Familiares de tres de los nueve bolivianos detenidos en Chile no están de acuerdo con el juicio abreviado propuesto por la Fiscalía de Tarapacá para encontrar una solución inmediata al incidente fronterizo registrado el 19 de marzo.
“Ellos no se pueden inculpar de algo que no hicieron. Estaban cumpliendo con su trabajo. ¿Cómo se va a culpar mi hijo de algo que no hizo?, y si es así no tendrá cara para volver a Bolivia, todos lo van a acusar de ladrón porque en Chile va a aceptar una culpa”, indicó Sara Rada, mamá del agente aduanero Karl Guachalla.
Dijo además que si los nueve bolivianos aceptan la culpa admitirían las tres imputaciones (robo con intimidación, porte ilegal de armas y contrabando).
“Ese juicio abreviado lo tomo como una agresión a mi país y a todos los bolivianos porque van a decir las autoridades chilenas y su propia gente que todos los bolivianos somos delincuentes a pesar de que ellos son funcionarios del Estado”, expresó.
El fiscal jefe de Pozo Almonte y persecutor encargado de la investigación, Hardy Torres, dijo que en este proceso los imputados “deben reconocer los hechos, no calificaciones jurídicas, no delitos”.
Lizette Tórrez, hermana del funcionario de la Aduana Juan José Tórrez, dijo que no es nada bueno que los compatriotas admitan y se culpen de algo que no cometieron. “Están allá dos meses pagando por algo que no hicieron, y como familiares no queremos que se culpen. Como inocentes están pagando por algo injusto”, expresó.
La hermana de David Quenallata, Verónica Quenallata, indicó que como familiares piden en todo momento que se haga justicia porque los nueve bolivianos estaban cumpliendo con su trabajo al luchar contra el contrabando en la frontera.
“No se pueden inculpar, y Chile quiere que acepten un delito que no cometieron. De manera personal, no estoy de acuerdo con esa posibilidad y creo que la mayoría de los familiares tampoco quiere que admitan delitos que no cometieron”, enfatizó.
Tanto Rada como los otros dos familiares anticiparon que se reunirán en las próximas horas para asumir una declaración en conjunto.
El presidente en ejercicio Álvaro García Linera indicó que cualquier decisión que se tome respecto a la propuesta de la Fiscalía chilena será con la coordinación de la defensa jurídica (abogados chilenos y bolivianos) y los nueve detenidos en el penal de Alto Hospicio desde el 22 de marzo.
“Se les va a consultar a los nueve, y cualquier aprobación o desaprobación será analizada para corregir los pasos a tomar en adelante”, detalló en conferencia de prensa en el Palacio de Gobierno.
Reiteró que la misión del Estado boliviano es que los compatriotas regresen lo antes posible, y afirmó que se hará uso de todos los medios a disposición en la justicia chilena y en los organismos internacionales para cumplir ese objetivo.
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