El Ministerio Público busca la devolución del dinero gastado en el referéndum por los estatutos autonómicos, por lo tanto, ayer solicitó la anotación preventiva de los bienes del gobernador de Tarija Mario Cossío, imputado por malversación de fondos y resoluciones contrarias a la ley.
La fiscal de recursos, Mirna Arancibia, encargada de la investigación, explicó que se pidió medidas cautelares reales en contra de la autoridad tarijeña, para garantizar así un posible resarcimiento económico al Estado al final del proceso.
Cossío fue imputado por la Fiscalía el pasado 17 de agosto, por los delitos de conducta antieconómica, malversación de fondos y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, por haber realizado el referéndum autonómico en 2008, donde la Prefectura de Tarija habría gastado Bs 5 millones.
La autoridad departamental ya enfrenta una imputación formal por estos hechos. La misma se extendería a otros nueve miembros del Consejo Departamental que avalaron esa consulta popular y el entonces secretario general, Mauricio Lea Plaza.
Arancibia recordó que el proceso de investigación abierto contra la gestión de Cossío en la antigua Prefectura tarijeña fue por una denuncia del contralor general, Gabriel Herbas, en cuyo informe se habrían encontrado indicios de responsabilidad penal en las decisiones que llevaron a celebrar la consulta popular.
OTRO PROCESO
Sin embargo, Cossío ya tiene una primera imputación por contratos lesivos al Estado y otros delitos, por la adquisición de cemento asfáltico en el caso de Imbolsur, donde se le impuso medidas sustitutivas.
En enero pasado Cossío y Lea Plaza declararon respecto a este caso ante el fiscal Gilbert Muñoz Ortiz, que luego lo remitió a La Paz para luego formalizar la imputación.
Desde la Gobernación de Tarija decidieron esperar para pronunciarse. El Día intentó contactarse con la directora legal, Rosmery Ruiz; sin embargo, no pudo ser encontrada para conocer si el gobernador ya fue citado para responder por los delitos./AD-ANF
otros procesos
Costas • El gobernador cruceño, Rubén Costas declaró la anterior semana ante una fiscal de La Paz por una denuncia de desacato que inició el vicepresidente Álvaro García Linera y el fiscal de La Paz, Marcelo Soza. Costas además tiene un arraigo y pagó una fianza por haber convocado el referéndum por los estatutos.
Suárez• El gobernador del Beni, Ernesto Suárez también es investigado por el referéndum de los estatutos. Se le fijó el pago de Bs 250 mil como fianza.
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