La Asamblea Legislativa firmó un convenio con la Unidad de Investigación Financiera (UIF) y la Procuraduría General del Estado (PGE), para viabilizar la obtención de los documentos legalizados que serán requeridos por la Comisión Mixta de Investigación del caso Odebrecht- Camargo Correa. No entregarán información a la comisión opositora.
“Conforme a la Constitución Política del Estado (CPE), la única comisión que el Legislativo ha conformado legalmente está integrada por oficialistas y opositores, cualquier otra instancia, agrupación de personas no tiene las facultades legales para hacer nada”, aseveró la diputada Susana Rivero, presidenta de la comisión investigadora.
En el mismo marco, la presidenta de la Cámara Baja, Gabriela Montaño, puntualizó que en el reglamento del Legislativo no está definida la conformación de comisiones paralelas de investigación, en base a eso es que el convenio suscrito la UIF y la Procuraduría entregarán información a esta instancia.
La comisión oficialista llevará cabo la primeras sesión, donde se definirá la estructura del presupuesto requerido, asimismo, se delimitará el tiempo que se desarrollará la investigación.
La bancada de oposición de Unidad Demócrata (UD) también conformó una comisión paralela de investigación, debido a que el oficialismo no quiere incluir a empresas que se adjudicaron contratos con el actual gobierno, tal es el caso de la empresa brasileña OAS, que también es parte de los presuntos sobornos del caso Lava Jato.
OBSTRUCCIÓN
Por su parte, la directora de la UIF, Teresa Morales, manifestó que la Unidad de Investigación Financiera está encargada de realizar indagaciones sobre los movimientos económicos de las personas que serán objeto de investigación, responderán a las solicitudes del oficialismo.
Anteriormente, el ministro de Obras Públicas, Milton Claros, dijo que no se presentará a la convocatoria de la comisión de oposición, puesto que no tiene las atribuciones legales para pedir un informe a una autoridad del Ejecutivo.
El numeral 17 y 18 del artículo 158 de la CPE atribuye la tarea de controlar y fiscalizar los órganos del Estado y las instituciones públicas, además de Interpelar, a iniciativa de cualquier asambleísta, a las ministras o los ministros de Estado, individual o colectivamente, y acordar la censura por dos tercios de los miembros de la Asamblea.
Por su parte, el senador de UD, Arturo Murillo, indicó que ningún ministro puede negarse a brindar información requerida por el Legislativo, porque así los constituye la norma suprema del país.
COMISIÓN PARALELA
De forma simultánea, la comisión de la oposición de investigación del caso Lava Jato está convocando a Audalia Zurita, exasesora jurídica del expresidente del Servicio Nacional de Caminos (SNC), José María Bakovic. La finalidad de esta entrevista es para que brinde mayores detalles del caso, puesto que el extinto realizó varias denuncias al respeto.
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