La información surge en medio del motín de unidades de la Policía Boliviana en siete regiones del país (Cochabamba, Chuquisaca, Santa Cruz, Tarija, Potosí, Beni y Oruro) y las protestas sociales que denuncian un “fraude” a favor del MAS de Evo Morales en las elecciones generales del 20 de octubre.
“Impulsan un plan de golpe de Estado con la toma de la Casa Grande del Pueblo (Palacio de Gobierno)”, detalla el pronunciamiento de esa cartera de Estado, que recuerda que el Gobierno solicitó una auditoría de la OEA a los comicios.
Comunicado de Cancillería:
La Cancillería agrega que esos sectores “rechazan sin ningún argumento el proceso de auditoría internacional, develando que las denuncias de fraude solo fueron argumentos para generar caos y enfrentamiento entre bolivianos, con el objetivo de derrocar al Gobierno constitucional”.
El comunicado detalla tres medidas impulsadas por los cívicos y la oposición: la quema de instituciones públicas y la persecución a personas con afinidad al MAS; convocatoria a las Fuerzas Armadas a desconocer al Gobierno constitucional; y la conminatoria al presidente Evo Morales para que abandone el poder.
“El Gobierno de Bolivia rechaza todo acto de violencia y ratifica su confianza en el rol de la Comunidad Internacional para coadyuvar en la preservación del orden constitucional del país”, agrega el comunicado de Cancillería.
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