El Tribunal Electoral Departamental (TED) de La Paz anunció en conferencia de prensa la instalación de una plataforma de atención para las denuncias de acoso político, porque se ha triplicado la violencia contra autoridades mujeres en los últimos tres meses. La plataforma tendrá la participación de instancias del Gobierno central y de la Policía.
“Vamos a instalar una plataforma de atención inmediata para las denuncias de acoso y violencia política, estamos reuniendo fuerzas de instituciones como Cotel y la Policía, para tener presencia del Estado, en aquellos lugares donde haya violencia; también estará la Defensoría del Pueblo, porque las autoridades originarias no nos reciben bien”, manifestó Florencia Laruta, vicepresidenta del TED La Paz.
Sin embargo, esta iniciativa no es del agrado de algunas autoridades de municipios rurales, quienes rechazan la intervención en hechos que hacen a sus autoridades municipales porque confunden qué es el ejercicio de autoridad, producto de la democracia representativa, remarcó la autoridad.
“Las autoridades de las comunidades hablan de la autodeterminación, es decir ellos quieren decidir, lo que pasa es que se están confundiendo: la autodeterminación se basa en los procedimientos propios y estos concejales fueron electos por voto popular, no por procedimientos, es algo que deben entender para sujetarse a la Constitución Política del Estado (CPE)”, dijo.
En la conferencia de prensa estuvieron presentes el viceministerio de Autonomías, la representante de la Asociación de Concejalas de Bolivia y autoridades de la policía; el Ministerio de Justicia no asistió.
“Hemos convocado a más instituciones públicas, porque tenemos la misión de diseñar e implementar estrategias y mecanismos de protección de la violencia política contra las mujeres, porque no sólo el TED atiende este tema, también participan otras instancias”, explicó Laruta.
DENUNCIAS TRIPLICADAS
Sintomáticamente han surgido muchas denuncias en este primer trimestre de la gestión, lo que llamó la atención de las autoridades electorales. En cinco años fueron 53 denuncias, para este primer trimestre se disparó el dato, según estimaciones del TED.
“En 2018, hemos recibido más de 28 denuncias de acoso político hacia las mujeres, lo cual muestra que se han incrementado en un 100% las denuncias de violencia y acoso político hacia las autoridades mujeres, pues les obligan a que renuncien a sus cargos de titulares, tanto de sus suplentes como de las autoridades originarias”, afirmó.
Quedó en la memoria de las mujeres autoridades el asesinato de la concejala Juan Quispe, del municipio de Ancoraimes, hecho suscitado el año 2012, que por establecer dos amparos constitucionales ante la violencia y acoso político por parte de sus colegas varones, fue eliminada; esto es un precedente que no quieren que se repita.
“La concejala de Ancoraimes, Juana Quispe, denunció el acoso y su caso fue tratado y la justicia le dio la razón; pero el Alcalde y los concejales no le dejaron ejercer ni ingresar al municipio, por lo que volvió a presentar otro amparo judicial y luego fue asesinada”, relató Laruta.
UNA DE CAL Y OTRA DE ARENA
Mientras las concejalas declaran que no reciben respuestas de autoridades del nivel central, estas dicen que apoyan con orientación y normativas a las concejalas y asambleístas de Bolivia.
JANET RODRÍGUEZ, ASOCIACIÓN DE CONCEJALAS DE BOLIVIA
“Agradecemos a las autoridades electorales que abran un espacio y podamos hacernos escuchar como concejalas que llegan a nuestra asociación”.
“Hoy por hoy el acoso y violencia política estamos sufriendo las autoridades suplentes, que se van cambiando cada dos años y medio y nos quieren intimidar para que renunciemos”
“Para poder defendernos habíamos pedido criterios legales al Viceministerio de Autonomías, no tenemos respuesta; también a instancias del Ministerio de Justicia pero no hay respuesta. La respuesta no es al instante y hay cabildos en los que destituyen a las autoridades”.
PAMELA JIMÉNEZ, VICEMINISTERIO DE AUTONOMÍAS
“Dentro del trabajo que viene realizando el Viceministerio de Autonomías, es precisamente la capacitación y orientación en cuanto a la aplicación que rige con nuestras autoridades electas (concejalas y asambleístas)”.
“Hay mucha confusión en la población respecto a la aplicación de usos y costumbres y respecto a lo que son nuestras autoridades (…) hay una clara diferencia entre la norma de los gobiernos autónomos, la Ley 482, que desarrolla las formas y mecanismos de los cuales se puede habilitar o destituir a las autoridad electa (…) sin embargo de esto, la práctica que se ha ido dando entre autoridades, en la etapa electoral, presentan para la elección a un mujer titular y suplente un varón y llega la mitad de mandato y piden que esta mujer renuncie para que habiliten al varón”.
“El viceministerio coadyuva en la orientación para que estas autoridades, no solamente se diga que normativas se aplican y no solo la Ley 348 sino también la Ley 243 que es específica de acoso y violencia política”.
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