El Gobierno Regional de Tarapacá (Chile), en la frontera con Bolivia, empezó ayer el cavado de zanjas para inhabilitar 13 pasos fronterizos no autorizados y combatir actividades del narcotráfico, contrabando y la migración ilegal.
Ante este hecho, las Fuerzas Armadas acantonadas en el límite fronterizo hicieron conocer que se mantienen “vigilantes” y reportaron protestas de pobladores bolivianos y chilenos por este hecho.
En la región fueron identificados 32 pasos no habilitados y que son utilizados para actividades ilegales. Maquinaria pesada empezó el cavado de zanjas en 13 pasos, como ya lo habrían hecho en Antofagasta y Parinacota, para fortalecer el control y reducir el tráfico de drogas, el contrabando y la migración legal, según reportó el portal soyiquique.
El ministro de Defensa, Reymi Ferreira, informó que, efectivamente, las autoridades chilenas iniciaron el cavado de zanjas en su territorio como parte de acciones orientadas a combatir los ilícitos en frontera.
“De acuerdo a informe recibido de nuestro Puesto Militar adelantado 'Tambor Vargas', acantonado en Pisiga, dependiente de la Segunda División, autoridades chilenas iniciaron el cavado de zanjas dentro de territorio chileno para evitar el tránsito de autos robados, contrabando y autos chutos”, informó a través de su cuenta en Facebook.
Espere…
En Chile se anticiparon a la decisión que había tomado el Gobierno boliviano para cavar zanjas en al menos 30 pasos ilegales para impedir el ingreso de camiones con mercadería de contrabando. En agosto, el mismo Ferreira informó que esas obras demandarían al menos Bs 40 millones porque en algunos lugares se requiere de trabajos de ingeniería.
“Las fuerzas militares bolivianas han constatado que las zanjas están en territorio chileno y se mantienen vigilantes”, aseguró el ministro y reportó, siempre a través de su cuenta de Facebook, que “Algunos pobladores chilenos y bolivianos vinculados al contrabando y tráfico de automóviles protestan contra la medida”.
La intendenta Claudia Rojas manifestó que las obras son parte de las decisiones tomadas en la mesa “Contra el crimen Organizado de la Macrozona Norte”.
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