El juez séptimo de materia en lo penal cautelar, Héctor Quilla, autorizó ayer la salida de la cárcel de dos mineros imputados por la muerte del exviceministro Rodolfo Illanes y negó el pedido de modificación a la detención domiciliaria del excomandante departamental de la Policía, coronel José Luis Aranibar. Al contrario, conminó al Régimen Penitenciario a que se le imponga un custodio para prevenir una posible fuga.
En la jornada de ayer se efectuaron dos audiencias. En la primera, realizada a las 11.00 horas, el juez Quilla trató el pedido para una salida laboral, presentada por el coronel Aranibar.
El excomandante departamental arguyó que tiene la necesidad de salir a trabajar para pagar las pensiones de su hijo, porque su pensión de jubilado es reducida.
Sin embargo, el Ministerio Público y la defensa de la familia del Rodolfo Illanes se opusieron al pedido y observaron que carecía de respaldos documentales.
Si bien el exuniformado presentó un contrato, para trabajar como administrador en la empresa de un familiar, el fiscal Eraln Almanza señaló que Aranibar no había acreditado el trámite de jubilación y que, según el reglamento interno de la Policía, este no se despacha de forma inmediata, anotando, además, que en la reserva pasiva se continúa percibiendo salario, pero sin realizar trabajo alguno. En esa línea, el juez rechazó el pedido.
Aranibar está procesado por incumplimiento de deberes y la supuesta negación de auxilio al exviceministro, cuando este fue secuestrado y luego victimado el 25 de agosto en la localidad de Panduro, Oruro, por cooperativistas mineros que mantenían los bloqueos en esa zona, en protesta a una reforma de la ley minera, que les obligaba a pagar beneficios a sus dependientes.
Por la tarde, se instaló la segunda audiencia para tratar un pedido de la cesación de la detención preventiva de los mineros cooperativistas René Cochi Trujillo y Clemente Colque Arancibia, ambos se encontraban internos en el penal de Patacamaya.
Pese a la oposición y apelación de la Fiscalía y la defensa de la víctima, en esta audiencia, el juez Quilla sí otorgó medidas sustitutivas de carácter real.
Para que esta medida se cumpla, Quilla les impuso, a cada uno, una fianza de 20 mil bolivianos, arraigo y garantías hacia la familia de Rodolfo Illanes, además de que el personal del juzgado debe verificar el domicilio de ambos mineros, en la localidad de Llallagua, en el departamento de Potosí.
Para esta audiencia se presentó el fiscal Javier Flores que anunció la apelación del fallo emitido por el juez Quilla.
Ambos mineros presentaron contratos de trabajo firmados con la Cooperativa Siglo XX Srl.
Los mineros fueron identificados como posibles autores de la muerte de Illanes, victimado a golpes en fecha 25 de agosto de 2016.
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