario atender ese item ya que el trabajo de Concretec simplemente era el vaciado de cemento en las calles.
Presión
La ex dirigente del distrito del área rural, Rosa Villca Casilla, que también fue en calidad de testigo, afirmó que los distritos 14, 15 y 16 ejercieron presión entonces porque no había proyecto de apertura de caminos.
Dijo que hicieron marchas e incluso cerraron la Alcaldía como medida de presión y fue en ese momento que se enteraron, a través del Comité de Vigilancia, que existía la predisposición de adquirir maquinaria.
Esa adquisición, según la ex dirigente, fue abalada por los distritos porque no había desarrollo en sus zonas. No obstante a la presión, ahora dijo que existen caminos que vinculan con sus distritos.
Por su parte, el ex dirigente del Distrito 10, Jaime Céspedes, afirmó que la adquisición fue avalada por Asesoría Jurídica del municipio bajo la fiscalización del Concejo Municipal.
“No es perjuicio más bien beneficia al pueblo. No se ha dañado al municipio, el beneficiado es el pueblo”, dijo al ser consultado si hubo no daño causado al Gobierno Municipal con la adquisición de los motorizados usados.
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