El ITEI en primera instancia registró las movilizaciones denominadas “en defensa de la Wiphala” cuando cientos de ciudadanos marcharon levantando la bandera de múltiples colores que representa a las naciones indígenas de Bolivia, luego de que policías se arrancaran el símbolo patrio de sus uniformes, la quemaran y la bajaran de los mástiles, tras la renuncia del expresidente Evo Morales, el domingo 10 de noviembre tras la convulsión social por denuncias de presunto fraude electoral, hecho que se encuentra en investigación.
“Hemos estado al día siguiente (de las manifestaciones por la defensa de la Wiphala) en El Alto, nosotros fuimos a las celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen y a las celdas judiciales, no nos dejaban entrar, entonces yo amenacé con que íbamos a realizar una denuncia internacional ante las organizaciones de derechos humanos (…) trataron de impedirnos, luego volvimos con el médico forense Marcelo Flores y encontramos a la gente terriblemente pegada, terriblemente maltratada”, denunció entrevistada en Radio Deseo.
De acuerdo al relato de Bravo, en primera instancia la Policía les impidió el ingreso a las celdas, pero ante la presión y la presentación de credenciales, lograron entrar y registrar los testimonios y las marcas de la tortura en los cuerpos de los protestantes.
“Entonces nos dejaron entrar y hubo un muchacho que dijo ´yo les voy a mostrar cómo tengo las piernas´, se bajó el pantalón, tenía las piernas moradas, entonces me taparon y comencé a hacer fotos a través del celular y la gente comenzó a mostrar sus hematomas y sus huellas de la tortura”, contó.
Durante la luctuosa jornada del 19 de noviembre, se registraron 10 fallecidos producto del impacto de proyectiles de armas de fuego y al menos 65 heridos, además de decenas de detenidos. Esa acción de las fuerzas del orden, ocurrida durante los primeros días del gobierno de transición de Jeanine Añez, fue calificada de “masacre” por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Aunque el Gobierno negó que los efectivos policiales y militares hubieran disparado contra los manifestantes.
En suma, “nosotros hemos atendido 96 casos (de tortura) entre (quienes se encontraban en) las celdas de la FELCC, las celdas judiciales y la parroquia de San Francisco de Asís”, reveló Bravo.
Sobre los hechos concretos del pasado 19 de noviembre, indicó que incluso gente que no había participado de las movilizaciones registradas a la altura de la planta de gas de Senkata, fue arrestada y torturada, y al momento se los mantiene detenidos a la espera de un juicio.
“Ha habido un apresamiento abusivo a tal punto que tenían que justificar que estaban metiendo a la cárcel a sediciosos y terroristas. Ha sido un apresamiento terrible, había incluso un ´niño´ de 15 años que tenía deficiencia mental y que era parte del centro de rehabilitación del Sedeges. La mayoría eran jóvenes”, relató.
Bravo agregó que una de las detenidas, hermana de un manifestante, ante la alerta de vecinos de que su familiar había sido arrestado, salió desesperada y fue arrestada, para luego ser conducida a la cárcel de mujeres de Obrajes.
“Ha sido torturada toda una noche. Fueron corriendo a su casa a decirle que estaban llevando a su hermano en una camioneta y salió corriendo para saber qué pasó, preguntó ´qué había pasado´ y la subieron a la camioneta como si fuera sediciosa y terrorista. Ahora enfrenta un juicio por sedición y terrorismo”, dijo y agregó que la joven relató que vivió “una noche de terror”, y que fue intimidada y agredida físicamente por policías.
La documentación realizada por la entidad se basa en peritajes psicológicos y médicos, por lo que tiene valor para constituirse en prueba ante un juicio de responsabilidades. La investigación ya fue presentada ante la CIDH como constancia de lo ocurrido en noviembre.
El ITEI viene denunciando la tortura y la violencia de Estado hace varias décadas. “Así como hemos denunciado tortura en el Gobierno de 2003 (de Gonzalo Sánchez de Lozada), hemos denunciado la tortura durante el Gobierno del MAS y ahora denunciamos la tortura de parte de este Gobierno”, aclaró.
“Es nuestro trabajo, la denuncia de la tortura y la violencia de Estado, porque a nosotros nos parece muy importante documentar, documentar para denunciar y denunciar para crear una conciencia colectiva y social. Porque esto no va a desaparecer, ni van a tomar medidas justas con los perpetuadores de los crimines de lesa humanidad, si no es toda una sociedad que comienza a reprochar este tipo de actos”, indicó Bravo.
Agregó que “lo más terrible de lo ocurrido en Senkata, fue que hubo una parte de la población que aplaudió esos hechos. He escuchado a gente de ONG decir ´qué son 32 muertos (en otros lugares más), frente a los miles que iban a haber´”, lamentó.
Bravo remarcó que la versión de que los manifestantes pretendían hacer explotar la planta de gas no tiene sustento, ya que se trataba de vecinos del lugar que tenían a sus familiares cerca, pero la idea fue reforzada por algunos ciudadanos y medios de comunicación. “Ha habido un mecanismo de desinformación que ha funcionado muy bien y eso hay que analizar, eso de causar terror, ´van a bajar a La Paz y van a incendiar todo´”.
Explicó que para las víctimas es muy difícil sostener las denuncias por hechos de tortura debido a que sufren el hostigamiento y chantaje por parte de muchas instancias, como son la Policía, la Fiscalía y la misma Justicia. “Así también están chantajeando ahora, entonces la gente abandona la denuncia de la tortura”, concluyó.
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